No había otro problema en España. El gobierno estólido que nos regula la vida ha decidido reorganizarnos los apellidos en función de sus gaseosos criterios de reorganización social, mediante los cuales los españoles van a apellidarse según dirima un juez la disputa entre un matrimonio desavenido.
Hasta hoy los españoles -escribe Carlos Herrera en ABC en un imperdible artículo titulado Juan Mierda– heredábamos el apellido del padre, siempre que no se dispusiera lo contrario; desde el año que viene será un magistrado del registro el que decida cómo se apellida su hijo si ustedes, debidamente espoleados por la corrección política, no acuerdan el apellido familiar. ¿Y eso era fundamental? ¿Aporta algo la nueva regulación? Evidentemente no.
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