El Consejo de Europa examinará la independencia de la fiscal general de España

Por José María Arévalo

(Dolores Delgado, fiscal general desde el 26 de febrero de 2020)

El nombramiento de la que fue ministro de Justicia en el anterior gobierno socialista como fiscal general en la última legislatura y determinadas declaraciones del presidente Sanchez sobre la dependencia del fiscal general del Gobierno -recuerdan aquellas palabras suyas de “¿Quién nombra al fiscal general?, pues eso”- han sido objeto de rechazo general en los últimos años, pero nadie piensa que Sánchez va a ceder ante la opinión pública y cesar a Dolores Delgado en el puesto de fiscal general en que la colocó el 26 de febrero de 2020 (la fiscalía general del Estado es nombrada y cesada por el rey de España a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, con la única limitación de que debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión). Sien embargo una noticia que he visto en la prensa estos días me hace pensar en que ´quizá no esté todo perdido:

La noticia es que España pasará el próximo ‘examen’ en el pleno a celebrar a finales de año en el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (Greco) del Consejo de  Europa, que examinará la propuesta del Gobierno español para blindar a la fiscal general del Estado en el pleno que celebrará a finales de año, en el que se  aprobará un informe sobre España. Un portavoz del Greco ha explicado que la evaluación de esa propuesta se hará en el marco del procedimiento sobre el tercer informe de cumplimiento de cinco recomendaciones que España aún no ha cumplido totalmente.  Una de esas recomendaciones, hecha en 2013, pedía “reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general, así como establecer por ley requisitos y procedimientos claros para incrementar la transparencia de comunicación entre el fiscal general y el Gobierno”.  Además, aconsejaba “explorar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal”.

La independencia de la fiscal general sigue siendo objeto de críticas públicas

El portavoz ha indicado que, en lo  que se refiere a “si el actual proyecto de disposiciones relativas al  Ministerio Fiscal se adecua a la  citada recomendación, el Greco  hará esa valoración en el marco  de su procedimiento de cumplimiento”.  La cuarta ronda de evaluación del Greco de los países miembros, examina cómo previenen la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. En el pleno que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, se aprobará el tercer informe de cumplimiento sobre España, en el que se examinarán las cinco recomendaciones pendientes.  En un informe publicado en 2021 sobre el respeto de las obligaciones referentes a los fiscales, el Greco insistió en que “la relación entre la fiscal general y el Ejecutivo es un tema que sigue siendo objeto de críticas públicas (en lo que respecta a su percepción de independencia)”.

A su parecer, “la transparencia de la comunicación entre la  fiscal general y el Gobierno resulta clave”, y “aún se necesitan más  esfuerzos para aumentar la autonomía y la transparencia en este  sentido”.  El Greco incluirá en el informe que adoptará a finales de año una valoración sobre la propuesta de ascender a la fiscal general a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo, pero a condición de que se mantenga esa modificación en la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los antecedentes que obligan a la imparcialidad

La Comisión de Venecia -otro órgano del Consejo de Europa dedicado a asuntos constitucionales- dijo en 2010 que “si se va a hacer alguna disposición (por ejemplo, como juez) después de que expire el mandato, esto debe quedar claro antes del nombramiento para que no surja de nuevo la cuestión de intentar ganarse el favor de los políticos”. Eso aparece en un informe sobre los estándares europeos relativos a la independencia del sistema judicial en el que igualmente se subraya que “no debe haber una prohibición general sobre la posibilidad de que el fiscal general se postule para otros cargos públicos durante o después de su mandato”.

Por otro lado, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE, por  sus siglas en inglés) señaló en una opinión solicitada en 2014 por  el Consejo de Europa que “los fiscales deben abstenerse de actividades políticas incompatibles con el principio de imparcialidad”.

En fin, que por vía obligación europea puede solucionarse todavía este grave problema de la dependencia en nuestro país del fiscal general respecto del Gobierno, y no solo porque sea este el que los nombra, sino por la vinculación política anterior o posterior que pueda tener.