Los lunes, revista de prensa y red

“Tres años después, la venganza contra el Rey del Tres de Octubre”, de Federico Jiménez Losantos, “El Gobierno quiere suprimir el derecho de los padres a elegir centro y eliminar la repetición en la «ley Celaá»”, de Josefina G. Stegmann, y “CONCAPA tilda de «despropósito» la intención de eliminar el concierto a la educación diferenciada”, de Nicolás de Cárdenas

( Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 27 de septiembre )

TRES AÑOS DESPUÉS, LA VENGANZA CONTRA EL REY DEL TRES DE OCTUBRE

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 27 de septiembre

Tras el ataque de los comunistas está, obviamente, el Gobierno, que se declara “traicionado por el Rey”. Hay que tener poca vergüenza.La semana en que entró oficialmente el otoño de 2020 se puso en marcha una inmensa cámara frigorífica institucional que debe activar crear el shakesperiano “invierno de nuestro descontento”. En pocos días, los programas máximos de comunistas y separatistas fueron asumidos por el Gobierno de Sánchez, el socialista dispuesto a ser, como Largo Caballero desde 1933 y Negrín desde 1937, más comunista y separatista que nadie.

Cuando Felipe VI salió al rescate de la Nación

Eran las vísperas del aniversario de la mejor jornada protagonizada por Felipe VI en su azacaneada vida política, la del 3 de Octubre de 2017. Dos días antes, el 1 de Octubre, la Generalidad de Cataluña perpetró un referéndum prohibido por los jueces y proclamó la independencia de Cataluña. El Gobierno Rajoy, de puro cobarde, llegó a la cima del ridículo. La vicepresidenta Soraya Sánchez de Santamaría, alma vágula del cuerpo blándulo de Rajoy, dijo el 6 de Septiembre, tras aprobar el Parlamento regional la “desconexión” con la legalidad en que se basa él mismo, que “la democracia había muerto en Cataluña”. Pero no llamó a la Funeraria.

Y el día 1, mientras una versión manipulada del referéndum ilegal inundaba las televisiones de todo el mundo, con escenas truculentas y discursos activando la “leyenda negra” de la Inquisición y el franquismo, Martínez Castro ordenó a Interior de parte de Moncloa que ocultara las imágenes de las más de mil agresiones a la policía, “para no echar más leña al fuego”. Soraya, plenipotenciaria de la impotencia de Rajoy, aseguró esa misma noche que la democracia -que ella declaró muerta en septiembre- “había ganado” en Cataluña. Y además anunció e interpuso un valeroso “incidente de ejecución de sentencia” ante el Tribunal Constitucional.

Aquel discurso del 3, aquella manifestación del 8

Los españoles se vieron abandonados por la cobardía del PP, la complicidad nacionalista del PSC-PSOE y el pasmo de Ciudadanos, que reinaba en la Babia de las encuestas. Los tres partidos se habían opuesto muy gallardamente, sobre todo Cs y PP, al olvidado y trascendental golpe parlamentario de septiembre, cuando Moncloa debió intervenir, pero los hechos los habían desbordado. Y entonces, aunque quiso hacerlo la noche misma del 1, Rajoy no tuvo más remedio que aceptar que saliera el Rey.

Su discurso fue extraordinario. Y el efecto, milagroso. Cinco días después, un millón de personas enarbolando banderas españolas inundaban las calles de Barcelona. Mario Vargas Llosa, llevado por Cayetana Álvarez de Toledo, hizo una gran defensa de España, la Constitución y la Libertad. Pero el grito más repetido, en un acto que RTVE no retransmitió, porque según Soraya, “no había que echar más leña al fuego” y “no iría nadie”, fue el de “¡Viva el Rey!”. Los republicanos del PSOE y de IU, no de Caracas, fueron los que más emocionadamente lo repitieron, en el estrado y la calle.

Una semana después se repitió la manifestación, ya con televisión y el mismo éxito, pero con la intención opuesta: encauzar la riada nacional hasta hacerla desaparecer en el arenal del consenso progre. Ya no era un tal Illa el que representaba la deserción del PSC sino el propio desertor Iceta. Y otro sociata, Borrell, dizque españolista y luego madurista, dijo a los que gritaban: “¡Puigdemont, a prisión!”: “¡Esto no es un circo romano!”. Falso: él era Poncio Pilatos, y Herodes Sánchez siguió urdiendo, con comunistas y golpistas, la moción que alumbró el Gobierno de la gran traición a España.

Y a los tres años de aquella intervención salvadora, tras la traición de Marchena y sus unánimes en la sentencia de la Sala II del Supremo, que dejó en sedición, hija de la ensoñación, la rebelión del 1-O contra el orden constitucional, que, según Sánchez, “no ofrecía lugar a dudas”. Ahora, sin duda alguna por su parte, porque la acaudilla, llega la venganza de los golpistas, uncidos de forma inseparable a los comunistas. Sánchez es el encargado de cumplir todos sus deseos: indultarlos antes de amnistiarlos, y unir a Bildu-ETA al bloque de poder para dominar una España donde la Derecha está prohibida. Y, como prueba, prohibir al Rey que se reuniera con los flamantes jueces en la entrega anual de despachos en Barcelona.

La semana de la venganza contra Felipe VI

El lunes, el subministro de Justicia -el ministro real es Garzón, que se deja ver en Roma de la mano de su Fiscal General del Estado, chuleando- anunció en la Cortes que en una semana el Gobierno empezaría a tramitar los indultos a los golpistas. El martes, se supo que el Gobierno vetaba la presencia del Rey. El miércoles, Carmen Calvo posó con Bildu, y después Idoia Mendía, la que brindó con Otegui en Navidad, dijo en El Mundo: “«Es un hito que Bildu se comprometa con la gobernabilidad de España”. El jueves, ningún ministro supo explicar la ausencia del Rey, o peor, dieron explicaciones contradictorias. Todas asociaciones judiciales, salvo Jueces contra la Democracia, criticaron duramente al Gobierno por vetar al Rey, condición de los golpistas para votar los Presupuestos y venganza del 3-O.

Y llegó el viernes. El presidente del Constitucional anunció que no iría a Barcelona, varios jueces dijeron que no recogerían sus despachos. Y llegó el discurso de Lesmes, con el que la facción izquierdista del CGPJ quiso evitar un comunicado común contra el Gobierno. Contra lo previsto, fue nítido: expresó su «enorme pesar» por la ausencia del Rey, que rompía “una larga tradición de más de 20 años», y recordó que su presencia «es expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución”, en la que los jueces “se sentían muy solos”.

Al terminar Lesmes, el clima de la sala estaba electrizado. José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ a propuesta del PP, invitó a los presentes a decir con él “¡Viva el Rey!”. Y sonó un estentóreo “¡Viva!” Campo dijo tras la mascarilla: “Se han pasado tres montañas», sin ver que el micrófono estaba abierto y todo se grababa. Al conocer los detalles del acto, los medios ardieron. Campo quiso salir del paso diciendo que “no se reconocía en esas palabras”. ¿En cuáles? Lo pusieron verde hasta los rojos.

Entonces el Gobierno decidió atacar al Rey, que al cabo era el sentido de la operación. Los comunistas agrupados tras el moño de Iglesias compitieron en insultar al mismo Jefe del Estado ante el que los ministros y el vicepresidente segundo habían jurado sus cargos. Abrió fuego Assens, el separatista al que Iglesias encarga los tratos con sus pares, que en poco se diferencian Ada Colau, Rufián, Torra y toda la Catanazi´s Yellow Band: “Si no vuelve a Barcelona, mejor”, himpló, como si la ciudad fuera suya.

El ataque de los comunistas

Le siguió el ministro Alberto Garzón, prácticamente desahuciado de Izquierda Unida por Enrique Santiago, el abogado de las FARC e íntimo de Iglesias. Como todo podemita maltratado en la oficina, maltrató así al Rey:

“La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido (sic), incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad (resic), mientras es aplaudida por la extrema derecha (requetesic) es sencillamente insostenible.”

Lo insostenible es su incompetencia gramatical, espejo de la política: ni este Gobierno ha sido elegido democráticamente -se eligen diputados, y, si acaso, lo elegido fue un PSOE que se negaba a gobernar con Podemos, so pena de insomnio presidencial.; ni la Constitución impone eso que dice, sino la unidad de la nación española, que separatistas y comunistas tratan de destruir; ni lo aplaude la extrema derecha -si lo aplaudiera sería normal en democracia, pero ni el catanazi Torra ni el racista PNV lo han hecho-. El que atacó al turismo español por “poco valor añadido” está mejor calladito.

Pero en su auxilio, a sentar cátedra de ignorante, llegó Pablo Iglesias:

“Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Art.1.2CE: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”.

El estilista moñudo lleva tiempo culitemporero, mezclando posaderas y estaciones, incapaz de leer entera la Constitución o de citar un artículo completo sin desmentir su argumentario, tan antinacional que suele resultar anticonstitucional. Sobre el Poder Judicial, que es de lo que se trata, dice la Constitución: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.” A ver, marqués de la Hoz: ¿Dónde dice que las elecciones al Congreso son para elegir jueces, o que los elija el parlamento o el Gobierno? Esa es una idea liberticida que defienden los que se imaginan en Caracas, pretenden estabularnos en Cuba, o se sueñan dinastas norcoreanos: los Kim-Ti-naja.

Lo que siempre, desde su coronación, defiende el Rey, recordó Lesmes, y quiere todo español amigo de la nación y su Constitución, es que los políticos respeten esa independencia, gran obstáculo, con la Corona, de los golpistas y sus socios que, con Sánchez al frente, buscan degradar al Rey a la condición de Campechano inerte, antes de provocar un golpe de fuerza y mandarlo a Cartagena, aprovechando la cobardía de la Oposición.

La ausencia de la Oposición

Tras ese ataque de los comunistas, está, obviamente, el Gobierno, que se declara ante los periodistas “traicionado por el Rey”. Hay que tener poca vergüenza para culpar al agredido de la agresión, pero el mecanismo de la proyección, típicamente comunista, demuestra de qué va Sánchez. Su proyecto personal de instalarse indefinidamente en el Poder entregando el Estado al separatismo y al comunismo tenía que chocar con el Rey y con la Justicia y ha chocado. Debió topar con la Oposición, y no lo ha hecho.

Dos tuits exhalaron el viernes Casado y Arrimadas en defensa del Rey. Y el sábado, en pomposa rueda de prensa, Casado mostró el miedo que padece y también que luchará toda su vida… contra el franquismo. Hay que ser muy, muy maricomplejines para, tras embaularse el PP la Ley de Memoria Histórica y el asalto a la tumba de Franco, decir de la guerra civil que “los dos bandos merecieron perder”. Según Besteiro, su bando, sí; por eso se rebeló contra Negrín y los comunistas, con socialistas, republicanos y anarquistas. ¿Pero por qué debía perder el bando nacional, apoyado por Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, padres del 14 de Abril, más cedistas, radicales, católicos, monárquicos, y liberales de todo el mundo? ¿Porque defendían la propiedad, la Ley, la nación española, la familia, la Religión? ¿No es eso lo que defiende la derecha política? Casado dirá, a lo Lassalle, que falta la Libertad. ¿Y quién la defendía en la guerra: Largo, Carrillo, Negrín? ¿Debió desaparecer toda España, porque se había portado mal?

El miedo irremediable del PP

Y para psiquiatra fue la frase “Sin ira y sin miedo, ¡Viva el rey! y ¡Viva España!”. Si presumes de no tener miedo, es que hay motivo para tenerlo. Y eso produce ira en todo bien nacido, más en un político que ve a los pobres temerosos y a los ricos del Ibex35 acochinados. Y los que provocan ese miedo son, precisamente, los que atacan al Rey y a España. ¿Cómo creer que los combatirá alguien que se proclama neutral ochenta años después del final de la guerra de la que nació una dictadura y de ésta la democracia que quieren destruir socialistas, comunistas y separatistas?

Era la ocasión de anunciar una moción de censura e invitar a Vox y Ciudadanos a sumarse a ella, sin más condiciones que acabar con el cerco al Rey y a la independencia judicial de Sánchez y sus socios comunistas. No tendrá otra. Ayunos del apoyo de los partidos a los que votamos, los ciudadanos tendremos que organizar la resistencia por nuestra cuenta. Lo haremos, airados contra los traidores y sin miedo a matones ni a miedosos.

Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/tres-anos-despues-la-venganza-contra-el-rey-del-tres-de-octubre-6663824/

EL GOBIERNO QUIERE SUPRIMIR EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR CENTRO Y ELIMINAR LA REPETICIÓN EN LA «LEY CELAÁ»

Artículo de Josefina G. Stegmann publicado en ABC el pasado día 28

Podemos presenta enmiendas en solitario en las que carga contra la libertad de enseñanza, impide la repetición en Primaria y la blinda en Secundaria. Por su parte, los nacionalistas buscan eliminar la palabra Constitución del texto y dejar al castellano fuera de las aulas. El PSOE cede al objetivo de Podemos de incrementar la pública y acabar con la concertada en la «Ley Celaá»

Unidas Podemos carga contra el derecho de los padres a elegir centro o, por decirlo de otra manera, carga contra la propia Constitución (artículo 27.1). Así se refleja en las enmiendas que el partido ha presentado la semana pasada al proyecto de ley educativo Lomloe, más conocido como «Ley Celaá», a las que ha accedido a ABC.

Después de 16 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas al articulado, este texto ha empezado a «rodar» en el Congreso en plena pandemia, y los socios de Sánchez no han perdido ocasión para plasmar sus intenciones sobre un texto que fue elaborado y aprobado (el 15 de febrero del año pasado) cuando el PSOEgobernaba en solitario.

Como ese mismo día Sánchez convocaba elecciones el texto quedó en un cajón, que se volvió a abrir a principios de marzo de este año pero el texto se presentó igual que el anterior, sin modificaciones. La Lomloe ha recibido más de 1.000 enmiendas en total de Teruel Existe (20), la CUP (5), Bildu (136), PNV (64), Unidas Podemos (54), Coalición Canaria (17), Grupo Plural (37 de Compromís, 116 de BNG, 125 de Más País Equo, 83 de JuntsxCat), Vox (73), Esquerra Republicana (76), UPN (18), Ciudadanos (68), PP (156) y Podemos y PSOE (117). Estas son las principales novedades:

Contra el derecho de los padres

Unidas Podemos, que ha presentado enmiendas no solo con el PSOE, sino también en solitario pide en estas últimas eliminar el párrafo de la Loe (con las modificaciones que esta tiene de la «Ley Wert»), que alude a la libertad de enseñanza. En nada menos que el apartado de «Principios» de la ley, se lee: «La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales». En su enmienda, UP justifica que este párrafo es «innecesario» y que la libertad de enseñanza a la que alude la Constitución no se refiere «a la elección de centro por parte de los particulares». En todo caso, señalan, «cabría asociarla con la libertad de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas (artículo 27.6)».

Podemos va más allá y pide para el artículo 84.1 sobre «Admisión de alumnos» la eliminación de la libertad de elección de centro por parte de los padres como criterio de admisión. Proponen el uso de la palabra por «posibilidad» de elegir en lugar de «derecho» a elegir.

En el artículo 108, sobre clasificación de centros, nuevamente se pide eliminar que «los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo». En este caso, piden eliminar la frase «derecho a escoger» por «derecho a que se les asigne centro docente público o en su caso distinto de los creados por los poderes públicos, según sus preferencias, siempre que estas puedan ser atendidas, siguiendo los criterios de programación y admisión establecidos en esta ley».

El PSOE no lo pide explícitamente en sus enmiendas con UP pero sí lo hace a través de la eliminación de la «demanda social» (artículo 109.2) como criterio de programación de puestos escolares (esto estaba en el texto original) y la incorporación de un apartado nuevo en dicho artículo 109 (el 5) en el que PSOE y UP establecen de forma expresa el «incremento progresivo» de plazas públicas. En la práctica, esto supone una restricción a la capacidad de elegir de los padres porque cada vez habrá mas centros y plazas públicas y menos concertadas.

PSOE y Podemos incluyen modificaciones importantes en el proceso de admisión de alumnos. Por un lado, las administraciones educativas podrán adoptar medidas para distribuir a los alumnos, según su tipología (necesidades educativas especiales, inmigrantes, condiciones socioeconómica, etc), lo que supone primar la capacidad de la administración para designar centros por encima de la elección de los padres.

Prohibir la repetición en Primaria y blindarla en ESO

Podemos propone (en solitario) modificar el artículo 20 sobre las evaluaciones en Primaria. Este señala que si en algún caso se considera que un alumno «debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes». Pero el partido morado pretende añadir un párrafo que indique «en ningún caso el resultado de la evaluación podrá impedir el paso de un alumno al ciclo o etapa siguiente».

Para la ESO, es menos contundente, pero piden quitar la palabra «excepcional» para dar paso a la posibilidad de que se autorice la promoción de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente. Para la ESO, es menos contundente, aunque piden quitar la palabra «excepcional» para dar paso a la posibilidad de que se autorice la promoción de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite al alumno seguir con éxito el curso siguiente. Aquí repiten la misma frase de la ministra, Isabel Celaá, por el tercer trimestre «truncado» por la pandemia: «La repetición será la excepción».

Eliminar la prueba de acceso a la Universidad (EBAU)

Respecto al acceso a la universidad Podemos pretend que el Gobierno establezca una normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de los alumnos sin que dicha normativa incluya «la realización de una prueba generalizada con carácter selectivo para acceder a los estudios universitarios».

Eso sí, señalan que en caso de que en determinadas universidades o titulaciones la oferta de plazas sea inferior a la demanda se haga una prueba «ajustada a los estudios que se quieran proseguir y que, junto con las calificiones obtenidas en Bachillerato, permita ordenar con carácter objetivo la lista de demandantes para proceder a la concesión de la plaza. En todo caso la prueba se organizará por familia de titulaciones y sus efectos tendrán validez para todas las universidades del Estado».

Los nacionalistas no quieren la presencia del Estado en las enseñanzas mínimas

Los nacionalistas no quieren que el Estado intervenga en las enseñanzas mínimas de sus respectivas comunidades. La Lomloe pretende volver al esquema de la Loe, en la que el Gobierno central decidía el 55% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, mientras que los gobiernos de cada autonomía completaban el resto del temario. Bildu, en el lado más extremo, pide la eliminación de estos porcentajes con el argumento de que «serán las instituciones de las comunidades las que establezcan los criterios básicos de la política educativa en su ámbito territorial». El PNV propone rebajar los porcentajes un 50% para las comunidades con lengua cooficial y el 60 para aquellas que no la tengan. ERC lo baja más: 25% en el primer caso y 35 en el segundo.

Fin al concierto para los centros que separen por sexo

Podemos quiere ponerle fin al concierto a aquellos centros en donde los niños acudan al aula por un lado y las niñas por otros. La Lomloe dice que: «Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España». Podemos pide modificar este apartado por completo para dejar claro que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumando por sexo. En caso contrario se les suprimirá inmediatamente el concierto». Tampoco se autorizarán los centros privados que separen por sexo.

En las enmiendas de Podemos presentadas junto al PSOE, se señala que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género». Respecto a los centros privados, son algo más flexibles y y apuntan a que «deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, inlcluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad».

Educación afectivo-sexual desde los 0 años

La proponen en sus enmiendas conjuntas PSOE y Podemos para impartir educación afectivo-sexual en Primaria y ESO, así como la igualdad de género (aquí se añaden todas ls etapas, también Infantil y Bachillerato). Bildu va más allá y como considera la educación afectivo-sexual necesaria en todas las etapas educativas, también la exige para los niños desde los 0 años. «En la primera infancia (0-3) se produce el primer paso del desarrollo sexual, es el establecimiento de un apego seguro», señalan.

Estudio de la memoria democrática

PSOE y Podemos proponen el estudio de la memoria democrática, anteproyecto del Gobierno aprobado el pasado 15 de septiembre. Señalan que «el estudio y análisis de la memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. El estudio de la memoria democrática deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar plena ciudadanía».

Contra la Constitución y el castellano

La formación abertzale Bildu tacha, de forma literal, la palabra Constitución del proyecto de ley. Por ejemplo, cuando se establece que la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos incluirá contenidos «recogidos en la Constitución Española». Este partido también pide eliminar la palabra «cooficial» al aludir a las lenguas. «La presente ley debe basarse y debe reconocer la realidad plurinacional del Estado Español. Se equipararán las referencias a las lenguas oficiales. En los territorios que se hablen dos lenguas oficiales, las dos son oficiales, y no una oficial y otra cooficial».

ERC también elimina las menciones a la Carta Magna. Por ejemplo en el artículo 18, dedicado a la Educación Primaria, que dice: «A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos. En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia». Lo curioso es que no dan ningún tipo de explicación en el apartado de motivaciones pero sí se detienen a explicar por qué en ese mismo apartado piden «una educación en empatía hacia los animales para promover una cultura de paz entre los humanos».

También recibe un importante golpe el castellano, al que se quiere fuera del aula. Aquí se enmienda la disposición trigésimo octava de la Lomloe que señala que las administraciones deben garantizar el derecho a recibir enseñanzas en castellano y que tanto esta como las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares. A este texto, el PNV responde: «El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en las comunidades que carezcan de lengua cooficial; en las comunidades con lengua cooficial, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos o normativa». JuntxCat pide la eliminación de todo el párrafo por considerar que hay una invasión de competencias con la Generalitat de Cataluña.

Los ciclos formativos de Grado Básico forman ahora parte de la educación básica

PSOE y UP quieren que los Ciclos Formativos de Grado Básico formen ahora parte de la Educación Básica. Así, piden modificar el artículo 3 de la LOE para que dichos ciclos, que sustituyen a la FP Básica, se integren en la educación básica y den derecho al título de ESO.

Los centros ganan autonomía

Ya lo había anunciado la portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo que una de las grandes apuestas de estas enmiendas es «dotar de mayor autonomía a los centros educativos, que puedan tomar decisiones en la organización de sus espacios, horarios, de sus propios proyectos…Lo que vamos a hacer en estas enmiendas es prever que los centros tengan una autonomía curricular del 10 por ciento, por tanto, se compartiría con la autonomía que ya tiene el Estado en cuanto a las enseñanzas mínimas y también las de las comunidades autónomas».

La Lomloe pretende volver al esquema de la Loe, ley educativa de los socialistas de 2006, en la que el Gobierno central decidía el 55% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, mientras que los gobiernos de cada autonomía completaban el resto del temario. Ahora hay que añadir un espacio de esos porcentajes a la autonomía curricular de los centros.

Oferta de plazas públicas y gratuidad

Esta enmienda no sorprende pero apunta hacia el ataque a la concertada que el texto asesta desde que fue concebido. En el artículo 15 sobre «Oferta de plazas y gratuidad», señala que las administraciones «incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años». Esto conduce a que una mayor cantidad de plazas públicas sobre concertadas y al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar posteriormente a uno concertado. Además, añaden en la enmienda: «las administraciones educativas promoverán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas posteriores».

Misma proporción de hombres y mujeres en 4º de la ESO

UP y PSOE quieren que en 4º de la ESO se fomente «la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio», lo que los expertos educativos critican como una «ingeniería social»que impedirá a los niños elegir los estudios postobligatorios que deseen mientras el Estado decide por ellos. Además piden que las administraciones se encarguen de que haya más niñas en las carreras técnicas y científicas (STEM) y más hombres en las carreras donde haya más mujeres.

Fin al polémico pin parental de Vox

La Región de Murcia admitió el año pasado el pin parental para aquellas actividades complementarias que el centro ofertase a todos los alumnos dentro del horario por presiones de Vox. Entonces, Celaá dijo que no cabía pin parental, es decir, declinar a asistir a dichas activiades complementarias, puesto que eran obligatorias para todos los alumnos. Sin embargo, esto no es cierto ya que la LODE dice que las actividades complementarias y las extraescolares son voluntarias. Para evitar este problema, PSOE y UP han decidido a través de una nueva enmienda que «las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos». Las actividad complementarias, si la enmienda prospera, serán gratuitas y, por ende, obligatorias.

Religión, fuera del horario escolar y sin consta en el expediente académico ninguna referencia a la asignatura

La Religión quiere ser eliminada por Bildu, ERC, Podemos…El partido morado señala que «hasta que no se denuncien y queden derogados los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, así como los suscritos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España, las enseñanzas de religión confesional en los distintos niveles educativos se desarrollarán, en su caso, al margen del currículo común y fuera del horario escolar obligatorio de todo el alumnado y, en salvaguarda del artículo 16.2 de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumnado referencia algunas a haberlas o no cursado».

«Población socialmente heterogénea».

El Gobierno tambien pretende modificar el artículo 86 sobre «Igualdad en la aplicación de las normas de admisión» para que las áreas de influencia (es decir, la mayor o menor proximidad al centro) tengan en cuenta una población «socialmente heterogénea». ¿Esto que significa? Por ejemplo, que niños de un determinado barrio vayan al colegio de otro barrio para que el centro tenga una población formada por varios niveles socioeconómicos. Esta medida, vuelve a chocar nuevamente con la elección del centro que los padres quieren para sus hijos. El Gobierno lo justifica en que «se pretende fortalecer la zonificación heterogénea. La gestión centralizada garantiza una escolarización más justa y controlada, además de facilitar a las familias las posibles dudas o reclamaciones».

En este sentido, también quieren modificar el artículo 116 sobre «Centros privados concertados» para que tengan preferencia en el acceso al concierto aquellos centros que fomenten «la escolarización de proximidad». Este principio (zonificación o proximidad) contradice las medidas propuestas por el Gobierno para conseguir una población «socialmente heterogénea», además de limitar la capacidad de elección de las familias. Es decir, si un niño tiene que ir a un colegio que está en su mismo barrio no le será posible coincidir en clase con un niño de otro barrio y un nivel socioeconómico distinto.

Cesión a la concertada

Esta es una de las pocas concesiones a la concertada. La LOE establecía en su disposición adicional vigésimo novena la creación de una comisión para el estudio del módulo de conciertos que valorase el coste total de impartició de las enseñanzas. Ahora, el Gobierno propone que las conclusiones de esta comisión deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público, actualizándose la cuantía a percibir por los centros.

Artículo en: https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-quiere-suprimir-derecho-padres-elegir-centro-y-eliminar-repeticion-ley-celaa-202009280147_noticia.html

CONCAPA TILDA DE «DESPROPÓSITO» LA INTENCIÓN DE ELIMINAR EL CONCIERTO A LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA 

Artículo de Nicolás de Cárdenas publicado en Actuall el pasado día 25

El presidente de CONCAPA recuerda que el Tribunal Constitucional sentenció contra la retirada del concierto a la educación diferenciada. Pedro José Caballero critica la falta de diálogo y la intención adoctrinadora de PSOE y Podemos con la nueva Ley de Educación.

El PSOE y Unidas Podemos han pactado eliminar el concierto educativo a los centros que establecen una educación diferenciada (aulas sólo de chicas o de chicos) dentro de la nueva ley educativa que está impulsando el Gobierno en el Congreso de los Diputados y que está actualmente en fase de enmiendas.

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) Pedro José Caballero ha calificado este anuncio como «un desacierto y un despropósito por vulnerar la libertad para poder elegir el tipo de educación que los padres quieren para sus hijos».

En conversación con Actuall, Caballero además recuerda que esta medida está en flagrante contradicción con el Tribunal Constitucional, quien declaró nula la retirada del concierto a un colegio de educación diferenciada de Santander. El tribunal señalaba que al denegarse la renovación de ese concierto se produjo «una injerencia en la libertad educativa de los padres de los alumnos».

Por otro lado, la nueva ley educativa concedería a los centros la posibilidad de determinar un 10% del currículum académico, si bien esta posibilidad quedaría sujeta a un examen del Ministerio que determinaría si los contenidos se ajustan a «los principios de igualdad».

Ante la previsión de que ese pequeño espacio de supuesta libertad curricular se convierta en uno de ‘libertad vigilada’ por si escapa a los presupuestos de la ideología de género a la que está adscrito el Gobierno bipartito, Caballero advierte de que «todo lo que entra en una controversia con la identidad o con los pensamientos de los padres tiene que estar fuera de las aulas», porque es «puro adoctrinamiento», lo que no obsta para que desde CONCAPA se apoye «un trabajo de educación en valores cívicos».

En todo caso, Caballero expresa sus dudas sobre esta posibilidad: «No sabemos tampoco qué es lo que se pretende con ese 10 por ciento», pues no se ha detallado sobre qué materias se podría aplicar o cómo se haría.

Falta de consenso en un mal momento

Más allá de las controversias puntuales de algunas de las más de 1.000 enmiendas presentadas en la tramitación de la LOMLOE (conocida como Ley Celáa), el presidente de CONCAPA critica que el camino hacia la novena ley educativa de la democracia se realice sin consenso y un diálogo abierto con la comunidad educativa: «Todos estos globos sonda se hacen al margen de la comunidad educativa, de consensuar o de dialogar».

Además de la falta de consenso y diálogo, Caballero considera que hay problemas en el sistema educativo español que merecen ser atendidos de forma prioritaria, como el veto al uso normal del castellano en algunas comunidades o cómo adaptarse a la nueva situación escolar debido a la pandemia.

«A día de hoy, con la que nos está cayendo, con la que tenemos encima, con la crisis global humanitaria que tenemos, lo que menos deberíamos es ponernos a trabajar en una nueva ley», explica Caballero, quien considera que la incorporación a las aulas en el inicio de curso ha sido «caótica» y han reinado «el desconcierto, el descontrol y la descoordinación».

«Los centros educativos a día de hoy están abiertos por el trabajo inmenso que han hecho esos profesores, padres y centros educativos. Si hubiera sido por las administraciones públicas, estábamos todavía aquí los colegios sin abrir», incide.

Al final, lamenta el presidente de Concapa, «tendremos una novena ley educativa que durará lo que dure en venir otro gobierno».

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