Page se rebela contra Sánchez y registra un recurso contra la ley amnistía

Sorpresa.

El gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha registrado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez en la mañana de este lunes.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, dio a conocer que el recurso fue presentado de forma telemática, ante el Tribunal Constitucional contra la medida que forma parte de las prebendas que Sánchez ha entregado a sus socios independentistas para poder ser investido.

Padilla afirma que la decisión de interponer el recurso se sustenta en un informe  “muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad”. En el análisis se señala que la ley de amnistía “es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”.

Desveló que en el Consejo de Gobierno regional del pasado 30 de julio, se aprobó el que la comunidad presentase este recurso luego de haber analizado el informe del Consejo Consultivo solicitado previamente por el presidente regional.

La acción judicial sorprende luego de la actitud del presidente regional en el Comité Federal del PSOE, donde se esperaba que plantara cara firmemente a Pedro Sánchez pero que finalmente quedó en nada, como tantas otras veces que ha criticado al líder del partido pero que a la hora de la verdad, ha terminado apoyando en el Congreso de los Diputados diversas normativas, como en el caso de la propia ley de Amnistía.

Este recurso se suma a los registrados este mismo lunes por los presidentes autonómicos del Partido Popular de Madrid, Cantabria, Aragón y Murcia.

Más temprano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que había interpuesto un recurso contra la ley de amnistía y además, una recusación contra tres magistrados del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”.

En su argumentación, el recurso incide en que la la normativa impulsada por los socialistas, “afecta los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho”, por lo que consideran que si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales no puede funcionar correctamente.