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“Abascal responde a Sánchez con otra carta: «seguimos esperando la de la dimisión. es la única que leeremos sin hastío»”, de Natalia Cristóbal; “Las tres vías que se plantean en el Supremo para responder ante la amnistía para Puigdemont”, de Joaquín Vera; “Vox intenta subirse a la ola de la extrema derecha en Europa y sacar rédito en España”, de Belén Gil Orantos; “Cuarta amenaza para Sánchez y un ‘as en la manga’ para escapar indemne”, de Benjamín López; y “¿Crea la escuela concertada desigualdad social? Desmontando un discurso falso paso a paso”, de Fernando Rodríguez-Borlado
(“La corte sanchista”, Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 5 )
ABASCAL RESPONDE A SÁNCHEZ CON OTRA CARTA: «SEGUIMOS ESPERANDO LA DE LA DIMISIÓN. ES LA ÚNICA QUE LEEREMOS SIN HASTÍO»
Artículo de Natalia Cristóbal publicado en El Debate el pasado día 6
El presidente de Vox ha hecho pública una misiva dirigida al presidente del Gobierno, que este martes ha vuelto a acusar a la oposición de la situación judicial de su mujer, citada a declarar el 5 de julio.
El líder de Vox ha respondido a través de una carta publicada en sus redes sociales a la segunda misiva emitida por Pedro Sánchez esta tarde, horas después de que el juez haya llamado a declarar como investigada, a su mujer, Begoña Gómez, para el día 5 de julio, por presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. «Seguimos esperando la tercera carta, la de la dimisión. Es la única que leeremos sin hastío», ha escrito Santiago Abascal, que cree que lo peor del dirigente socialista «está por llegar».
«A ver, Pedro. Los españoles, sin pedirlas, ya hemos recibido dos cartas tuyas. En la primera ocultaste que tu mujer estaba investigada por corrupción. Muy mal. Por mucho que te hayas acostumbrado a mentir, no debes seguir haciéndolo», comienza la carta Abascal. «Ahora nos ha llegado la segunda carta, justo cuando hemos conocido que tu esposa ha sido citada para declarar como imputada por tráfico de influencias», señala.
El presidente de Vox subraya que «en los estados democráticos, la justicia es independiente», y no supeditada a intereses personales, augura que Sánchez intentará «liquidar de un plumazo» el Estado de derecho, tras aprobar la amnistía, y le recrimina además su empeño en «obstaculizar la acción de la justicia» y su señalamiento a los jueces.
Y continúa: «A ver, Pedro. Ni tú ni Begoña sois víctimas de nadie. Los ciudadanos españoles sí somos víctimas de tu corrupción política y de la corrupción económica de tu gobierno, tu familia y tu partido». «No eres España. Ni siquiera eres el rey de España, y la señora Gómez no es la reina», insiste, pidiendo a Sánchez que responda ante sus actos delante del juez.
En el mitin que protagonizó este martes en Sevilla junto a Hermann Tersch, Abascal ironizó con que el presidente del Gobierno «le ha cogido el gusto a las cartas», y señaló que solo sirve para «desviar la atención». Remarcó que debe dimitir, pero no solo por la corrupción que ahora le cerca, sino por todo lo que ha hecho, desde la amnistía y las «traiciones» a los españoles a las mentiras a los electores. «No hay un motivo para pedirle la dimisión, son todos», sostuvo.
Es la contestación que ha dado Abascal a la nueva carta de Sánchez, en la que este califica la decisión del juez de citar a su mujer a declarar como un «zafio montaje», afirma que su decisión de seguir al frente del Gobierno es «más firme que nunca» y habla de una «coreografía diseñada por la coalición ultraderechista» antes de las elecciones. Una carta que sigue a la que emitió el 24 de abril, el mismo día en que un juzgado de instrucción abrió diligencias contra su mujer, y en la que anunciaba un período de «reflexión» de cinco días dejando en el aire la posibilidad de no continuar como presidente.
LAS TRES VÍAS QUE SE PLANTEAN EN EL SUPREMO PARA RESPONDER ANTE LA AMNISTÍA PARA PUIGDEMONT
Artículo de Joaquín Vera publicado en La Vanguardia el pasado día 5
Algunos magistrados del Alto Tribunal comparten la tesis fiscal de que la malversación no es amnistiable, aunque el escenario más plausible, en estos momentos, parece que pasa por la cuestión prejudicial. Los fiscales del 1-O no ven amnistiable a Puigdemont y defienden mantener la orden de detención.
La aplicación de la ley de Amnistía en el Tribunal Supremo resulta en estos momentos una auténtica incógnita, que no se empezará a resolver hasta que la nueva norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ahí se abrirán varios escenarios, de los que el más improbable es el carpetazo automático de las causas afectadas por la ley de olvido penal que tienen entre sus manos magistrados del Alto Tribunal. Pese a que el grueso de las personas amnistiables se sitúa fuera del Supremo, todas las miradas están puestas en la última instancia del poder judicial, desde donde se debería de señalar la senda a seguir al resto de instancias.
En lo que sí hay unanimidad es en que una vez que la ley de Amnistía entre en vigor, lo primero que harán los jueces es preguntar, vía providencias, a las partes si las causas pueden verse afectadas por la norma aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Lo hará el instructor Pablo Llarena, quien mantiene procesado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de desobediencia –tras derogarse el de sedición– y otro de malversación agravada. En su misma situación están los exconsellers huidos Toni Comín y Lluís Puig. También lo hará la jueza Susana Polo, que tiene una causa abierta por un presunto delito terrorismo contra Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg (ERC). Y hará lo mismo la Sala de lo Penal, que condenó a los líderes del procés.
Habrá un plazo, aproximado, de diez días para que el Tribunal Supremo recopile todas las posiciones de las partes personadas en las distintas causas: del partido político Vox a la asociación Dignidad y Justicia, pasando por policías heridos durante los disturbios en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. Por supuesto, también marcarán posiciones la Fiscalía, que lidera las acusaciones, y la Abogacía del Estado.
Es en este punto donde se bifurca el camino a recorrer. Fuentes del Alto Tribunal explican que en la sala que preside Manuel Marchena hay magistrados que comparten la postura de los fiscales del procés, que han plasmado en un duro informe contra la ley que la amnistía no se puede aplicar a la malversación que quedó probada en la sentencia del 2019. Si esta tesis se impusiese entre los 14 magistrados –más su presidente– que componen la sala, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconseller Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull seguirían inhabilitados. Y Puigdemont, Comín y Puig mantendrían vigente la orden de detención que pesa sobre ellos. Las mismas fuentes insisten en que la sala tendrá que deliberar largo y tendido sobre el asunto y, a la vez, recuerdan que el tribunal del procés no aplicó a los condenados el supuesto de malversación atenuada que el Gobierno incorporó en el Código Penal para aquellos casos en los que no exista enriquecimiento personal.
Otro camino va en dirección a Luxemburgo. Si los magistrados presentan dudas sobre el alcance de la ley, según esta, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). O ambas, pero en primer lugar, Europa. Si se llega a este punto, sí hay una certeza: tal y como queda recogido en la ley, las medidas cautelares quedarían sin efecto, por lo que la orden de detención contra el expresident decaería. Puigdemont podría volver a España sin el riesgo de ser arrestado.
Otro aspecto seguro es que la cuestión prejudicial paraliza la aplicación de la ley solo al caso concreto, pero si la duda planteada en el Supremo está relacionada, por ejemplo, con el delito de malversación, debería tener efecto en la causa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que tiene pendiente de juzgar por este delito a Josep María Jové y Lluis Salvadó.
El tiempo medio que se está tardando en Luxemburgo en resolver las cuestiones es de 18 meses. Las dudas que se recojan en ellas pueden ser un abanico abierto con todas las posibilidades. Los magistrados pueden preguntar de manera genérica si todos los delitos son amnistiables. También, algo más plausible, que presenten interrogantes sobre los delitos que generan más controversia, como la malversación y el terrorismo, dejando al margen la desobediencia y los desórdenes públicos, que no presentan dudas sobre su encaje en la ley de Amnistía.
Las cuestiones prejudiciales no solo resolverían las dudas instaladas en el Supremo, sino que serviría a la sala que preside Marchena para encontrar la armadura que refuerce sus decisiones con el objetivo de evitar un eventual varapalo posterior en Europa si los afectados por la ley de Amnistía consideran elevar la cuestión en forma de recursos.
Artículo en: https://www.lavanguardia.com/politica/20240604/9702314/tres-vias-plantean-supremo-responder-amnistia-puigdemont.html
VOX INTENTA SUBIRSE A LA OLA DE LA EXTREMA DERECHA EN EUROPA Y SACAR RÉDITO EN ESPAÑA
Artículo de Belén Gil Orantos publicado en La Razón el pasado día 4
Abascal se presenta en Europa de la mano de Meloni, Orban y Le Pen. La formación considera que seis diputados sería un buen resultado el 9J. Vox se ha lanzado a las elecciones europeas con grandes expectativas amarrado a la progresión de sus partidos afines en el resto del continente e impulsado por el respaldo que le dieron en la convención anual de hace unas semanas. Su objetivo: salvar en Europa el mazazo doméstico de las últimas generales.
Santiago Abascal se enfrenta el 9 de junio a los primeros comicios de ámbito nacional desde que en julio del año pasado perdiera más de medio millón de votantes y casi una veintena de escaños, unos malos resultados que le impidieron sumar con el PP una mayoría suficiente para gobernar y dieron al traste con las aspiraciones de algunos dirigentes de Vox de sentarse en el Consejo de Ministros.
A esas primeras decepciones siguió una crisis interna que hizo dudar a muchos de la viabilidad de la formación y que arrastró hasta hace apenas cuatro meses cuando Abascal fue reelegido por la asamblea general extraordinaria a finales de enero.
Las voces disonantes quedaron silenciadas, al menos en público, y el partido se centró en el ciclo electoral que de momento le ha generado un nuevo fracaso en Galicia (el único parlamento autonómico donde sigue sin representación), pero también el alivio de conservar el escaño del País Vasco y los once que tenía en Cataluña.
De la mano de Meloni, Orban y Le Pen
Y a eso se acogen insistentemente desde la dirección nacional de la madrileña calle Bambú para asegurar que «Vox no está muerto».
Creen que cuentan con un electorado consolidado y se ven capaces de remontar en la recta final de las europeas con Jorge Buxadé de nuevo como cabeza de lista y volver con fuerzas renovadas a la política nacional.
A ello esperan llegar subidos a la ola de los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y Hungría, Viktor Orban, principales líderes de la ultraderecha europea, junto a la francesa Marine Le Pen, que podría ganarle por primera vez unos comicios a Emmanuel Macron.
Todas las encuestas apuntan a un crecimiento de Vox, que podría pasar de sus cuatro eurodiputados actuales a entre cinco y ocho. En 2019 logró tres y sumó uno más con la salida del Reino Unido de la Unión. En total consiguió 1.388.681 votos (6,2 %).
Seis asientos en Estrasburgo, un buen resultado
Fuentes del partido estiman que seis asientos en Estrasburgo ya serían un buen resultado, lo que ven posible porque ahora tienen mayor proyección que hace cinco años, cuando apenas acababan de salir a escena.
También aluden a la diferencia que hay entre unas generales, en la que entran en juego 52 circunscripciones, y las europeas, que son de circunscripción única, lo que les permite sumar los restos que no le sirven en casa, y llaman especialmente a los abstencionistas y a los jóvenes convencidos de que sus votos son clave.
Aislar al PP
En lo que va de campaña, se han centrado en tratar de aislar al PP y decir que solo hay dos opciones: los socialistas o los «patriotas, conservadores e identitarios» con sus conocidas consignas en defensa de la soberanía nacional, en contra de la inmigración ilegal y a favor de la seguridad.
Y, aunque lo ven complicado, abogan por una alianza entre los grupos de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Meloni, al que pertenece Vox, e Identidad y Democracia (ID) de Le Pen. En cualquier caso, los de Abascal se «abrazan» más a la italiana, que se ha dejado querer por la candidata del PPE y actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Pero hay un problema: Vox ya ha dicho por activa y por pasiva que no votarán a Von der Leyen, por ser la artífice de las «nefastas» políticas europeas. Sin embargo, no cierran la puerta a votar a los populares si el candidato a presidir la Comisión es otro. El alemán Manfred Weber podría ser su apuesta.
CUARTA AMENAZA PARA SÁNCHEZ Y UN ‘AS EN LA MANGA’ PARA ESCAPAR INDEMNE
Artículo de Benjamín López publicado en ESdiario el pasado día 3
Pedro Sánchez está contra las cuerdas. En realidad lleva en esa situación desde las pasadas elecciones generales celebradas hace casi un año, el 23 de julio de 2023, pero ahora se ha agravado debido a cuatro factores: el cerco judicial por la corrupción; la ley de amnistía; las elecciones europeas y el presión de Puigdemont para ser presidente de la Generalitat. En todo caso, el líder socialista siempre escapa de estas situaciones complejas gracias a un ‘as en la manga’ que le hace casi imbatible y que no tienen sus rivales políticos.
Corrupción: caso Begoña y caso Koldo
La corrupción acosa a Sánchez y se ha colado en el corazón de su Gobierno e incluso en el dormitorio conyugal de La Moncloa. Y los casos crecen cuando ya ha utilizado el comodín del público, al encerrarse en La Moncloa cinco días para “reflexionar”. No puede hacer nada más sonoro y exagerado. Ha agotado su táctica de victimización antes de tiempo.
El ‘caso Begoña’, entonces incipiente, es ya una bola de nieve que crece y crece a medida que avanza. Tras el espaldarazo de la Audiencia Provincial a la instrucción, pocos dudan de que el juez Peinado la llamará a declarar como imputada.
También el ‘caso Koldo’ ha dado un salto cualitativo importante, colocando al exministro José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez, en el centro de la diana. Da la impresión de que sólo su condición de aforado, como diputado del grupo mixto, le aparta de una imputación que parece inevitable en cuanto la instrucción del caso esté más avanzada.
Sánchez esconde la amnistía
Otro factor preocupante para Sánchez es el de la aprobación de la ley de amnistía y su posible paralización por parte de la Justicia. A pesar de que el Gobierno insiste en que este asunto ya está “amortizado”, lo cierto es que no actúa como si lo estuviera.
De hecho, Sánchez ha intentado alejarse de la aprobación de la ley el pasado jueves. El PSOE puso a un portavoz de muy bajo perfil en el definitivo debate parlamentario, el presidente huyó del Congreso y solo apareció para votar y con la ayuda de la presidenta Armengol han decidido retrasar hasta el límite legal la publicación de la ley. Todo por temor a que los jueces, al ir a aplicarla, dejen al aire las vergüenzas del PSOE y la recurrir al TJUE.
El resultado de las elecciones europeas
La amnistía y los asuntos de corrupción han crecido además en plena campaña para las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio, es decir, cuando menos le interesa a Pedro Sánchez. Ese factor inesperado e incontrolable para él ha torcido una campaña que llevaba sobre ruedas, según las encuestas.
Los sondeos vaticinaban una derrota mucho menor de lo previsto hace solo un mes. Ahora habrá que ver el domingo impacto real de tener a Begoña Gómez investigada y a Ábalos señalado.
El problema para Sánchez es que estas elecciones europeas se plantean como un plebiscito sobre su figura: Sánchez sí o Sánchez no. Si la derrota del PSOE es abultada, el líder socialista quedaría muy debilitado y moralmente desacreditado.
La amenaza de Puigdemont
Esa debilidad se ha acentuado ante Carles Puigdemont. Sánchez ha acabado cediendo siempre ante sus órdagos. Ahora hay otro encima de la mesa: el prófugo quiere ser presidente de la Generalitat y está presionando a Sánchez donde más le duele: si le niega esa investidura, él le dejará en minoría en el Congreso de los Diputados.
Los expertos en política catalana dicen que es “imposible” que Sánchez se comprometa a sacrificar a Illa y ceder a Puigdemont el Gobierno autonómico por la sencilla razón de que el PSC no lo toleraría. Resulta difícil creer eso porque, aunque formalmente los socialistas catalanes tienen mucha independencia, la realidad es que el PSOE se ha convertido en un partido caudillista donde nadie cuestiona al líder.
El ‘as en la manga’ de Sánchez
En este escenario parece fácil pensar que más temprano que tarde Sánchez puede caer, bien sea por la amnistía, por la corrupción, por la ‘traición de Pugdemont, o por un mal resultado en las elecciones europeas. Sin embargo Sánchez tiene un factor diferencial que hasta ahora le ha permitido sobrevivir a todas las circunstancias: su falta de escrúpulos.
Esa condición le ha permitido mentir a sus votantes con descaro e ir tomando decisiones que nadie se hubiera atrevido a tomar antes, desde sus pactos con proetarras y separatistas catalanes hasta la ley de amnistía, pasando por el acoso a la prensa y a la oposición. Ha llegado al extremo de comprar su investidura a un prófugo de la justicia a cambio de borrar sus delitos.
Si se trata de su bienestar y continuidad en el cargo, Pedro Sánchez no tiene líneas rojas. Lo ha demostrado una y otra vez. Por eso ahora todos temen sus próximos pasos y sus próximas cesiones al separatismo: referéndum, ‘cupo’ catalán o lo que haga falta. Cualquier cosa es posible con él.
¿CREA LA ESCUELA CONCERTADA DESIGUALDAD SOCIAL? DESMONTANDO UN DISCURSO FALSO PASO A PASO
Artículo de Fernando Rodríguez-Borlado publicado en Aceprensa el pasado día 2
“Marque como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) la mejor manera de medir la equidad o inequidad de un sistema educativo es comprobar el peso que tiene el perfil socioeconómico-cultural (ESEC) de los alumnos en sus notas; b) este peso es claramente mayor en España que en la media de la OCDE; c) una parte importante de la inequidad tiene que ver con la segregación de estudiantes “ricos” y “pobres” en distintas escuelas; d) la principal culpable de esta segregación es la red concertada, sobre todo por las cuotas que cobra a las familias; e) estas cuotas suponen una ventaja respecto de los centros públicos en cuanto a la capacidad de financiación.”
Es probable que, si usted hace caso a los titulares de algunos medios de comunicación, responda que todas las afirmaciones anteriores son verdaderas. Pues bien: no. De hecho, salvo la primera (que es, por otra parte, matizable), todas las demás son más bien falsas, y su falsedad aumenta según se avanza en la cadena.
Sin embargo, un informe reciente elaborado por EsadeEcpol (un think tank dedicado a políticas económicas que forma parte de la escuela de negocios Esade) ha sido leído por los principales medios de comunicación como una confirmación de todas las afirmaciones a partir de la tercera (letra c) –y como un ataque injustificado por todas las patronales del sector–. Es cierto que, días después de la publicación del estudio, y ante el revuelo causado, los autores matizaron algunas expresiones, y desautorizaron algunas interpretaciones. En concreto, al referirse en la introducción a las “cuotas” pagadas por las familias en los centros concertados, se dejó de decir que era una práctica “ilegal en teoría, pero habitual en la práctica”, y se sustituyó por “voluntaria en teoría, pero habitual en la práctica”.
Al eliminar lo de “ilegal”, los autores parecen reconocer un error indiscutible: que un centro concertado cobre cuotas no es ilegal. Sin embargo, el “pero” de la frase sustituta revela que, para ellos, existe una contradicción entre que estos pagos sean voluntarios y que sean frecuentes; como dando a entender que no deben de ser tan voluntarios si las familias los abonan. Así pues, la rectificación no desmiente del todo la afirmación que causó el enfado de las patronales, aunque quite la palabra más directamente falsa. Por otro lado, permanecen en el texto otras aseveraciones igual de insidiosas, como que “una parte” de los centros concertados (luego se concreta que es el 15% del total, aproximadamente) cobran cuotas “para asegurar barreras de entrada en el acceso”; es decir, para impedir que puedan acceder familias de baja renta, lo que supone una acusación bastante grave.
Con todo, la cuestión de por qué pagan las cuotas las familias o por qué las cobran las escuelas no es la única en la que el informe yerra el tiro. Por eso, conviene aclarar todo el embrollo que rodea a la enseñanza concertada y su supuesto efecto segregador.
Y como estamos hablando de educación, emplearemos un método muy pedagógico: preguntas y respuestas:
- ¿Cómo se puede medir la equidad de un sistema educativo?
Para saber si la educación de un país es equitativa no hay que fijarse tanto en la varianza de resultados (es decir, cuál es la diferencia entre las mejores y las peores notas) como en el peso que tienen sobre ella los condicionantes de origen de los estudiantes, ya sean de tipo cultural –por ejemplo, el nivel de estudios de los padres o el número de libros en el hogar–, económico –renta familiar– o étnico –tiempo de residencia en el país, conocimiento del idioma de instrucción–. Un sistema educativo en el que las desventajas de origen suponen una losa para el desempeño de los alumnos “suspende” en equidad.
Es cierto que esta medición no es perfecta (se suelen seleccionar solo unos cuantos baremos para estimar el ESEC), y que se podrían buscar otros indicadores, como por ejemplo el porcentaje de alumnos que, viniendo de entornos desaventajados obtienen buenos resultados; con todo, es la fórmula más usada en la literatura científica.
- ¿Es la escuela española especialmente inequitativa?
Según la última edición de PISA, el ESEC del alumno en España explica el 14,2% de la varianza de notas en matemáticas, un poco menos que en el conjunto de la OCDE (15,5%); es decir, la escuela española es algo más equitativa que la media. De su entorno cercano, la superan Italia y Grecia, y sobre todo Reino Unido y los países nórdicos; pero Francia, Portugal, y prácticamente toda Centroeuropa aparecen claramente por detrás.
La segregación de estudiantes de bajos ingresos o de malas notas en “escuelas gueto” no es muy frecuente en España, ni afecta especialmente a la equidad
Esto es así porque, a pesar de que la población estudiantil española es una de las más heterogéneas de Europa en cuanto al ESEC (la diferencia de renta entre ricos y pobres es bastante mayor que en otros países), la distancia entre las mejores y peores notas es más bien pequeña. Ciertamente, otros estudios (en concreto, varias ediciones del PIRLS, un examen de la competencia lectora en primaria) arrojaban datos algo más negativos.
En cualquier caso, podemos contestar a la segunda pregunta diciendo que la escuela española no es especialmente inequitativa; si acaso, al revés.
- ¿La culpa de la inequidad la tiene la segregación en escuelas de ricos y escuelas de pobres?
Por contestar rápidamente: no. No al menos en España.
En primer lugar, hay que decir que, según datos del último PISA, España es uno de los países europeos donde la concentración de alumnos de renta baja en “centros gueto” es menor.
Por otro lado, esta concentración no tiene un efecto significativo en las notas. En un excelente estudio publicado el año pasado, Julio Carabaña señalaba –basándose una vez más en los datos de PISA– cómo apenas un 2% de la varianza de resultados entre los estudiantes españoles se explica por la segregación socioeconómica en “coles de ricos” y “coles de pobres”, uno de los valores más bajos de Europa.
Otros análisis señalan que, más que la segregación socioeconómica, importa la académica: la concentración de “cerebritos” en unas escuelas y de “suspensos” en otras. Sin embargo, la incidencia de este fenómeno en España es también de las más bajas del continente.
Por tanto, aunque aún existe margen de mejora, no parece que la segregación social ni académica sean grandes problemas de la educación española.
- ¿Es la escuela concertada la gran culpable de la segregación social en las aulas?
Según el análisis de Carabaña y otros estudios, menos de un cuarto de la segregación social se debe a la existencia de distintas redes de colegios: públicos, concertados y privados. Dicho de otra forma, tres cuartas partes de la segregación social se da intra-redes y no inter-redes.
Por otra parte, el hecho de que el perfil ESEC sea más bajo en las escuelas públicas se debe a varios factores, no solo a la existencia de la concertada. Entre ellos, la segregación residencial (barrios de ricos y de pobres) y la selección que producen los costes de la enseñanza privada no concertada.
Que ciertas becas (comedor y transporte) estén reservadas para los alumnos de centros públicos dificulta que las familias de bajos ingresos opten por los concertados
En este sentido, llama la atención el silencio del informe de EsadeEcpol sobre el impacto de los centros no concertados en la segregación social. Si esta segregación es el problema sobre el que se pone el foco, sería lógico, por mucho que el informe se centre en el papel de la red concertada, que al menos se mencionase la hipótesis –más que plausible– de que son aquellos los que más contribuyen a ella.
Otro silencio elocuente tiene que ver con la imposibilidad, para los alumnos de centros concertados, de obtener becas para el comedor o el transporte escolar. Esto provoca que las familias que las necesitarían –por bajos ingresos, por vivir en una zona con menor densidad de comunicaciones, o por ambos motivos– queden excluidos de la enseñanza concertada, y por tanto aumente la segregación por redes.
Igualmente se suele acusar a los centros concertados de matricular un porcentaje menor al que les correspondería de alumnos de origen extranjero, con necesidades educativas especiales (ACNEE) y de entornos rurales. En cuanto a lo último, se explica en buena medida por una cuestión demográfica: dada la actual tasa de natalidad, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes suele bastar con un colegio para escolarizar a todos los niños. Por lógica, este ha de ser público, porque de otra manera se estaría obligando en la práctica a esas familias a matricular a su hijo en un centro con un ideario particular –y muchas veces, con una identidad religiosa– que no tienen por qué compartir.
En cuanto a los alumnos de origen extranjero, el porcentaje escolarizado en la concertada (15%) es ciertamente menor de lo que le correspondería por el total de alumnos en esta red (25%), al contrario de lo que ocurre en la pública. Sin embargo, el hecho de que no puedan existir centros concertados en poblaciones pequeñas, y el de que solo los alumnos de los públicos puedan acceder a ciertas becas hace que la comparación esté sesgada de inicio.
Por último, lo de que la concertada escurre el bulto en el caso de los ACNEE es, simplemente, falso. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, apenas hay diferencia entre la presencia de estos alumnos en las redes pública y privada: 3,3% y 3,1% respectivamente. En cambio, en los no concertados la tasa sí es claramente inferior (0,7%); pero, una vez más, el informe no comenta nada de esto.
- ¿Son justas las “cuotas” que cobran las escuelas concertadas?
Esta es, en teoría, la pregunta que pretende contestar el informe. Sin embargo, para hacerlo, los autores parten de unas premisas que incluyen importantes errores y ambigüedades, y que omiten algunos datos importantes.
Para empezar, el estudio no perfila bien el mismo concepto de cuota, pues se amalgama en él una serie de gastos dispares: el pago por las actividades complementarias (que están subvencionadas en los centros públicos) y extraescolares, el sobrecoste del comedor respecto a la tarifa de la red pública (cuyo servicio, hay que recordarlo, también está indirectamente subvencionado a través de las becas a las que no pueden acceder las familias de los concertados), las aportaciones voluntarias, o lo que pagan los padres de alumnos en etapas no concertadas (por ejemplo, la primera de infantil o el bachillerato), un gasto que, como reconocen los autores, no han podido desagregar. Así pues, es bastante probable que la cuantía de las cuotas esté sobreestimada en el informe.
Contra lo que dice el informe, todas las escuelas concertadas parten en desventaja (respecto a las estatales) en cuanto a financiación pública
Por otro lado, la clasificación que hacen los autores de los centros concertados según la financiación pública que reciben (centros infrafinanciados, adecuadamente financiados o sobrefinanciados), una clasificación que después les sirve de base para valorar si las cuotas que cobran son justas o injustas, también es poco clara. Para colocar a cada escuela en una de las tres categorías, el informe descuenta del capítulo de ingresos lo recibido en “cuotas”, y del de gastos, lo invertido en partidas no subvencionadas por el concierto. Así, piensan los autores, se puede estimar si los centros reciben el dinero público necesario para desarrollar las actividades que debe cubrir ese dinero: las clases “obligatorias”, y solo eso.
Pero si solo se considera estas horas, ningún centro concertado estaría ni infra ni sobrefinanciado: a todos se les da el dinero justo que cuestan las clases (aunque hay que decir que el salario de los profesores por hora lectiva es menor en los concertados que en los públicos). El problema es que existen otros gastos: agua, luz, conserjería, secretaría, personal de limpieza, mantenimiento de los edificios o construcción de otros nuevos –por ejemplo, un polideportivo o un laboratorio–, entre otros. En las escuelas públicas estos están completamente financiados, pero las concertadas deben cubrirlos, en teoría, con una partida de “otros gastos” que se incluye en el concierto, y que ronda los 6.000 euros por aula y año (aunque hay diferencias por comunidades), una cuantía a todas luces insuficiente, como se ve al comparar lo que por esos mismos conceptos paga el Estado en los centros públicos.
Así pues, sería más exacto decir que todas las escuelas concertadas están, de inicio, infrafinanciadas en cuanto al dinero público. Una infrafinanciación a la que luego se suma la que deriva de que sus alumnos no puedan acceder a ciertas becas. Es probable que haya algunos centros que cobren cuotas tan altas que acaben ganando dinero (un beneficio que, por ley, no puede lucrar a los propietarios, sino que ha de reinvertirse en el propio servicio); pero, como los autores no tienen en cuenta la deficiente posición de partida, es muy probable que el porcentaje de escuelas “injustas” que señala el informe, un 15%, sea en realidad mucho menor.
Nota final: justicia, pero de verdad
Aun así, por pocas que sean, se podría actuar contra ellas: más que quitarles todo el concierto, lo que resulta desproporcionado, se deberían auditar sus cuentas para asegurar que se cobra lo que es justo (aunque, hablando de justicia, ¿qué tal solucionar la infrafinanciación crónica que sufren la mayoría de los centros concertados?). También se debería multar a las escuelas que realmente obliguen a pagar cuotas; ahora bien, como es una acusación grave, debería probarse, y no solamente suponer (como hacen los autores) que si tantas familias pagan, es porque se las fuerza a ello.
Estas actuaciones serían justas. Lo que es injusto es que un informe, que se apoya en datos parciales (y omite otros muy relevantes), sirva a algunos medios para señalar a toda la escuela concertada; un sector que, en su inmensa mayoría, presta un servicio muy apreciado por las familias, y lo presta en una situación de clara desventaja económica.