Esperemos que, de vuelta a España Rajoy y con el ministro del Interior en el uso de su cartera, la autoridad nacional se aplique a lo que debe...
Para resumir, lo ocurrido en Burgos puede concretarse como la decisión de unas personas de paralizar unas obras. Esas obras son el resultado de la decisión municipal de modificar la realidad de una calle de acuerdo con un proyecto y unas promesas electorales, comunes, hechas por los dos partidos mayoritarios de populares y socialistas.
Frente a la decisión municipal de hacer lo que parece ser la voluntad burgalesa expresada en las urnas, una parte de los ciudadanos, agrupados en torno a la asociación vecinal del barrio de Gamonal y usando su derecho de manifestación, han decidido violentar la voluntad de la ciudad y atropellar los derechos de todos imponiendo su particular criterio.
Esta forma de entender la democracia, en la que la voluntad de unos pocos prevalece frente a la de todos, es la misma que predica Artur Mas en Cataluña cuando pretende que la voluntad de algunos catalanes, no todos, se imponga a la del resto de la comunidad nacional española.
Aunque también, no es sólo el conflicto de intereses y la colisión de de-rechos encontrados lo que está en juego. Tan importante como aquéllos, e incluso más, lo que se dilucida ahora, en el Barrio de Gamonal como parte de Burgos y en Cataluña como parte de España, es la esencia misma del Estado de Derecho que rige la sociedad democrática que tenemos.
Aunque por tierras burgalesas y al lado de la estatua del Cid pudiera ser oportuno apelar a la épica para defender según qué ideales, parece mucho más prudente contener los ímpetus y tratar de encarar la situación, o situaciones (Gamonalenses en Burgos y Catalanas en España) de acuerdo con las normas de convivencia que nos hemos dado.
Desde esas normas, es a la autoridad demócrata a quien nuestra sociedad le ha encomendado la misión de velar por que el interés de todos no se vea subordinado a la voluntad e intereses de unos pocos. Es cierto que el arte de «mandar» o gobernar debe compatibilizar la prudencia con la rectitud y que no es aconsejable que los remedios causen más perjuicios que los males que se pretenden evitar. Pero también es cierto que hay que detectar el mal y los peligros que le acompañan. En este caso, en Gamonal y Cataluña, los peligros no se encuentran en las simples bravuconadas, de de un grupo de violentos callejeros o de voceros de salón. Por el contrario, lo que está en riesgo es que, con la imposición de la voluntad de una parte del todo frente a la comunidad, se violen las normas de convivencia y que, con esa violación y la inacción de la autoridad, se ponga en riesgo los principios básicos de nuestra sociedad.
Desde esa óptica, las que aparecen, y hasta puede que lo sean, como medidas prudentes de la autoridad, gubernativa o municipal, puede que no sean otra cosa que una dejación de funciones o una pasividad de la autoridad frente a los atropellos.
Aún sin declaraciones de las autoridades responsables, parece que ocultas en lo que parece un mutismo que empieza a ser vergonzante, surgían anoche en televisión, con las noticias emanadas de la alcaldía burgalesa, las opiniones titubeantes de algunos opinantes de profesión que, por defecto, mezclaban conceptos y realidades.
Hoy aparece en la portada de los primeros diarios nacionales la noticia de lo que se llaman manifestaciones de un grupo de burgaleses.
Que las manifestaciones de Burgos son noticias, es obvio, y la prensa lo recoge. Pero también es obvio, y será bueno que la prensa no deba recoger las consecuencias en el futuro, que las manifestaciones y la forma en que la autoridad ejerce su misión está poniendo en riesgo el Estado de Derecho.
Esperemos que, de vuelta a España Rajoy y con el ministro del Interior en el uso de su cartera, la autoridad nacional se aplique a lo que debe y que desaparezcan, de la realidad y del horizonte, los peligros reales que se ven en las manifestaciones y los que no se notan disfrazados de tibiezas y simplezas. O de boberías, como se dice por algunos pagos de Castilla.
