Los lunes, revista de prensa y red

“Iustitia Europa impugna las elecciones en España”, de Inmaculada Fernández; “El PP celebra la decisión del Supremo sobre Puigdemont: `El Estado de Derecho es más fuerte que el Gobierno y nadie puede pervertirlo´”, de Juanma Lamet; “El cabreo de los franceses (que es el nuestro)”, de Luis Ventoso; y “El pacto caído del cielo, la apuesta de Feijóo y las dudas de la derecha”, de Federico Jiménez Losantos

(«Confusiones digitales». Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 3 )

IUSTITIA EUROPA IMPUGNA LAS ELECCIONES EN ESPAÑA

Artículo de Inmaculada Fernández publicado en Actuall el pasado día 3

Interpone recurso Contencioso-Judicial Electoral ante el Tribunal Supremo, denunciando hasta seis nulidades de pleno derecho cometidas que pondrían en riesgo la efectiva proclamación de los candidatos al Parlamento Europeo y el mismo proceso electoral.

Iustitia Europa, partido candidato en las elecciones europeas, acude al Tribunal Supremo para impugnar las elecciones por fraude electoral.

El representante general de la candidatura, el abogado Luis María Pardo, ha denunciado por la vía del contencioso electoral las graves irregularidades acontecidas en las pasadas elecciones europeas, y el incumplimiento de la Ley Electoral. “Es realmente grave lo sucedido en el Escrutinio General”, donde en la práctica totalidad de Juntas Electorales Provinciales no se realizó el escrutinio general”, denuncia Pardo.

Iustitia Europa (IE) es la única formación política que denuncia las “gravísimas irregularidades” en el escrutinio general de las Juntas Provinciales de Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Málaga, Tarragona, Sevilla, Almería, Tenerife, Cádiz y Baleares, entre otras.

IE ha denunciado que los datos provisionales se han dado por válidos en muchas de las Juntas Electorales Provinciales sin que se cumpla la ley electoral (LOREG) en sus artículos del 103 al 108, que ordenan que se abran sucesivamente todos los sobres que contienen las actas electorales originales (únicos documentos oficiales de todo el proceso) y se haga el recuento sólo en base a estas actas originales.

Sin embargo, en muchas Juntas Electorales Provinciales sólo se abren aquellas actas en las que algún apoderado o interventor de algún partido quiere reclamar algo y se dan por válidos el grueso de los resultados provisionales que facilita el Gobierno y se obtienen a través de un empresa particular, Indra.

En otras Juntas Electorales se opera “el cotejo” un procedimiento que compara los datos provisionales con las actas electorales sin sumar nunca el resultado de todas las actas electorales oficiales. Una práctica que ya fue denunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y que prohíbe la Junta Electoral Central (que recuerda en todas las elecciones lo que de verdad es un Escrutinio General), pero que sin embargo, sorprendemente, desoyen la mayoría de las Juntas Electorales Provinciales de España.

Las pruebas son contundentes: numerosos sobres de actas electorales sin abrir, grabaciones de vídeo donde los ciudadanos denuncian el incumplimiento de la ley electoral. Expulsión de apoderados e interventores que denunciaban el incumplimiento de la ley electoral, prohibición de grabar en el  acto público del Escrutinio General, etc.

“La ciudadanía ha de ser consciente que, durante años, el escrutinio general no se ha seguido conforme a la ley electoral, sino que se dan por válidos los datos expresados en el recuento provisional de Indra, que pasaban a ser definitivos, sin abrir los sobres con las actas, como indican la LOREG”, ha relatado Luis María Pardo, quien sostiene que, “nuevamente se incumple la ley electoral y la jurisprudencia por parte de las Juntas Provinciales donde algunas de ellas no han dudado en reconocer su conducta contraria a derecho plasmando por escrito su negativa a realizar el escrutinio por diversos motivos”.

Si bien, la Junta Electoral Central ha reiterado cómo debe realizarse el escrutinio, no es menos cierto que en las elecciones europeas, “mira hacia otro lado” según Pardo, ya que “impide a las formaciones políticas presentar el recurso de alzada que hubiera forzado a repetir el escrutinio general en diversas Juntas Provinciales”.

Esto ha obligado a Iustitia Europa a la presentación del recurso contencioso electoral, impugnando las elecciones europeas y los candidatos en ella proclamados solicitando la nulidad de estas y que el Tribunal Supremo ordene convocar de nuevo a los representantes de las formaciones políticas para realizar un nuevo escrutinio general de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 105 LOREG.

Pardo ha declarado que “se ha solicitado ante el Tribunal Supremo, que eleve cuestión prejudicial ante el TJUE respecto de la Decisión del Consejo de 13 de julio de 2018, que modificó el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE” así como que declare la nulidad de la expulsión de los apoderados de Iustitia Europa del escrutinio general en Madrid y Guipúzcoa.

Por su parte, ante las repetidas denuncias ciudadanas que se elevaron ya con fuerza el año pasado, HazteOir.org emprendió campañas de recogidas de firmas para que se garantizara el cumplimiento de la Ley Electoral para las Elecciones Generales del 2023. Y ahora en 2024, tras comprobar la ilegalidad operada en el Escrutinio General que no se ajusta a Derecho, inició una nueva campaña para que las Juntas Electorales Provinciales hagan públicas todas las actas electorales oficiales y que los ciudadanos, a quienes se les ha hurtado el Escrutinio General conforme a Derecho, puedan sumar por ellos mismos todos los datos de las actas electorales oficiales.

Tras las elecciones europeas en España el manifiesto incumplimiento de la ley electoral está siendo denunciado por fin con más alcance, llegando el escándalo a un mayor número de ciudadanos, pese a la férrea censura mediática que trata de salvar la cara a unas elecciones sin garantía legal ninguna desde hace muchos años en España.

Iustitia Europa también ha anunciado que irá hasta el final en la persecución del delito electoral, llegando, si hace falta, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de restaurar el derecho a unas elecciones transparentes conformes a la ley en España que ahora no tenemos. ¡Sin Escrutinio General el Parlamento es ilegal!

Artículo en: https://www.actuall.com/democracia/iustitia-europa-impugna-las-elecciones-en-espana/

EL PP CELEBRA LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE PUIGDEMONT: «EL ESTADO DE DERECHO ES MÁS FUERTE QUE EL GOBIERNO Y NADIE PUEDE PERVERTIRLO»

Artículo de Juanma Lamet publicado en El Mundo  el pasado día 2

El 3 de junio, un titular a cuatro columnas destacaba con contundencia en el espacio principal de la portada de EL MUNDO: «La amnistía es inaplicable». La frase, tumbativa, la pronunciaba Alberto Núñez Feijóo en su primera entrevista después de la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía. Se refería a los principales dirigentes del procés. Un mes después, el Tribunal Supremo ha declarado no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye a Carles Puigdemont y a los ex consellers Antonio Comín y Lluis Puig, y ha mantenido la orden de detención contra el ex president de Cataluña.

Esta decisión ha llenado de razones al presidente del PP y a su número dos, Cuca Gamarra. Ambos han comentado a bote pronto la decisión del Alto Tribunal como un paso más en la dirección que ellos marcaron sobre la amnistía, tildándola desde el primer día de «incompatible» con los ordenamientos jurídicos español y europeo.

«Sólo han tenido mayoría para aprobar una ley y, por lo que se ve, ni siquiera han sabido hacerla», ha criticado Feijóo, en el gran acto educativo de los populares en Salamanca en el que ha presentado una Ebau común para todas las comunidades que gobierna el PP. La amnistía era, ha dicho, «una letra de la hipoteca» de Pedro Sánchez para «pagar» su investidura como presidente del Gobierno.

La Ley de Amnistía se fue enmendando en el Congreso de los Diputados para que no quedase ningún resquicio legal que impidiese borrar los delitos de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Pero sí quedó uno, el de perdonar la malversación cuando no existiese enriquecimiento personal o «beneficio patrimonial».

Pero el juez instructor, Pablo Llarena, y el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, se pronunciaron en enero y febrero de 2023 con la misma conclusión: que sí había existido un «beneficio particular». «Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular», decían.

Y esto el PP lo tenía muy presente. Por eso la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que «del mismo modo que desde el primer momento dijimos que la Ley de Amnistía es inconstitucional, aparte de inmoral, también dijimos muy claro que era de muy difícil aplicación, y eso es lo que está sucediendo».

«Lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho en un país que es una democracia como España», ha defendido Gamarra. «Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas», ha criticado.

¿Y qué consecuencias tiene esta decisión del Supremo? «La única consecuencia que tiene», ha dicho la número dos de Feijóo, «es la demostración de que en España el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier Gobierno y que nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio». «Las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno», ha zanjado.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha apuntado directamente al presidente del Gobierno: «Sánchez ha engañado a todos, también a sus socios. La Justicia le ha quitado la careta otra vez. El Estado de derecho no cambia de opinión. No negocia. No se compra. Y no se vende», ha dicho en X.

Poco antes de eso, Feijóo ha contrapuesto los «privilegios» que a su juicio da Sánchez a Cataluña frente a «los intereses de todos». «Fomentar el agravio es condenar el sistema», ha dicho en relación a la financiación autonómica. «Somos el único partido que no confronta la idea de autonomía con la de igualdad», ha rematado.

EL PSOE HABLA DE «CONSIDERACIONES POLÍTICAS»

El PSOE, por su parte, ha señalado que discrepa con los argumentos aportados por el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a los delitos de malversación en el procés y además le acusa de hacer consideraciones políticas «sorprendentes e innecesarias».

Así lo indican fuentes socialistas después de conocerse la decisión del Supremo. «No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas», se quejan los socialistas.

SUMAR NO TEME POR LA LEGISLATURA

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun ha hecho un llamamiento a los jueces a que «se respete a la voluntad del legislador» y que se aplique la amnistía en su «totalidad», después de la decisión del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación de Puigemont.

El también ministro de Cultura ha señalado en rueda de prensa que sabían «desde el primer momento» que la amnistía «iba a encontrar obstáculos» pero ha enfatizado que los tribunales tienen que «respetar la voluntad del legislador» como considera que sí hace el criterio fijado por la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Pese al contratiempo que pudiera ocasionar este revés a Puigdemont en la relación del Gobierno de coalición con Junts, cuyos siete votos necesita imperiosamente para sacar adelante los Presupuestos y otras leyes, Urtasun ha rechazado que la decisión del Supremo «vaya a suponer ninguna desestabilización de la legislatura». En todo caso, ha insistido en que la amnistía tiene que ser «completa» y «en los términos en los que se votó». Además de destacar que la estrategia del PP de «acoso y derribo» con este asunto ha «fracasado».

Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2024/07/01/66829d11e9cf4ae44a8b457c.html

EL CABREO DE LOS FRANCESES (QUE ES EL NUESTRO)

Artículo de Luis Ventoso publicado en El Debate el pasado día 1

¿Y si el gran tema no fuesen los políticos sino todos nosotros, que pretendemos disfrutar el premio sin hacer el esfuerzo que se requiere para ganarlo? Los británicos están bastante cabreados, porque las promesas nacionalistas del Brexit no acaban de cumplirse y el país va ni fu ni fa. Los estadounidenses están muy cabreados, divididos en una suerte de guerra civil ideológica, con dos bandos casi irreconciliables –o sin casi– y un candidato a la presidencia senil y otro que apoyó un asalto al Capitolio, con un tío disfrazado de indio al frente del motín. Y los franceses están híper cabreados, porque el poder adquisitivo ha mermado y la inseguridad ha crecido en sus barrios, y porque de propina quieren vivir igual de bien que antes trabajando menos que nunca. Por eso gana Le Pen.

En Occidente el malestar habita principalmente en la ancha clase media, el motor de sus sociedades, y atiende a una cuestión fundamental: la globalización le ha sentado mal a su poder adquisitivo, que cae desde los noventa, porque el futuro se ha pirado a Asia, el continente que sí crece en serio. Y cuando ves que tus hijos van a vivir peor que tú… malo.

Cuando los analistas estudian la situación política occidental suelen mirar al dedo y no a la Luna. Centran sus disquisiciones en los populismos políticos que afloran como respuesta, pero no en el problema primigenio. Por eso me ha encantado un artículo de ayer en The Sunday Times de Matthew Syed, un periodista de padre paquistaní y madre galesa, formado en Oxford, que presenta la peculiaridad de que en su juventud fue el campeonísimo de ping-pong de su país. Syed escribe un frase clave, que para mí resume el meollo del lío que tenemos: «Nadie quiere sacrificarse por un futuro mejor». Somos la generación de lo que él llama el «now, now, now» y el «me, me, me». Deseamos disfrutar el éxito sin asumir los sacrificios para alcanzarlo.

El cabreo de los franceses se entiende. Es como si las cosas hubiesen dejado de funcionar como antaño (un pasado que se tiende a idealizar). Muchos ya no se reconocen en su propio país. La borrasca es similar a la que opaca España, Alemania, Reino Unido… El Estado del bienestar europeo, insostenible en su formulación actual, se paga a deuda, lo que compromete el futuro de las generaciones venideras y lastra el propio crecimiento. Francia tiene una deuda pública sobre el PIB del 115 %, lo que hace que un bocado del león del dinero público se vaya a pagar los intereses de ese inmenso pufo. Una alocada huida hacia adelante, que por supuesto nadie se atreve a cortar, y menos el lepenismo, que comparte la idea de que papá Estado puede con todo y debe emerger como el redentor de la patria.

En paralelo, los franceses han perdido ganas de currar. Son pioneros en la reducción de jornada y al tiempo la productividad cae. Es decir: trabajar cada vez menos y además lo hacen peor. Con tan diligente espíritu quedan muchos puestos de trabajo sin cubrir. Falta mano de obra. Además, los hijos estorban en unas sociedades hedonistas, así que la demografía es un horror. ¿Y cuál es la solución? Pues la de todo el Occidente -todavía- próspero: traer masas de inmigrantes de fuera, poco cualificados en general y que se emplean con bajos salarios. Siguiente fase: roces en la integración, guetos y aumento de la inseguridad. Reacción: más cabreo y más votos para quienes prometen atajar la inmigración irregular (muchas veces de manera mendaz, como hicieron los brexiteros, pues en el Reino Unido la cifras globales han empeorado, con la diferencia de que donde antes había europeos ahora hay asiáticos y africanos).

La foto de Francia –y de toda Europa– se completa con una pérdida del sentido de lo trascedente y sus principios morales; con adocenamientos tipo Netflix y TikTok (cada vez más europeos tienen como distracción ver vídeos de gatitos y osos panda en el móvil); con flojísima pegada en el mundo digital, donde hoy se juega todo; y con una visión romántica del campo como reserva de identidad (cuando en la práctica vive de la subvención comunitaria, en lo que supone un autoengaño que está prohibido reconocer). Por último, culto al Estado a tope, una atosigante burocracia bruselense y una baja valoración de la importancia de la iniciativa personal y el meritoriaje. Ahí tienen resumido el paisaje de Francia. Y el nuestro.

Nos ha tocado vivir el declinar de Roma. Ni Macrones ni Lepenes van a cambiar demasiado la inercia. La salvaje escabechina de la II Guerra Mundial operó como lo que parafraseando al economista austríaco Schumpeter podríamos llamar «una destrucción creativa». Hubo que reconstruir el mundo y Occidente vivió en consecuencia un sensacional canto del cisne en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Ahora la ola ha perdido su ímpetu. Estamos en la resaca del desconcierto y en las propuestas milagreras, con una política cada vez menos templada y más intransigente, como ocurre cada vez que el bolsillo se acatarra.

Pero en fin… a Francia siempre le quedarán los macarons, el Louvre, una melancólica añoranza de la «grandeur» y el Carrefour.

Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/20240701/cabreo-franceses-nuestro_209488.html

EL PACTO CAÍDO DEL CIELO, LA APUESTA DE FEIJÓO Y LAS DUDAS DE LA DERECHA

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 30

En sólo una semana, ha cambiado tanto el panorama político español que todavía no acaba de verse claro su significado. En parte, porque no es aún posible, ya que la tramitación de este «Pacto por la independencia judicial» durará hasta finales de Julio. En parte, también, porque Sánchez, después de firmarlo, ha dejado que Bolaños siembre la duda sobre su cumplimiento. Y, en última instancia, porque, cuando la derecha estaba dispuesta a resistir el asalto definitivo de Sánchez al Tribunal Supremo, el Pacto no sólo salva a su Sala Segunda, valladar de resistencia a la Ley de Amnistía, del asedio anunciado para este mismo lunes, sino que lo pone a salvo para el futuro.

Además, se ha pactado una mayoría de tres quintos -13 sobre 20- para el nombramiento de los cargos vacantes en los niveles más altos de la Justicia, se han endurecido las condiciones profesionales para el acceso al Supremo y a la Fiscalía General del Estado, eliminando para el futuro a los políticos colocados como agentes togados en el Constitucional, y, en éste órgano se ha cubierto la plaza que correspondía al Senado y al PP con José María Macías, el más firme detractor de la Ley de Amnistía en el CGPJ. En suma, el pacto recoge lo propuesto por Feijóo en su discurso de investidura, que hasta ahora había sido rechazado y hasta ridiculizado por Sánchez.

La apuesta personal y política de Feijóo

Acostumbrados a la mendacidad de Sánchez y a la torpeza del PP, los medios de oposición al sanchismo se mostraron desde el principio, antes de leerlo incluso, contrarios al pacto. En parte, por las promesas incumplidas por el inquilino monclovita, que son todas, y en parte porque el PP no tuvo tiempo para que lo entendieran sus propios dirigentes y el conjunto de la sociedad española. La entrevista de Feijóo este jueves en La mañana de esRadio fue la mejor explicación sobre el complicado desarrollo de estas conversaciones, cuya clave expuso él mismo en la sesión de control del miércoles: «usted ha firmado lo que rechazó hace dos años porque le han forzado a hacerlo las instituciones europeas», «y si no -aclaró en la radio- nunca hubiera firmado este pacto». Y es que, como demostró el trágala asumido por el grupo socialista en el Congreso, la firma del pacto no sólo renunciaba al plan de tomar por asalto el CGPJ y desde ahí, el Supremo, sino que concedía la victoria al PP, que acudía al pacto como derrotado. Era un pacto caído del cielo, un maná para la oposición. De ahí el escepticismo.

El actor principal de este pacto no ha sido González Pons, cuya credibilidad es mínima, sino Feijóo, cuya cautela, asociada a lo gallego, se creía máxima. Y de pronto, caía en la trampa de Sánchez, le entregaba una legitimidad de la que carecía y nos dejaba sin alternativa a Sánchez. Eso sucedía, además, tras las elecciones europeas, de las que ha salido un Vox obsesionado por Alvise, del que ha copiado la ruptura con la Corona, y que ya sólo veía solidez en la oposición dentro del PP. Pero es que nadie, ni siquiera dentro del PP conocía los términos del pacto, sólo eran rumores, y como las fuentes cenagosas de Génova 13 suelen obrar a favor del PSOE, los medios y líderes antisanchistas se pusieron en lo peor. De ahí que Ayuso alertara de que pactar con Sánchez ponía en jaque la democracia española y que dentro del grupo parlamentario del PP aguardaran espantados el texto del acuerdo, hecho bajo la lupa europea y, por tanto, tampoco muy fiable.

La clave de este misterio es que, para prevenir cualquier filtración que impidiese la firma, como ya pasó en dos intentos anteriores, sólo dos personas sabían lo pactado. Feijóo y Pons. Absolutamente nadie más. Y esa cautela obligaba a que el PP lo conociera a la vez que los demás. Sólo los miembros de la judicatura que ayudaron en aspectos concretos, sabían algo, pero no todo, y sobre la base de lo redactado para la investidura de Feijóo.

El presidente del PP se creía moralmente obligado a defender al Supremo, último baluarte del orden constitucional vulnerado por la Ley de Amnistía. Por eso yo dije que podía hablarse del Pacto Marchena, o, más tarde, del Acuerdo Macías. Pero además de la obligación de no dejar tirado al símbolo de la resistencia judicial, Feijóo contaba con la oportunidad que le brindaba el ultimátum europeo a Sánchez, al que condenaba el informe sobre la justicia en los países de la UE por tres motivos: la Ley de amnistía, las actuaciones delictuosas del Fiscal General del Estado y las del Tribunal Constitucional de Cándido Golpe Pumpido, autoproclamado Supremo del Supremo para amnistiar a los sociatas corruptos condenados por los ERE.

El papel de Sánchez como superviviente, pese a su derrota ante el PP, de la debacle socialista en las europeas, quedaba a merced del Comisariado de Justicia, en el que tanto Reynders como Youreva habían instado al PP a sentarse y firmar la renovación del CGPJ, pero estaban muy al tanto de los planes totalitarios de Sánchez y de su oposición a que los jueces sean elegidos por sus pares, clave doctrinal de la UE sobre la separación de poderes y que Sánchez y el PSOE desde González han rechazado siempre. Si Sánchez necesitaba a la UE, y la UE tenía la doctrina que rompía los planes de Sánchez para dominar la Justicia, sólo faltaba que el pacto no fuera entre PP y PSOE, sino de ambos ante la UE, garante del pacto. Y esa fue la foto final: Youreva poniendo su mano sobre las de Pons y Bolaños. Esa fue la apuesta personal de Feijóo, aunque era consciente del rechazo que el acuerdo produciría en la derecha en general y en el PP en particular.

Sin embargo, pocas horas después de que se conocieran los términos del acuerdo, el PP en pleno, con Ayuso y Aznar a la cabeza, y seguramente tras consultar a jueces afines, respaldaban sin ambages el pacto y a Feijóo. La oposición groseramente amplificada por la Izquierda de los «duros» con los «dialogantes» blanditos se convertía en férrea unidad contra Sánchez. Y el «blando» Feijóo del que los portavoces monclovitas dicen que no puede saltarse el control de Ayuso y Aznar para acercarse al Gobierno, tropezaban con que los duros apoyaban al blando, que, encima, el miércoles mostraba una feroz determinación de ahondar y no limitar los ataques a un Sánchez incapaz de ir más allá del sarcasmo liviano: «para usted la perra gorda».

Es probable que desconozca que esa alusión popular a los céntimos de peseta, de diez la «gorda», de cinco la «chica» no aluden a ningún perro, sino al león español del anverso de la moneda, que, desgastado por el uso, se fue convirtiendo en «perra». Y algo similar ha pasado con Feijóo que, cuando parecía más desgastado, ha sacado las uñas y ha pegado un zarpazo feroz. La apuesta era arriesgada, porque los términos sólo los conocía él. Y uno a solas se equivoca más que acompañado. Pero la responsabilidad de cambiar el escenario del asalto a la Justicia era suya. Y la ha aprovechado.

La reticencia maximalista se mantiene en la Derecha

Debo decir, sin embargo, que en la mayoría de los medios que están contra Sánchez, la reticencia hacia el pacto sigue viva. Incluso en esta casa, estoy en franca minoría. Explicaré los, a mi juicio, grandes olvidos de los maximalistas. El primero es olvidar que sólo el PP y el PSOE podían pactar algo ante la UE, y era imposible que, de golpe, el PSOE renunciara a lo que ha hecho contra la separación de poderes desde 1985, y menos en pleno ataque al Supremo. Lo único que podía hacer el PP era frenar el asalto y mejorar la independencia judicial para la inmediata provisión de decenas de plazas y en el futuro. Pero, en la línea de Vox, se atribuye a Feijóo idéntico afán de control de la Justicia que el PSOE, y con el fraseo desdeñoso del «todos son iguales» se olvidan de que este PP ha mantenido la negativa al pacto mientras no se garantizara, al menos para el futuro que los jueces elijan a los jueces. Y cuando el PSOE se traga esa amarga píldora ante la UE, se dice que es igual que los que tiene enfrente. Entonces, podía haberse ahorrado Feijóo este teatro y el peligroso desgaste de su liderazgo en el PP.

Por el contrario, y contra pronóstico -yo dije en la radio que no creía que Sánchez firmara el acuerdo en los términos filtrados, los de la fallida investidura de Feijóo, porque era salir perdedor de una situación ganadora. Ahora bien, por la presión europea, por saber manejar las expectativas del PSOE, o simplemente por la audacia de negociar sin renunciar a nada, lo cierto es que el pacto se hizo y la APM, gran referente de la judicatura leal a la Constitución, lo celebró. Que se veían perdidos lo prueba la triste nota del Supremo, cuya salida frenó el PP, al menos en los días decisivos de la negociación sobre la última enmienda, pero que ya no alteró el pacto.

Pudo hacerlo Macías, al final del final, y se dice que, ante las airadas protestas del PSOE, Feijóo se la jugó: «quitamos a Macías si vosotros quitáis al ex-ministro Campo y la ex-empleada de Moncloa». Y ahí está Macías, pesadilla de Pumpido. Se dirá: ¿qué mejor prueba del cambalache entre partidos? Y cabrá replicarles: ¿es mejor no pactar y dejar el campo libre a Sánchez, sin oposición? Yo creo que no. Es más, me parece evidente que la posición de Sánchez es peor que la que tenía, aunque Bolaños se niegue a sí mismo. Y la del PP, mejor. ¿O es que alguien cree que cabía hacer un pacto sobre la Justicia sin el PSOE?¿Culparemos a Feijóo de que Sánchez no sea fiable?

Otra vez, entre la reforma y la ruptura

Claro que el PSOE negará haber firmado lo firmado, o mantener el modo de elegir los jueces, pero Feijóo lo dejó claro: se vota todo, o nada. Y el culpable ante la UE de la parálisis del CGPJ será Sánchez. Por supuesto, tratará de darle la vuelta a la tortilla, pero ya están rotos los huevos. Antes de este pacto caído del cielo, estábamos dando las boqueadas. Tras el maná, por lo menos estamos en pie. Jehová alimentó a su pueblo durante cuarenta años mientras vagaba por el desierto. Los mismos años que llevamos con la Justicia totalmente en manos de los políticos. Ahora, sólo parcialmente. Y eso no deja de ser una mejora, que no impide mejoras mayores en el futuro. Estamos de nuevo ante la disyuntiva de la Transición: reforma o ruptura. Y, como entonces, la reforma es la única forma eficaz de ir a mejor, no a peor.

Artículo en : https://www.libertaddigital.com/opinion/2024-06-30/federico-jimenez-losantos-el-pacto-caido-del-cielo-la-apuesta-de-feijoo-y-las-dudas-de-la-derecha-7142490/

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