El tripartito y CiU presentan la reforma del Tribunal Constitucional

Los Grupos Parlamentarios de Entesa y CiU en el Senado registraron la tarde de este lunes la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), encomendada por el Parlamento de Cataluña el pasado 29 de abril.

Los portavoces de ambos grupos parlamentarios, Jordi Vilajoana y Ramón Aleu, acudieron juntos al registro de la Cámara para formalizar su propuesta tras la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, en la Comisión General de Comunidades Autónomas para exigir la renovación del TC.

Los grupos cumplieron así con la resolución del Parlament que les concedía treinta días, los cuales se cumplían el jueves de esta semana, para iniciar en el Senado los trámites de reforma de la LOTC.

En el Parlament catalán, PSC, CiU, ERC, ICV y EUiA aprobaron una resolución que insta al TC a declararse incompetente en la sentencia del Estatut, reafirma la constitucionalidad del Estatut, insta a Congreso y Senado a renovar el TC, y pide reformar la ley orgánica del Constitucional para impedir la permanencia de magistrados con mandato caducado.

En la proposición registrada esta tarde en el Senado, se plantea que los magistrados del TC «cesarán de forma automática e inmediata» una vez que hayan transcurrido seis meses desde que caducó su mandato. El objetivo de este punto es evitar que vuelva a suceder la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esta situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.

SENTENCIAS NO INTERPRETATIVAS

Además, propone que el Tribunal Constitucional cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las leyes orgánicas de aprobación o las reformas de estatutos de autonomía. En caso contrario, los recursos serán desestimados. Este punto se amplía a las cuestiones de constitucionalidad.

La proposición de Entesa y CiU también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas, «debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de conformidad o disconformidad con la Constitución». Además, propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal.

Por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten al Estatut de Cataluña.