La “humillación” de Puigdemont y el silencio del Gobierno

Por Carlos de Bustamante

(Intervención de Puigdemont delante del Parlament el día 8)

La mañana del pasado día 8, jueves, creo que buena parte de los españoles estuvimos pendientes del regreso de Puigdemont y de si ello avocaba a nuevas elecciones en Cataluña y quizá en España también. Todo un lío ante el que Sánchez y su Gobierno guardaban silencio. El Gobierno mantenía el mutismo decretado en los últimos días sobre la investidura de Illa, candidato socialista a presidir Cataluña, y todo lo que  la rodeaba.

Y entonces se produjo la noticia, sobre las 10 de lamañana: Puigdemont apareció próximo al Parlamento catalán dando un discurso que retrasmitían las principales televisiones y radios.  Y después desapareció. A pesar de estar vigente una orden de busca y captura contra él, cruzó nuestras fronteras sin problema y tras un discurso en público ante las fuerzas policiales -los mossos- que no se atrevían a arrestarle por miedo a posibles disturbios que ello provocaría, y volvió a escaparse. Increíble.

Los líderes de PP y Vox coincidieron en tildar de «humillación» el discurso de Carles Puigdemont en Barcelona, retransmitido en directo por la televisión pública y privada y las principales radios, tras el cual el ex president de Cataluña desapareció sin ser detenido. Desde hace casi siete años pesa sobre él una orden de detención por la que ha permanecido huido de la Justicia por la comisión de los delitos de malversación agravada y desobediencia.

«Es doloroso asistir en directo a este delirio del que Pedro Sánchez es el máximo responsable. Es imperdonable dañar la imagen de España así», advirtió el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X en el que se refiere a estos hechos como «una humillación insoportable, otra más».

A través de la misma red social, Santiago Abascal ha denunciado también que «la destrucción del Estado de derecho se retransmite por TVE» y que supone «una humillación para todos los españoles obligados a pagar hasta la más estúpida multa». «Sánchez disfruta con la destrucción de la legalidad, porque ve en ello una oportunidad para seguir impune en su corrupción política y económica. ¡Corruptos y traidores!»,  subrayó el dirigente de Vox.

Sobre los desplazamientos del PSOE para ver a Puigdemont

A todo esto, el Partido Popular ha registrado dos baterías de preguntas en el Senado en el Senado para que el Gobierno revele quién ha pagado los viajes a Suiza «para alertar a Puigdemont». La portavoz ‘popular’, Alicia García, ha reclamado por escrito «si se ha utilizado algún medio de transporte gubernamental o se han costeado con dinero público los viajes a Suiza y Bélgica de altos cargos de Pedro Sánchez para entrevistarse con Carles Puigdemont».

Los ‘populares’ aluden, entre otros desplazamientos, a la reunión mantenida el pasado 19 de julio entre el PSOE y Junts en Suiza, en la que los socialistas pidieron en persona al ex presidente catalán que reconsiderara su decisión de regresar a España para ser detenido. Puigdemont replicó que había adquirido un «compromiso político» y que lo iba a cumplir.

El PP pone el foco, además, en el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, interlocutor habitual con Puigdemont en los encuentros celebrados fuera de España durante los últimos meses. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se refiere a él como el «negociador en la venta de los principios básicos de nuestra democracia». De ahí que los senadores ‘populares’ reclamen quién ha costeado los desplazamientos para ver al líder de Junts prófugo de la Justicia: si «el PSOE o todos los españoles».

«No vamos a consentir que el dinero de todos los españoles se destine a las negociaciones con Puigdemont», advierte la senadora Alicia García, que ha requerido también si Cerdán «ha sido acompañado por algún miembro del Ejecutivo o asesor en dichos desplazamientos y si se ha abonado cuantía alguna por el Gobierno para hacer frente a esos viajes».

De ahí que pida, asimismo, «las facturas aprobadas por la Intervención General del Estado, incluyendo los costes de desplazamiento y, en su caso, alojamiento, manutención y estancia de cualquier índole que se hayan devengado en dichos viajes».

«Es evidente que el último y desesperado intento de Sánchez de fulminar nuestro Estado de derecho no ha funcionado y ni siquiera una ley que parecía hecha a medida para el prófugo le asegura ya su permanencia en el poder», sostiene el Grupo ‘popular’ en el Senado.

Puigdemont desaparece

 A mediodía del jueves día 8 de este mes de agosto, todavía no habían detenido a Puigdemont.  Los mossos habían perseguido un coche blnco en el que parece escapó Puigdemont, y que resulta pertenece a otro mosso, quizá compinchado con el huido para confundir a sus compañeros embarcados en su búsqueda en una operación llamada “jaula”, totalmente inútil. Dicho mosso ha sido arrestado por complicidad, pero nada más se sabe.

Fuentes del Ejecutivo criticaban enseguida la actuación de los agentes, que no han detenido al expresident, y creen que la cúpula de los Mossos debe asumir responsabilidades. Los Mossos habían activado la ‘operación Jaula’ para buscar a Puigdemont después de fracasar su detención “pactada”.

El Gobierno ha dicho estar descontento con la actuación de los Mossos d’Esquadra ante el regreso a España de Carles Puigdemont tras casi siete años esquivando a la Justicia. Fuentes del Ejecutivo criticaban el mismo día 8 la actuación de los agentes de la policía autonómica, que no han detenido al expresident de la Generalitat a pesar de haber aparecido públicamente y pronunciar un discurso ante centenares de personas. En la Moncloa consideran que la cúpula de los Mossos debe asumir responsabilidades.

“Tras días anunciando su regreso a España -explicaba después la prensa-, Puigdemont ha reaparecido poco antes de las nueve de la mañana y se ha subido a un escenario ubicado a pocos metros del Parlament, desde el que se ha dirigido a cientos de sus seguidores. Ha sido después de bajarse del escenario cuando ha desaparecido: mientras los diputados de Junts y sus colaboradores entraban al edificio, nadie era capaz de ubicar al expresident. La policía autonómica catalana ha activado una operación jaula para intentar localizar y detener al líder de Junts, que está en paradero desconocido desde instantes después de bajarse del escenario. El pasado 1 de julio, el juez del Tribunal Pablo Llarena declaró no aplicable la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación y mantuvo la orden nacional de detención que había dictado contra él en 2023. Se daba por hecho, por tanto, que su retorno a España implicaría su arresto.”

Los Mossos d’Esquadra, según fuentes del departamento de Interior de la Generalitat, habían pactado una detención “proporcional” con él y no contaban con esta situación. Esto suponía no detenerle delante de los miles de manifestantes presentes en el Passeig Lluís Companys, pero antes de que se pudiera efectuar la detención, el expresident desapareció y salió del radar de la policía.

Para la oposición, todo ello es culpa de Sánchez y su Gobierno.

El juez pide explicaciones sobre el operativo policial

El juez instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reclamó el viernes día 9, en dos providencias a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, las explicaciones pertinentes sobre el operativo policial que se desplego para la detener al expresidente catalán Carles Puigdemont, que tiene activa una orden de busca y captura en territorio nacional, y «sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial».

El magistrado ha pedido al Gobierno y a la cúpula de los Mossos que se le informe de quién eran «los agentes responsables del diseño del operativo» a cargo del cuerpo policial autonómico catalán, «los responsables de su aprobación» y a quienes se encomendó «su ejecución o despliegue operativo» durante la mañana de este pasado jueves en la que el prófugo dio un discurso público ante miles de seguidores desde un escenario situado en el Arco del Triunfo de Barcelona.

En concreto al departamento del socialista Grande-Marlaska, le solicita que aclarar las características del dispositivo policial que se habría «dispuesto para su detección en frontera» tras su fuga y consecuente arresto, así como las «órdenes que fueron cursadas» desde Madrid para este fin.

El instructor de la causa quiere dilucidar, con estos datos, cómo el líder de Junts logró «evadirse» al finalizar su intervención y, con ello, «eludir» la orden de detención que la Sala Segunda del Supremo dictó -y sigue vigente- en su contra por su responsabilidad en el desafío soberanista que protagonizó la Generalitat de Cataluña que él presidía.

La «Operación Jaula» falló, pese a que fueron más de un centenar los agentes que estuvieron desplegados antes y durante la presencia de Puigdemont en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, y más aún a los que se movilizó con este dispositivo para tratar de interceptarlo en su fuga fuera del país.

Ni las cuatro horas de controles en carreteras, el cierre de las salidas de la capital o el rastreo de las matrículas de los vehículos en los que podría desplazarse sirvieron para dar con el expresident.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han echado ya balones fuera y trasladado la responsabilidad y la segunda no detención del dirigente independentista a los Mossos. Ha sido Félix Bolaños el encargado de romper el silencio para señalar que las explicaciones las debía dar el conseller catalán saliente de Interior, Joan Ignasi Elena.

Está por ver el alcance de la asunción de responsabilidades en la polícia autonómica, mientras se da por hecho la salida del actual comisario jefe, Eduard Sallent, y su sustitución por el mayor Josep Lluís Trapero.