Los lunes, revista de  prensa y red

“Un PP de respuesta inmediata”, de Antonio Burgos; “Se vienen tiempos difíciles”, de Jesús Cacho; y “Sánchez anuncia una `rebaja impositiva´ como reclamaba el PP, pero le pide manos libres en Europa”, de Vicente Coll

( Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 15  )

UN PP DE RESPUESTA INMEDIATA

Artículo de Antonio Burgos publicado en ABC el pasado día 16                           

No sé, se lo tendría que preguntar a mi querido y respetado teniente general don Pedro Pitarch, que tan brillantes análisis estratégicos y técticos está haciendo sobre la guerra de Ucrania en estas páginas de ABC. Pero tengo entendido que en las Fuerzas Armadas existen unas unidades llamadas de Respuesta Inmediata, o algo por el estilo, brigadas aerotransportables que en un tiempo mínimo pueden hallarse con todos sus efectivos actuando en un teatro de operaciones, por lejano que esté. Algo así le está haciendo falta como el comer al PP: una fuerza de respuesta inmediata a las muchas acusaciones de connivencia con la extrema derecha que se le vienen haciendo desde las elecciones de Castilla y León o incluso antes, desde que Moreno Bonilla, pactando con Ciudadanos y apoyado por Vox, acabó en Andalucía con los casi cuarenta años de régimen socialista.

Me refiero, naturalmente, a los pactos con Vox. Desde ahora a que se celebre en Sevilla el congreso extraordinario que ha de proclamar el liderazgo de Feijóo, ¿cuántas veces tendrán que oír los del PP que pactan con la extrema derecha, al haber llegado a un acuerdo con Vox para la gobernación de Castilla y León? Y el caso es que lo oyen y se quedan tan tranquilos, sin dar respuesta alguna. No es que yo vaya a defender a Vox a estas alturas de curso, faltaría más y hasta ahí podíamos llegar, pero, ¿cuándo ha dicho el partido de Abascal que quiere ir a Madrid para acabar con el Régimen o que hay que terminar con la Monarquía como forma de Estado? ¿Cuántas veces ha organizado un referéndum ilegal para separar de España a una autonomía? ¿Cuándo alguno de sus miembros ha sido condenado por asesinato terrorista, por cómplice o por encubridor? Nada de esto dicen los del PP que oyen que le echan en cara haber pactado con Vox. Y deberían decirlo. Pero sobre la marcha, sin esperar. Los del PP deberían tener una respuesta automática que repitieran por tierra, mar y aire y que a las acusaciones de pacto con la extrema derecha replicaran inmediatamente: «Nosotros no hemos llegado al Gobierno mediante un lamentable Pacto de Investidura, concediendo cuanto pedían a herederos de la ETA que aún no han pedido perdón por sus asesinatos terroristas; ni estamos en la Moncloa gracias a que gobernamos con un partido que sí que es la extrema izquierda, que quiere acabar con el propio sistema que los mantiene en el poder; nosotros no claudicamos ante los separatistas, ni apoyamos a los que quieren acabar con la separación de poderes e incumplen las sentencias del Supremo».

Pues nada de esto dicen, cuando debería ser el «karma», como se dice en Tertulianés, el latiguillo que repitiera el PP cada vez que lo acusan de pactar con la extrema derecha. ¿Nadie dice nada de que el PSOE pacta con la extrema izquierda, con la más peligrosa para la nación que quiere destruir? Ay, la inexplicable superioridad moral de la izquierda, que no acabamos de terminar con ella. Ay, el complejo de inferioridad de la derecha, achantada y avergonzada por haber pactado con un partido que parece que mató a Paquirri en Pozoblanco.

Artículo en: http://www.antonioburgos.com/abc/2022/03/re031622.html

SE VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES

Artículo de Jesús Cacho publicado en Vozpopuli el pasado día 15

El 24 de junio de 1941, dos días después de que Hitler lanzara su ‘Operación Barbarroja’ contra la Unión Soviética, Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, se dirigió a la multitud congregada frente a la sede de la Secretaría General del Movimiento, calle Alcalá 44, para, camisa azul y uniforme de un blanco impoluto, lanzar su discurso de «¡Rusia es culpable!» con el que iba a dar comienzo el reclutamiento de la División Azul destinada a combatir junto a la Wehrmacht contra el ejército de Stalin. «Camaradas, no es hora de discursos; pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria: ¡Rusia es culpable! Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de José Antonio y de la de tantos camaradas y soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo. El exterminio de Rusia es una exigencia de la historia y del porvenir de Europa». El domingo 13 de julio partieron los soldados desde la estación de Atocha. «Vais a defender los destinos de una civilización que no puede morir, y a contribuir a la fundación de la unidad de Europa», arengó el capo de Falange. Desde aquel día, el «¡Rusia es culpable!» se convirtió en uno de los lemas más coreados del franquismo, compitiendo duramente con otros no menos célebres salidos del magín del propio Franco y su obsesión con la masonería y el comunismo.

Por una de esas piruetas de la historia, el «¡Rusia es culpable!» se ha vuelto a poner de moda estos días por obra y gracia de un Pedro Sánchez dispuesto a echarle la culpa al empedrado de las calamidades de todo orden que nos afligen. Se vienen tiempos difíciles. La invasión de Ucrania por las tropas de Putin es una desgracia sobrevenida de hondas consecuencias para la economía española y naturalmente también para la política. Se avecinan tiempos de empobrecimiento colectivo. Todo el mundo sabe lo ocurrido con los precios de las materias primas, especialmente petróleo y gas, a resultas del conflicto. El petróleo, en niveles de 130 dólares por barril, ha subido casi un 50% en el último mes, mientras el precio del gas se ha multiplicado por cuatro desde principios de año. Y la decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña de cortar la compra de combustibles fósiles rusos no hará sino alimentar la espiral inflacionista. Hay que ahogar a la Rusia de Putin y a sus oligarcas, pero el mundo libre debe estar dispuesto a pagar un alto precio por defender la independencia de Ucrania, que es tanto como defender su propia libertad.

Aceptar sacrificios y apretarse el cinturón. En muchas gasolineras el precio de la gasolina 95 ha rebasado ya el listón de los dos euros litro, de modo que no son pocos los automovilistas que soportan grandes colas ante una estación de servicio de las llamadas «baratas» para poder ahorrarse 20 o 30 euros en el llenado del depósito. El shock de las gasolineras se ha trasladado también al supermercado, con la crisis de Ucrania contagiando al 90% de los productos que componen la cesta de la compra. Escasea el trigo y el maíz, de los que Ucrania es gran productora, pero también muchas materias primas (cemento, acero, níquel) necesarias en la construcción y la industria, particularmente aquellas intensivas en el consumo de electricidad. La aventura del tirano ruso va a mermar el poder adquisitivo de un Juan Español que en febrero de este año pagó el recibo de la luz un 80,5% más caro que en febrero de 2021.

Estamos en puertas de una crisis económica y social muy grave, cuya duración y profundidad dependerá del desarrollo de la guerra. Una crisis que nos va a hacer más pobres. En realidad, el PIB per cápita español sigue estancado en los niveles de 1999, lo que equivale a decir que en términos de convergencia en renta disponible, los españoles hemos perdido 23 años frente a los países más ricos de la UE, al punto de haber sido rebasados ya por Chequia, Chipre, Eslovenia, Lituania y, el último en hacerlo, Estonia. España no ha vuelto a los ritmos de crecimiento previos a la gran crisis financiera de 2008, aquella época dorada que se inició en 1996 con el primer Gobierno Aznar y que duró casi 12 años. Aunque a partir de 2013 el PIB español volvió a crecer con relativa fuerza, no lo hizo con la suficiente como para cerrar esa brecha. La llegada de la pandemia vino a poner en evidencia los males de fondo de nuestra economía, en particular su falta de productividad, de modo que en 2021 el PIB per cápita español era un 29% inferior a la media ponderada de la eurozona (25.410 euros frente a 35.740). Respecto a un país rico como Alemania, nuestro PIB per cápita es un 41% inferior al alemán, 42.920 euros.

La mayoría de expertos confiaban en recuperar los niveles de actividad previos al Covid en la segunda mitad de este año, pero esa estimación ha naufragado como consecuencia de la guerra (contracción del consumo y de la cuenta de resultados de las empresas), de modo que el PIB podría situarse en un entorno del 3%, muy lejos del 5,6% esperado por Bruselas y no digamos ya del 7% imaginado por Nadia Calviño, con una inflación media -el impuesto de los pobres- de entre el 8% y el 9%, con algunos meses rozando el 10%. El 2022 ya puede considerarse un año perdido en términos de crecimiento y de renta, pero el horizonte de 2023, sometido a todas las incertidumbres que hacen al caso, amenaza con llevar la economía española a un escenario de estancamiento inflacionario, la temida estanflación. Un empobrecimiento evidente para millones de personas en un país de rentas tradicionalmente bajas.

Irresponsabilidad de este Gobierno

El horizonte no puede ser más oscuro, y lo es no porque el castigo provocado por la invasión de Ucrania sea algo exclusivo de nuestra economía, sino porque esta crisis incide de lleno en un tejido económico muy castigado, muy deteriorado por la irresponsabilidad de este Gobierno en la toma de decisiones, todas de matiz ideológico, en materia de política económica. Ninguna buena. Un Gobierno víctima de una pulsión desmedida por el gasto, que hace gala de una absoluta falta de disciplina presupuestaria, que recela de la empresa y de los empresarios, que considera a empleadores y empleados meros sujetos sospechosos a los que freír a impuestos, con decisiones semanales, casi diarias, que ponen en evidencia, junto a la ausencia de rigor, una llamativa falta de cultura económica y una disposición casi criminal a dilapidar recursos públicos, a disponer del dinero del contribuyente con total desahogo, todo con un grado de irresponsabilidad que terminará por pasar factura a este país cuando toque, pero que inevitablemente tocará.

Con decisiones que suenan escandalosas en la actual coyuntura, tal que el anuncio efectuado esta semana por la ministra de Igualdad según el cual «el Gobierno aprobará en consejo de ministros el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres con una inversión de 20.319 millones para impulsar políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones». Una cifra equivalente al 4,5% de los PGE para 2022, y que es un 307% superior al presupuesto de Sanidad (6.606 millones), un 152% al dedicado a I+D+i y un 207,5% al gasto en Defensa, además de comparar con los 25.000 millones de las prestaciones por desempleo o los 30.000 millones que dedicamos al servicio de la deuda, una deuda ya cercana al 120% del PIB. Un retrato del socialismo en cuerpo entero. Decisiones tan escandalosas, también, como la aprobación este martes de una subvención de 17 millones a los sindicatos (esos señores que se disfrazan de pobres para salir en la tele), cifra superior en un 23% a los 13,8 que obtuvieron en 2021. El precio del silencio de quienes tendrían que salir a la calle a protestar por el recibo de la luz o el coste de la gasolina. Un claro ejemplo de miseria humana.

Un Gobierno que prepara una reforma fiscal destinada a saquear los bolsillos de las clases medias, para lo cual la ministra del ramo, Marisú Montero, ha tenido a un «comité de expertos», todos cercanos a la PSOE, trabajando durante un año para concluir, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que «hay margen para recaudar 35.000 millones más en IVA y tributos verdes». El presidente del citado comité, Jesús Ruiz-Huerta, un señor a quien le parece «lamentable decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos», definía los objetivos del grupo con una sinceridad abrumadora: «Hablamos de recaudar ingresos para hacer políticas de gasto». Porque se trata de gastar a manos llenas como si no hubiera un mañana. La impunidad con la que estos salteadores de caminos que nos gobiernan hablan de subir impuestos para financiar sus «cosas chulísimas» es tal, que tratar de pagar lo menos posible a la Hacienda Pública se ha convertido en una suerte de obligación moral para cualquier ciudadano que viva honradamente de su trabajo.

Ni una sola referencia al control del gasto público. Ahora puede apreciarse en su magnitud la barbaridad que en términos de sostenimiento de las finanzas públicas supone la indexación de las pensiones y el sueldo de los funcionarios al IPC, ello ante la que parece inevitable, a pesar de Ucrania, subida de tipos por parte de un BCE que no podrá resistir las presiones de los países ricos ante la evidencia de una inflación del todo punto inaceptable. Silencio, desprecio absoluto ante informes tan solventes como el que acaba de publicar el Instituto de Estudios Económicos (IEE), según el cual España podría reducir su gasto público en un 14% -equivalente a unos 60.000 millones- sin rebajar la calidad de los servicios que presta mejorando su eficiencia. Es decir, que las Administraciones despilfarran cada año 60.000 millones del dinero del contribuyente, cifra grosso modo equivalente al dinero nuevo que cada año el Tesoro se ve obligado a pedir prestado para mantener nuestro Estado del Bienestar a base de acumular deuda.

Se está gestando una muy gorda

Pero se trata de gastar, lo único que sabe hacer bien este Gobierno, razón por la cual Nadie Calviño quiere pedir ya a Bruselas los 70.000 millones restantes en forma de créditos blandos ante «el deterioro de la situación española» y antes de que suban los tipos, y por eso nuestro presidente, ese sublime jeta apellidado Sánchez, busca una ampliación de los fondos Next Generation más allá de 2026, como ayer contaba aquí Jorge Sáinz, a ver si suena la flauta y los tontos de «Uropa» se avienen a seguir financiando su juerga hasta que se aburra y decida abandonar Moncloa.

Se está gestando una muy gorda. Una situación inmanejable que amenaza con condenar a la pobreza a varias generaciones de españoles. Pero, como de costumbre, Sánchez no tiene la culpa. Ahora la culpa es de Putin. Como en el franquismo, «¡Rusia es culpable!»

Se está gestando una muy gorda. Una situación inmanejable que amenaza con condenar a la pobreza a varias generaciones de españoles. Pero, como de costumbre, él no tiene la culpa. Ahora la culpa es de Putin. Como en el franquismo, «¡Rusia es culpable!». Se lo dijo con total desparpajo a la pobre Cuca Gamarra en sede parlamentaria: «La inflación, señoría, como los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin». No importa que la electricidad llevara un año subiendo y que la inflación estuviera ya en el 7,4% en el momento de la invasión de Ucrania. Una situación que antes de explotar se llevará por delante al mentiroso compulsivo que nos gobierna, ese descuidero de la política cuyo paso por Moncloa será visto en el futuro como el momento de la gran devastación española. El panorama que se divisa desde el puente para quien tome el relevo se antoja tan sombrío como el espectáculo de esas ciudades ucranianas arrasadas por los tanques rusos, pero alguien tendrá que venir a poner orden, a limpiar el país de tanto detritus ideológico, a sanear las cuentas públicas. Alguien tendrá que abordar los ajustes obligados tras tanto dislate, tanto gasto superfluo comprometido. Y entonces arderá Troya, porque, entonces sí, entonces los sindicatos se mostrarán bien dispuestos a quemar la calle.

En medio de la tormenta, la semana ha proporcionado un rayo de luz a la España liberal con la firma del pacto entre PP y Vox para el Gobierno de Castilla y León. La forma en que se ha empleado la zurda zote atacando el acuerdo, los compungidos lamentos que ha regurgitado esa legión de pijoprogres adinerados que vive de propalar los dogmas que excreta Sánchez y su banda, hace pensar que esta vez la derecha ha dado en el clavo. Hasta Aitor Esteban, el peneuvista del árbol y las nueces, se ha mostrado preocupadísimo. Mucha gente ha empezado a ver peligrar su estilo de vida, su modo de entender el mundo. Es muy simple: los derechos de los españoles que votan derecha quedan reducidos a pagar impuestos, dinero con el que la izquierda bien pensante se amanceba en el quicio de la subvención para todos. Eso es lo que se están jugando: los garbanzos. Tienen motivos para preocuparse. Gracias a los Rajoys, Casados y demás derecha cutre y acomplejada, la izquierda lleva años pensando que España le pertenece en exclusiva. Miles de chiringuitos, decenas de miles de enchufados bien subvencionados. Acostumbrados a pastar de los recursos de la sociedad productiva, no pueden consentir la llegada de alguien dispuesto a acabar con tan obsceno reparto de la tarta en su exclusivo beneficio. No hay un solo votante del PP que vaya a dejar de serlo por pactar con Vox. El resto es humo. Feijóo, calienta que sales.

Artículo en: https://www.vozpopuli.com/opinion/tiempos-dificiles-2.html

SÁNCHEZ ANUNCIA UNA «REBAJA IMPOSITIVA» COMO RECLAMABA EL PP, PERO LE PIDE MANOS LIBRES EN EUROPA

Artículo de Vicente Coll publicado en El Mundo el pasado día 14

El presidente acepta la petición de las regiones y garantizará también los recursos para la acogida de refugiados, mientras el PP le exige más concreción y un tipo superreducido de IVA

Unidad en la repulsa; unidad respecto a la respuesta europea; unidad para el fortalecimiento económico. Esta será la esencia de Los acuerdos de La Palma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este domingo a las autonomías «dejar a un lado los intereses partidistas» y unificar todas las voces para que España reme en una sola dirección frente a la invasión rusa en Ucrania.

Es esta la principal petición del jefe del Ejecutivo en la Conferencia de Presidentes que se celebra este fin de semana en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, y en la que todos los dirigentes autonómicos abordan junto a Sánchez la respuesta española no sólo a la guerra, sino al impacto económico que ya acusa nuestro país como parte de la Unión Europea dos días después de que en la Cumbre de Versalles los socios reafirmaran la «soberanía» europea en materia energética y militar frente a la amenaza rusa. De hecho, el Gobierno ha trasladado a los territorios que el conflicto será largo y las consecuencias podrían cronificarse, por lo que España necesita «la mayor de las unidades» para afrontar el futuro.

Una de las primeras medidas anunciadas por el presidente a las autonomías dentro del cónclave ha sido la de aplicar «rebajas impositivas a los sectores afectados» por los efectos de la guerra, según confirman fuentes gubernamentales sin especificar por el momento a qué sectores se refiere. Eso sí, Sánchez ha propuesto a las autonomías abordar este asunto en conferencias sectoriales.

La reducción de la presión fiscal es una de las principales exigencias de los dirigentes populares en la Conferencia, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, que avanzó que reclamaría una «bajada generalizada de impuestos hasta final de año», especialmente sobre la electricidad, el gas y los carburantes. «No nos deberíamos levantar de esta Conferencia sin al menos una decisión de rebajar el IVA a los carburantes, a la electricidad y a todo lo que son las energías», ha opinado por su parte el presidente andaluz, Juanma Moreno, antes de empezar la reunión.

Además, el Ejecutivo ha comunicado a las regiones que garantizará los recursos económicos para la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, otra de las grandes reclamaciones de los dirigentes autonómicos. Del mismo modo, se ha concretado que son tres los centros de acogida de refugiados -en Madrid, Barcelona y Alicante-, y se está estudiando la creación de un cuarto en Málaga.

«Dejar la lucha partidista»

El presidente ha solicitado también «dejar a un lado la lucha partidista» por la gestión de los fondos europeos, que son «un elemento fundamental para consolidar la recuperación económica». El Partido Popular lleva semanas denunciando un reparto desigual de las ayudas de los fondos de recuperación. Hace un mes, de hecho, los populares volvieron a plantear en el Congreso la necesidad de que un organismo independiente coordine la distribución de las ayudas.

«Es fundamental que dejemos a un lado la lucha partidista», ha incidido Sánchez, «y aceleremos la gestión de los fondos». Una «lucha» que, ha aseverado, «es legítima», pero no es lo que está pidiendo la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre. Así, España necesita certezas y los fondos -que ya eran determinantes para la reconstrucción económica antes de que estallara el conflicto en Ucrania- son la herramienta clave para enfocar el futuro. Y Gobierno necesita el apoyo de las autonomías y los grupos políticos al completo. El presidente ya avanzó este sábado que pediría a las regiones «arrimar el hombro» en esta cuestión, pero desde algunas autonomías se ha seguido pidiendo este domingo que se escuche más a las regiones y los sectores afectados a la hora del reparto.

Es esta una de las cuatro patas del paquete de medidas que el presidente ha presentado ante los dirigentes autonómicos, reunidos este domingo al completo por primera vez en la última década. Así, el Gobierno espera que la magnitud de la convocatoria se traduzca en un pacto total entre autonomías, algo que Sánchez ha bautizado como Los acuerdos de La Palma, en relación y homenaje a la ejemplaridad y el espíritu de superación demostrado por los palmeros durante los meses de erupción del Cumbre Vieja.

PP: más concreción e iva superreducido

Los dirigentes autonómicos del PP, por su parte, consideran que la hoja de ruta del Ejecutivo debe ser más concreta. Así se lo ha hecho saber al presidente el propio Feijóo, que ha aprovechado para advertir de que el acuerdo que se alcance entre Gobierno y autonomías no debe ser una mera declaración de intenciones, sino que debe incluir compromisos claros, según informan fuentes de la Xunta.

Las peticiones del gallego giran en torno a medidas que garanticen una mejor atención a los refugiados y que minimicen de forma urgente las consecuencias socioeconómicas de la guerra en las empresas y la ciudadanía. Así, reclama que el Gobierno se comprometa a destinar recursos al plan de acogida de refugiados -como ha aceptado Sánchez-, y que se aplacen las medidas de la reforma fiscal previstas que puedan suponer nuevas cargas para las familias y sectores productivos esenciales, como es el peaje en las autovías.

Galicia, como también ha hecho Castilla y León, exige en este sentido al Gobierno la aplicación de un tipo superreducido de IVA para la electricidad y el gas. Del mismo modo, Feijóo pide que se solicite autorización a la Unión Europea para una reducción excepcional y transitoria del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava la gasolina y el gasoil.

Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2022/03/13/622ddc9efc6c8379188b459f.html