La izquierda quita las cruces cuando quiere, contra la ley

Por José María Arévalo                                                                 

(La Cruz del Valle de los Caídos, amenazada)

Nicolás de Cárdenas ha puesto de relieve estos días, con un artículo en Actuall, que titulaba, el pasado día 6, “Al menos 18 cruces derribadas y otras 28 en peligro” que la Asociación Española de Abogados Cristianos recibe a diario denuncias por intentos de derribo de cruces por la Ley de Memoria Histórica. “Uno de los abogados dedicados al derribo de cruces está vinculado al ex juez Baltasar Garzón y la fiscal general del Estado Dolores Delgado”.

«Todos los días nos avisan de dos o tres casos nuevos», explica con determinación Polonia Castellanos, presidenta dela Asociación Española de Abogados Cristianos al ser preguntada por los casos de acoso y derribo contra numerosas cruces erigidas en miles de pueblos de España. Tomando como referencia legal la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE en tiempos de Rodríguez Zapatero y mantenida durante los años de mayorías de Partido Popular de Rajoy, al menos 18 cruces ya han sido derribadas en España. Algunos de estos casos despertaron interés informativo como el de Callosa de Segura, pero otros muchos han sucedido sin apenas relevancia social y mediática.

Además, según denuncia la Asociación de Abogados Cristianos en un mapa interactivo que actualiza de forma permanente otros 28 monumentos están en peligro, entre los que destaca la imponente cruz situada sobre la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, visible a varios kilómetros de distancia.

“Uno de los actores principales de esta guerra contra las cruces estudió curiosamente en una universidad dependiente de El Vaticano: la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE). Se trata de Eduardo Ranz, que en la página web de su despacho profesional se jacta de haber logrado «la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación en el interior del Valle de los Caídos, así como más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista». Ranz también gallardea de haber sido asesor de la exministra de justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En los últimos años se ha convertido en contertulio habitual de medios con La Sexta o la Cadena SER.”

Polonia Castellanos asegura que Ranz «es la mano derecha de Baltasar Garzón», el exjuez expulsado de la carrera judicial por prevaricar, a su vez vinculado de diferentes maneras a la exministra y fiscal general Dolores Delgado. Ranz se dedica a «recorrer España pleiteando para que quiten cruces», denuncia Castellanos.

Eduardo Ranz fue contratado por el exteniente de alcalde de Callosa de Segura Isnmael Ballester para defenderse de una demanda de Abogados Cristianos por vulneración del derecho al honor.

Ahora, explica Castellanos a Actuall, Ballester está imputado «por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias» por pagar los servicios de Ranz con dinero del Ayuntamiento, pese a ser un proceso personal.

Otro de los mayores exponentes de esta particular ‘anticruzada’ es, a juicio de Abogados Cristianos, Carlos Rodríguez, presidente de la Diputación de Cáceres a quien Castellanos describe como «un amiguete de Pedro Sánchez».

Según las denuncias recibidas por la asociación de juristas, no son pocos los consistorios que reciben presiones para el derribo de cruces bajo la amenaza de la retirada de las subvenciones de la Diputación, tan necesarias para mantener los servicios básicos en los pueblos. En consecuencia, Abogados Cristianos ha presentado una querella contra Carlos Rodríguez.

Los ataques contra elementos religiosos no son sólo contra cruces que en su día pudieron tener alguna inscripción relativa a la guerra, sino también contra otros elementos que sólo recuerdan los nombres de sacerdotes o seminaristas asesinados por su condición religiosa en las paredes externas de algunas iglesias.

La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos explica que «la ley de Memoria Histórica no avala» a estos abogados, políticos y a las llamadas asociaciones memorialistas para derribar las cruces. «Con la Ley de Memoria Histórica en la mano, no pueden tirar las cruces. Ni demolerlas, ni trasladarlas», afirma Castellanos. Entonces ¿cómo lo hacen? El método, al parecer perfeccionado de forma especial en Cáceres por el presidente dela Diputación es la creación de un comité de expertos -«con cuatro amiguetes», puntualiza la abogada- que realiza un catálogo de supuestos vestigios franquistas entre los que incluyen las cruces. Con estos informes, acuden a los Ayuntamientos donde exigen el derribo de estos símbolos amparados por la libertad religiosa. Cuando los Ayuntamientos no acatan la ‘orden’, plantean los procesos contenciosos.

«¿Y quién abre los contenciosos? El amigo de Garzón», añade Castellanos en alusión a Eduardo Ranz.

Dos sentencias clave

Para Castellanos, la línea de defensa jurídica es clara. Más allá de la propia Ley de Memoria Histórica que a su juicio no avala el derribo de cruces, existen dos sentencias clave en los procesos. Ambas han sido emanadas por dos Tribunales Superiores de Justicia: Galicia y Navarra.

La sentencia 54/20015 del TSJ de Galicia referida al pretendido derribo de la llamada Cruz de los Caídos situada en el Monte del Castro en Vigo, instado por la Asociación Viguesa por la Memoria histórica del 36. La sentencia hace un retrato perfecto del modus operandi habitual de estas organizaciones que reclaman la destrucción de cruces por todo el territorio nacional. La asociación memorialista pidió la retirada del símbolo religiosos cristiano por antonomasia. El Ayuntamiento de Vigo acordó rechazar la petición dado que todos los elementos referidos al anterior régimen que condena la Ley de Memoria Histórica ya no existen desde el año 1981. Y comienza una batalla legal que se dirime por fin en el TSJ. La sentencia subraya que «aun admitiendo que originariamente tuviera un significado de exaltación de la guerra civil y la dictadura, no puede compartirse que hoy (…) siga teniendo ese componente de exaltación inicial, habiendo desaparecido su carga política». El fallo continua señalando que la cruz «puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina».

El TSJ de Galicia concluye que «contemplada a día de hoy, al margen de las creencias superadas que motivaron su construcción, como muchos otros monumentos a lo largo de la historia de la humanidad, ha de llevar al conocimiento y reflexión por las generaciones presentes y futuras sobre un pasado ya superado, pero que no ha de olvidarse, habiendo de considerarse representativo de los caídos de ambos bandos».

Por su parte, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Navarra resolvió sobre una denuncia contra un monolito situado en la localidad de Buñuel que tiene una cruz en su parte superior, un escudo municipal y los nombres de algunas personas. Con anterioridad el monolito había sido adornado con el escudo nacional vigente en el momento de su instalación y las consabidas alusiones a los «Caídos por Dios y por España» y a José Antonio Primo de Rivera. Al estar desprovisto de estas referencias, el TSJ Navarro considera (sentencia de apelación 361/2014) que ninguna de las acepciones recogidas por la RAE del verbo «exaltar» son aplicables al caso y por tanto son de aplicación las excepciones recogidas en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica a la retirada de monumentos. «El hecho de que conste una relación de nombres y apellidos correspondientes a personas fallecidas en un monolito en la puerta de una iglesia no implica, por sí solo, exaltación alguna del franquismo a los efectos señalados en la Ley 52/2007», puntualiza la Sala que desestimó la pretensión de derribo del monumento.

Lo que está pasando en Cáceres

El alcalde de Casar de Cáceres –informaba Abogados Cristianos- va a quitar una cruz para llevarla al cementerio municipal. ¡Y es la sexta cruz señalada en Cáceres en lo que llevamos de 2021! Esto es una maniobra del supuesto «comité de expertos» de memoria histórica del PSOE en Cáceres… chantajean a los ayuntamientos con el objetivo de acabar con todas las cruces.

¿Por qué tenemos que permitir que condenen al derribo o a las catacumbas nuestros símbolos religiosos? Y proponía firmar una petición al alcalde de Casar de Cáceres, del PSOE , para que no traslade la cruz, con el siguiente texto:

“A: Rafael Pacheco, alcalde de Casar de Cáceres. Estimado Sr.

He tenido noticia, a través de vecinos de su municipio y de los medios de comunicación, de que su ayuntamiento tiene intención de retirar la cruz situada en la Avenida Ejido de Abajo para trasladarla al cementerio municipal. No resulta válido justificar esta decisión en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. La propia ley les quita la razón, pues su objeto es “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa”. Y el artículo 15 excluye la retirada de símbolos cuando no haya “exaltación de los enfrentados”.

Esta cruz no tiene ningún símbolo de exaltación franquista, y su traslado se posiciona en contra la Ley de Memoria Histórica y en contra de un derecho constitucional y fundamental como es la libertad religiosa. Muchas gracias.”

Derribo de la cruz de Aguilar de la Frontera

En otra campaña similar Abogados Cristianos denunciaba el derribo ilegal de la cruz de Aguilar de la Frontera. “La alcalde del municipio cordobés, Carmen Flores (Izquierda Unida), ordenó el derribo de la cruz del Convento de las Descalzas. ¡Acabó con la cruz por ser un símbolo cristiano! Pero los tribunales han dado el primer paso: gracias a nuestra querella la Justicia ha abierto diligencias contra la alcalde, acusada de un delito de prevaricación. Justificó el derribo con la Ley de Memoria Histórica. Pero la cruz no tenía ninguna inscripción política. Es más, el PSOE honró en 1987 a todas las víctimas de la Guerra Civil junto a la cruz de Aguilar, demostrando que siempre ha sido un símbolo de todos”.

La Justicia salva una cruz en Villarrobledo

Y en otro comunicado: “La Justicia da la razón a Abogados Cristianos y salva una cruz del ‘laicismo histórico’. Abogados Cristianos defendió que la cruz, que contiene la inscripción “Villarrobledo a sus mártires”, no es un vestigio franquista. Abogados Cristianos asegura que “esta sentencia pone de manifiesto que no es necesario derribar cruces para cumplir la ley”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Albacete, dió la razón a la Asociación Española de Abogados Cristianos y al Ayuntamiento de Villarrobledo y permitió mantener una cruz en dicho municipio. La asociación memorialista, Ranz Orosas, había demandado al consistorio y había pedido la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y la retirada de los mismos. Entre ellos, solicitaba el derribo de la cruz situada en el parque Joaquín Acacio. El Ayuntamiento aseguró que no podía elaborar el catálogo puesto que en el municipio no existían vestigios franquistas. Abogados Cristianos defendió que la cruz, que contiene la inscripción “Villarrobledo a sus mártires”, no es un vestigio franquista, es un símbolo cristiano que carece de ideología política y por tanto no es contraria a ninguna ley.

El juez dió la razón a los demandados y afirmó que “las resoluciones del Ayuntamiento son ajustadas a derecho”. Abogados Cristianos asegura que “esta sentencia pone de manifiesto que no es necesario derribar cruces para cumplir la ley”.

Contra el Valle de los Caídos

En fin, vamos a ver la deriva de este tema, especialmente enfocada contra la cruz del Valle de los Caidos, la cruz más grande del mundo.

De momento, los  propios Abogados Cristianos avisaban, el pasado 5 de febrero, de que “la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pretende que los monjes benedictinos que residen en la abadía del Valle de los Caídos abandonen el lugar, puesto que, dicen, el convenio entre el Estado y la congregación religiosa, que regulaba desde 1958 la presencia de los monjes, no ha sido renovado. Desde la ARMH dicen que la comunidad benedictina «debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir en ella y gestionar sus instalaciones».

No sé en qué habrá quedado este nuevo ataque, no parece haber tenido éxito, pero seguirán intentándolo todo.