El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, va camino de pasar más tiempo en el juzgado defendiéndose de las denuncias que le ponen que «gestionando» la capital conquense en una legislatura que se le está haciendo muy cuesta arriba y que evidencia que la Alcaldía, de momento, le viene grande.
La última, que no es nueva sino que viene de largo, es la querella que le ha puesto el sindicato CSIF tanto al propio Ávila como a la interventora del Ayuntamiento por un presunto delito de desobediencia en el primer caso por no ejecutar la sentencia de la Oferta Pública de Empleo de 2007, y de supuesta falsedad en documento público en el segundo, en relación al informe que se presentó al juez sobre el coste que supondría la ejecución de esta sentencia cifrado en 26 millones de euros. El sindicato entiende que dicho informe «incluía personas muertas, jubilados, plazas sin cubrir o trabajadores cuyos puestos fueron recurridos y las sentencias estaban ejecutadas». Casi nada.
Ávila, en su momento, remitió un escrito al juez en el que argumentaba que la anulación de la OPE de 2007, época en la que era teniente alcalde, supondría la quiebra del Ayuntamiento. Y es que por culpa de aquellos polvos hoy en día se viven estos lodos en el Ayuntamiento de Cuenca donde hasta el propio alcalde se niega a cumplir con la legalidad.
Esto, según nos cuentan, no ha hecho más que empezar y la cascada de denuncias continuará en los próximos meses.
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