Las primeras eutanasias disparan las objeciones

Por José María Arévalo

(Un paciente descansa)

Hoy, fiesta de san José, me parece un día estupendo para volver sobre este tema, tan cruel, de la eutanasia, cuando es precisamente san José abogado de la buena muerte, porque se supone que murió en brazos de Jesús y María.

Dedicaba La Gaceta Regional el pasado día 17 de febrero un amplio artículo a las primeras reacciones a la aplicación de la Ley de la eutanasia, que titulaba “Las primeras eutanasias en Salamanca disparan las objeciones de enfermeras. La comunicación de que habrá un nuevo proceso a mediados de marzo genera conflicto”, en el que analizaba además de esta reacción de las enfermeras, otras sobre la tan desgraciada nueva normativa, producto de esta triste “cultura de la muerte” que nos persigue desde mediados del siglo pasado.

El 25 de febrero pasado El Norte de Castilla daba la noticia de que Sanidad ha aprobado dos de las siete eutanasias solicitadas hasta ahora en Castilla y León y que el primer caso en que se practicó fue el 25 de octubre del pasado año a una vecina de Valladolid que sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Y recordaba que la gestión de esta prestación, que entró en vigor en toda España el 25 de junio, es responsabilidad de los gobiernos regionales.

Se multiplican los casos

Es sabido que la regulación por norma legal destapa muchos casos que antes no se publicaban y la propia noticia y el ponerse de moda desata el acudir a esta triste medida, de forma que se multiplican los casos.

“Una persona salmantina (recogía La Gaceta) será la tercera de Castilla y León —y la segunda de Salamanca— en acogerse a la ‘nueva’ Ley de Eutanasia desde que se aprobó en junio del pasado año y fue trasladada a las autonomías. El primer caso en Salamanca se realizó en el Hospital de Los Montalvos y actualmente se está tramitando otra nueva petición, que ya ha sido autorizada, y que por los plazos que suele demorarse cada una de las fases, podría llevarse a cabo dentro de tres o cuatro semanas.

El proceso, desde que es solicitado por el enfermo hasta que se aprueba y se lleva a efecto, suele prolongarse durante mes y medio, y el que se ha activado en Salamanca está entrando en la fase de desenlace. Personal sanitario de la provincia de Salamanca recibió a comienzos de semana la visita de miembros de la Consejería de Sanidad para comunicar que hay una solicitud de eutanasia autorizada y que habrá que llevarla a cabo durante el mes de marzo, posiblemente, por el propio personal de Atención Primaria.

Oleada de nuevas objeciones de conciencia

Esta información estaría generando una oleada de nuevas objeciones de conciencia, sobre todo entre el personal de Enfermería, puesto que entre los médicos ya había cerca de 250 a comienzos del año. Desde el sindicato C-SIF aseguran: “La Enfermería siente que no se ha contado con nosotros a la hora de elaborar los protocolos. De hecho, en los textos de la Ley nos llaman ‘otros profesionales’ cuando en realidad somos los ejecutores. Ahora llega la noticia de que habrá un caso en Salamanca y muchos compañeros nos han dicho que van a inscribirse en el registro de objeción de conciencia porque hay que tener la cabeza muy amueblada para hacerlo. No es como inyectar un medicamento cualquiera. Sabes que después de hacerlo ya no va a ser lo mismo y ni siquiera se contempla un apoyo psicológico para el profesional que administre ese fármaco”, explica Alberto Molina.

Desde el sindicato de Enfermería SATSE apuntan que “el primer caso de eutanasia en Castilla y León se hizo de una manera en la que no hubo problemas de objeción”, y añaden que “prácticamente no había nadie de Enfermería inscrito en el registro de objeción de conciencia respecto a la eutanasia”. La presidenta del sindicato, Mercedes Gago, asume que “a medida que vayan surgiendo casos que afecten a más provincias y, sobre todo a equipos que sean designados para realizar una eutanasia, es cuando los profesionales van a declararse objetores”. Gago se mostró “totalmente comprensiva” con las enfermeras que no quieran participar en este proceso. “A muchas de nosotras nos han enseñado a hacer lo contrario: a pelear por mantener a la gente con vida, y aunque respetamos y entendemos perfectamente en qué consiste este proceso, también hay que entender que es duro para los sanitarios”.

Derecho a objetar

El código de deontología médica establece que la labor del médico es salvar y proteger la vida en todo momento. En el libro “La eutanasia en España” de Aniceto Masferrer (Rialp 2021, precio papel 13 €, precio digital 6,99 €), se señala que una incongruencia con respecto a la ley de la eutanasia es la falta de claridad en relación con la objeción de conciencia y su protección en estos casos. Además, la ley se aprobó en el Parlamento sin mayor debate público, por lo que todas aquellas opiniones contrarias a este nuevo “derecho” quedaron sin ser escuchadas.

En sus páginas, artículos de médicos, filósofos, abogados y académicos tienen en común la defensa de la vida. También se muestran las distintas alternativas a la eutanasia, así como la necesidad de extremar la protección de los que, por enfermedad o discapacidad, son más vulnerables. Una de las declaraciones más contundentes expresadas en el libro la aporta el editor, que afirma que “en buena parte, la moralidad y el desarrollo cívico de una sociedad y del Estado se mide específicamente por la protección, el respeto y el cuidado que muestra hacia sus ciudadanos más débiles y vulnerables”.

Entre las opciones que existen, sobresalen los cuidados paliativos.

Déficit de cuidados paliativos en España

La propuesta de ley de eutanasia en España se presenta como una garantía de muerte digna. Sería un nuevo derecho del enfermo ante un padecimiento que “la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”, según dice la exposición de motivos. Pero para que exista una decisión libre y se respete la dignidad en el proceso de morir hace falta que exista la alternativa de unos cuidados paliativos, esos “otros medios” capaces de controlar el dolor. ¿Hasta qué punto están disponibles en España?

Las referencias a los cuidados paliativos en esta proposición de ley son muy escuetas. Antes de que el enfermo pueda hacer la petición de eutanasia, debe disponer de una información por escrito sobre su proceso médico y las alternativas de actuación, “incluida la de acceder a cuidados paliativos” (art. 5, 1, b). Una vez que ha hecho la petición, el médico debe realizar con el paciente un “proceso deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, “así como sobre posibles cuidados paliativos” (art. 8, 1). Y esto es todo. No se contempla ninguna medida para que el acceso a los cuidados paliativos sea una realidad, ni para impulsar la formación de personal sanitario especializado en ese campo, ni para destinar los suficientes recursos a esta prestación.

Por eso -destaca en un artículo Aceprensa- no es extraño que los expertos en cuidados paliativos hayan mostrado su decepción ante esta regulación de la eutanasia. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) han dicho en un comunicado que la proposición “afronta el sufrimiento extremo de aquellas personas que prefieren dar por finalizada su vida y, en cambio, obvia el de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible para paliar ese sufrimiento”.

Para que haya libre elección

Aunque muestran su respeto y comprensión de las diversas sensibilidades existentes en este asunto, advierten: “No existiría nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan sobre la mesa todas las opciones posibles, siendo los Cuidados Paliativos un derecho, pero no una realidad en nuestro país para todos los ciudadanos que los necesitan”.

¿Cuántos son los que los necesitan? En otro comunicado que esas dos sociedades publicaron en abril de 2019, ofrecían unos datos referidos a los fallecidos en 2017. De las 424.523 personas fallecidas, estimaban que casi 129.500 (un 30%) eran enfermos con necesidades complejas, susceptibles de ser atendidos por recursos específicos de cuidados paliativos. Según su estimación, unas 51.800 –“siendo optimistas”– recibieron cuidados paliativos especializados. Esto supone que 77.700, aunque los necesitaban, no los recibieron. “La cifra va en aumento con respecto a años anteriores”, decían.

Un estudio más completo de la disponibilidad de recursos en este campo se encuentra en la monografía de la SECPAL Análisis y evaluación de los recursos de Cuidados Paliativos en España, publicada en 2016. El informe identifica 196 unidades de cuidados paliativos (CP), siendo la más habitual el Equipo Básico (compuesto por un médico y una enfermera), con 114 recursos; el número de Equipos Completos, formados por un médico, una enfermera, un psicólogo y un trabajador social, asciende a 14. En la atención pediátrica, todavía el número de recursos es muy reducido. En cuanto al número de profesionales dedicados a CP, la SECPAL reconoce que “ha habido un gran incremento en la dotación, principalmente de médicos y enfermeras”. Sin embargo, no en todos los casos están a dedicación completa ni siempre tienen una formación especializada en este campo. Según el informe, prestarían CP un total de 2.711 profesionales (sin tener en cuenta su dedicación), de los cuales 799 son médicos (29,5%), 1.466 enfermeras (54,1%), 240 psicólogos (8,9%) y 206 trabajadores sociales (7,6%).

Más de 77.000 pacientes fallecieron sin recibir los cuidados paliativos que necesitaban

Al considerar solo a los profesionales con dedicación completa a CP, habría un total de 580 médicos (uno por cada 80.300 habitantes) y 1.095 enfermeras (una por cada 42.500 habitantes). En lo que se refiere a psicólogos y trabajadores sociales, el informe concluye que su número es muy bajo.

La cobertura geográfica de estos recursos de CP depende de la distancia y de si se trata de la ciudad o del campo. Según el análisis de la SECPAL, “existe una mayor dificultad de proveer un nivel adecuado de CP en los sitios más alejados de las capitales y de las cabeceras del área de salud. En general, no se puede prestar una respuesta eficaz a la población que se encuentra a más de una hora de distancia del recurso”.

Formar a los médicos

Para atender bien a los pacientes con enfermedades graves y en la fase final de la vida, los expertos en CP piden que todas las Facultades de Medicina den formación específica en CP y que se facilite la acreditación de los profesionales de este sector. “Muchos de los problemas actuales de formación –dice el informe de la SECPAL– derivan de la falta de planes formativos con contenidos docentes homogéneos en pregrado y postgrado”. El directorio registra tres másteres en CP con título oficial.

Lo importante para mejorar los cuidados paliativos es que los médicos tengan más formación en esta materia, según decía en 2015 en una entrevista Álvaro Gándara, que fue presidente de la SECPAL: “Tenemos esta asignatura pendiente: que todas las facultades de Medicina, como pasa en Reino Unido, en Australia y en Canadá, impartan los cuidados paliativos como materia obligatoria y troncal”, y que se reconozca una especialidad en este campo.

No puede decirse que falten leyes sobre la atención médica al final de la vida. Ocho Comunidades Autónomas han regulado ya los derechos del paciente y las obligaciones de los médicos en esa situación. En ellas se prohíbe el ensañamiento terapéutico, se permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial, se reconoce el valor de las instrucciones previas que haya podido dar el paciente y se admite la sedación paliativa para evitar el sufrimiento aunque ello pueda acortar la vida. Algunas subrayan más el respeto a los deseos del paciente, mientras que otras los matizan con la observancia del ordenamiento jurídico y de la lex artis de los profesionales sanitarios. Pero una ley sirve de poco si no existen los recursos para hacer realidad los derechos del paciente.

Castilla y León, entre las pocas comunidades que informan sobre las solicitudes de eutanasia

Cuando se cumplían seis meses de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, y solo dos comunidades -País Vasco y Cataluña- hacían públicos los datos sobre solicitudes de ayuda a morir, aunque posteriormente Castilla y León también ha ofrecido información sobre el número de solicitudes recibidas -el último dato es de siete-, pero con todas las reservas posibles para preservar el anonimato de los solicitantes. Hasta finales de noviembre un total de 53 personas habían pedido la eutanasia en Cataluña, la mitad de solicitudes (28) habían sido aprobadas -solo 3 denegadas- y 24 ya habían recibido la asistencia para una muerte digna. En Euskadi, 13 personas han accedido a la ayuda y otras 12 estaban a la espera de recibir la prestación según los últimos datos facilitados en la Navidad de 2021.

Con la eutanasia puede ocurrir como ha pasado con el aborto, que la mayor parte de los médicos presenta objeción de conciencia.

Objeción de conciencia frente al aborto: casi ningún ginecólogo de Sacyl se ofrece a realizarlo

La Consejería de Sanidad – incluye la Gaceta Regional en su información- opta por correr con los gastos de abortos en clínicas privadas. Antes de que existiera la Ley de Eutanasia los profesionales sanitarios se acogían a la objeción de conciencia para mostrar su negativa a practicar interrupción voluntaria del embarazo. En los hospitales de Sacyl solo el de Miranda de Ebro y Burgos cuentan con profesionales que no se niegan a realizarlos. En el resto de provincias está siendo necesario ser derivados a clínicas privadas -o a otras comunidades- para la interrupción voluntaria de un embarazo. El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes denunció el pasado año que la gran mayoría de los abortos de la Comunidad se estaban realizando en clínicas privadas, con el gasto que eso supone, y presentó una PNL para exigir que estas intervenciones se realicen en los propios hospitales públicos de Sacyl, pero el Gobierno de la Junta -comandado entonces por el PP y Ciudadanos- recordó que existe la objeción de conciencia de los médicos dedicados a la Ginecología y que es sagrada. El propio Francisco Igea rechazó que la reforma de la Ley del Aborto pueda restringir el derecho individual de los médicos a aplicar la objeción de conciencia ante una demanda de interrupción voluntaria de un embarazo.  “No existe un derecho colectivo por encima de los derechos individuales”, afirmó el ya exvicepresidente. Los Colegios de Médicos consideran que no hay ningún problema en su objeción puesto que las mujeres que lo solicitan son atendidas a tiempo en las numerosas clínicas privadas que ofrecen este servicio, sin demoras y sin haber tenido que forzar para ello a un médico de la sanidad pública a realizar un acto que choca contra su conciencia.