Podemos quedarnos sin medicinas en Baleares por culpa de un Govern moroso

Antonio Real, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) lo va a intentar de nuevo en las próximas horas. De momento no hay manera y todas las promesas se las ha llevado el viento. El Govern balear les adeuda más de 39 millones de euros desde agosto, y las farmacias se las ven y se las desean para continuar con el abastecimiento sin poder pagar a los proveedores.

Es muy probable que en breve las medicinas financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) dejen de llegar, algo que ya se advirtió ayer en la reunión que mantuvieron en Madrid los representantes de los Farmacéuticos Empresarios de Cataluña, Baleares, Aragón, Valencia, Alicante y Murcia.

Fernando Redondo, presidente de la Federación de Empresarios de Farmacia Española (FEFE), ha adviertido del riesgo que conlleva la falta de pagos a las comunidades autónomas. Así, se está estudiando emprender acciones judiciales contra las mismas, toda vez que a su juicio y el de sus colegas «se está poniendo en juego la salud de los ciudadanos» ya que se pueden generar problemas de abastecimiento.

HARTOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS

«¿Cuántos muertos por falta de suministro de medicamentos son necesarios para que haya una reacción de las autoridades?», se ha preguntado el presidente, quien ha manifestado estar «harto de promesas de pago incumplidas». «Queremos soluciones reales y urgentes», ha dicho.

  Aunque la situación varía entre comunidades, Redondo ha explicado que «llevan ya mucho tiempo» sufriendo impagos que hacen que muchos establecimientos tengan que endeudarse y pedir préstamos para poder seguir comprando medicamentos que luego no pagan las administraciones, mientras que otros viven «situaciones límite» que hacen peligrar su subsistencia.

   «Pero esto tiene un límite, porque la capacidad de endeudamiento tampoco es muy grande, que no somos grandes empresas», ha defendido el presidente de FEFE, que avisa de que se pueden producir desabastecimientos de medicamentos. Ha advertido así que

Nos vamos a ver abocados a no poder seguir pagando a nuestros proveedores, y si se tiene que suspender el suministro, que me lo corten.

   Igualmente, también ha avanzado que si las comunidades no les pagan «tampoco tendrán dinero para pagar los impuestos que luego les exigen, ni los salarios de sus trabajadores».

  La Comunidad Valenciana es la más afectada por estos impagos, ya que la Generalitat adeuda a los farmacéuticos 450 millones de euros –unos 50.000 euros mensuales de media por establecimiento– correspondientes a seis meses de consumo de medicamentos financiados.

   CIERRES A LA VISTA

A los boticarios de Murcia se le adeudan cuatro mensualidades, y en Cataluña no cobran desde agosto, lo mismo que en Baleares. Además, en la comunidad catalana ya hay 440 establecimientos que barajan la posibilidad de cerrar. «Parece que somos demasiado buenos, pero eso no significa que seamos tontos», ha denunciado Beatriz Carbonell, presidente de FEFE-Cataluña.

«NECESITAMOS SALIR A TOMAR OXÍGENO»
  
«Necesitamos saber hasta cuándo tendremos que tener la cabeza debajo del agua, porque no podemos más, necesitamos salir a tomar oxígeno», ha añadido Redondo, acusando al Gobierno y a las comunidades de darles siempre la misma solución: «la de mirar para otro lado y no pagar».

  Entre sus propuestas, que advierte de que «no deben dejarse para 2014», piden suficiencia financiera para hacer frente a estos pagos y que las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sean finalistas, de modo que puedan ser destinadas directamente a las «partidas más importantes», entre ellas el pago a las oficinas de farmacia.

  «Es que luego nos dicen que no queda dinero porque nos lo hemos gastado en un aeropuerto, y lo que hay es que establecer prioridades», ha defendido Redondo, quien ha reconocido que no han querido salir antes a denunciar la situación para no generar alarma social.

  «Pero ya no podemos más, y no somos nosotros quienes lo hemos provocado», ha sentenciado el presidente de FEFE, quien anima a las comunidades a que

Reconozcan a sus ciudadanos que no son capaces de pagarles los medicamentos que precisan.