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“¿Por qué desmanteló Marlaska la unidad de élite anti-narco?”, de Luis Losada; “Juristas e intelectuales advierten: la amnistía `legitima la violencia política´”, de Ilier Navarro; “Puigdemont pone contra las cuerdas a Sánchez con un desafío a la Constitución”, de Maite Vázquez del Río; y “Marlaska y Sánchez, los mejores amigos del narco”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 15)
¿POR QUÉ DESMANTELÓ MARLASKA LA UNIDAD DE ÉLITE ANTI-NARCO?
Artículo de Luis Losada publicado en Actuall el pasado día 15
Desde Jucil se preguntan a quien beneficia el desmantelamiento; el ABC dice que fue por razones presupuestarias. La verdad es que lanzan a nuestros hombres a hacer teatro arriesgando sus vidas. Marlaska se atrinchera y el gobierno apuntala su atrincheramiento.
Hacía menos de dos años Grande-Marlaska decidió suspender la unidad de élite OCON Sur de la lucha contra el narco en el estrecho de Gibraltar. ‘Casualidades’ de la vida, horas antes de los fatales acontecimientos, Marlaska se auto felicitaba por los éxitos alcanzados. Poco después, la realidad le hizo despertar de su letargo.
Desde Jucil se preguntan quién se beneficia con la eliminación del grupo de élite antidroga. Sugieren una suerte de colusión del gobierno con el narco. O quizás un pago de favores a Marruecos.
El ABC -sin embargo- explica este martes que el desmantelamiento se produce por cuestiones presupuestarias. El personal estaba en comisión de servicios (más costoso) y los medios para combatir el narco no son baratos. Ni una palabra del cierre a la Fiscalía ni a los jueces… La pregunta que cabe hacerse es si es más barato no hacer nada y convertir a España en un narco-estado.
Y la siguiente pregunta es si es eficiente y digno tratar de disimular como si estuviéramos haciendo algo. «Sal al agua y que te vean», fue la orden que recibieron los guardias, según El Debate O sea, haz el paripé y a ver si hay suerte, se asustan, se vana aguas internacionales y evitamos la responsabilidad y el bochorno. ¿Y la eficacia?, ¿a nadie le importa que nuestras costas se hayan convertido en un supermercado de la droga?
¿A nadie le importa que nuestros hombres en lugar de trabajar estén haciendo teatro? Esto es lo grave. Que a nadie le importa. Que a nadie parece importarle la impunidad de los delincuentes. Que la imagen del presidente o la represión de la disidencia son más prioritarias. Que la humillación de enviar a nuestras fuerzas a hacer el paripé no importa. Aunque corran peligros sus vidas. Son sus vidas, no las nuestras…
Por eso es tan indigno el atrincheramiento de Marlaska. No le han bastado dos muertos. Ni el rechazo de una viuda. Ni la indignidad de optar por el teatro en lugar de por la eficacia policial.
No nos merecemos un gobierno que trate de payasos a nuestros policías. No son ‘piolines’. Son nuestros custodios de la paz y el orden. Y se respetan.
Artículo en: https://www.actuall.com/democracia/por-que-desmantelo-marlaska-la-unidad-de-elite-anti-narco/
JURISTAS E INTELECTUALES ADVIERTEN: LA AMNISTÍA «LEGITIMA LA VIOLENCIA POLÍTICA»
Artículo de Ilier Navarro publicado en La Razón el pasado día 14
Se ha presentado el libro «La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho”, que compila 78 artículos firmados por 66 juristas. «La ley de amnistía que se está tramitando en las Cortes es completamente rechazable» desde el punto de vista jurídico y político, porque la redacción la proponen «los propios amnistiables» y nace deslegitimada porque responde a un interés particular: es un «pago» por los votos necesarios para la investidura. Esta es la idea que ha estado detrás de la presentación del libro «La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho” (Editorial Colex), que compila 78 artículos firmados por 66 juristas e intelectuales que cuestionan el impulso de una ley que es contraria a la Carta Magna.
En la sede de la Fundación Carlos de Amberes, estuvieron los tres directores de la publicación Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional; Enrique Gimbernat, catedrático emérito de Derecho penal de la Universidad Complutense; y Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Granada. Para Aragón, esta norma es un «ejemplo palmario de corrupción política» porque es «radicalmente inconstitucional y difícilmente compatible con el Derecho de la Unión Europea». Al analizar el contexto en el que se ha desarrollado su tramitación y los señalamientos a los magistrados, recordando los episodios en la sede del Legislativo. «La trapacería alcanza cotas de auténtica indignidad» y denunció el asedio constante al Poder Judicial.
Gimbernat ha destacado que el artículo 62 de la Constitución prohíbe los indultos generales, que es la norma de menor rango, por lo tanto, mucho menos están permitidas las amnistía, que tiene un rango mayor y unos efectos más amplios. También criticó la proposición de ley desde las primeras páginas, desde la exposición de motivos porque tiene «argumentos penosos, que van en contra del “ABC” del Derecho», señaló, porque vulnera el principio de igualdad al aplicarse a modo de ley singular. Tal como explicó, las constituciones europeas que citan quienes defienden esta amnistía no prohíben los indultos generales y aclaró que las interpretaciones son distintas porque cada país tiene su historia. «Esta amnistía, en Alemania, sería imposible», concluyó. Después intervino Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, que explicó que las enmiendas que han ido cambiando el texto según las decisiones judiciales que se han conocido refleja que detrás de esta norma «no hay un interés general, sino que hay unos intereses particulares». Y recordó las vulneraciones al Estado de derecho, con un exceso en el uso de la legislación de urgencia y de la proposición de ley, que esquiva algunos controles habituales a estas normas.
Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, destacó la falta de dictámenes detrás de esta norma, un trámite que se ha esquivado a propósito porque «se teme, con razón, que esos informes puedan poner pegas» ya su contenido y eso es lo que ha justificado que se haya impulsado su tramitación mediante una proposición de ley, sin las garantías de un procedimiento legislativo ordinario. Y avanzó que nunca antes se había dado una «previsibilidad» tan acusada en las decisiones del Tribunal Constitucional (TC).
Por su parte, Juan Luis Cebrián, exdirector del diario El País, recordó que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, defendieron que la amnistía era inconstitucional. Y aseguró que actualmente se da un fenómeno peligroso que consiste en «pervertir y poner la democracia al servicio del gobernante». La amnistía no se puede permitir porque es «absolutamente inmoral» y advirtió que «si no hay moral en la democracia, no hay democracia», puntualizó. «Lo que hace esta ley de amnistía es legitimar la violencia política», añadió. Y en relación al «terrorismo bueno o débil», ironizó que España será «un lugar fantástico de refugio de todos los terroristas del mundo».
Por último, el filósofo Fernando Savater recordó que «son ellos quienes tienen que pedir que se les amnistíe y venir a reconciliarse con España. España no tiene que reconciliarse con ellos». Lo contrario, ha dicho, es un disparate y escapa de toda racionalidad.
PUIGDEMONT PONE CONTRA LAS CUERDAS A SÁNCHEZ CON UN DESAFÍO A LA CONSTITUCIÓN
Artículo de Maite Vázquez del Río publicado en Moncloa.com el pasado día 12
«El apoyo de Junts a los Presupuestos se ganará día a día», así había advertido el líder de Junts, Carles Puigdemont, a principios de noviembre de 2023, en plenas negociaciones con el PSOE para apoyar la investidura. Su amenaza se ha convertido en realidad. Durante el debate del techo de gasto en el Senado, que como estaba previsto fue tumbado por la mayoría absoluta del PP, Junts lanzó su nueva exigencia: más dinero para Cataluña.
Josep Lluís Cleries, el portavoz de Junts en el Senado, lanzó el primer aviso a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «nuestro voto para los Presupuestos con esta forma de hacer no lo obtendrán». El senador, insistió en que Cataluña «está mal financiada» por el Estado, además de ser «víctima» de un déficit fiscal que «fuera de toda lógica sobrepasa los 20.000 millones», lo que supone una asfixia económica, al tiempo que reclamó ver publicadas las balanzas fiscales. Su conclusión fue que el Estado «siempre ha perseguido hundirnos como país».
Pidió para Cataluña que el 9% de inversión se eleve un 16% (por criterio de población) o el 19% (por criterio de aportación de riqueza al PIB español). Sin embargo, este intento ya fue rechazado en 2010 cuando el Tribunal Constitucional explicó, apoyándose en el artículo 138.6 de la Constitución, que «la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas».
En la sentencia de 2010, el Constitucional argumentaba su rechazo a esa petición de más financiación, al decir que el principio de que no haya efectos discriminatorios con el resto de las autonomías deberá, además «respetar plenamente los criterios de solidaridad enunciados en el artículo 206 de este Estatuto», que había sido aprobado en 2006. El precepto parece presuponer, a juicio de los actores, que el art. 138.2 CE prohíbe los efectos discriminatorios negativos para una Comunidad, lo cual no se compadece con el concepto de «privilegio».
Puigdemont ya conoce la inconstitucionalidad de su petición; sin embargo, quiere poner contra las cuerdas a Sánchez, ya que de momento no ha logrado nada de su acuerdo de investidura. Por este motivo, y pese a las reuniones a las que había asistido María Jesús Montero con Junts para recavar su apoyo a los Presupuestos, ahora se encuentra que lo que le piden es algo que va contra la Constitución porque discriminaría al resto de las autonomías y convertiría a Cataluña en la única región privilegiada, tirando por tierra los criterios de solidaridad. Según proclamó la sentencia del Constitucional hace ya 14 años.
Junts apoyó el techo de gasto de Montero en el Senado, pero ya era un voto condicionado a lo que haga en los Presupuestos. Las razones esgrimidas por el senador de Junts es que la «forma de hacer del Gobierno, el todo a cambio de nada que han practicado, se ha acabado». A continuación, ha explicado el precio que pedirá por su voto a los Presupuestos. Tras descartar que la comunidad catalana pertenezca a «ningún bloque español», criticó la partida presupuestaria que asigna un 9% del total de la inversión a Cataluña.
Ese 9% asignado -continuó explicando Cleries- ni se corresponde con el 16% de la población española que vive en Cataluña, ni con el 19% del PIB que genera de riqueza en el conjunto del país. Tras ofrecer estos porcentajes, el senador de Junts, lanzó su pregunta a Montero: «¿Esto es justo?». Y fue más allá con sus datos, en su eterna comparación con Madrid. «Su Gobierno ejecutaba solamente un 35% del presupuesto asignado, mientras que en Madrid ejecutaban un 184%».
Por último, Cleries recordó la sempiterna queja de los independentistas, al recordar a Montero que esos datos demuestran que su voto ha sido a cambio de nada, porque la situación financiera de Cataluña sigue siendo la misma, y por ello, aseguró con rotundidad que «no nos sentimos parte de este Estado que nos ahoga en cada decisión que toman».
De esta forma, Montero ha regresado a su ministerio con todos los deberes por hacer. Deberá consultar a Sánchez qué hacer con esa petición inconstitucional, porque ya los expertos legales de Moncloa y Justicia están ocupados en buscar todos los vericuetos para sacar adelante la ley de amnistía, que en muchos casos bordea las líneas rojas.
Con el techo de gasto rechazado por el Senado, deberá reelaborar sus objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Es su segunda y última oportunidad. Si vuelve a ser rechazada su propuesta (el PP le ha puesto como condiciones que añada nuevas medidas como la reducción del IVA a carne, pescado y productos enlatados), entonces tendrá que echar mano de los datos de abril de 2023.
Montero ya ha advertido a los populares que si se mantienen los objetivos de estabilidad del pasado ejercicio saldrán perjudicadas las comunidades autónomas. La vicepresidenta ofrece un Plan de Reequilibrio dirigido a todas las administraciones públicas y cada subsector para el periodo 2024-2026. A la vista de esta primera votación en el Senado no parece que vaya a ser factible.
Su segundo punto negro para los Presupuestos Generales del Estado de 2024 es la posición que mantendrán sus socios, tanto de Gobierno como de investidura. Con Yolanda Díaz ya ha comenzado las primeras negociaciones, ya que la líder de Sumar y compañera de Gobierno, no va a regalar su voto por nada. Ante las últimas discrepancias surgidas entre las políticas de Gobierno y Sumar, Díaz ya ha pedido una reunión urgente para limar asperezas. En esta reunión, si se produce y a Montero le interesa que así sea, seguro que se hablará de las cuentas públicas de este año y su aprobación.
MARLASKA Y SÁNCHEZ, LOS MEJORES AMIGOS DEL NARCO
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 11
Es natural que un gobierno cuyos componentes, PSOE y Podemos-Sumar, pertenecen al cartel de Puebla, no haga nada contra el narcotráfico. Al fin y al cabo, la cocaína que llega a Algeciras viene de Colombia y Venezuela, países fundamentales de esa Komintern de la Coca. Sin embargo, lo que ni siquiera en Colombia ha sucedido es que se deje a la policía rural, aquí la Guardia Civil, sin medios materiales no ya para poder perseguir el crimen, como debería ocurrir, sino, al menos, para defenderse.
Los asesinatos de Barbate, jaleados desde el muelle por una escoria humana acostumbrada a la impunidad de los narcos y a los que la Fiscalía, si sirviera para algo decente, debería perseguir por su complicidad en el delito, han causado consternación en los españoles, aunque menos que enterarse de las penosísimas condiciones en que les obligan a vivir, es decir, a morir, a nuestros agentes el infame ministro del Interior, Marlaska, y su amo Sánchez. Mientras se derrocha el dinero en toda clase de mamarrachadas contra el cambio climático, que evidentemente no está al alcance del hombre ni frenarlo, ni revertirlo, los guardias civiles tienen que luchar contra las poderosas narcolanchas con unas modestas lanchitas, y hasta se pagan ellos los chalecos salvavidas. Hay dinero para la secta de los Goya, pero no para proteger la vida de los que nos protegen; la policía y la guardia civil.
La víspera del crimen, Marlaska negaba cualquier ayuda
Entregado al cuidado y engorde de etarras, y no para su sacrificio, el juez mutante en lo más parecido a un delincuente se negó sólo unos días antes del horroroso crimen a reconocer cualquier tipo de carencia material, y hasta presumió, después de habar disuelto la unidad que coordinaba la lucha contra el narcotráfico, de que la seguridad en la zona estaba más que asegurada. La seguridad de los criminales, sin duda, ya lo hemos visto. La de los que luchan contra ellos, en absoluto, como hemos visto también. La verdad es que no se sabe qué resulta más repugnante en los pomposos, vacuos y flatulentos discursos de Marlaska: su incompetencia o su fatuidad.
Hacienda ha recaudado más que nunca en los últimos ejercicios. Pero mientras se sube por tercera vez el sueldo a los funcionarios en general, a los funcionarios particularmente necesitados, que son los que forman parte de las fuerzas del orden no se les hace el menor caso. Se ve que el Cartel de Puebla considera de mal gusto obstaculizar su lujoso modo de vida, que es el tráfico de drogas, y Marlaska no quiere molestar a ese sanedrín del delito comunista en el que militan Zapatero, Yolanda, Irene Montero o Sánchez. No pertenece a esa masonería roja por fuera y blanca por dentro el ministro del Interior, pero la sirve como si perteneciera. La zona más vulnerable de España en lo que al narcotráfico se refiere es el área del Estrecho. Y las quejas de los que allí deben enfrentarse a un enemigo tan poderoso son tan continuas como desoídas. Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil llevan años y años pidiendo medios suficientes para cumplir la misión que el Estado les encomienda, pero el Gobierno de turno no les hace ni caso. Y este Gobierno en concreto parece disfrutar humillándolos.
La desatención material refleja una total indiferencia política, que a su vez tiene sus raíces en la ideología progre, feroz enemiga del tabaco, pero devota de la religión del porro, cuyas cualidades benéficas predica, por más que resulte contradictorio y estúpido. ¿Es que la marihuana, que se empeñan en llamar medicinal, no estropea los pulmones y las arterias? Las plantaciones clandestinas y toleradas están ya tan mezcladas que no se sabe si son una cosa u otra. Y como se demuestra en el caso de Barbate, no hay forma de separar el tráfico ilegal de marihuana, el de cocaína, el de heroína, los opiáceos, las drogas de diseño o el temible fentanilo, que ha sembrado de zombis las principales ciudades norteamericanas y empieza a venderse en Europa, proveniente del Este y con Barcelona como estanco predilecto. Los okupas allí son inqui-okupas que se instalan en narcopisos. Pronto, los muertos vivientes del fentanilo invadirán las Ramblas, y a ver a quién le echan la culpa en Cataluña, porque con Sánchez en Madrid, les cuesta más.
Hay que cambiar de raíz la política sobre las drogas
La tolerancia, no exenta de corrupción política y administrativa, que la Unión Europea ha mantenido sobre las drogas, ha producido una subida brutal de la inseguridad ciudadana, hasta el punto de hacer invivibles países tan supuestamente avanzados, democráticos, modelos de respeto al Estado de Derecho, como Suecia, los Países Bajos o Bélgica, entre muchos otros.
Ya nos hemos referido alguna vez al escándalo de que la heredera del trono de los Países Bajos tenga que vivir en Madrid, porque allí no puede ir a la Universidad. Los diputados holandeses -no sé el gentilicio nuevo, será peor- tampoco van ya al Parlamento o la oficina en bicicleta. Ochenta de ciento veinte, aproximadamente, necesitan protección personal y familiar las veinticuatro horas del día. La mocromafia, que desde los puertos de Rotterdam y Amsterdam reina en el país, está estrechamente ligada a Putin, y se le ha atribuido la orden de asesinar a Vidal Quadras.
En Suecia, el nuevo Gobierno ha emprendido una reforma constitucional que durará casi dos años y que limitará los beneficios del Estado de Derecho para los delincuentes, a los que les sobra para abogados el dinero que, también allí, le falta a la policía. Dinamarca ha decidido destruir los grandes edificios de viviendas sociales, porque son, sin duda, guaridas del narco en las no entra la policía. Eso ha pasado en cincuenta distritos de Suecia, en la que la desmoralización de los policías es tal que sólo uno de cada tres quiere seguir en el cuerpo. Y Bélgica, todavía peor. Del Moellenbek salen los islamistas a matar en París y vuelven a casa tan tranquilos. Allí, pero también en Cataluña, se casa a menores con ancianos, reina la sharía y la policía no osa molestar la diversidad multicultural que tan bien viene a los islamistas, los narcos, y los traficantes de humanos.
Inmigración ilegal y narcotráfico
El tráfico de inmigrantes ilegales es la vía más segura para el tráfico de drogas. Instalados en un entorno delictivo, nada les pueden negar a las mafias que, en el país de origen, tienen a sus familiares como rehenes. Y con Marlaska y Sánchez, el tráfico de inmigrantes ilegales ha encontrado en España el último y trascendental eslabón de su infame negocio.
Gracias al voto de Coalición Canaria, de inmediato traicionado por Sánchez, Marlaska suelta, como si de lobos se tratara, a miles y miles de ilegales africanos por todas las ciudades, grandes y chicas, de la Península. Por supuesto, eso no impide que muchos se escaqueen y se queden en Canarias, pero unos y otros están a merced de quienes los han traído, que suelen ser socios del narcotráfico. Soltar sin control a esos ilegales es como si a los traficantes de heroína el Gobierno les habilitara el Servicio de Salud para repartir papelinas. Y eso está sucediendo ante nuestros ojos.
El crimen de Barbate ha sido, ojalá llegue a serlo, un aldabonazo en la conciencia de la sociedad española, que debe darse cuenta del terrible problema que el propio Estado está incubando. Para cuando llegue, como está llegando en toda Europa, la reacción política, será demasiado tarde.