Los sindicatos convocan a 6.000 empleados de la CAIB a un paro parcial para protestar por «tanto castigo»

Los sindicatos representantes del sector de la administración autonómica han convocado para el próximo día 14 de diciembre un paro parcial de dos horas y una manifestación a la que están llamados los cerca de 6.000 trabajadores públicos de los servicios generales de las Islas Baleares.

La petición de este acto ha sido registrada esta mañana en la Conselleria de Presidencia por parte de los cinco sindicatos convocantes, CSI-F, USO, STEI.i, UGT y CCOO, en cumplimiento del acuerdo adoptado por asamblea el pasado día 24, tal y como ha explicado el secretario del sector de la función pública de la CAIB de UGT, Jordi Crehuet.

José Ucendo, secretario de organización de USO, ha señalado por otra parte a Renovación Balear que están hartos de «tanto castigo» como, por ejemplo, «la eliminación del complemento de la incapacidad temporal, la supresión de la paga de Navidad, la ampliación de la jornada laboral  y la eliminación de los días por asuntos propios».

La jornada del día 14 tendrá lugar además una manifestación que comenzará a las 12.00 horas de la Plaza de Cort de Palma y que discurrirá hasta el Consolat de Mar.

Asimismo, las organizaciones sindicales han promovido otro acto de protesta para el día 10 de diciembre, por el que instan a los empleados públicos de la CAIB a que retiren 200 euros de las entidades bancarias donde tengan asignada sus nóminas, como muestra de rechazo «al apoyo sistemático del Gobierno a los bancos», mientras que los empleados públicos «son los que están siendo castigados».

PIDEN AL GOVERN QUE DE EJEMPLO

Además, los sindicatos han registrado otro escrito en el que piden al Govern «que de ejemplo» del ahorro que está aplicando a los funcionarios y le piden que «suspenda todos los actos superfluos de copas de Navidad, brindis, comidas y cenas que implican celebración y que suponen un coste para las arcas públicas».

Por otro lado, Crehuet se ha referido a la ley que prevé sanciones para los funcionarios que expresen opiniones políticas, ante lo que ha señalado que se trata de una «supresión radical del derecho a poder manifestar lo que cada uno piensa» ya que, según ha explicado, con este norma el Ejecutivo autonómico podrá abrirle un expediente por tener una señera encima de su mesa.

Con todo, ha lamentado que el PP esté generando «conflictos y polémicas donde no los hay» y se dedique a aprobar decretos y leyes en lugar de ofrecer diálogo para intenter llegar a acuerdos.