El desastre del Estado autonómico español

Al margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial.

Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno Zapatero, que solo ofrece recortes para salir del paso.

En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria.

El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española.

Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.

Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio.

La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común.

El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea».

El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes.

El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino -sobre todo- situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.