Aumenta la lista de empleados públicos que cobrarán un sueldo sin dar un palo al agua

El Juzgado de lo Social número 2 de Palma ha estimado una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), y ha declarado improcedente el despido de dos empleados del servicio de emergencias 112.

Al haber sido despedidos mediante el procedimiento de amortización de plazas que ya han sido cubiertas, al Govern no le queda otra que seguir pagándoles un sueldo o, en todo caso, cumplir a rajatabla el fallo que les obliga a pagarles una indemnización de 45 días por año trabajado, lo que supone 17.581 euros en un caso y 23.656, en el otro.

Según un comunicado de UGT al que ha tenido acceso RB, el juez declara los despidos improcedentes porque la empresa pública, dependiente del Govern, no cursó los despidos como objetivos por causas económicas, técnicas y organizativas.
 
LE DAN LA RAZÓN AL SINDICATO

En este sentido, la FSP-UGT manifiesta que esta nueva sentencia vuelve a dar la razón al sindicato en que el cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público no puede llevarse a cabo mediante amortización de plazas sin más y en que no se puede despedir sin indemnizar.
 
Asimismo, la resolución judicial coincide en una de las tesis plateadas por la FSP-UGT en su demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra el conjunto de despidos en las empresas públicas por no haberse realizado un proceso unitario de reestructuración.  
 
«Siendo un problema que concierne a múltiples empresas públicas distintas, es adecuado un proceso unitario para así poder ser enjuiciado el conflicto creado en el seno de la administración  sin la generación de múltiples despidos objetivos individuales» reza la sentencia.
 
Para la FSP-UGT, el juez expone la idoneidad de abordar el proceso de despidos desde la perspectiva colectiva por considerar a la Administración como un ente público único.
 
La organización sindical reitera su confianza en que su demanda contencioso-administrativa ante el TSJB prospere y que resuelva que el procedimiento para despedir a más de 600 trabajadores de las empresas públicas utilizado por el Ejecutivo autonómico no se ha ajustado a derecho y, por tanto, que la totalidad de los despidos son nulos.
 
La FSP-UGT pide al Govern que reflexione y rectifique todo el proceso de reestructuración para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como para evitar un grave quebranto a las arcas públicas de la Comunitad.