El ‘caso David Sánchez’: la polémica maniobra de aforamiento del líder del PSOE en Badajoz vuelve a retratar a Pedro Sánchez

La política española vuelve a ser escenario de una aparente contradicción entre el discurso y los hechos.

El secretario general del PSOE en Extremadura y hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha protagonizado una controvertida maniobra política que ha generado un intenso debate sobre los privilegios de la clase política. Gallardo, imputado en la causa que investiga la contratación presuntamente irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido abandonar su cargo en la Diputación para incorporarse como diputado a la Asamblea extremeña, lo que le otorga la condición de aforado.

Esta decisión llega en un momento crítico del proceso judicial, justo cuando podría abrirse juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial. La jueza instructora, Beatriz Biedma, dictó auto de procesamiento el pasado 28 de abril, tras lo cual las acusaciones populares han solicitado penas de hasta tres años de cárcel para David Sánchez y para el propio Gallardo, además de inhabilitación para cargo público durante seis y 15 años, respectivamente.

La contradicción con el discurso oficial

Lo más llamativo de este caso es la evidente contradicción con el discurso que el propio Pedro Sánchez ha mantenido históricamente sobre los aforamientos. El presidente del Gobierno se ha posicionado públicamente en contra de esta figura legal, considerándola un privilegio injustificado que debería eliminarse del sistema judicial español.

Pero la contradicción no solo afecta al presidente del Gobierno. El propio Miguel Ángel Gallardo había manifestado anteriormente que no entraría en la Asamblea de Extremadura hasta que finalizase el caso de David Sánchez. Sin embargo, ahora ha cambiado radicalmente de postura, alegando que lo hace porque PP y Vox quieren mantenerlo fuera de la Asamblea y porque las acusaciones populares intentan alargar la causa para evitar que «confronte ideas» con la presidenta autonómica.

«Gallardo explicó hace meses por qué no haría eso, porque iba a parecer que lo haría por salvarse el culo, para aforarse y, por ende, estar a salvo», recuerda la periodista Marta García Aller, quien añade: «Ya él explicó perfectamente qué parecería si hiciera eso, y ahora que lo hace, tenía razón: es exactamente lo que parece».

¿Qué implica realmente el aforamiento?

Aunque Gallardo insiste en que «el aforamiento no implica inmunidad» y que «el proceso continuará en las instituciones que correspondan», lo cierto es que esta maniobra tiene consecuencias procesales significativas. Al convertirse en diputado autonómico, su caso pasaría de ser juzgado por la Audiencia Provincial a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Esta figura jurídica, el aforamiento, permite a determinados cargos públicos ser juzgados únicamente por tribunales superiores. Actualmente, casi 2.000 políticos españoles están aforados, lo que ha sido criticado por partidos como Ciudadanos, que considera esta figura «uno de los privilegios más injustificables de la clase política y una anomalía democrática incompatible con el principio de igualdad ante la ley».

El caso David Sánchez: origen de la polémica

En el centro de esta controversia se encuentra David Sánchez-Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno. La investigación gira en torno a su contratación presuntamente irregular en 2017 como alto cargo en la Diputación de Badajoz, así como su presunta mediación para que un extrabajador del Palacio de La Moncloa, amigo suyo, consiguiera también un empleo en la misma institución.

El PP no ha tardado en reaccionar a la maniobra de Gallardo. José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP de Extremadura, ha calificado el anuncio como una «confesión de culpabilidad encubierta». «Si sale corriendo a buscar el aforamiento es que tiene miedo», ha declarado, añadiendo que Gallardo «en su intento de huida de la justicia, acaba de confesar» tras «convertir la Diputación de Badajoz en un chiringuito creándole un cargo al hermano de Pedro Sánchez».

Una maniobra política con respaldo interno

A pesar de la polémica, Gallardo cuenta con importantes apoyos dentro de su partido. Su decisión fue anunciada tras una reunión interparlamentaria en la que participaron los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, quienes según Gallardo le pidieron que se situara «en el centro de la política».

Para materializar su entrada en la Asamblea, Gallardo necesita la dimisión de un diputado autonómico socialista y la renuncia de cuatro sustitutos que estaban antes que él en la lista electoral. Sin embargo, no se espera que haya ningún problema para que pueda acceder a la Cámara.

Su intención es que la entrada sea inmediata, ya que pretende ser el portavoz socialista en el próximo debate del Estado de la Región, previsto para junio. Respecto a su salida de la Diputación de Badajoz, Gallardo ha manifestado que quiere «una transición tranquila, transparente y sin que afecte a la institución provincial».

El aforamiento: una anomalía democrática en España

La polémica en torno al caso Gallardo ha reabierto el debate sobre los aforamientos en España. Mientras que en democracias avanzadas como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos esta figura no existe, en nuestro país se mantiene como un privilegio heredado que ni PSOE ni PP han querido erradicar completamente, a pesar de las declaraciones públicas en su contra.

El secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha sido contundente al respecto: «Frente a las exigencias de ejemplaridad que debe tener toda sociedad moderna, los aforamientos perpetúan una justicia desigual que protege a miles de cargos públicos por el simple hecho de serlo». Según el dirigente liberal, «este sistema no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino que compromete la confianza ciudadana en las instituciones y debilita la separación de poderes».

Un cambio de discurso difícil de justificar

Gallardo ha intentado justificar su cambio de postura argumentando que responde a un intento de la derecha y ultraderecha de impedir su presencia en la Asamblea, prolongando el proceso judicial. Además, asegura que el informe de la Fiscalía, que pide archivar la causa, es contundente y que el aforamiento no detendrá el proceso judicial, que simplemente seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la oposición ni a parte de la opinión pública, que ven en esta maniobra una estrategia para eludir responsabilidades judiciales. La contradicción entre el discurso histórico del PSOE contra los aforamientos y esta actuación práctica ha dado munición a sus adversarios políticos.

Datos curiosos sobre los aforamientos en España

España es uno de los países europeos con mayor número de cargos aforados. Mientras que en Francia solo están aforados el presidente de la República y los ministros (en torno a 20 personas), y en Italia únicamente el presidente de la República, en España la cifra se acerca a los 2.000 aforados, incluyendo parlamentarios nacionales y autonómicos, miembros del Gobierno, jueces, fiscales y otros altos cargos.

El caso de Miguel Ángel Gallardo no es el primero en el que un político utiliza el aforamiento como escudo protector ante una investigación judicial. A lo largo de la historia democrática española, numerosos políticos de diferentes partidos han recurrido a esta figura para que sus casos fueran juzgados por tribunales superiores, generalmente considerados más benévolos o, al menos, más alejados de la presión mediática local.

La paradoja es que mientras Pedro Sánchez propuso en 2018 limitar los aforamientos a los actos relacionados con el ejercicio del cargo, siete años después, su hermano y un alto cargo de su partido se benefician precisamente de esta figura que él mismo criticó, en un caso que además afecta directamente a su entorno familiar.