Presiones para que la sanidad pública realice abortos en Castilla y León

Por José María Arévalo

(Habitación de un hospital)

El Mundo en su edición castellano leonesa incluía el pasado 19 de mayo este titular: “García-Gallardo coloca a la Junta «enfrente» del Gobierno tras la aprobación de la Ley del Aborto”. Pero leyendo la noticia lo que en realidad se traslucía era que la Junta de Castilla y León está sufriendo presiones para que tome medidas que hagan posible que los abortos en nuestra comunidad se realicen en el común de los hospitales públicos, porque debido a la objeción de conciencia masiva en ellos, solo en dos se realizan actualmente, en los hospitales de Burgos (HUBU) y el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, los dos únicos de la Comunidad que cubren este servicio. Y el HUBU ha comenzado a efectuar interrupciones voluntarias del embarazo desde hace apenas seis meses, aunque farmacológicas, no quirúrgicas, según precisa la Consejería de Sanidad.

Para cubrir la obligación legal, Sacyl tiene conciertos con clínicas privadas de Valladolid y Salamanca y las pacientes del resto de provincias viajan a las antedichas o acuden a la privada en su provincia.

Falta de normativa

La Ley de 2010 establecía que «los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas». Pero, al parecer, la nueva reforma aprobada el pasado 17 de mayo, pretende regular más a fondo la objeción de conciencia.

La ministra Irene Montero aseguró que con la reforma se regulará la objeción de conciencia y se impondrá que «siempre haya personal disponible en los centros públicos» para efectuar el aborto. Desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León explican que todavía no conocen el texto normativo y están a la expectativa para saber qué modificaciones deben aplicar en el sistema sanitario autonómico.

Si todos los hospitales públicos deben contar con sanitarios para practicar abortos, Castilla y León – escribe El Mundo- tiene muchos deberes pendientes y deberá resolver el problema de que solo dos centros hospitalarios cuentan con este servicio.

Presiones

Que la Junta de Castilla y León está sufriendo presiones para que tome medidas que hagan posible que los abortos en nuestra comunidad se realicen en el común de los hospitales públicos se deduce claramente del final de la noticia de El Mundo: “La nueva ley del aborto provocó esta misma semana el enfrentamiento entre Gobierno central y Junta de Castilla y León encarnados en el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. «Tendréis a la Junta enfrente», escribió el vicepresidente autonómico en Twitter respondiendo a una publicación de Ángela Rodríguez, después de que esta celebrara en dicha red social que la nueva norma saliera adelante en el Consejo de Ministros asegurando «aborto en la pública para todas sin sobre y sin reflexión».

También la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, entró en la polémica y le pidió al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que «ponga orden en su gobierno» para que «Vox no imponga desde la Junta marcos ideológicos retrógrados sobre el aborto». Pero ¿quienes son los retrógrados? ¿Quienes atacan la objeción de conciencia?

2.421 abortos en la región en 2020

En la noticia de El Mundo que firma A. Calvo se recoge: “Vivir en determinadas provincias de Castilla y León puede resultar un obstáculo para aquellas mujeres que deciden interrumpir el embarazo al no disponer de un centro público o concertado por Sacyl en su lugar de residencia que realice esa  delicada intervención. Cada año, alrededor de un millar de castellanas y leonesas tienen que desplazarse a otra provincia, a veces incluso fuera de la propia Comunidad, para que les practiquen un aborto dentro el sistema sanitario público de Castilla y León. Casi la mitad de las 2.421 de la región que abortaron en 2020, el último año con datos oficiales tanto del Ministerio de Sanidad como de la Junta de Castilla y León.

Y es que la objeción de conciencia de los médicos provoca que solo los hospitales de Burgos (HUBU) y el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cubran este servicio. Y el HUBU ha comenzado a efectuar interrupciones voluntarias del embarazo desde hace apenas seis meses, aunque farmacológicas, ni quirúrgicas, según precisa la Consejería de Sanidad.

Sacyl tiene conciertos con clínicas privadas de Valladolid y Salamanca y las pacientes de esos lugares pueden acudir a estos centros concertados. Sin embargo, quienes residan en Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, León y Soria deben desplazarse a otros lugares con las incomodidades que eso supone o acudir a la privada y sufragar los gastos.

¿Castilla y León «oculta» datos?

El Instituto de Política Social dice que Castilla y León «oculta» los datos de abortos pese a superar los 2.500 en 2019. En los últimos cinco años no se ha notificado ningún aborto en cinco de estas provincias (salvo en León que sí se realizan de modo privado). Sin embargo, cientos de residentes en ellas han interrumpido la gestación recurriendo en algunos casos a comunidades autónomas vecinas por la cercanía, como es el caso de Soria, Ávila o Palencia.

Abortos de adolescentes

Esta situación puede chocar con la nueva Ley del Aborto aprobada este martes, 17 de mayo, que entre otras novedades incluye la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años ya no requieran el permiso paterno para interrumpir su embarazo”.

Los datos de los que dispone la Junta facilitados por el Ministerio de Sanidad revelan que seis niñas menores de quince años abortaron en 2020, el último contabilizado. Dos viven en Ávila, otras tantas en Valladolid, una en Soria y otra en León.

El resto de franjas de edades está equilibrado entre los 24 y los 40, con medio millar aproximadamente en cada una, aunque también hubo 241 pacientes de 15 a 19 años que interrumpieron su embarazo. El 10% de todas las que lo hicieron. Y otras 209 tenían entre 40 y 44 años.

El mayor número de mujeres que optaron por esta opción, 629, procede de Valladolid –en lógica con la proporción de población–. Le siguieron las residentes en León, 508, y las de Burgos, 429. Del resto de provincias ninguna llegó a los 200 casos y las residentes de Zamora fueron las que menos, 108.

Al margen de la provincia en la que se practiquen, de los 2.421 abortos contabilizados solo se financiaron por parte del sistema público el 56%.

La mayor parte de las interrupciones se efectuaron en algún punto de Castilla y León, (el 84%) aunque hubo 381 casos en los que las mujeres se desplazaron incluso fuera de los límites autonómicos. Una muestra muy pequeña optó por ese traslado aunque sí contaba en la provincia con el concierto de Sacyl: Once mujeres de Valladolid y Salamanca se sometieron a esta intervención en otra comunidad.

La Junta desmiente a Gallardo

El día 20 de mayo Carriedo desdecía a Gallardo: «La ley del aborto se cumplirá»; el portavoz de la Junta fijaba la posición del Ejecutivo pero horas más tarde el vicepresidente insiste en que «le harán frente» desde el Gobierno autonómico. La Junta de Castilla y León cumplirá en su «integridad» la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno cuando se apruebe. Así de tajante se mostró ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la polémica suscitada por las declaraciones del vicepresidente, Juan García Gallardo, que esta semana aseguró en su cuenta de Twitter que: «Tendrán a la Junta enfrente». García Gallardo aprovechaba su presencia en un acto para revolverse y reiterar su mensaje pese a lo verbalizado por el portavoz autonómico: «Nos van a tener enfrente». Así, aseguró que utilizarán las «competencias exclusivas» recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y en la Constitución para «hacer frente a una normativa con la que no estamos de acuerdo», dijo sin detallar cómo va a hacerlo. «No vamos a tolerar ningún adoctrinamiento ideológico en Castilla y León», añadió el también líder regional de Vox, que tachó de «tragedia social» la práctica del aborto.

Vox lucha contra el aborto y la eutanasia

Gallardo ha seguido cargando contra las «leyes de la muerte», y así El Mundo del 25 de mayo volvía sobre ello: “Fue el vicepresidente  de la Junta quien protagonizó  otro cruce de declaraciones que  dejó impactantes palabras. El número dos del ejecutivo regional y  líder de Vox en la Comunidad tachó al Partido Socialista y a «la  izquierda» de ser «hipócritas» y  «los verdaderos enemigos de la  discapacidad». «Parece que le interesan los discapacitados que  han nacido», señaló García-Gallardo, «pero no así los que no han nacido».  «Es la izquierda, con sus leyes de la muerte, con sus leyes de la eutanasia, y con sus leyes del aborto los que invitan a los padres a abortar, a triturar en el  vientre de las madres a los niños  a los que se les detecta temprana mente la discapacidad», aseveró  el vicepresidente de la Junta,  quien aseguró también que esto  «es un hecho empírico susceptible de contrastación».

Esta fue su respuesta a la pregunta formulada por la procuradora socialista con discapacidad Noelia Frutos  acerca de cómo piensa tratar a  las mujeres con discapacidad de  Castilla y León y que el vicepresidente despachó con un «igual de  bien que a los hombres con discapacidad». Una pregunta que llegó a colación de unas polémicas declaraciones de García-Gallardo en un acto en Madrid hace escasas semanas.  Durante esta intervención, García-Gallardo aseguró que iba  a responder a Frutos «con ninguna  condescendencia como si fuera  una persona como todas las demás». Una afirmación que no sentó nada bien, a juzgar por sus  gestos, a la procuradora socialista con discapacidad, y que sirvió  para cerrar el turno de palabra  del vicepresidente de la Junta.  La socialista recalcó que el vicepresidente no le llega a las mujeres de Castilla y León a la «suela de los zapatos» y consideró  que ha demostrado tener una «limitación ética y moral aberrante», que en su opinión no es compatible con su cargo en una sociedad «avanzada». Además,  rechazó que se trate con «paternalismo» a las mujeres con y sin  discapacidad, a las que recalcó se  les trata con «respeto». Por ello, Frutos censuró que se dedique a  hacer declaraciones propias de  «conversaciones de barra de  bar», según informa Ical que invitan a «triturar niños con discapacidad»

Polémica servida

Este enfrentamiento de la socialista discapacitada con Gallardo ha dado lugar a denorme polémica en la que, aunque Mañueco no ha cedido, otros políticos del PP han atacado a Vox. Creo que la verdad de lo sucedido la reflejó correctamente el vicepresidente de la Junta de  Castilla y León, Juan García-Gallardo, que el pasado 25 de mayo se mostró convencido  de que la polémica suscitada tras  sus alusiones a una procuradora  con discapacidad estaban “preconcebidas” por el Grupo Parlamentario Socialista y ha acusado en concreto a la interpelada, Noelia Frutos, de haber faltado al respecto  previamente a Vox y a sus dirigentes. “Eso es lo que han conseguido, porque eso es lo que quieren, convertir las Cortes de Castilla y León  en un circo”, ha sentenciado el vicepresidente que ha criticado la intervención previa de Noelia Frutos “plagada de faltas de respeto”  hacia el partido de Santiago Abascal.  Noelia Frutos preguntó en  la sesión de control al Gobierno cómo considera el vicepresidente  que hay que tratar a las mujeres  con discapacidad, a lo que éste respondió: “Igual de bien que a los  hombres con discapacidad. Y añadió: “No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si  fuera una persona como todas las  demás y no como hace su equipo”.