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“Laura Borràs ‘elimina’ de Cataluña a todos los catalanes que hablan español”, de Alejandro Alonso; “No había base para encausar a Juan Carlos I”, de El Mundo; y “Una necesaria política de Estado”, de Jorge Fernández Díaz
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 15)
LAURA BORRÀS ‘ELIMINA’ DE CATALUÑA A TODOS LOS CATALANES QUE HABLAN ESPAÑOL
Artículo de Alejandro Alonso publicado en ESdiario el pasado día 15
Gemma Nierga ha recibido en el plató de ‘Cafè d’idees ‘, en la televisión catalana, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En la entrevista, la periodista y la política han hablado de diferentes temas pero centrándose en uno que esta de gran actualidad como es la situación del castellano y el catalán en las calles.
Nierga ha querido preguntar, a raíz de las muchas veces que la presidenta del Parlament ha respondido en catalán, el porqué apenas habla en castellano delante de los medios. «¿Por qué tiene que ser una falta de respeto hacerlo en una lengua u otra?», ha comentado respondiendo a la periodista. «En Catalunya hay muchas lenguas. ¿Lo tengo que hacer en amazic? ¿Lo tengo que hacer en aranés? Es lengua oficial…», ha seguido comentando en tono irónico.
La presidenta del Parlament siguió defendiendo el catalán y su uso exclusivo durante toda la entrevista: «A todos estos castellanos que tienen el castellano como lengua, van a una escuela donde aprenden catalán, donde aprenden castellano, y por lo tanto, cuando la presidenta del Parlament o cualquier otra persona, institucionalmente, se está expresando en catalán, no tienen ningún problema para entenderla».
El presidente de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha salido en las redes sociales a criticar este momento. «El sectarismo de la presidenta del Parlament: habla de la mayoría de catalanes con el español como lengua materna como “esos castellanos”. Si Laura Borràs no considera catalanes a los castellanohablantes, debe irse a su casa a predicar su hispanofobia, no con un sueldo público», ha escrito Carrizosa
Polémica con el catalanismo de Canet
Después de la polémica en una escuela de la localidad catalana de Canet de Mar en la que una familia comenzó a sufrir acoso por pedir un 25% de educación en castellano, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido este lunes que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la dirección del centro Turó del Drac para defender el modelo de inmersión lingüística.
Después de que el Tribunal Supremo ratificara la cuota del 25% de castellano en las aulas catalanas, Borràs considera que lo que pone en peligro la inmersión es «la voluntad de judicializar la enseñanza, de manosear lo que es un consenso de país». «Si hay una lengua que está minorizada es la catalana, no la castellana. Es una sentencia invasiva e impropia», ha señalado Borràs, que ha añadido que apoyará todas las medidas que impulse la Generalitat para proteger a los equipos directivos.
La familia de Canet alza la voz: “Hay que dejar de tragar y ser valientes”
NO HABÍA BASE PARA ENCAUSAR A JUAN CARLOS I
Editorial de El Mundo publicado el pasado día 14
La Fiscalía suiza desvincula la donación a Corinna de las obras del AVE. La Fiscalía suiza dio carpetazo ayer al procedimiento abierto hace tres años y medio por el caso de la donación de 65 millones de euros del Rey Juan Carlos a Corinna Larsen. Después de una investigación más que exhaustiva, de comisiones rogatorias a terceros países y de un sinfín de interrogatorios, se concluye que no se puede establecer ningún vínculo entre tal cantidad y supuestas comisiones por las obras del AVE a La Meca. Recordemos que fue aquel un importantísimo contrato que España consiguió entre otras razones gracias a la habilidad diplomática del Rey emérito –imponiéndose España a otros países aspirantes– que supuso un trampolín para algunas de nuestras empresas más señeras.
Cabe subrayar que Don Juan Carlos no estaba siendo investigado en Suiza, aunque el caso le afectaba inevitablemente porque se dirigía contra la ex princesa Corinna y los que se consideraban presuntos testaferros del anterior jefe del Estado. De manera que lo que confirma este archivo es que ni pesaba sobre él ningún proceso penal en parte alguna –ni en España ni en el extranjero– ni existían indicios para ello. Don Juan Carlos ha tenido comportamientos nada ejemplares que han causado un quebranto a la imagen de la institución que él encarnó durante casi cuatro décadas. Sus recientes regularizaciones fiscales, sin ir más lejos, lo confirman. Pero eso en modo alguno justifica el retrato que durante años se han dedicado a fabricar políticos empeñados en tumbar la Corona, por cuanto es símbolo y garante de la unidad y la permanencia de la nación. En un asunto tan delicado, muchos de nuestros representantes públicos han tenido una actitud irresponsable, empleando toda clase de falacias para arremeter contra la Monarquía. Repetían sin cesar que a Don Juan Carlos solo se le iba a investigar en el extranjero, poniendo en solfa nuestro sistema judicial. Pues bien, deberían asumir las conclusiones de la Fiscalía suiza y aceptar que las conductas en entredicho del Rey emérito –en todo caso pertenecientes a su esfera privada, no a su desempeño como monarca– merecen censura en el plano ético. No más allá. Y sin embargo, un partido que forma parte del Gobierno como Podemos no cree ni ha creído nunca en el Estado de derecho, y a modo de pataleta tacharon ayer a la Corona de estructura «corrupta» y exigieron al Juan Carlos I que responda en los tribunales por unos «delitos» inexistentes. Eso sí que es grave.
La propia Fiscalía del Supremo en España tiene intención de dar carpetazo a sus tres indagaciones prejudiciales porque no hay base alguna para mantenerlas. Y tras lo ocurrido en Suiza, se comprende aún peor que la fiscal general, Dolores Delgado, acabe de renovar por otros seis meses las pesquisas, maniobra con la que busca mantener el mayor tiempo posible un halo de sospecha sobre el ex monarca. Ahora corresponde a Moncloa poner fin a la larga campaña de desestabilización de la Corona y colaborar de forma leal con la Casa del Rey para preparar el regreso de Don Juan Carlos a España, de donde nunca tuvo que marcharse.
Artículo en: https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2021/12/14/61b787d2fc6c838b558b458a.html
UNA NECESARIA POLÍTICA DE ESTADO
Artículo de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, publicado en La Razón el pasado día 12
En España decrece la población según el INE. Así, el pasado año 2020 fallecieron cerca de medio millón de personas, un 18% más que en 2019, que debe ser el saldo neto de mortalidad debido a la pandemia. Además de ello, la natalidad prosiguió su senda descendente con 150.000 niños menos nacidos que personas fallecidas, con un índice de natalidad que nos coloca en la cola de la UE y del mundo, y por debajo de la tasa de la mera reposición vegetativa.
Ante una realidad tan dramática como la señalada, la única respuesta eficaz es una auténtica política «de Estado» que fomente la natalidad, lo cual pasa necesariamente por facilitar ayudas a la mujer que favorezcan su maternidad y posibiliten la conciliación familiar y laboral. Ante la evidente realidad de que la procreación se realiza sobre todo en el marco de la unión entre un hombre y una mujer, la política de ayudas a la familia debe ser un complemento indispensable de la anterior.
Otro preocupante dato aportado por el INE es que los matrimonios han descendido a cifras de 1976, con lo que el círculo negro del problema demográfico queda definido y sellado. ¿Y qué estamos haciendo para afrontar esta situación que, entre otras muy graves consecuencias, hace insostenible nuestro sistema público de pensiones? La respuesta es clara: todo lo contrario de lo anterior. Por un lado, una política de promoción del aborto que ha pasado «per saltum» de ser una conducta tipificada en el Código Penal a ser considerada un derecho, garantizando su ejercicio y cuestionando incluso la objeción de conciencia del personal sanitario. De agilizar las interminables solicitudes de adopción ni hablamos. Y por otro, una regulación que promueve el divorcio exprés de la pareja heterosexual y que fomenta la unión entre personas del mismo género y sexo, que no ayuda a la procreación por obvias razones.
Ante la inapelable consecuencia de no disponer de la mano de obra necesaria, la política es la de recurrir a la inmigración, lo que conlleva una sociedad multicultural con su identidad histórica y nacional diluida y tendiendo a la desaparición. Este es el modelo imperante en gran parte de la UE, que se pretende resolver con una selectiva política migratoria, con los resultados ya conocidos. El Mediterráneo no puede ser un muro de contención ni un cementerio, pero la solución no es tener puertas abiertas para quien lo desee. Las naciones también tienen derecho a preservar su identidad, lo diga quien lo diga. La solución pasa por la cooperación con los países de origen y de tránsito.
Con máxima esperanza de vida y mínima natalidad, somos una sociedad envejecida y decadente.
Artículo en: https://www.larazon.es/opinion/20211211/2fz36nebnrh3re3qkt2j7hyuky.html