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Primera denuncia contra Rufián por posible revelación de secretos oficiales

Espinosa de los Monteros (VOX) sacude al Gobierno Sánchez y acojona a Rufián por ‘bocazas’

Hugo Pereira Chamorro 08 May 2022 - 07:30 CET
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La primera en la frente.

La Fiscalía adscrita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo recibió este 6 de mayo de 2022 la primera denuncia contra Gabriel Rufián.

En el texto se subraya que el diputado de ERC cometió  un delito de revelación de secretos, por desvelar detalles de la información ofrecida a puerta cerrada por la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en relación con el espionaje con ‘Pegasus’.

La acción la promueve el colectivo de funcionarios Manos Limpias, que pide al Ministerio Público que investigue al parlamentario catalán -el representante de Esquerra Republicana en la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso- por incumplir la obligación de guardar el secreto de lo escuchado dentro de la sala.

La víspera Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX, había lamentado que, nada más salir de la reunión, algunos de los políticos participantes y de forma destacada Rufián, hubieran contado todo.

Espinosa no descartó la posibilidad de que VOX se querelle contra ellos.

Algo similar afirmo posteriormente  Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos.

Rufián ha sostenido ante los periodistas que políticos independentistas catalanes fueron espiados por el CNI sin orden judicial.

El delito de revelación de secretos, recogido en el artículo de 598 del Código Penal, castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión la revelación de información “legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional”.

Esto dice el artículo:

«El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años».

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