El PP rechaza en el Congreso paralizar las prospecciones y hace la faena a sus ‘colegas’

El PP ha rechazado este martes 8 de abril de 2014 en el Congreso una iniciativa de Izquierda Plural para paralizar las actividades de prospecciones de combustibles fósiles en el Mediterráneo, en contra de la postura de su mismo partido en el Parlament de Balears.

La propuesta ha contado con 24 votos en contra del PP y 19 a favor del resto de los grupos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, en la que la portavoz popular, María Teresa de Lara, ha acusado al PSOE de hacer y decir cosas distintas en el poder a cuando están en la oposición.

REALES DECRETOS

De esta manera se refería a los reales decretos que conceden los permisos de investigación para detectar posibles combustibles fósiles en el Mediterráneo, firmados en 2010 por el entonces ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián.

Durante la defensa de su proposición no de ley, la portavoz de ICV, Laia Ortiz, ha argumentado que hay un profundo rechazo social, empresarial e institucional al proyecto en Baleares y ha recordado la Declaración de su Parlamento autónomo, también de rechazo a las prospecciones petrolíferas.

El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha afirmado en distintas ocasiones que en el caso de autorizarse las prospecciones petroleras en aguas baleares el ejecutivo autonómico interpondrá todas las impugnaciones que hagan falta para defender el archipiélago.

«UNA SERIA AMENAZA»

Laia Ortiz ha subrayado que las prospecciones representan una serie amenaza para una zona «estratégica» del sector turístico y ponen en riesgo «uno de los principales tesoros» medioambientales del país.

Tras señalar los impactos «demostrados» que las actividades de prospección (como la exploración sísmica del fondo marino) afectan a los cetáceos y a la flora y fauna, la diputada ha pedido al grupo popular que sea «coherente» con la posición de su partido en el archipiélago.

En este sentido, Ortiz ha recalcado que el discurso del partido en el poder está lleno de contradicciones, en el que pesa más el elemento político que el técnico.

Por su lado, De Lara (PP) ha dicho que los permisos de investigación no implican autorización para ejecutar actuaciones y ha garantizado que tanto las evaluaciones ambientales como las posteriores declaraciones de impacto ambiental contarán con las máximas garantías.

En una enmienda que ha ofrecido al grupo proponente de la iniciativa, el PP instaba al Gobierno a paralizar el proyecto en caso de detectarse potenciales impactos significativos.

Izquierda Plural lo ha rechazado al alegar que estos términos ya vienen recogidos en la recién aprobada Ley de Evaluación Ambiental.

La diputada ibicenca del PSOE, Sofía Hernanz, ha destacado que en muy pocas ocasiones se ha registrado en Baleares un consenso social tan amplio en contra de un proyecto, «conscientes del gran daño ambiental y a nuestro medio de vida» que ello supone.

NI RIQUEZA NI MÁS EMPLEO

En su opinión este proyecto no conllevará ni más riqueza ni más empleo para las islas.

Por su parte, Tony Cantó (UpyD) ha dicho que las prospecciones «no deben ser criminalizadas per se», pero sí ha solicitado que el PP amplíe los estudios y ofrezca las máximas garantías, porque «nosotros ya no nos fiamos de ustedes».

CiU también ha apoyado la propuesta por una razón «esencial»: respetar la postura del Parlamento balear.

La Comisión de Medio Ambiente sí ha votado por unanimidad a favor de una proposición no de ley del PP sobre los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola, que será incluido como área específica de investigación en el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático.