Los diputados díscolos del PP defienden su rechazo al aborto en una carta a sus compañeros

La derecha vuelve a sucumbir ante otra ley de marcado carácter ideológico impulsada por la izquierda. La tímida reforma que el Partido Popular ha adoptado sobre la Ley del aborto de la exministra Bibiana Aído ha marcado la jornada del martes en el Congreso de los Diputados.

Hay que recordar que el texto aprobado durante el gobierno de Zapatero amparaba que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin consentimiento paterno al tiempo que permitía el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación.

El Gobierno sólo modificará lo de las menores, que abortarán con el permiso de sus padres. Rajoy incumple así una promesa electoral, en este caso la que suponía la derogación total de la Ley Aído en detrimento de una que garantizase la protección del no nacido.

Esta tímida reforma no ha convencido al sector provida del PP. Un puñado de diputados se ha abstenido durante la votación de la ley obviand la disciplina de voto. Los diputados José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez y Javier Puente, apoyados por los senadores Gari Durán, José Ignacio Palacios, Luis Peral, Ángel Pintado y Ana Torme, enviaron una carta a sus compañeros de formación para explicar las razones que les llevan a no apoyar esta reforma después de haber fulminado la de Gallardón. —LEA AQUÍ LA CARTA (PDF)—

El PP sostiene que introduce este cambio para reforzar la protección de las menores y mujeres. En las semanas previas a la votación los populares se esforzaron por hacer entrar en razón a estos diputados.

El señuelo fue introducir la frase «el aborto no es un derecho» en una reforma que de facto sí lo reconoce. Había que intentarlo. Se trataba de hacer creer que el retoque nominativo anularía la ley y que en realidad Rajoy cumple su palabra.

La presión no menguó el día antes a la votación. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, negaba cualquier división en el Partido Popular. «Los críticos con la reforma son menos de lo que parece».

Y puede que tuviera razón, sobre todo después de que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se reuniera con los críticos y les negara la libertad de voto amenazándoles incluso con una sanción económica de hasta 600 euros si no apoyaban la iniciativa.

En realidad lo que piden los diputados disconformes con esta reforma es lo que registraron en 2009 en las 24 enmiendas a la ley del aborto de Zapatero que el PP presentó en la cámara baja y las 17 en el Senado. El 1 de junio de 2010 llegaría el recurso ante el Tribunal Constitucional, que cinco años después sigue sin pronunciarse.

Lo que estos diputados defienden ahora es lo que el PP defendía entonces: equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido y respeto a la doctrina del TC de reconocimiento jurídico del nasciturus (no nacido).

Las cosas eran muy distintas no sólo cuando el PP estaba en la oposición, sino cuando llegó al Gobierno y encomendó a Gallardón una ley acorde a estas reclamaciones. Tras debatir el texto con el resto de fuerzas parlamentarias en el Congreso y en el seno del partido, el ministro presentó su reforma al presidente en el tercer año de legislatura. Rajoy la rechazó.

En la mañana del 23 de septiembre de 2014 el presidente del Gobierno lo anunciaba públicamente. Gallardón, que ya lo sabía desde unos días antes, le había presentado su dimisión y la anunciaría a los medios esa misma tarde. «Que haya tenido diferencias con Rajoy no quita que no le deba lealtad. Ahora no soy la persona adecuada para seguir al frente del ministerio de Justicia», explicó.

Es verdad que a Gallardón no se lo pusieron fácil. Tuvo que sortear las zancadillas del sociólogo Pedro Arriola y la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, que por simple cálculo electoral o pura convicción impusieron su criterio de no modificar ni un ápice la Ley Aído. Rajoy entendió que la reforma de Gallardón no sería electoralmente rentable y dejó pasar el tiempo.

Quizá quien mejor escenificó el viraje del PP -de recurrir la Ley Aído ante el TC a no derogarla- fue la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que dijo que «en el PP no cabe nadie que diga ‘no’ al aborto». Fue el pasado mes de febrero en la tertulia televisiva La Sexta noche.

En la mañana del martes la Conferencia Episcopal entró en escena reclamando libertad de voto para los diputados. El portavoz de los obispos, Gil Tamayo, pidió a los diputados que «votasen en conciencia y en coherencia» la reforma del aborto. «La Iglesia no negocia el derecho a la vida con nadie. Es algo innegociable con este Gobierno y cualquier otro que venga».

Antes de la sesión del Congreso la diputada Lourdes Méndez defendía su negativa a apoyar la reforma in extremis por coherencia, ya que en los 25 años que lleva en el PP siempre ha defendido la misma postura. «No me he movido ni un milímetro en 25 años. Me sancionarán pero no lo entenderé, no me parece justo, no creo que haya que imponer nada, porque es un tema de conciencia personal».

Además la diputada popular arremetió contra su partido, al que a partir de ahora ya ve muy difícil que pueda asimilar el discurso de la protección del no nacido. «Lo que se va a votar es que el derecho se transfiere a los padres. El PP ya no va a reformar en sentido de proteger la vida, que es lo que prometimos a los electores. ¿Cómo vamos a prometer que vamos a proteger la vida?».

Aunque la tormenta en el PP ya es inevitable, Rajoy se ha guardado las espaldas, ya que la aprobación definitiva de la reforma no llegará hasta después de las municipales.