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LE HABÍAN DADO EN LA CÁRCEL UN CURSO DE KÁRATE

Un preso en tercer grado le rompe la tráquea a un policía de Palma y el juez le deja libre

Los sindicatos policiales están que trinan: "No entendemos cómo es posible que la Justicia no haya tenido en cuenta sus antecedentes"

25 Abr 2013 - 18:36 CET
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Detenido un joven de Palma que apaleó a un policía el 25-S y quedó retratado en la prensa

El suceso se registró en la madrugada del pasado domingo en los aledaños de un bar cercano a la plaza Gomila, cuando un grupo de etnia gitana formado por cuatro personas se encaró con un grupo de agentes de la Policía Local, que les había desalojado instantes antes del local por armar una bronca de cuidado.

Cuando los efectivos policiales procedían ya en la calle a su identificación uno de ellos saltó por la espalda a uno de los agentes, propinándole un fuerte puñetazo en el cuello que le provocó la rotura de un anillo de la tráquea.

CURSO DE KÁRATE

El agresor, Manuel M. B., de 36 años de edad y miembro del clan de ‘Los Peluos’, que se encuentra en régimen de tercer grado en la Prisión Provincial de Palma, esto es, en semilibertad, dio un golpe muy certero y casi mortal, ya que no en balde acababa de recibir un curso de kárate en el recinto donde cumple condena.

Sus compañeros, envalentonados por la actitud del impresentable, hicieron entonces amago de agredir a un contingente de refuerzo que llegó al lugar tras el ataque, quitándose la camiseta e increpando a los policías al grito de «Sabemos boxeo y os vamos a matar a todos».

Tras ser reducidos se condujo al autor del golpe a los calabozos, no sin antes haber trasladado al herido al Hospital de Son Espases donde quedó ingresado.

Tras ser puesto a disposición judicial al cabo de 24 horas el juez decretó la libertad del detenido, que nada más salir del juzgado se jactó ante las cámaras de su ‘hazaña’.

INDIGNACIÓN GENERAL

La decisión judicial ha causado consternación entre los sindicatos policiales de STEI, FSC, CSIF, USO y CC.OO, que han remitido comunicados de repulsa y protesta contra lo que califican de «una decisión indignante y muy preocupante».

Así, el STEI ha afirmado que

«No entendemos cómo es posible que la justicia no haya tenido en cuenta los antecedentes penales del agresor y lo ponga en libertad sin valorar el peligro potencial que esa decisión comporta. Si puede agredir a un agente de la autoridad armado, que podrá hacer con cualquier otra persona que se le ponga delante».

El Sindicato de Policía de UGT en el Ayuntamiento de Palma ha pedido por su parte en las últimas horas al Ayuntamiento de Palma que se querelle contra el agresor.

«MENSAJE DESMOTIVADOR

En un comunicado, han señalado que acatan pero no comparten la  decisión judicial de la puesta en libertad del agresor al agente policial y ha remarcado que esta actuación jurídica ha producido un fuerte malestar en el seno policial, puesto que «el mensaje que se traslada al colectivo es completamente negativo y desmotivador».

Según ha dicho, se trata de unos hechos que «son constitutivos de un presunto delito de lesiones graves a un agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones». «Cuando la Administración de Justicia debería velar por la indemnidad de los funcionarios públicos, ésta, incomprensiblemente, adopta la decisión de poner en libertad a un agresor de un funcionario».

PIDEN UN COMPROMISO

Al mismo tiempo, el sindicato ha instado a que se den las órdenes oportunas a los servicios jurídicos de Cort para la formulación y presentación de una querella contra el agresor.

Esta medida la reclaman para todos los casos de agresiones directas sufridas por los agentes policiales, así como las atenciones psicológicas y responsabilidades civiles que se pudieran necesitar.

El sindicato ha recordado que se hizo lo mismo por las agresiones sufridas por el personal sanitario. «Ser policía no exime a la administración para que vele, jurídicamente, por la integridad física de sus funcionarios».

Finalmente, ha avanzado que solicitará al Ayuntamiento de Palma la negociación de un protocolo de actuación para los casos de agresión a sus funcionarios, en la que se dé cobertura jurídica a los funcionarios, así como en caso de necesidad psicológica.

 

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