Quien paga a los pensionistas en nuestra Comunidad

Por José María Arévalo

(Ancianos. Acuarela de Jose Grimalt en Hispacuarela de Facebook)

Todos sabemos que uno de los problemas que tiene el mantenimiento de las pensiones en nuestro país es que se pagan las pensiones con el sistema de reparto (con lo que cotizan los trabajadores en activo) no con el de capitalización (guardando lo que cotiza al año cada trabajador por jubilación, y dándoselo al mismo cuando se jubile, con el posible incremento de las rentas que ese dinero haya producido), y el temor  general es que llegue un momento que haya muchos más pensionistas que cotizantes, y en ese caso a ver quién paga sus pensiones a los primeros.

Al menos si nuestros gobernantes guardaran lo cotizado cada año,  podría pensarse que hay un fondo para cubrir pensiones, pero ni eso: el dinero de las cotizaciones por jubilación se lo gastan, cuando lo que necesitan, para cosas que no tienen que ver nada con las pensiones. Y ya sabemos lo gastones que son nuestros gobernantes. Así que todos temblamos cuando nos enteramos de que cada vez hay más pensionistas, y estamos esperando que también haya más cotizantes, pero eso no siempre ocurre. ¿Cómo estamos ahora). Veamos.

2,03 cotizantes por cada pensión

El diario El Mundo de 9 de septiembre pasado informaba de que julio de este año se cerró con 20,27 millones de cotizantes en España frente a los 9,9 millones de pensionistas según los datos del octavo mes, lo que arroja una ratio de 2,03 contribuyentes por cada prestación. En la práctica, estos datos suponen que en España hay el doble de cotizantes que de perceptores de una pensión, pero hay diferencias sustanciales por territorios y, en el caso específico de Castilla y León, destaca que todas las provincias están por debajo de ese índice medio. Ninguna llega a esos dos ‘pagadores’ por ‘destinatario’.

Todos los territorios de Castilla y León están por debajo de la media nacional de 2 afiliados por pensión, y León es la tercera provincia de España con menos cotizantes por pensionista. Zamora y Ávila también están a la cabeza del país con una proporción baja, mientras Segovia y Soria tienen las ratios más altas.

Menos de 2 cotizantes por pensionista en Castilla y León

El informe publicado en El Mundo con un artículo de L.G. Estrada , señalaba que “la situación de alerta que arrastra  desde hace años la ‘hucha de las  pensiones’ debido al aumento del  número de beneficiarios –sobre todo jubilados, que perciben una paga después de haber completado  su ciclo laboral–, en comparación  con la cifra de contribuyentes, es  decir, respecto al número de personas que cotizan a la Seguridad  Social, arroja un mapa desigual en  España, con provincias en las que  el índice de trabajadores está muy  equiparado con el de pensionistas,  e incluso por debajo.  En este escenario, León destaca  como el tercer territorio de España  con una menor proporción entre  afiliados y perceptores de una  asignación económica, con una ratio de 1,18 que sólo es más baja en  Lugo (1,1) y en Ourense, la única  provincia de España en la que hay  menos personas desempeñando  un puesto de trabajo que recibiendo una prestación (0,98).  Así se desprende a partir de los  datos de la Seguridad Social, teniendo en cuenta el número de afiliados a julio y el de pensionistas,  actualizado a agosto. En concreto,  el séptimo mes del año cerró con  20,27 millones de cotizantes en el  país frente a los 9,9 millones de  pensionistas según los datos del  octavo mes, lo que arroja una ratio  de 2,03 contribuyentes por cada  prestación.  En la práctica, estos datos suponen que en España hay el doble de  cotizantes que de perceptores de  una pensión, pero hay diferencias  sustanciales por territorios y, en el  caso específico de Castilla y León,  destaca que todas las provincias  están por debajo de ese índice medio. Ninguna llega a esos dos ‘pagadores’ por ‘destinatario’.

Por detrás del tercer puesto de  León –con 165.238 afiliados a la  Seguridad y 139.783 pensionistas– , se sitúan Zamora y Ávila, que  ocupan el quinto y el sexto puesto  en el ranking nacional, con Asturias en cuarta posición. En el caso zamorano, la ratio se concreta en  1,27 (con 60.546 afiliados y 47.772  pensionistas) y, en el abulense, el  índice es del 1,47 (tiene 57.196  personas en el primer caso y  38.788 en el segundo).  Aunque hay que aclarar que ni  en estos casos, ni en el conjunto de  34 provincias que están por debajo de la media nacional, se puede  decir que se trate de ‘territorios en  peligro’, puesto que la hucha de  las pensiones es común para toda  España y las pensiones de cada región no se financian con sus propios contribuyentes, sino con los  del conjunto del país, los datos sí  sirven para evidenciar que hay un  menor dinamismo económico en  determinadas áreas geográficas.  «La relación de menos cotizantes que en otras provincias nos  muestra que el mercado de trabajo tiene un tamaño menor y que  hay más atonía en la creación de  empleo; son mercados de trabajo  en los que hay menos contratos o  se crean menos empresas», razonó  el profesor de Economía de la Universidad de Salamanca (USAL),  Miguel Ángel Malo.

En el caso de León y Zamora,  dos de las provincias más afectadas en España, el especialista en  economía laboral apunta a varios  factores, el primero de ellos relacionado con el menor dinamismo  empresarial que arrastran desde  hace años las provincias situadas  junto a la frontera de Portugal. Salamanca es la única que se desmarca, gracias a la importancia de  la universidad, que genera un  «mercado de trabajo distinto», con  mayor peso del empleo público.  Otra de las causas que apunta el  experto para entender lo que ocurre en algunos puntos de la autonomía es la distribución radial de  las comunicaciones, con epicentro  en Madrid y una estructura con en  forma de ‘estrella’ que afecta a  quienes se encuentran mas allá de  sus ‘brazos’. «Quien está fuera de  los grandes ejes se enfrenta a mayores costes de transporte y las  empresas que se colocan ahí tienen  más problemas a la hora de competir», sostuvo Malo para explicar  la menor presencia empresarial.

En el caso concreto de León,  además, hay que tener en cuenta  el declive de la minería, sin que hubiera otros sectores que tomaran de forma clara el relevo de esa  actividad perdida. «Sin alternativas, la gente busca sus oportunidades en otros sitios, especialmente  los jóvenes, y eso hace que se entre en una dinámica en la que esas  economías se quedan con menor  tono: menor empleo, menor creación de empresas, al haber menos  gente se ven menos oportunidades  para montar negocios… Es un bucle que se alimenta a sí mismo y  resulta complicado salir de él».  Con la vista puesta mucho más  atrás en el tiempo, hasta el éxodo  que sufrieron las áreas rurales a  partir de la segunda mitad del siglo XX por la mecanización del  campo y la necesidad de explorar  alternativas laborales en zonas industrializadas, como País Vasco,  Madrid o Cataluña, lo que ahora  se está produciendo es un retorno  de personas que emigraron en su  juventud y regresan, ya mayores,  a sus lugares de origen. De ahí que  en la actualidad el número de jubilados en Castilla y León sea tan  significativo.

Porque no hay que olvidar que el  63% del total de pensionistas en  España se refiere a jubilados,  mientras que el 23,6% percibe una  contribución en concepto de viudedad, el 9,6% por incapacidad permanente y el 3,4% por orfandad.  Eso sí, el hecho de que en Castilla y León la cifra de personas que  ya han completado por edad su ciclo laboral sea elevado y que, por  tanto, la ratio en comparación con  los afiliados a la Seguridad Social  se encuentre en la zona baja del  país, tiene interpretaciones más  allá de la visión negativa de la falta de tejido productivo. «Los jubilados, al tener una fuente fija de  ingresos, son un sostén de la demanda a nivel local, porque como  su renta no está sujeta a oscilaciones del mercado de trabajo y tienen un dinero que consideran seguro, tienen una demanda más estable a lo largo del tiempo en  comparación, por ejemplo, a la de un autónomo, que siempre tiene la  incertidumbre de cuánto ganará  cada mes y tiene que ajustar su  consumo», razonó Miguel Ángel  Malo.

Aunque con características comunes en las provincias castellanas y leonesas, hay tres ejemplos  que están más cerca de esa media  nacional de dos afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. Se trata, en primer lugar de Segovia, con una ratio de 1,94 (en  términos absolutos, tiene 66.355  cotizantes y 34.263 perceptores)  gracias, a juicio del experto en  Economía, a que su cercanía con  Madrid permite a muchas personas vivir en Segovia y trasladarse  a trabajar a la capital del país.  El siguiente ejemplo de la Comunidad con mayor tasa sería Soria, con un indicador de 1,87, en  este caso con la pérdida de población como principal motivo, pues  es la provincia de España con menos cotizantes (41.902), aunque  también con menos pensionistas  (22.387). El mismo índice de 1,87  se repite en Valladolid en este caso  con 220.275 afiliados según los datos de julio y 118.094 pensionistas  según la actualización de agosto.  A pesar de ser una de las provincias más dinámicas de Castilla  y León, el profesor de la USAL observó que el peso de la provincia  vallisoletana se asienta en buena  parte sobre grandes industrias, como la del automóvil, que están  pendientes de un proceso de transformación por la irrupción del coche eléctrico, por lo que apostó por  una mayor diversificación de la  economía en aras de lograr mayores oportunidades.  No existe, en todo caso, una ‘varita mágica’ con la que revertir los  datos de un mapa liderado Islas  Baleares, donde hay más de tres  contribuyentes por pensionista –le  siguen Madrid (con 2,82), Almería  (2,7) y Murcia (2,51), pero sí líneas que se pueden impulsar para  que los caminos vayan en otra dirección.  A juicio del experto en economía laboral, además de la diversificación de sectores, sería necesario «explorar oportunidades laborales del mundo rural no agrario»  para que los jubilados no sean los  únicos que regresen a los pueblos  y avivar las relaciones con la economía portuguesa. «No hemos  llegado hasta aquí por la pandemia o la recesión, sino que es un  proceso de muy largo plazo, y por  eso tampoco hay que transmitir  la falsa imagen de que se puede  revertir una parte importante de  esto en cuatro o cinco años. Tiene que ser un esfuerzo continuado con diferentes estrategias, pero no hay algo concreto que pueda cambiar las cosas de forma  rápida».  APENAS UN TRABAJADOR  El envejecimiento de la población  en una comunidad salpicada por  pequeños municipios deriva en  que haya muchos enclaves en los  que la mayoría de sus habitantes, por no decir todos, hayan superado la barrera de la jubilación y  apenas haya alguno trabajando.  Baste comprobar en las estadísticas de la Seguridad Social que hay  25 localidades de Castilla y León  en las que reside, como máximo,  un cotizante. Es decir, hay uno o  ninguno.

Burgos es la provincia que acumula un mayor número de pueblos en esta situación, con un total  de 14 (Bascuñana, Castil, Castrillo  de Riopisuerga, Cillaperlata, La  Gallega, Ibrillos, Manciles, Moncalvillo, Palacios de Riopisuerga,  Quintanabureba, Remondo, Villaespasa, Villamedianilla y Zarzosa), seguido de Soria, que suma 6  (La Losilla, Momblona, Valdelagua, Valdeprado y Velilla de los  Ajos). Por detrás estaría Segovia,  con tres ejemplos (Navares de las  Cuevas, Ventosilla y Villaverde de  Montejo) y Salamanca y Ávila, que  comparten uno en cada caso (Molinillo y Navaquesera, respectivamente).  No se trata de una situación excepcional, a tenor del listado de  otras 131 localidades de la autonomía en las que, como máximo, hay  dos afiliados que cotizan a la Seguridad Social, en este caso 37  ejemplos en Burgos, 29 en Soria,  15 en Ávila, 14 en Salamanca, 13  en Palencia, 8 en Valladolid, 4 en  Zamora y uno en León.  Al ampliar un poco el abanico  hasta los diez contribuyentes se  obserba que en Castilla y León el  número se eleva hasta los 432 municipios, lo que supone que en el  19% de los 2.248 municipios de la  región los trabajadores se pueden  contar con los dedos de las manos.