Los lunes, revista de  prensa y red

“Bruselas pide que la reforma laboral no perjudique el dinamismo de las empresas”, de Jaume Masdeu, “Ley electoral”, de Alfonso Ussía, y “Reconstrucción o caciquismo”, de ABC

(Viñeta de Ramón en El Norte de Castilla el pasado día 25 de octubre)  

BRUSELAS PIDE QUE LA REFORMA LABORAL NO PERJUDIQUE EL DINAMISMO DE LAS EMPRESAS 

Artículo de Jaume Masdeu publicado en La Vanguardia el pasado día 26

La Comisión Europea pide que la reforma laboral no perjudique el dinamismo de las empresas españolas. En un momento de tensión de alto voltaje en el seno del gobierno sobre quién lidera y qué incluye la reforma laboral, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha pedido que “se mejore el mecanismo de negociación colectiva, sin debilitar el dinamismo del sistema español, de las empresas españolas”.

Gentiloni reconoce que encontrar este equilibrio no es fácil, pero agradece que el gobierno español esté intentando buscar la vía a través del diálogo con los agentes sociales, según ha comentado este mañana durante los desayunos informativos de Europa Press.

Buenas perspectivas, pero con riesgos al alza

El comisario europeo se ha podido formar una idea de las distintas posiciones en el seno del gobierno con las reuniones que mantuvo ayer en una apretada jornada en Madrid con los distintos ministros. Con esta información, no se pronuncia sobre los detalles, por ejemplo, sobre si deben prevalecer los convenios de empresa sobre los colectivos, uno de los puntos de conflicto, pero sí que destaca que hay que evitar un freno al dinamismo de las empresas.

También ha destacado que la reforma debe abordar los problemas de la segmentación del mercado laboral y el alto nivel de puestos de trabajo precarios. “No tememos nada especial”, ha dicho Gentiloni guardando su juicio definitivo para cuando acuerde finalmente esta reforma.

Una reforma que tiene un tiempo límite para aprobarse. Si no se consigue antes de final de año, peligraría el desembolso de 12.000 millones de euros para junio de 2022, ya que tanto la reforma laboral como de las pensiones forman parte de las condiciones para optar a ese desembolso. En este sentido, el comisario ha recordado que son condiciones que hay que respetar. “Seremos razonables, no para buscar el último pequeño detalle, pero en substancia, necesitamos que se cumplan los objetivos y los hitos”, ha dicho destacando que en caso contrario, se debilitaría el sistema puesto en marcha con el plan de recuperación.

Por otro lado, el comisario ha avanzado que en las previsiones económicas que presentará el próximo 11 de noviembre, el crecimiento de la economía de la zona euro seguirá siendo fuerte, que será un perspectiva positiva aunque con un aumento de los riesgos al acecho, en particular la inflación y los cuellos de botella en los suministros.

El Banco de España defiende la reforma laboral y primar los convenios de empresa

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, intervino este lunes en la polémica que en los últimos días sacude el mundo económico y político español, y que está creando fuertes turbulencias en la coalición de gobierno: la reforma laboral. Y lo hizo de forma clara a favor de mantener la flexibilidad de las empresas en un momento en que tendrán que demostrar una gran capacidad de adaptación. Más en concreto, propuso mantener la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, algo que supone una línea roja no solo para los sindicatos, sino también para el Ministerio de Trabajo.

“Probablemente estemos en un momento económico en que se van a producir mayores reasignaciones entre empresas y sectores”, dijo Hernández de Cos, citando como causas las consecuencias de la pandemia y la lucha contra el cambio climático. “Es muy importante que la legislación laboral permita la adecuación a las condiciones específicas de las empresas”, añadió, citando la prevalencia de los convenios individuales frente a los sectoriales y los mecanismos de descuelgue, es decir, los procedimientos por los cuales una empresa puede dejar de aplicar las condiciones previstas en el convenio en determinados momentos.

Para el gobernador, la reforma del PP del 2012 fue positiva por su capacidad para crear empleo en aquellos momentos, aunque no resolvió problemas tan importantes como la dualidad y la temporalidad elevada, que provoca una baja productividad. Es la posición que mantuvo Hernández de Cos durante su comparecencia ante la comisión de Presupuestos del Congreso para analizar el proyecto de cuentas públicas para el 2022.

Las tesis del gobernador chocan frontalmente con la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en cambio se alinean cerca de las de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Calviño no lo menciona abiertamente, pero se niega siempre a hablar de la derogación de la reforma laboral y prefiere referirse a un paquete equilibrado de medidas.

“Tenemos que modernizar la negociación colectiva para lograr una buena articulación de los ­distintos tipos de convenio que permita los objetivos”, dijo Calviño, siendo estos objetivos la mejora de la competitividad, erradicar la precariedad y mejorar la calidad del empleo. Es la misma idea que también apoyó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que destacó la necesidad de modernizar el sistema de convenios colectivos, bajo el principio de buscar “un equilibrio entre seguridad y flexibilidad”. Calviño y Gentiloni participaron en el seminario “Supervisando la recuperación: más allá del PIB” en Madrid.

Por otro lado, en su comparecencia en el Congreso el gobernador del Banco de España lanzó una jarro de agua fría sobre las expectativas de crecimiento. No dio datos precisos, porque no actualizarán sus previsiones hasta diciembre, pero avanzó que rebajará de forma significativa el crecimiento del PIB este año, y también, pero menos, el del 2022.

Si en septiembre el Banco de España apuntó a un incremento de la economía del 6,3% este año y del 5,9% en el 2022, ahora consideran que estos números son obsoletos. “Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento en España”, dijo Hernández de Cos. Con esta corrección, el Banco de España se sitúa en la zona de crecimiento que prevén la mayoría de los analistas, y lejos de las que sigue manteniendo el Gobierno español, un 6,3% este año y 7% en el 2022.

Las causas que llevan a la corrección son tres. Por un lado, la brusca revisión a la baja del PIB del segundo trimestre que hizo el INE, del 2,8 al 1,1%. Además, se le añade la escalada inflacionista, y en tercer lugar, los cuellos de botella . Sobre estos frenos en las cadenas de suministros, el gobernador dio un dato: en el primer semestre del 2021 se han reducido un 7% las exportaciones en la zona euro.

Respecto a la inflación, aunque considera que es temporal, reconoció que va a durar más de lo previsto y pidió evitar vincular salarios al IPC para evitar una pérdida de competitividad de la economía. También advirtió del impacto que tendrá la inflación en las pensiones al ligar su revalorización a los precios.

Situado en este escenario, el gobernador recuerdó que hay que empezar ya a preparar la consolidación presupuestaria, dados los elevados niveles de déficit y deuda que tiene España. Hernández de Cos pidió prepararla y anunciarla “con prontitud”, para poderla aplicar una vez se asiente la recuperación. “El apoyo debe ser selectivo y debe evitarse un impulso fiscal generalizado que, en caso de producirse, podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes, en los sectores más tensionados, que se terminara filtrando a los precios”, dijo el gobernador.

En conclusión, defendió que hay que mantener la política presupuestaria expansiva, pero siendo muy selectiva en el uso de recursos públicos, y diseñando una estrategia de una política fiscal a medio plazo que permita, una vez superada la crisis, reducir la vulnerabilidad de las cuentas públicas y reconstruir los márgenes de actuación fiscal. Todo en un contexto de menor crecimiento del que se preveía hace solo un mes.

Artículo en: https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/bruselas-pide-que-la-reforma-laboral-no-perjudique-el-dinamismo-de-las-empresas/ar-AAPXPdE?ocid=msedgntp

LEY ELECTORAL

Artículo de Alfonso Ussía publicado en El Debate el pasado día 27

El valor del voto de un vasco o un catalán vale cinco veces más que los del resto de los españoles. Eso de un ciudadano, un voto, en España es una quimera.

Yolanda Díaz, que es comunista y no lo niega, está empeñada en tumbar la reforma laboral de Rajoy, que creó más de dos millones de puestos de trabajo. Don Mariano dejó hacer y dejó muchas cosas por hacer, pero el saldo más positivo de su mandato al frente del Gobierno de España, es el económico. Nos libró del rescate en contra de la opinión de los expertos. Lo de los expertos es nebuloso, pero así se escribió y no me considero autorizado a desmentirlo porque mis conocimientos de economía, más que menguados son inexistentes. Sucede que en el PSOE, en el Gobierno, en la oposición y en Europa, lo de Díaz asusta. Para mí, que la reforma que demanda más urgencia es la de la ley electoral. Superado el tramo de la transición de Adolfo Suárez y la UCD, Felipe González con abrumadoras mayorías absolutas, la mantuvo intacta. Y Aznar, y Rajoy. La ley electoral en España desprecia el valor del voto del 80 por ciento de los españoles, que a tenor de nuestra influencia en las urnas nos convierte en ciudadanos de segunda, en tanto que los vascos y los catalanes, esos que se quejan tanto, son ciudadanos de primera. El valor del voto de un vasco o un catalán vale cinco veces más que los del resto de los españoles. Nuestro sistema democrático no es simétrico, sino asimétrico, y por ello, la democracia plena no se contempla por ninguna esquina. Eso de un ciudadano, un voto, en España es una quimera. El complejo ante los nacionalismos históricos nos ha privado a los españoles de la elemental igualdad. Como decía Tarradellas, si hay una comunidad histórica en España que sobrevuela a las demás, ésa es Castilla, la Alta y Vieja o la Manchega y Nueva. Vizcaya fue Castilla, y Andalucía, Extremadura, León, La Rioja y una buena parte de Valencia. Castilla es casi sinónimo de España, pero los que no votamos en Cataluña o las provincias vascongadas, nos sentimos de rango inferior en todas las convocatorias electorales.

He revisado una de las últimas encuestas. El PP adelanta al PSOE y queda como tercera fuerza Vox. Para obtener 129 escaños, el PP necesita el 28,9 por ciento de los votos de los españoles. El PSOE, para 99 escaños, el 25,5, y Vox para 47 escaños, el 15 por ciento. Ciudadanos, con un 3,1 por ciento obtendría un escaño. Con el mismo porcentaje, ERC ganaría 12 escaños. Con un 2 por ciento, los de Puigdemont lograrían 8, con un 1,9 por ciento, el PNV 7, y los etarras de Bildu, con similar porcentaje otros 7 escaños. Estos datos demuestran la asimetría e injusticia de nuestro sistema electoral, que no establece la igualdad de influencia en las urnas de todos los ciudadanos. Se puede llamar «democracia», pero en mi opinión, se trata de una «democracia caprichosa y sesgada». Mi voto, y escribo desde la libertad individual, vale cinco veces menos que el de un delincuente separatista catalán o un terrorista de la ETA. Por ello, y lamentándolo mucho, llego a la conclusión de que mi voto tiene un valor ínfimo, en tanto que el de Arnaldo Otegui o el de Junqueras, alcanza una valoración máxima. El voto de un español de Zamora no obtiene la misma influencia en el recuento que el de un español de Guipúzcoa o de Gerona, a pesar de que muchos ciudadanos de Guipúzcoa o de Gerona obtienen ese premio, ese plus, por no querer ser españoles. Gracias a esa democracia asimétrica e injusta, Sánchez puede gobernar España con el apoyo de los que la han regado de sangre inocente y los que han atentado contra ella –y contra todos nosotros–, derrochando el dinero público que nace de los impuestos que pagamos todos los españoles.

La reforma de la ley electoral es mucho más urgente que las barbaridades económicas que pretende imponernos el tucán del comunismo. Es poco lo que pido. Que mi voto valga lo mismo que el de «Josu Ternera».

Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/20211027/ley-electoral.html

RECONSTRUCCIÓN O CACIQUISMO

Editorial de ABC publicado en el pasado día 25

Cuatro comunidades gobernadas por el PSOE y sus socios han sido afortunadas en la tómbola organizada por Yolanda Díaz, a través del «mecanismo excepcional de concesión directa»

Si había alguna duda sobre la arbitrariedad con que el Gobierno iba a proceder al reparto de los fondos procedentes de Bruselas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha lanzado una nueva señal sobre los criterios, puramente políticos, cuando no sectarios, que van a guiar su distribución. Como informamos en páginas de Economía, cuatro comunidades autónomas -casualmente gobernadas por el PSOE y sus socios de legislatura- han sido las afortunadas en la tómbola organizada por Yolanda Díaz para dinamizar el mercado laboral a través del SEPE, sobra añadir que a través del «mecanismo excepcional de concesión directa» y en función de «las razones de interés público que determinan la improcedencia del concurso público». En total son nueve millones de euros, a repartir por el servicio de empleo en las cuatro regiones -Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura- que según Díaz más necesitan del aliento económico que aportan los fondos comunitarios. Las regiones gobernadas por el PP no han tardado en detectar esta cacicada, publicada en el BOE con las justificaciones más peregrinas, y en denunciar la absoluta falta de control por parte de una Conferencia Sectorial cuyos criterios han sido ignorados por quien se presenta ante la opinión pública como embajadora del diálogo y los acuerdos. Hay diálogo, pero selectivo.

Desafortunadamente, no es la primera vez que la izquierda, ahora diversificada entre la socialdemocracia en la que de manera táctica se envuelve Pedro Sánchez y el sindicalismo que enarbola Yolanda Díaz, utiliza los fondos públicos como mero fermento de los votos que luego cosecha en las elecciones, ya sea para satisfacer a ‘los más vulnerables’, cautivos de sus proyectos asistenciales; a los grupos de edad que considera más permeables a su populismo de talonario, jóvenes y pensionistas, o a los territorios en los que según sus cálculos puede lograr votos o apoyos parlamentarios. Nada sale gratis al contribuyente, y menos aún en la actual coyuntura, marcada por una recesión que aún no ha terminado, ahora prorrogada por la crisis de las cadenas internacionales de abastecimiento y el alza del precio de la energía.

No le quedan muy lejos a Yolanda Díaz los sindicatos, con los que hace piña y frente común, para conocer de primera mano cuál fue el destino de las ayudas al empleo que durante años se perdieron por el sumidero de la corrupción en Andalucía, ni queda tan lejano en el tiempo el caso, más que indiciario, del rescate de Plus Ultra durante una pandemia en la que miles de autónomos y pequeñas empresas se quedaron sin ayudas directas, a la intemperie provocada por los estados de alarma inconstitucionales que decretó el Gobierno de Sánchez. La izquierda española siempre ha sabido a quién ayudar y cómo hacerlo, siempre a costa de la recuperación económica de la nación y en beneficio propio, de forma directa o indirecta. A esta fórmula le llama ahora el Ejecutivo «recuperación justa». Las políticas de gasto, castigo fiscal e intervención del libre mercado no contribuyen a enderezar el rumbo de nuestra maltrecha economía, y tampoco el reparto sectario de unos fondos comunitarios que la UE ha comenzado a liberar para transformar el país, no para que el Gobierno, cuyos planes de reconstrucción siguen siendo alto secreto, perpetúe el caciquismo.

Artículo en: https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-reconstruccion-o-caciquismo-202110242343_noticia.html