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“Puigdemont amenaza a Sánchez con no permitir el «3-0» socialista, pero los números no sostienen su órdago”, de Guillermo Altarriba Vilanova; “El latrocinio fiscal”, de José María Triper; “Chiqui Montero”, de Antonio R. Naranjo; y «¿Ni una medalla? ¿En serio? Es una vergüenza. ¿Y quién asume ahora las responsabilidades?», de Kike Marín
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 14)
PUIGDEMONT AMENAZA A SÁNCHEZ CON NO PERMITIR EL «3-0» SOCIALISTA, PERO LOS NÚMEROS NO SOSTIENEN SU ÓRDAGO
Artículo de Guillermo Altarriba Vilanova publicado en El Debate el pasado día 14
El expresidente eleva el tono pero el PSOE descarta una moción de censura y los de Junts no pueden influir en la Generalitat ni en Barcelona. Más allá de la retórica triunfalista de sus acólitos, la realidad es que el teatro de Carles Puigdemont regresando a Barcelona y volviendo a huir de inmediato el pasado jueves tiene más de pirotecnia desesperada de final de temporada que de arranque triunfal de una nueva etapa. Apagados los fuegos artificiales, Puigdemont sigue recluido en Waterloo mientras el gobierno de Salvador Illa echa a andar en Cataluña gracias a los votos de los antiguos socios de Junts.
De ahí que Puigdemont se sienta «excluido del sistema» y alce el tono contra los socialistas, a los que considera responsables de no haber garantizado su amnistía e impedir así su regreso. Según adelantaba ayer El Español, fuentes cercanas al expresidente habrían transmitido a Pedro Sánchez el mensaje de que Puigdemont no estaba dispuesto a permitir un «3-0», en referencia a que el tándem PSOE-PSC gobierne en España, Cataluña y Barcelona, mientras que Junts no.
Tres ámbitos, además, en los que los socialistas gobiernan con el apoyo de ERC, que se ha convertido en el enemigo señalado por los juntaires y en el blanco de sus críticas más feroces. Les consideran poco menos que unos traidores a la causa independentista por pactar con el PSC de Salvador Illa –obviando interesadamente que Junts también ha pactado la investidura de un presidente socialista, Pedro Sánchez– y les acusan de permitir el Govern «más españolista» en años.
En el Congreso
No obstante, más allá de las palabras gruesas, Puigdemont y Junts no tienen fuego pesado que disparar en Madrid, aunque sí tengan cierta munición. Así, los postconvergentes tienen la intención de que sus siete diputados en el Congreso compliquen la vida a Sánchez, tumbando sus iniciativas parlamentarias como hicieron ya en julio con el techo de gasto y la Ley de Extranjería.
No obstante, aunque los siete votos de los postconvergentes son imprescindibles para articular mayorías para aprobar leyes concretas, en el entorno de Pedro Sánchez no sufren por la estabilidad del Gobierno. La única forma de que Puigdemont pudiese tumbar el ejecutivo de Sánchez sería a través de una moción de censura pactada con el PP y Vox, dos partidos que son anatema absoluto para el independentismo.
Los socialistas cuentan con que el teatro de Puigdemont hacia Madrid es en realidad una escenificación más en clave interna, y con que la dificultad para explicar a sus propias bases un acuerdo con los de Feijóo y Abascal frenará a Junts de apretar el botón rojo.
En Cataluña, a por el voto de ERC
En clave autonómica –segundo gol de ese «3-0»–, la situación de Junts también es delicada. El partido anunció esta semana la convocatoria de un congreso extraordinario para finales de octubre, y reveló entre líneas sus intenciones de fagocitar al electorado de ERC. Vista la derrota en las urnas, Junts quiere recomponerse como un partido basado en la pureza independentista y arremolinado en torno a la figura de Puigdemont, sin quien –declaró Jordi Turull– no imaginan su futuro.
El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene durante un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Dicha concentración ha sido convocada por entidades independentistas, con la asistencia de Junts, ERC, CUP, ANC, Òmnium Cultural, CDR y Associació de Municipis per la Independència (AMI). Puigdemont tiene previsto asistir a este acto de bienvenida para después participar en el pleno de investidura del líder del PSC, casi siete años después de instalarse en Bélgica por las consecuencias judiciales del ‘procés’, y con una orden de detención.
Con todo, mientras Junts se mira el ombligo y trata de captar votantes desencantados de ERC, la legislatura echa a rodar. Está en el aire saber si Puigdemont mantendrá su promesa de abandonar «la primera línea política» si perdía las elecciones –cosa que ya ha ocurrido– o si se retractará y ejercerá de líder de la oposición, pero mientras tanto el partido está cada vez más solo en el Parlament.
A pesar de que fueron la segunda fuerza más votada en mayo, en el hemiciclo catalán se han quedado solos, ya que no quieren oír hablar ni de los socios de investidura –ERC, el PSC y los Comunes son «españolistas»– ni, por supuesto, del PP ni de Vox. Consideran que Aliança Catalana es «extrema derecha» y la CUP se encarga de recordarles a la menor ocasión que, aunque compartan anhelo separatista, su «modelo de país» no es ni mucho menos el mismo.
Barcelona, en el aire
El tercer ámbito del 3-0 es el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado actualmente por los socialistas gracias a un pacto de investidura sui géneris que reunía los votos de los Comunes de Ada Colau y al PP para evitar un gobierno independentista de Xavier Trias, el candidato de Junts. «¡Que os zurzan!», espetó entonces el histórico político convergente.
Pasados los meses, no obstante, el gobierno de Collboni alcanzó un pacto con la dirección de ERC en Barcelona para que los republicanos entrasen a formar parte del ejecutivo municipal. Un pacto que ya estaba escrito y que debían ratificar las bases a mediados de junio, pero que no llegó a materializarse, ya que el partido suspendió la votación al prever que los militantes tumbarían el acuerdo.
En aquel momento los ánimos estaban encendidos porque los equipos negociadores de ERC y el PSC aún no habían alcanzado un acuerdo para investir a Salvador Illa. Ahora, con el polvo asentándose, se espera que ERC proponga próximamente una nueva votación y entre a formar parte del gobierno de Collboni. Tampoco aquí tiene Junts nada que decir, dejando patente que las voces contra el «3-0» de Puigdemont son mucho ruido pero pocas nueces.
EL LATROCINIO FISCAL
Artículo de José María Triper publicado en El Economista el pasado día 13
Latrocinio. Con esta palabra tan rotunda como indicativa calificaba quien fuera vicepresidente socialista del Gobierno y número dos del PSOE, Alfonso Guerra, el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana (ERC) para investir a Salvador Illa a cambio de la independencia fiscal de Cataluña, paso previo al referéndum de autodeterminación.
Latrocinio. Palabra que el diccionario de la Real Academia defina como «acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente». Y Alfonso Guerra, hombre de tan amplia cultura como probada honestidad política y sentido del Estado, nunca utiliza una palabra en vano si no con plena consciencia y en la plenitud de su significado.
Un latrocinio este el del concierto económico – que incluye también una Agencia Tributaria de Cataluña que recaude en un futuro todos los impuestos estatales comenzando en 2026 con el IRPF- que no sólo rompe el principio constitucional de igualdad entre los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de España, sino que se basa en una gran mentira: la infrafinanciación de Cataluña. El propio Ministerio de Hacienda reconoce en su último informe de Liquidación de la Financiación Autonómica que las únicas comunidades infra financiadas son Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, mientras que Cataluña está por encima de la media. Concretamente un 0,9% superior.
Recordar aquí Madrid, Cataluña y Baleares son los tres únicas comunidades aportadoras netas al sistema de solidaridad fiscal, algo que se explica porque tienen las mayores rentas per cápita de España. Pero mientras Madrid aporta 6.313 millones de euros al sistema, el 25% de sus ingresos fiscales, Cataluña sólo contribuye con 2.168, y Baleares con 334, cifras que suponen únicamente el 7% de su recaudación impositiva.
Suprimir del sistema de la parte correspondiente a Cataluña implicaría una importante deterioro de la sanidad, educación y de todos los servicios sociales en el resto de Comunidades, con el agravante añadido de que el acuerdo no incluye la transferencia a Cataluña de la Seguridad Social, que es claramente deficitaria, por lo que los ciudadanos del resto de los españoles no sólo seremos más pobres y soportaremos más impuestos sino que tendremos que pagar las pensiones de los catalanes. Es decir que con este acuerdo Pedro Sánchez, se transforma en el antagonista del mítico Robin Hood, para robar a los pobres y dárselo a los ricos.
De hecho, La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha avanzado ya que el concierto catalán obligará a Hacienda a aumentar la recaudación por IRPF casi un 30%, mientras que el trasvase a las arcas catalanas sería de 13.000 millones de euros más anuales, que no servirían para bajar los impuestos a los catalanes sino que sus gobernantes dispondrían de más dinero para embajadas, propaganda, exclusión de España y lo español y otras veleidades de sus onanismos independentistas.
Acuerdo que, además, ambos firmantes saben que difícilmente se va a poder cumplir, porque nuestra Carta Magna sólo reconoce dos conciertos excepcionales, los del País Vasco y Navarra y la incorporación de Cataluña a este privilegio obligaría a una reforma constitucional que exige el voto afirmativo de al menos tres quintos de las dos Cámaras parlamentarias, inalcanzable sin el acuerdo con el Partido Popular que ni está por la labor, ni se le espera. Eso, además de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que también debería ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso y el Senado.
Sostiene la teoría política que sin Hacienda no hay Estado y con este acuerdo desaparece Hacienda de Cataluña y con Hacienda también el Estado. Con un, Salvador Illa presidente de un gobierno nacionalista y títere de los independentistas, investido por obra y gracia de un acto de corrupción política, y con un Pedro Sánchez y su gobierno escondidos y cómplices de la segregación, del desgobierno y del acoso y derribo a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.
CHIQUI MONTERO
Artículo de Antonio R. Naranjo publicado en El Debate el pasado día 13
Por mucho que se disfrace de usuaria de la Feria de Sevilla, es la responsable del atraco que perpetra cada día su jefe. María Jesús Montero fue la calamidad que dejó la Hacienda andaluza como el medallero español en taekwondo, y le añadió un acto supino de indigencia moral: se negó a intentar recuperar el desfalco de los ERE, ahora amnistiado por la banda de Conde-Pumpido, unos forajidos de leyenda con placa de sheriff concedida por Sánchez.
Lo hizo tan bien en su tierra, con ese socialismo andaluz empobrecedor y clientelar que ya no opera allí pero está a pleno rendimiento en La Moncloa, que fue ascendida a ministra de Hacienda, con los galones añadidos de número 2 del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno: es como si a una cajera que pierde, distrae o descuadra mil euros al día la hicieran consejera delegada de Mercadona.
La susodicha peleó como pocas, cuando servía a Chaves y a Griñán, contra toda fórmula de «negociación singular» para Cataluña, con un cacareo gramaticalmente exasperante, el suyo siempre, pero conceptualmente impecable: lo que se da de más a uno se le da de menos a otro, una norma tan inapelable como la ley de la gravedad o el principio de Arquímedes, salvo que seas socialista y necesites comprar algo o a alguien.
Montero es una psicópata fiscal que ha incrementado la recaudación por el método buitre de aprovecharse de la inflación y duplicar la presión impositiva sobre los curritos, los autónomos y los pequeños empresarios para ir conformando Españistán, la arcadia de las paguitas, los subsidios eternos, las bajas fraudulentas, las ayuditas, el empleíto público y el dolce far niente.
Y además de eso, que la convierte en la oficiosa ministra del Voto Cautivo, es una incompetente compulsiva y una mentirosa patológica, lo que explica la predilección del jefe por ella: es su alter ego con pelo largo, acento gracioso y cromosomas XX, una combinación espléndida para encargarle los trabajos más sucios disfrazada de usuaria de la feria de Sevilla.
Ahora dice que el cupo catalán es el no va más de la financiación solidaria para España, que es como decir que la agresión sexual es el último grito en relaciones íntimas y que, con un nuevo paraíso fiscal a sumarse a los del País Vasco y Navarra, las cosas irán mejor en Murcia, Castilla-La Mancha o Melilla.
Rectificarse a sí mismo requiere de un ejercicio de pedagogía y penitencia que le permita al receptor entender las razones exactas del volantazo, con todas las explicaciones oportunas y la memoria económica imprescindible para, al menos, poder darle una vuelta por si acaso.
No sucede esto con Montero, como tampoco con Sánchez, autor de virajes históricos que para sus heraldos se justifican como un mero «cambio de opinión»: ninguno es capaz de echar unas cuentas, de decirle a un extremeño cómo va a ser posible prosperar con menos recursos y más necesidades; ni cómo se acata que el que más tiene menos comparta, un contradiós hasta para los socialistas menos ilustrados.
Y no lo explican porque no tiene explicación, como no la tiene que un golpista, un prófugo y un terrorista, todos ellos además separatistas, designen presidente del Gobierno y le conviertan en su mozo de heces, legendario oficio al servicio del trasero de reyes y de papas.
El socialismo consiste en expropiar la riqueza ajena para esparcir miseria clientelar y transformar al ciudadano subsidiado en un zombi electoral, pero en el caso catalán ha mutado en una sorprendente cepa vírica nueva: ahora también renuncia a pellizcarle al más rico y apuesta por hacer pasar más hambre al más pobre, si con ello perfecciona el penúltimo invento de Sánchez.
Ya se está intentando comprar a pensionistas, jóvenes, funcionarios, vulnerables de verdad y de mentira, inmigrantes y vagos institucionalizados: ahora lo intenta con los 48 diputados que tiene asignados Cataluña en el Congreso, los únicos que le pueden librar de una paliza en las urnas. Si acaso algún día las vuelven a poner con transparencia, que Maduro es un amigo y su ensayo es un ejemplo para los compañeros revolucionarios a ambos lados del charco.
Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/20240813/chiqui-montero_219837.html
«¿NI UNA MEDALLA? ¿EN SERIO? ES UNA VERGÜENZA . ¿Y QUIÉN ASUME AHORA LAS RESPONSABILIDADES?»
Artículo de Kike Marín publicado en El Confidencial el pasado día 12
El 1 de enero de 2023 entró en vigor la nueva Ley del Deporte, que, según el Gobierno de Sánchez, actualizaba la de 1990 y se ponía al día en materia de inclusión e igualdad, además de eliminar cualquier tipo de discriminación. Siendo esto importante, esta ley fue elaborada con criterios más políticos o ideológicos que de gestión deportiva. De ahí que no se realizaran unos cambios estructurales que los resultados de los recientes Juegos Olímpicos de París han vuelto a dejar en evidencia.
Prueba de que la nueva Ley del Deporte se hizo de cara a la galería es que tan solo un mes antes, el 29 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó una subvención de un millón de euros para «el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, que evalúe la situación real de todos los agentes implicados en el ecosistema deportivo y su comparación con los sistemas de referencia, e identifique áreas de mejora y palancas de cambio para su redefinición e implantación».
Fue el mismísimo Pedro Sánchez quien anunció la puesta en marcha de este millonario trabajo que, según dijo, acabaría con la elaboración de un documento de orientaciones generales y específicas, de carácter operativo y dirigido a la futura ejecución del modelo desarrollado. Documento que empezó a gestionar el presidente del Comité Olímpico Español (COE), pero del que no hay noticias. Y que, en todo caso, lo lógico hubiera sido hacer antes y no después de aprobar una ley que no ha solucionado el gran problema: el clientelismo federativo y lo que este sistema conlleva.
En materia deportiva, Sánchez suma cinco ministros: el efímero Máximo Huerta, el difunto José Guirao, José Manuel Rodríguez Uribes, Miquel Iceta y Pilar Alegría. Otros tantos presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD): María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco, Víctor Francos y el exministro Uribes—. Y cuatro directores generales: Mariano Soriano, Joaquín de Arístegui, Albert Soler y Fernando Molinero. La protección a su coetáneo Luis Rubiales lo resume todo.
La rotunda afirmación de Gómez Navarro
Ya lo dijo recientemente Javier Gómez Navarro, secretario de Estado para el Deporte durante los exitosos Juegos de Barcelona 92: «Sánchez no se ocupa en absoluto del deporte, le importa un carajo«. Y no solo no se ocupa, sino que tampoco le preocupa. De ahí que haya dado tanto poder al presidente del COE, Alejandro Blanco, no en vano «hermano» del mencionado Rubiales, y adalid de ese clientelismo federativo al que aludíamos como cáncer del deporte español.
Blanco lleva en el COE desde 2005 y ha visto pasar 9 ministros de Deportes y 9 presidentes del CSD, hasta acabar ejerciendo él de superministro
Blanco, que lleva al frente del COE desde 2005, ha visto pasar a nueve ministros: los cinco citados de Sánchez, más dos de Zapatero, María Jesús Sansegundo y Mercedes Cabrera, y dos de Rajoy, José Ignacio Wert e Iñigo Méndez de Vigo. Así como nueve presidentes del CSD, los cinco anteriores, más Jaime Lissavetzky, Albert Soler, Miguel Cardenal y José Ramón Lete, y nada menos que 11 directores generales, los cuatro de la etapa actual, más Rafael Blanco, Manuel Fonseca, Albert Soler, Matilde García Duarte, Ana Muñoz, Óscar Graefenhain y Jaime González Castaño. Y así hasta convertirse en superministro de Deportes con un Uribes al que ha eclipsado.
Lo cierto es que España regresa de París con un medallero que dista del vaticinado por el propio Blanco, quien esperaba superar los 22 metales de Barcelona 92. Al final ha sido 18, una más que en Atlanta 96, con los mismos oros (5) y menos platas (6-4) que bronces (6-9). Una medalla más que en Río y Tokio, pero una menos que en Atenas, Pekín y Londres. Y ello pese a contar con la mayor delegación de la historia (383 deportistas), récord de equipos (11) y participación en especialidades (31), y sin una potencia como Rusia.
El presidente del COE señala al CSD
«En España, la alta competición y la responsabilidad del deporte la tiene el CSD», se apresuró a comentar el presidente del COE al poco de acabar los Juegos de París. «En distintos países con éxito, el Gobierno legisla, da un dinero y lo controla, pero es su comité olímpico el que lo reparte. Es el caso de los que mejor rendimiento tienen, como son Italia, Alemania, los países nórdicos, Francia, Países Bajos, Corea, Japón… Estos países pueden planificar mejor porque no les afecta cuando hay muchos cambios de ministros, de secretarios de estado, de gobierno…», añadió Alejandro Blanco sin ponerse colorado y a toro pasado.
«La alta competición y la responsabilidad del deporte la tiene el CSD», dice el presidente del COE, que vaticinó más de 22 medallas
«En España el sistema es el que es. Hay que agradecer la inversión del Gobierno y el programa Team España, que complementa a ADO (?) para los deportistas», siguió comentado el presidente del COE, sacudiéndose ese afán de protagonismo que acaparó durante los Juegos y señalando al CSD. «Obtener resultados no es cosa de un año o dos. Hay que tener una planificación específica a largo plazo y dotar a las federaciones de más recursos y programas especializados», sentenció.
«Lo más importante es definir el modelo y qué queremos del deporte a corto y medio plazo. Estamos muy alejados respecto a la inversión de otros países. Esto no es cosa de un año, sino de muchos. Pasados unos días, hemos de plantear qué queremos del deporte español y construir un modelo», insistió Blanco. Sí, el mismo que iba a encargarse del citado modelo de un millón de euros y que antes de viajar a París dijo que lo hacía «con sitio en la maleta para las más de 22 medallas que va a lograr el deporte español».
«Lo más importante es definir el modelo y qué queremos del deporte a corto y medio plazo», dice ahora quien iba a encargarse de hacerlo
Al final, le han faltado cuatro, aunque no hay que olvidar los 51 diplomas, que se dan de los puestos del 4º al 8º, con hasta 9 cuartos puestos, las llamadas medallas de chocolate. ¿Fracaso? Sirva el dato de que en 2023 el deporte español logró 63 medallas en campeonatos del mundo y de Europa, además de numerosos éxitos a nivel de clubes. Que cada uno lo juzgue, porque todo no es Blanco… o negro.
Coral Bistuer denuncia lo sucedido en taekwondo
Eso sí, si hay un deporte en el que claramente España ha naufragado, ese es el taekwondo. Casualmente el mejor —o peor— ejemplo de mala praxis por parte de su presidente, Jesús Castellanos, y, por consiguiente, de ese clientelismo de Blanco. «Los que no tienen culpa de nada son los deportistas», comenta Coral Bistuer.
«Desde Seúl 88 es la primera vez que el taekwondo no trae ninguna medalla», recuerda la pionera en este otrora exitoso deporte en España
La madrileña, pionera en este deporte, en el que ganó tres títulos mundiales, un bronce en Seúl 88 y nada menos que el oro en Barcelona 92, tuvo la oportunidad de vivir recientemente una experiencia como directora de Deportes de la Comunidad de Madrid, que le ha confirmado todo lo que pensaba.
«¿Ni una medalla? ¿En serio? Es una vergüenza. Desde Seúl 1988 es la primera vez que el taekwondo no trae ninguna medalla para España», comenta una indignada Coral, para a continuación lanzar las grandes preguntas: «¿Y ahora qué? ¿Quién asumirá las responsabilidades? Cuando hay medallas, los malos dirigentes, y el presidente de la Federación Española de Taekwondo (RFET) es el mejor representante, se apresuran a hacerse fotos con ellas. No hay cosa más patética. Pero, ahora que no pueden parapetarse en el resultado, toca responsabilizarse del fracaso del taekwondo español. ¿Habrá algún mea culpa? ¿Alguna dimisión? Ja, ja, ja».
«El problema está dentro y, por fin, Castellanos y su banda han conseguido lo que llevan años intentando: destrozar el taekwondo español»
«El problema son los malos dirigentes. Ni saben, ni quieren saber y, para no desentonar, se rodean de peones sin escrúpulos. El problema está dentro y, por fin, Jesús Castellanos y su banda han logrado lo que llevan años intentando: destrozar el taekwondo español. ¡Bravo, señor presidente! Ustedes sí que han logrado su objetivo. Pero, ¿y el resto del taekwondo? ¿Vamos a decir algo o, como casi siempre, seguiremos poniéndonos de perfil? París 2024 nos ha dejado sin medallas, pero nos ha dado la posibilidad de que el mundo vea hacia donde íbamos y, desgraciadamente, dónde nos han puesto. ¿Y ahora qué?», sentencia Coral Bistuer.
Cabe recordar que el aludido Jesús Castellanos, al frente del taekwondo desde 2005, llegó a ser retenido varias horas por la Policía Nacional en 2016. Según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la RFET sería un organismo experto en camuflar facturas, arañar subvenciones públicas y asegurar a sus máximos responsables holgados sobresueldos irregulares en B. De hecho, la Fiscalía y el CSD piden 10 años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal.
Pero, aun así, Alejandro Blanco defiende y seguirá defendiendo a Castellanos. Por algo es el superministro de Deportes, quien da la sensación de que ni hace ni deja hacer y que lo único que le importa es estar en Los Ángeles 2028. Por cierto, ¿tendrá diseñado para entonces ese modelo del deporte español subvencionado con un millón de euros, el mismo que tanto reclamó nada más acabar París 2024?