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“El PP abre la vía judicial contra la Ley de Amnistía: acudirá ya al TC si no se revierte la admisión a trámite”, de Marisa Cruz; “Sánchez se va a la guerra (contra los jueces)”, de Gabriel Albiac; “Estos son los cuatro «deslices» en el blindaje legal de la amnistía frente al TJUE”, de Ilier Navarro; y “Putin y el Grupo de Puebla toman el Poder en España. ¡A la resistencia!”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 22)
EL PP ABRE LA VÍA JUDICIAL CONTRA LA LEY DE AMNISTÍA: ACUDIRÁ YA AL TC SI NO SE REVIERTE LA ADMISIÓN A TRÁMITE
Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo el pasado día 22
Insiste en recordar el precedente de la proposición presentada en 2021 por ERC y el Grupo Plural que fue rechazada de plano con los votos del PSOE por considerarla inconstitucional
El PP calienta motores para desplegar en la calle, en el Parlamento, en Bruselas y ante las instancias judiciales cuantas medidas estén en su mano para frenar la proposición de Ley de Amnistía. Una norma que ayer fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso con los votos a favor de la mayoría que conforman PSOE y Sumar y el aval del nuevo letrado mayor de la Cámara que no ve en la misma indicios de inconstitucionalidad pero que, en opinión de los populares, contradice de principio a fin los argumentos mantenidos siempre por el PSOE y los miembros del Gobierno, junto al propio PP, en virtud de los cuales la figura de la amnistía no tiene cabida en la Carta Magna.
La discusión en la Mesa, el órgano rector de la actividad en el Congreso, fue particularmente larga y dura. Se impuso la decisión de las dos fuerzas que integran el Gobierno de coalición pero los populares han optado por no dar la batalla por perdida y registrarán una petición para que se reconsidere la admisión a trámite de la ley. Si su demanda no es atendida en tiempo y forma por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, el Partido Popular está dispuesto a elevar el tiro al Tribunal Constitucional planteando un recurso de amparo.
El PP, en principio, reclamó la recusación del secretario general y nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, por su procedencia directa del ámbito gubernamental -hasta dos días antes de su nombramiento al frente de los servicios jurídicos de la Cámara desempeñaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Política Territorial-, algo que, en opinión de los populares vicia su informe a favor de la calificación de la Ley de Amnistía por cuanto alguien tan estrechamente relacionado con el Ejecutivo no cumple con los necesarios requisitos de imparcialidad que exige el Estatuto de Personal de la Cámara y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
PROYECTO DEL GOBIERNO
A este argumento añaden los populares el hecho de que el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, admitiera que la Ley de Amnistía es en realidad un proyecto del Gobierno que se ha vehiculado como proposición de ley del Grupo Socialista porque el Ejecutivo se encontraba en funciones.
Más allá de las razones que expusieron para dudar del informe letrado que avala la admisión a trámite de la propuesta, el PP insiste en recordar el precedente de la proposición de amnistía presentada en 2021 por ERC y el Grupo Plural que fue rechazada de plano con los votos del PSOE por considerarla inconstitucional. Y recalcan que entonces, como ahora, «los hechos y los autores» a los que se pretendía amnistiar «son los mismos». Señalan igualmente, que en la nota letrada del actual secretario general se obvia el hecho de que el propio Gobierno en su informe a cuenta del indulto concedido a Oriol Junqueras señalaba textualmente en la página 30: «A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito».
Aducen que «ni el legislador ni el Ejecutivo pueden inmiscuirse en la capacidad de los tribunales de juzgar los delitos mientras estos existan», como sucede por ejemplo con la malversación. Y que amnistiar a quienes lo han cometido por haberlo hecho en el marco del desafío independentista y no a otras personas que hayan incurrido en él por otras motivaciones, vulnera claramente el principio de igualdad ante la ley.
El Partido Popular, en definitiva, considera que la tramitación de la Ley de Amnistía que ayer decidió la Mesa y que podría dar lugar a que el Pleno de la Cámara votara su toma en consideración en la semana del 12 de diciembre, no es sino «el precio que paga Sánchez por su investidura» y, por tanto, «está viciada por la exclusiva conveniencia del presidente del Gobierno», hasta el punto de que su partido, el PSOE, y su aliado, Sumar, no dudan en poner «la impunidad por encima de la constitucionalidad».
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2023/11/22/655cef90e9cf4a2d688b458c.html
SÁNCHEZ SE VA A LA GUERRA (CONTRA LOS JUECES) Artículo de Gabriel Albiac publicado en El Debate el pasado día 22
Sánchez ha meditado largamente su guerra contra los jueces. La hará ahora. «Siempre, en lo que mi memoria alcanza, o se hizo la guerra o se meditó cómo hacerla». En el curso de su correspondencia de 1525 con el gran Francesco Guicciardini, cerebro militar de Clemente VII, Nicolás Maquiavelo deja caer, casi a vuelapluma, esa acotación que es epítome de su obra. Carl Schmitt la recuperará, en 1932, para alzar sobre ella el búnker del Estado totalitario. Es muy sencillo, razona el gran jurista nazi. A fin de cuentas, el poder total de un político depende de una sutil ficción: convertir al adversario en enemigo; generar luego en los ciudadanos la certeza de que ese enemigo es una fuerza sanguinaria que ansía devorarlos; presentar, entonces, al Jefe, al Conductor, al Guía, al Führer, como el último muro que los separa del ogro.
La política, concluye un Schmitt pulcro lector de Clausewitz, es la variedad más refinada de la guerra: el florete, o aun el bisturí, en el lugar del aparatoso mandoble. Igual de letal, pero menos pringosa. Releamos aquel texto que, hace ahora casi un siglo, puso los fundamentos de este horror al cual llamamos hoy política: «La distinción política específica, aquella a la que pueden reducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción entre amigo y enemigo». El jurista alemán da así la bienvenida al ideal del poder en el siglo XX: donde la paz es prosecución de la guerra, y la política, ciencia del exterminio. Simbólico, cuando lo simbólico basta; material, sólo cuando se haga imprescindible.
Algunos tal vez recuerden la primera comparecencia de los entonces «jóvenes izquierdistas» Errejón e Iglesias en el Parlamento: era 2016, no hace tanto. Esgrimían, ufanos, un volumen que llevaba por título Teoría del partisano. A mí me produjo un malestar casi físico aquella inaugural declaración de principios. Pero, a la mayor parte de los comentaristas no pareció afectarles gran cosa que el nuevo progresismo tomase como estandarte el manifiesto tardío del jurista de cabecera de Adolf Hitler. Las fotos están en todos los periódicos de ese día. No hay más que tomarse la molestia de buscarlas en la hemeroteca. «La guerra de enemistad absoluta no conoce ningún acotamiento», proclama en ese libro Carl Schmitt. «Los contrincantes se empujan unos a otros hacia el abismo de la desvalorización total antes de aniquilarse físicamente». Y la aniquilación entre militantes partidarios, «se hará completamente abstracta y absoluta. Ya no se dirige contra un enemigo, sino que servirá a la imposición, llamada objetiva, de valores supremos, y estos, como es sabido, no tienen precio». Todo queda, a partir de ese punto, justificado: «Hasta la destrucción de toda vida que no merezca vivir».
El doctor Sánchez, lo sabemos, no es hombre de muchas letras. Salvo de las plagiadas. Pero, quién sabe si aquel par de jovencitos listos le contaron la fábula de Schmitt: construye un monstruo, tanto más eficaz cuanto más hiperbólicamente inverosímil; llama a los tuyos a protegerse de él; a no vacilar en aliarse con lo más obsceno, con lo más repugnante, si eso sirve para «alzar un muro» ante el monstruo. Que el monstruo se llame Feijóo o se llame Consejo General del Poder Judicial, que los aliados salvíficos sean una banda de corruptos delincuentes que huyeron de la justicia, da lo mismo. La eficacia nada tiene que ver con la verdad. Los villanos serán héroes. Y a la inversa. Y el Jefe Máximo se erigirá en único salvador de los valores supremos. De la «democracia», en este caso.
«Siempre, en lo que mi memoria alcanza, o se hizo la guerra o se meditó cómo hacerla». Sánchez ha meditado largamente su guerra contra los jueces. La hará ahora.
Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/20231122/sanchez-guerra-contra-jueces_155272.html
ESTOS SON LOS CUATRO «DESLICES» EN EL BLINDAJE LEGAL DE LA AMNISTÍA FRENTE AL TJUE
Artículo de Ilier Navarro publicado en La Razón el pasado día
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El terrorismo, la euroorden, los fondos europeos y el Estado de derecho son las principales debilidades jurídicas ante una cuestión prejudicial en Europa. El juez que investiga por terrorismo a Tsunami ve indicios para imputar a Puigdemont
La redacción del texto de la proposición de ley de amnistía, base fundamental para el acuerdo de investidura entre Junts, ERC y el PSOE, se ha cuidado al detalle y muestra claros «blindajes» legales en su articulado frente a las actuaciones desde Europa, con un énfasis especial en las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Aunque habrá que esperar a la redacción final de la ley que entre en vigor, tal como está planteada a día de hoy, existen cuatro debilidades legales en su contenido que permitirían la actuación desde el tribunal. Estos «vacíos» o «deslices» tienen relación con los delitos de terrorismo, la euroorden, la malversación de fondos europeos y el Estado de derecho, tal como señalan varios juristas. «Esto es como intentar hacer trampas con la redacción, pero los jueces lo leerán y no será dificultoso encontrar elementos prejudiciales», señala una abogada experta en Derecho de la Unión Europea.
Uno de los primeros puntos es el relacionado con el terrorismo. Cuando habla de las exclusiones, el texto deja fuera los actos que se encuadren en este delito. «Dice que los únicos actos que están incluidos en la amnistía son los que no tienen sentencia firme; por lo tanto, si los hechos se están investigando o están en apelación, sí se aplicaría», destaca Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). A su juicio, esta medida no tiene justificación porque no hay sentencias firmes por terrorismo; sin embargo, hay un procedimiento abierto en el que se han visto indicios de este delito. Es el que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón contra Tsunami Democrátic por el bloqueo de infraestructuras estratégicas y el fallecimiento de una persona en el marco de las protestas que se dieron en Barcelona por la sentencia del procés. El magistrado investiga a la dirigente de ERC Marta Rovira y ve indicios para investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en esta causa.
«Solo si se demostrase que ha habido una actuación relacionada con terrorismo, habría más argumentos para pedir una cuestión prejudicial, pero yo lo veo complicado», señala Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que cree que la investigación no tiene la solidez suficiente. El juez García-Castellón se basó en un informe de la Guardia Civil para iniciar estas actuaciones. . «Ha hecho una diligencia de investigación, porque sigue en proceso de instrucción; por consiguiente, está incluido dentro de la amnistía al no haber sentencia firme», es la conclusión que extrae el representante del ICAM. Esto daría pie para plantear una cuestión prejudicial, es decir, una consulta al TJUE por parte de un juez español sobre cómo se debe interpretar una norma. El tribunal aclara el asunto y es el juez nacional el que resuelve. Cabe recordar que la legislación europea es especialmente sensible frente a este tipo delictivo.
Otro blindaje que muestra debilidades es la exclusión del delito la malversación vinculada a los fondos europeos, al que no se aplicaría la medida de gracia. «Para evitar que la cuestión prejudicial pueda ir por ahí, excluyen expresamente la malversación que tenga que ver con intereses económicos de la UE», apunta Dorrego. Sin embargo, ven poco recorrido a esta precaución en la redacción. «Se busca eliminar la posibilidad de que se contravenga la legislación europea, pero si se trata de fondos públicos, están protegidos igualmente», sostiene Vázquez.
Un aspecto que también se tambalea desde el punto de vista legal es la suspensión de la euroorden. En la proposición se dejan sin efecto, por lo que puede contravenir la regulación europea, que deja esa facultad en manos del juez. «En esta ley se le está esta función atribuyendo al legislador español. Pero es el juez el que la tiene que desactivar», recuerda Dorrego. Según Vázquez, «este es el apartado donde el texto del PSOE es más débil” y recuerda que en los delitos de malversación que están pendientes, la euroorden no se puede levantar. Otras fuentes jurídicas también creen que en este punto hay más posibilidades de un pronunciamiento desfavorable por parte del TJUE si el juez del caso plantea una prejudicial.
También ha causado polémica la obligación que establece para los jueces, que deben dejar sin efecto las medidas cautelares, incluso si plantean una cuestión de inconstitucionalidad. En este escenario, lo habitual es que se paralice el procedimiento y se mantengan las medidas dictadas por el juez. «No se han atrevido a plantear esa misma restricción en el caso de una cuestión prejudicial ante el TJUE porque el Tratado de Funcionamiento de la UE establece que siempre hay que dejar en suspenso el procedimiento nacional hasta que el tribunal resuelva», opina Dorrego. Esta medida afecta a la potestad de los jueces, que ampara la Carta Magna, por lo que se puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Otras fuentes creen que esta medida vulnera la cláusula del Estado de derecho del Tratado de la Unión Europea (TUE), en su artículo 2. También se vulnera, según Dorrego, con la admisión a trámite de la proposición por parte de la Mesa del Congreso, después de que rechazara tramitarla anteriormente. El abogado cree que «lo que no puede ser es que el Parlamento español califique jurídicamente la amnistía como algo palmariamente inconstitucional en 2021 y, al cabo de unos meses ,diga que sí es constitucional», recalca. Para él, esta no es una decisión administrativa, sino de carácter jurídico.
Cualquiera de las vías que se planteen mirando a Europa deben iniciarse a partir del texto definitivo de la ley de amnistía. Será entonces cuando cualquier juez de cualquier instancia podrá plantear una cuestión prejudicial. En este sentido, aquí también entra en juego la dimensión cuantitativa: dependiendo del número de magistrados que planteen la cuestión prejudicial, el asunto adquirirá mayor relevancia de cara al TJUE, señalan los expertos. «Hay que tener en cuenta que el primer juez europeo se encuentra en territorio nacional», concluye otra de las fuentes, que subraya que cuando el Estado de derecho falla en algún país, las instituciones europeas y el TJUE deben actuar para corregir esas disfunciones.
PUTIN Y EL GRUPO DE PUEBLA TOMAN EL PODER EN ESPAÑA. ¡A LA RESISTENCIA!
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 19, no soltar el Poder.
El golpe de Estado en España perpetrado por Sánchez y su caterva de etarras, golpistas catalanes y comunistas cubano-argentino-bolivarianos no es sólo un problema español, sino internacional y de una envergadura que no se veía desde la invasión de Ucrania por Putin. Cuando Ursula Von der Leyen y Charles Michel corrieron a felicitar a Sánchez por su triunfo contra media España, no sólo insultaron a la otra media, sino que, necia y necio, saludaban la creación en el cuarto país de Europa no de un gobierno salido de las urnas sino de un régimen que estará tutelado por Putin y el Grupo o Cartel de Puebla que dirige Lula, su fundador con Fidel Castro poco después de la caída del Muro y para compensar la desaparición del imperio soviético. Y es urgente que, como Zelenski hizo en Ucrania, la España leal a su legalidad y a la de la UE sepa dar a nuestra tragedia, que ya lo es, la visibilidad internacional necesaria para combatirla y derrotarla.
Una sesión parlamentaria como las últimas de 1936
La investidura de Sánchez fue más bien una embestidura en el estilo del Cártel de Puebla, narcoheredero fraterno con Putin de la URSS. No hubo programa de Gobierno sino ataques a la Oposición, a la Constitución, a la propiedad privada, que ellos llaman empresarios, a los medios y al Rey. Los ataques se repartieron entre las bandas que juntas y revueltas, llegan al Poder. La del partido de la ETA fue la más clara y la más parecida al tono criminal de la Pasionaria. El macarrilla de Santa Coloma el más trilero, el del PNV, con la hoz y el martillo como imposible volante del viejo tractor, casi el más patético, sólo superado por la portavocecilla canaria, que dijo estar contra la Ley de amnistía, precio de la investidura, y votó a favor. Y la intervención más importante, junto a la etarra, fue la de la embajadora de Pusdemón, como llama la gente al heroico fugitivo del maletero de Soraya.
Nogueras dijo que Sánchez no tiene palabra, que sólo lo mueve el Poder y que sólo para impedir un gobierno del PP busca los votos de Junts. Pero le recordó todo lo firmado con ellos: el reconocimiento de la nación catalana y su derecho a la secesión, vía referéndum, y aunque lo votó, dejó claro que lo dejará caer en cuanto se aparte de lo pactado. Sánchez será, es ya, un presidente presidido por la ETA y por los golpistas. Y los comunistas de Sumar, antes Podemos, lo jalearon porque ahora el jefe social-comunista es Sánchez, como Largo Caballero, el llamado «Lenin español» en 1936.
La sesión de investidura de Sánchez recordó a la última de 1936, tras el asesinato de Calvo Sotelo por la escolta del socialista Prieto pero que el Gobierno de Casares, que se proclamó «beligerante contra el fascismo», se negó siquiera a investigar, ignominia que precipitó el Alzamiento. La soflama de la portavoz de la ETA recordó las de José Díaz o La Pasionaria a Calvo Sotelo, poco antes de matarlo: «Su señoría morirá con los zapatos puestos». Y la bildutarra no anunciaba el futuro, sino el presente de cientos de asesinatos y doscientos mil vascos expulsados de su tierra. No amenazan como ayer. Proclaman el triunfo, hoy, del terrorismo contra los españoles, por el hecho de serlo. El nuevo paso para subvertir el orden constitucional que Sánchez ha jurado defender ante el Rey, ya ha sido anunciado por Junts y ERC, y respaldado por la ETA: comisiones (soviets) parlamentarios van a juzgar a los jueces que hayan condenado a separatistas por actos terroristas. Porque eso es la amnistía: el separatismo anula el delito y condena al juez. Los tribunales populares de la II República que citaba el último domingo.
¿Y esto no les importa a los votantes del PSOE? En absoluto. La indiferencia moral de los votantes de izquierdas recuerda a los de 1936, cuando desde principios de julio, los chequistas, respaldados por el gobierno, torturaban, violaban y asesinaban por el delito de ser de derechas o haber votado contra los que en febrero robaron las elecciones. A los votantes del PSOE de hoy, tan amorales como los de ayer, les da igual la Ley de Amnistía, que negaban por anticonstitucional. Ahora juran que es fiel a lo que los españoles, en 1978, votamos en masa. Pero a la vez dicen que no hay que cumplir la Constitución, sino «interpretarla» según convenga al Gobierno. Los sociatas han alcanzado el nivel moral de los de la ETA, los golpistas y los comunistas. Para ellos lo sustancial es no dejar que gobierne la derecha, o sea, no soltar el Poder. Y ahora dirán que el referéndum de secesión, que antes negaban, es el triunfo de la democracia. ¿Las leyes? ¡Bah! Lo importante es que manden los nuestros. Como sea.
El alineamiento internacional de Sánchez contra Occidente
Hasta ahora, Sánchez había jugado a dos bandas en política exterior, con la UE contra Putin y con los de Puebla en favor de Maduro. Ahora ya no puede hacerlo. Por sus alianzas, que son dependencias, apoyará a Putin contra Ucrania, de manera solapada; y, abiertamente, a Irán y Hamás contra Israel. De hecho, lo primero que dijo en la investidura fue que reconocerá «un Estado palestino». Como si ese Estado no lo hubiera creado la ONU en 1947, con el de Israel, y no fueran los países árabes los que han impedido su existencia porque eso les obliga a reconocer el estado judío. Y cuando los USA habían conseguido ese reconocimiento por Marruecos y estaba a punto de lograrlo con Arabia Saudí, Teherán soltó a la jauría de Hamas.
De inmediato, los comunistas en el Gobierno salieron a la calle para apoyar a degolladores de bebés, violadores, torturadores, secuestradores y asesinos. Gravísimo es el antisemitismo en toda Europa. En España está en el Gobierno. Al Eje Moscú – Pekín – Teherán – Caracas hay que añadir Madrid.
Un gran acierto en la masiva manifestación de ayer en Madrid, que representó en sí misma un millón de aciertos, fue invitar al diputado Paolo Rangel, del Partido Socialdemócrata portugués, más liberal que socialista, y que gracias al liderazgo y quizás el martirio de Sa Carneiro –muerto en un sospechoso accidente de avión– devolvió a los militares a los cuarteles y llevó al poder un proyecto democrático que rescataba la propiedad de los claveles soviéticos y abría Portugal a su integración en la Unión Europea.
Los problemas de España son de Europa
Rangel, con la emoción que el acto requería, dijo que «la amnistía no es un problema de España, es un problema de Europa»; y que «en toda mi vida como jurista, como político, como ciudadano, nunca he visto una democracia en la que se pueda aceptar que los parlamentarios vayan a fiscalizar a los tribunales y al poder judicial». Lo que nos lleva de nuevo a Europa. Fue un acierto de la organización que hubiera muchas banderas de la UE junto al mar de banderas de España, que apenas nadie lleva ya otra. Europa debe saber que lo que defiende España no es sólo su libertad sino la de todos los europeos, y que, si la corrupta burocracia de las renovables acepta la dictadura de Sánchez, como los cobardes obispos de Omella, hay una parte de Europa, la mejor, la de las libertades, que es la nuestra y la que siempre nos defenderá. Hay que hacer todo lo posible para que eso quede claro para las opiniones públicas de un continente desorientado y putinesco.
Los discursos estuvieron muy bien, aunque deberían haber empezado media hora más tarde, cuando la gente hubiera acabado de llegar. Sobre todo, me gustaron el de Alonso Trapiello y el «non serviam» del luciferino Savater, aunque sólo de aspecto, porque el Malo de verdad pernocta con los murciélagos en las cavas del Vaticano. Añadió que toda España es nuestra, y que la necesitamos para poder ser ciudadanos libres e iguales ante la ley. La alternativa de Sánchez es una dictadura plurinacional, tutelada por Putin y que destruiría las tres instituciones que, con Savater, aclamó el millón de corazones con cerebro: «¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey!
¡Y viva la Libertad, y abajo el Felón, Putin, los de Puebla y su frutísima madre!