Los socialdemócratas talaveranos se defienden

En un comunicado de prensa, el partido de los socialdemócratas de Talavera de la Reina (PSOE) salen al paso de las declaraciones realizadas hace cuarenta y ocho horas por el concejal de Economía y Hacienda, el popular Arturo Castillo.

El PSOE, en su comunicado, asegura que el día que Gonzalo Lago tomó posesión había alrededor de cuatro millones de euros de efectivo en las arcas municipales, según certificado por el servicio técnico de Tesorería del Ayuntamiento. Y que todas las facturas de 2010 y 2011 tenían su consignación presupuestaria y estaba garantizado su pago con tasas e impuestos municipales, así como con los ingresos procedentes de la participación en tributos del Estado.

Al cierre del ejercicio económico de 2010, tan solo había dos facturas sin consignación presupuestaria por un importe total de 1.600 euros, que tuvieron entrada en el Ayuntamiento durante el mes de abril de este mismo año, pero esto, aseguran en el PSOE son cuestiones que ya conocía Gonzalo Lago por cuanto en ese momento él era concejal.

Igualmente las facturas correspondientes a la anualidad vigente de 2011 tenían su correspondiente consignación presupuestaria, algunas abonadas y otras pendientes de pago, a las que se iba hacer frente con las tasas e impuestos municipales, así como las partidas de ingresos a través de los ingresos por la participación en los tributos del Estado.

Los socialdemócrtas hacen constar en su comunicado que las auditorias de cualquier ente se realizan por organismos independientes y en el caso de las administraciones públicas, como es el Ayuntamiento de Talavera, por el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía, y la Sindicatura de Cuentas, que son los organismos que según la Ley fiscalizan esas cuentas públicas.

En el caso del gobierno de Lago -siempre según la nota del PSOE-, critican que el alcalde haya encargado su auditoria a alguien no independiente, como es su concejal de Hacienda, mientras que el plan económico financiero, un documento que debe contener necesariamente directrices políticas y técnicas, se encarga por treinta mil euros a una empresa «sin contar para nada con los técnicos municipales que son los que verdaderamente conocen el estado de las cuentas del Ayuntamiento».