Castilla y León defiende otro criterio de financiación de las CCAA 

Por José María Arévalo

(Edificio en Valladolid de las Cortes de Castilla y León)

Estos días vuelve a estar en las noticias la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas por la negociación de Sánchez con los independentistas, ya que uno de los factores que se baraja es la posible condonación de la deuda de Cataluña y las inversiones en esa comunidad, siempre buscando un trato de favor.

Lo que me ha recordado que también aquí en nuestra comunidad de Castilla y León tenemos reivindicaciones pendientes al respecto, aunque menos ocasiones de negociar y presionar al futuro candidato a presidir el Gobierno. Sobre la financiación de nuestra Comunidad. El año pasado hizo unas declaraciones el consejero de Economía, de las que la prensa tituló: “Carriedo reivindica territorio frente a población en la financiación de las CCAA”.

Todos estos años -destacaba la prensa- se ha mantenido la discusión de la financiación de las comunidades, y si tiene sentido que algunas tengan un sistema distinto, como las forales de Navarra y País Vasco, y las pretensiones del independentismo catalán de tener también sistema propio, hacen que siga de moda la discusión obre como deben repartirse los dineros las comúnidades, y cada una arrima el ascua a su sardina. Así Castilla y León pretende que sea el territorio el criterio principal para el reparto. Se sabía, pero ha quedado claro en las declaraciones recientes de Carriedo.

El déficit de las comunidades, doce veces menor que el que se reserva el Estado

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de   Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, criticaba que, pese a tener gran parte de las competencias, el déficit de las comunidades “es doce veces menor que el que se reserva el Estado en sí mismo”.  Reiteró que  debe tenerse en cuenta el criterio territorial frente a la población de cara a la financiación autonómica y para fijar el techo de gasto de las Comunidades Autónomas.   Fernández Carriedo hizo esas declaraciones tras la   reunión del Consejo de Política   Fiscal y Financiera que se celebró el día anterior en Madrid y en la que participaron el Ministerio de Hacienda, representado por la   ministra María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos.   El también portavoz autonómico subrayó que hay Comunidades que gestionan “un   patrimonio de todos los españoles que tiene mucho más que ver con el territorio que con la población” y puso como   ejemplo el gasto de extinción de   incendios y de política forestal.   Del mismo modo, enumeró los servicios que se prestan   desde las Comunidades (sanidad, educación, servicios sociales o la lucha contra el fuego) y criticó que, pese a que gran parte de las competencias tienen carácter autonómico, “el déficit   de las Comunidades es doce veces menos que el que se reserva   el Estado para sí mismo”. “Esto es una distribución claramente asimétrica, porque nosotros no decimos que el Gobierno no tenga competencias, pero   es muy evidente que el Estado no gasta 12 veces más que las Comunidades y esto pone en dificultad la competencias que tenemos asumidas”, afirmó.   Por otra parte, el consejero mostróo su desaprobación porque el Gobierno no haya respondido a la propuesta inicial   que las Comunidades enviaron   en el mes de enero y criticó que tampoco se ha abierto un   debate en “un foro multilateral”   como el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando, “paradójicamente, ha tenido lugar   una reunión bilateral con una   Comunidad”.   Una referencia al encuentro   Gobierno y Generalitat que tuvo lugar el día anterior en Moncloa y por   el que el consejero mostró   su preocupación ya que, en su   opinión, “lo que afecta a todos   se debe tratar en un foro en el   que estemos todos”.

Recursos suficientes

Y por las mismas fechas vimos un interesante artículo de Eduardo Rodríguez en El Mundo, justo cuando salía en prensa el tema en la reunión de Sánchez con tres presidentes de comunidades gobernadas por el PP, Andalucía, Castilla y León y Galicia. Se titulaba “La incógnita Feijóo” y decía que éste ha cambiado de opinión sin saberse por qué: “El de la financiación autonómica es uno de   esos debates cruciales que genera roces, confrontación e incomodidad entre los líderes políticos al situarlos frente al binomio partido-territorio. Defender los intereses de   cada comunidad autónoma y sus gentes por encima de las siglas propias y de lo que otros compañeros de partido exigen requiere valentía, pocos peajes y claridad de ideas. Para el ciudadano de a pie resulta hasta inapetente interpretar los detalles de un modelo de reparto complejo que, en la mayoría de las ocasiones, obedece a la   negociación opaca, el capricho o el trapicheo frente a la transparencia de criterio que requeriría algo tan decisivo.

Quizá al vecino de Almazán, de Ponferrada, Fuentesaúco, Miranda de Ebro, Candeleda o Béjar -por   poner ejemplos al azar de municipios castellanos y leoneses- le ocuparía más este asunto si se explicara con didáctica la   importancia de recibir los fondos adecuados procedentes del Estado. En buena medida, de ello depende que haya recursos suficientes para financiar de manera adecuada los servicios públicos fundamentales, traducidos en mejor educación, salud y protección social. Estamos pendientes nada menos que de un reparto global que suma 134.336 millones de euros para 2023. Todo un récord. Como para no darlo importancia.

La teoría dice que el llamado Modelo de   Financiación Autonómica debería ser el ejercicio responsable de un mecanismo solidario que permitiera disfrutar de los mismos derechos se viva donde se viva. Ahórrense las carcajadas. En la práctica, implica el resultado de una lucha de poder encarnizada entre dos modelos: el de las   comunidades con más habitantes, que aspiran a un reparto basado en la población, y el de las despobladas, que reclaman la importancia de salvar la dispersión geográfica. En esta segunda categoría, Castilla y León y otras comunidades similares contaban hasta hace poco con el apoyo del Feijóo presidente de Galicia, pero todo hace presuponer que el ahora lídenacional de los populares prefiere apuntarse   a la estrategia de ponerse de perfil o, cuando sea menester, defender en cada territorio una cosa distinta. Solo así se explica que en su reciente discurso ante empresarios valencianos incidiera en un reparto basado en el factor poblacional, justo lo contrario a lo que defendió cuando encabezó una propuesta que aunó a siete comunidades   (Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La   Mancha, Castilla y León, Cantabria y   Extremadura) de tres partidos políticos distintos. La incógnita Feijóo se va   despejando. Cuidado.”