Andalucía: el régimen de la corrupción

El Gobierno socialista andaluz se enfrenta a una epidemia de casos de corrupción que lo ponen contra las cuerdas, no solo por su responsabilidad política inmediata derivada de hechos gravísimos, sino también por su responsabilidad histórica en la gestión de la autonomía andaluza.

A los escándalos de Mercasevilla y de la financiación fraudulenta de multitud de expedientes de regulación de empleo, se suma ahora una malversación de fondos europeos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores.

El fraude consistía en que la empresa beneficiaria de la subvención despedía a los trabajadores contratados inmediatamente después de recibir la ayuda europea.

La Junta de Andalucía era la encargada de tramitar las solicitudes de subvención de las empresas, que podían realizar este fraude con total impunidad por la falta de control posterior.

Hasta 1.600 empresas podrían estar implicadas en este fraude, cuyas dimensiones hacen inverosímil que pudiera pasar inadvertido a las autoridades autonómicas.

Además, una de las empresas investigadas, «Qualytel Teleservices, S. A.», con claros vínculos personales con el socialismo andaluz, fue contratada por la Junta de Andalucía para atender servicios telefónicos como el de asesoramiento a mujeres maltratadas; y también se le ha adjudicado -lo que parece un sarcasmo- el contrato de la Agencia Tributaria para la atención telefónica de la campaña del impuesto sobre la renta que comenzará el próximo mes de mayo.

Tanta corrupción es una manifestación enfermiza de un régimen político asentado en la servidumbre social, la compra de voluntades y el victimismo como coartada.

El régimen socialista en Andalucía se está retratando en estos casos inadmisibles de gestión corrupta de fondos públicos, tanto más reprochables por tratarse de una comunidad autónoma aquejada por la tasa de paro más alta de España y sumida en una constante reivindicación de deudas históricas y agravios comparativos frente a otras comunidades.

Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica y de toda la red paralela de sociedades públicas.

Es hora de saber cuánto ha costado la corrupción en Andalucía, y no se puede esperar a que los procesos judiciales terminen con sentencia, aunque en este caso la Fiscalía parece haber actuado con mayor claridad que en los de Mercasevilla o el fraude de los ERE.

La revelación de la verdad sobre los fraudes masivos en Andalucía es una responsabilidad política que antes o después habrá de cumplirse.