Agricultores contra las macroplantas solares

Por José María Arévalo

(Estación fotovoltaica)

El pasado marzo publicaba la prensa la noticia de que el Gobierno había dado el visto bueno ambiental a 182 macroparques eólicos y solares desde principios de 2022 y las comunidades habían autorizado 1.236 más pequeños, por lo que se pronosticaba que España vivirá un bum en los próximos dos años, lo que está creando tensiones, ya que el número de macroparques se puede multiplicar por siete en dos años.

En Castilla y León ya en 2021 cundía la alarma, pues había en trámite 87 macroplantas solares con 9,5 gigavatios y 4.200 millones de inversión, con una superficie a ocupar que superaba las 20.000 hectáreas. Valladolid acaparaba de ellas, 36 con casi tres gigavatios y 1.264 ME. Así que las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) pidieron normas a la Administración para que se instalen en suelos de uso no agrario.

El debate sobre la sostenibilidad de los macroparques fotovoltaicos gana fuerza cuanto más se acumulan los proyectos en tramitación, impulsado por la reacción de alarma  de los agentes del campo. Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) advierten de que la  construcción de grandes «campos  de espejos» está restando superficie  de cultivo, y piden a las administraciones que limiten estas instalaciones a terrenos improductivos.

El Ministerio para la Transición  Ecológica y el Reto Demográfico  (Miteco) tramitaba aquel año  los proyectos de 87 estaciones fotovoltaicas a lo largo y ancho de las 9  provincias, con Valladolid a la cabeza, que acaparaba 36 de ellas. Le seguían León, con 17, y ya a distancia  Palencia, con 7. Todas ellas sumaban una potencia pico de 9,48 gigavatios,  algo así como la producción de nueve reactores nucleares. La inversión  prevista era astronómica, nada menos que 4.193 millones de euros. Y  eso solo las que tramitaba el Miteco,  que se reserva las de más de 50 MW.  La Junta de Castilla y León, por su  parte, tenía otras 20 en proceso de  tramitación, y si se tienen en cuenta  las instalaciones de autoconsumo y  las que tramitan las diputaciones, la  suma era de varios centenares.

El debate está en cuánta superficie puede restar la producción de energía a la producción de alimentos. La media era en 2021 de algo más de dos hectáreas por megavatio, por lo que los proyectos tramitados por el Miteco acapararían ya unas  20.000 hectáreas. A eso habría que unir la potencia ya instalada en la Comunidad, que sumaba 1,01 gigavatios, o 1.010 megavatios, algo más de 2.000 hectáreas.

¿Eso es mucho o poco? Los terrenos reservados a barbecho en la Comunidad sumaban en 2021 unas 500.000 hectáreas. Se quedaban sin cultivar por las disposiciones de la PAC –un suelo  recuperado entonces mediante una norma temporal para la  producción, sobre todo, de girasol,  por la situación bélica en Ucrania–.  Es decir: el problema no está en el suelo que necesitan, sino en dónde se instalan. Hay suelo de  sobra en Castilla y León, la Comunidad más grande de España, una  de las regiones más grandes de  Europa, y con una baja densidad  de población.

«Terrenos baldíos  hay de sobra, colóquense ahí»,  aseguraba el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.  Sin embargo, es difícil frenar ese  ‘tsunami’ que resta terrenos de cultivo para destinarlos a la producción de energía. No solo porque supone enfrentarse a los intereses de las compañías eléctricas, y paradójicamente, a una Administración volcada en las ‘agendas verdes’ de  Europa y en la ‘transición ecológica’.

También implica la difícil tarea de convencer a los agricultores de que renuncien a percibir entre 1.000  y 1.200 euros por cada hectárea que  arrienden a esas compañías. Eso supone mucho más rendimiento de lo que les reportaría cultivarla.  Así, las compañías les prometen esas rentas y muchos de ellos dejan de alquilar esos terrenos a  los agricultores, que no pueden  cultivar. En la mayoría de las ocasiones, la compañía instalará su estación años después en otro lugar. Mientras, se habrá perdido todo ese terreno de cultivo.

Asaja ha pedido a las  administraciones y en especial a los  ayuntamientos que «sean prudentes  y no den pasos en falso antes de dejarse embaucar por proyectos de  macroparques solares que acarrean  la expulsión de agricultores y ganaderos de tierras comunales tradicionalmente dedicadas a esta actividad». La Organización Profesional Agraria se refiere a los casos  en los que las tierras son de titularidad municipal para el uso vecinal.

En 2021 la  Junta Agropecuaria Local de Paredes de Nava, Palencia, recibió el respaldo del Tribunal  Superior de Justicia de Castilla y León, que rechazó que el Ayuntamiento de la localidad palentina «expulse a setenta agricultores que trabajaban desde tiempo inmemorial  unas fincas comunales». Se trataba  de acotar cerca de 500 hectáreas, casi la mitad de una superficie comunal. Asaja pedía que esta sentencia «sea acatada y sirva de modelo  para otros casos muy similares que  se están fraguando en el territorio  de Castilla y León, y haga recapacitar a los ayuntamientos antes de emprender estos proyectos».

Por su parte, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) salió en su momento al paso de la actualización de la zonificación ambiental  para proyectos de energías renovables publicado por el Miteco. La Organización Profesional Agraria  critica que «siga sin tener en cuenta  la variable agraria para identificar la  idoneidad de estos proyectos».  La organización declaraba que «comparte la  necesidad de aumentar la producción de energía renovable en España, pero no a costa de la actividad  de los agricultores y ganaderos».  UCCL defiende un crecimiento  «atenuado y racional de la producción energética de fuentes alternativas, con visión de conjunto, salvaguardando las zonas de alto valor  natural y de interés agrario y priorizando la instalación de los parques de energía en zonas improductivas, menos productivas o,  cuando sea posible, urbanas».