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“Junts pide al Gobierno más de 10.000 millones para las autonomías para renegociar la senda de déficit”, de Ainhoa Martínez; “El presidente de Asturias anuncia que tiene «garantía plena» sobre una financiación autonómica `multilateral´ tras verse con el ministro Torres y antes de reunirse con Sánchez”, de Marta Belver; “Francia promete orden en las calles y fronteras, Alemania suspende Schengen para controlar la inmigración ilegal; ¿y España?”, de Luis Losada; y “Conde-Pumpido, denunciado por prevaricar en el Constitucional sobre la amnistía”, de Francisco Mercado
(“Puigdemont, de caza mayor”. Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 24 )
JUNTS PIDE AL GOBIERNO MÁS DE 10.000 MILLONES PARA LAS AUTONOMÍAS PARA RENEGOCIAR LA SENDA DE DÉFICIT
Artículo de Ainhoa Martínez publicado La Razón en el pasado día 25
Puigdemont consigue, de nuevo, doblarle el brazo al Gobierno, que retira el techo de gasto y lo modificará para intentar cortejar a sus socios. El Gobierno toma conciencia del grave desgaste institucional que supone su debilidad parlamentaria. Lejos de la pretendida autonomía que Pedro Sánchez predica de sus socios de investidura, asegurando que está dispuesto a gobernar «sin el concurso del legislativo» –al que considera más «restrictivo» que «constructivo»–, lo cierto es que en Moncloa asumen que necesitan una mayoría que no tienen y que sin ella la viabilidad de la legislatura es limitada.
El Ejecutivo tenía previsto llevar a votación este jueves en el Congreso de los Diputados el mismo techo de gasto que naufragó en julio y anticipando idéntico resultado ha decidido rectificar. El Gobierno retiró ayer del orden del día la votación de la senda de estabilidad, evitando así encadenar un nuevo traspié parlamentario y que se visibilice otra derrota en el marcador del hemiciclo. Aunque en la práctica, este movimiento es ya una derrota en sí mismo y supone una enmienda a la estrategia que se había trazado hasta la fecha.
Fuentes gubernamentales argumentan esta marcha atrás como un ejercicio de «responsabilidad» para darse más tiempo para negociar. «Supone dar una oportunidad al diálogo», apuntan. Para conseguir los números que hoy les faltan para que la senda de estabilidad pueda salir adelante y aprobar, en base a ella, los Presupuestos para 2025, el Gobierno tendrá que hacer en el futuro lo que no ha hecho hasta el momento: negociar con Junts. Esto supone una contradicción en sí mismo, pues hasta ahora, en el Ejecutivo se mostraban dispuestos a trabajar en unas nuevas cuentas con la senda vigente o incluso llegar a prorrogar las del ejercicio de 2023 si fuera necesario para no hacer nuevas cesiones ante sus socios. Finalmente, ese esfuerzo de resistencia numantina se ha venido abajo y en Moncloa confirman que están dispuestos a hacer ajustes en el techo de gasto para colmar las aspiraciones de sus socios. «Si aplazamos la tramitación de esta senda de estabilidad es para afrontar ese diálogo y para llegar a un acuerdo con Junts», reconoció Pilar Alegría.
No obstante, no parece que vaya a ser fácil alcanzar ese acuerdo por las exigencias de máximos que ha impuesto Junts: los posconvergentes quieren que las autonomías se queden con un tercio de la capacidad de déficit de todas las Administraciones Públicas (formadas por Estado, autonomías, ayuntamientos y Seguridad Social). De esa manera, las autonomías pasarían de quedarse con el 0,1% de déficit al 0,8% sobre el PIB (el año pasado contaban con el 0,9%), lo que supondría un aumento voluminoso en términos absolutos: de los 1.600 millones de euros actuales a en torno a 13.000 millones, es decir, unos 11.400 millones más. Cataluña, en ese sentido, ganaría más capacidad de gasto (en este caso, de endeudamiento): se estima que, con el 2,5% de déficit previsto por el Gobierno, todas las administraciones contarán con en torno a 38.000 millones de euros, pero Sánchez quiere quedarse con el 96% para el Estado (2,2%) y la Seguridad Social (0,2%) y dejar a autonomías (0,1%) y ayuntamientos (0%) sin apenas margen. Los posconvergentes piden que las autonomías se queden una tercera parte de la capacidad de déficit y se remiten a una moción aprobada en el Parlament en 2014, que contó, precisamente, con el apoyo del PSC. Junts, igual que el PP, saca a pasear la hemeroteca y recuerda cómo los socialistas, con María Jesús Montero a la cabeza, exigían en 2014 más margen de déficit cuando gobernaba Mariano Rajoy.
Para capear las dificultades de cuadrar los números, el Gobierno ha tratado de hacer más guiños a Junts, como la reactivación de la comisión de investigación de los atentados del 17A y la previsión es que este mismo jueves se apruebe el plan de trabajo. En este sentido, esta comisión, de contenido muy delicado porque se hace sobre algo ya juzgado, puede ayudar a aliviar las presiones que va a ejercer Junts con la senda de déficit.
En Moncloa tratan ahora de dar la vuelta a la derrota y señalan que «frente a los cálculos partidistas» de aquellos que se dedican a «votar en contra de todo lo que propone el Gobierno de España», en esta ocasión lo que estaba en juego era algo «muy importante»: según los cálculos del Gobierno, había 12.000 millones para políticas públicas. «Votar en contra de los 12.000 millones no es votar en contra del Gobierno, sino en contra de todos los ciudadanos de nuestro país», aseveró Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pese a poner todo el peso en la posición del PP, fuentes gubernamentales descartan que haya cualquier posibilidad de interlocución con los populares.
El giro en sus posicionamientos ha sido copernicano. En el PSOE han pasado, en horas, de asumir como muy «probable» el rechazo a la senda de déficit en el Congreso, ante la imposibilidad de contar con los siete votos de Junts, a señalar que «si no tenían los números era obvio que había que ponerse a negociar». Una tarea que han descuidado durante estas semanas, las mismas que los posconvergentes llevan anticipando su rechazo a la senda. El PSOE hizo un último intento de reconducir la situación con un viaje el pasado fin de semana a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont. La reunión no salió bien y la delegación encabezada por el secretario de Organización, Santos Cerdán, se volvió con el mismo «no» con el que llegaron. Pero algo se ha movido para que la maquinaria se haya puesto a funcionar. Junts consigue, de nuevo, doblarle el brazo al Gobierno, que da marcha atrás con el techo de gasto y lo rehará para intentar cortejar a sus socios.
EL PRESIDENTE DE ASTURIAS ANUNCIA QUE TIENE «GARANTÍA PLENA» SOBRE UNA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA «MULTILATERAL» TRAS VERSE CON EL MINISTRO TORRES Y ANTES DE REUNIRSE CON SÁNCHEZ
Artículo de Marta Belver publicado en El Mundo el pasado día 24
Barbón asegura que «va a ser un acuerdo que se tenga que votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», como él había exigido.
En el PSOE daban por descontadas las críticas a la soberanía fiscal plena pactada para Cataluña por parte de algunos barones del partido, como el castellanomanchego Emiliano García-Page, pero preocupaba la reacción de otros, en particular la del presidente de Asturias. Adrián Barbón tendrá la oportunidad de trasladarle en persona este viernes al jefe del Gobierno su opinión sobre la reforma de la financiación autonómica -en la ronda de reuniones a las que Pedro Sánchez está convocando a todos los dirigentes regionales- tras haber alzado la voz con firmeza para mostrarse «en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común».
El también secretario general de los socialistas asturianos no acudió al Comité Federal del pasado 7 de septiembre en el que se abordó de forma orgánica el asunto de la cesión de la gestión de impuestos exigida por ERC que ha permitido situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat, por lo que será en el Palacio de La Moncloa donde fijará de forma oficial su posición exclusivamente como cargo institucional y no como representante de una formación política, tal y como ha defendido que se debía abordar este asunto. Lo hará con «talante constructivo», pero al mismo tiempo dispuesto a «defender los intereses» de su región con toda su «fuerza» y su «capacidad de convicción y de razonamiento».
«En materia de financiación fui muy claro: el acuerdo tendría que ser multilateral, porque en aquel momento incluso se dudaba de si el acuerdo iba a ser multilateral, era la interpretación que se estaba intentado hacer desde determinados ámbitos», subrayó este lunes Barbón respecto a la rueda de prensa de agosto en la que alzó la voz en contra de un trato privilegiado para Cataluña. «Tenemos la garantía plena de que va a ser un acuerdo, como pide Asturias, que se tenga que votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) y que tiene que ser fruto del diálogo con todas las comunidades», agregó dando por hecho que el Gobierno ha atendido la reclamación que hizo en público.
A raíz de la polémica sobre el pacto alcanzado en Cataluña que se empezó a extender a finales de julio entre las federaciones socialistas afectadas directamente por el cambio de fiscalidad en la segunda comunidad que más aporta a la caja común, varios miembros del Ejecutivo -aunque no directamente Sánchez-, además de Illa, hablaron en privado con el dirigente asturiano, que ha evitado entrar en confrontación directa con la dirección del partido. Este lunes se reunió también con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la sede del Gobierno en Oviedo, aunque en su equipo no detallan si hablaron específicamente de esta cuestión.
En declaraciones a los medios, Torres sí que dijo que Sánchez escuchará las demandas que Barbón propondrá el viernes «en defensa de Asturias». «Estoy convencido de que llevará una batería de peticiones muy importantes», aseguró el ministro agregando de paso que estas reuniones -que ya ha mantenido con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, Galicia, Alfonso Rueda, y País Vasco, Imanol Pradales- son «absolutamente fructíferas».
A mediados de agosto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó la idea de que no había intención de reactivar la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica en el seno del CPFF por la falta de consensos mínimos con el PP. Tras el inicio de la ronda de contactos de Sánchez con dirigentes autonómicos, el Gobierno ha indicado que es ese foro en el que se debe abordar por tratarse de un tema «multilateral» y no en la Conferencia de Presidentes.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2024/09/24/66f1c634e4d4d878338b4592.html
FRANCIA PROMETE ORDEN EN LAS CALLES Y FRONTERAS, ALEMANIA SUSPENDE SCHENGEN PARA CONTROLAR LA INMIGRACIÓN ILEGAL; ¿Y ESPAÑA?
Artículo de Luis Losada publicado en Actuall el pasado día 24
La inmigración ilegal ha disparado la inseguridad y la delincuencia; no podemos seguir mirando para otro lado.
El nuevo gobierno francés presidido por Michael Barnier ha anunciado firmeza para garantizar orden en las calles y fronteras. “La libertad está amenazada”, dicen. Y es que sin seguridad, la libertad es una entelequia. Y eso explica el desprecio de la democracia de las nuevas generaciones. ¿Para qué quiero la supuesta libertad si no puedo salir a la calle? El buenismo se convierte en libertad para el delito; o sea, en impunidad y garantía para el delincuente.
En Alemania también han decidido suspender Schengen y controlar las fronteras, que son muchas; nueve, en concreto. El motivo es controlar la inmigración ilegal. Alemania ofrece el estado social más generoso y no se puede permitir la entrada de más ilegales. Ni su economía ni su seguridad.
El multiculturalismo fracasó hace tiempo. Pero no ha sido hasta que han explotado los movimientos soberanistas que los principales países han tomado cartas en el asunto. Mirar para otro lado ya no es alternativa porque el dumping social a las clases menos favorecidas y la inseguridad en las ‘no-gozones’ es insoportable.
¿Y España? Es verdad que la inmensa mayoría de los nuevos empleos están siendo asumidos por inmigrantes. Tenemos un paro descontrolado, lideramos las cifras de desempleo e inflación y el índice de miseria que suma ambas estadísticas, pero sólo se colocan los inmigrantes. Interesante.
Expulsamos a la generación supuestamente mejor formada que sale del país para buscarse un futuro con esperanza fuera de España. A cambio importamos mano de obra no cualificada y generamos más puestos públicos. Los que viven del Estado ya superan a los que trabajamos en el sector privado en más de medio millón. Insostenible económicamente. Sólo se explica por la permanencia en Moncloa que garantiza la compra de votos.
Los índices delincuenciales también se han disparado. La razón es que hemos importado modelos delincuenciales desconocidos hasta ahora y que para algunas ‘culturas’ la violencia es un método adecuado de solución de conflictos y la mujer debe de estar sometida al hombre. Eso explica el crecimiento vertiginoso de la violencia sexual y las ‘manadas’.
Es verdad que mucha de nuestra inmigración es hispana y mucho más integrable que la magrebí o subsahariana. Pero también es verdad que la delincuencia se ha disparado y que la convivencia en algunos barrios es inviable. Por eso negarse a asumir la realidad que ya han asumido Francia o Alemania es un garantía de suicidio social. O quizás peor: a lo mejor se trata de un maquiavélico plan de recambio poblacional para garantizarse la permanencia en el poder.
Artículo en: https://www.actuall.com/democracia/francia-promete-orden-en-las-calles-y-fronteras/
CONDE-PUMPIDO, DENUNCIADO POR PREVARICAR EN EL CONSTITUCIONAL SOBRE LA AMNISTÍA
Artículo de Francisco Mercado publicado en esdiario.com el pasado día 23
La querella sustenta que fue ponente en la abstención de un recusado (Campo) cuando también estaba recusado. Cándido Conde Pumpido, tras haber pastoreado desde la presidencia del Constitucional el borrado de los delitos de los ERE que se perfilaron cuando era fiscal general del estado, recibe con la amnistía algo más grave que una recusación por su papel en la amnistía: una querella por prevaricación ante el Supremo.
La base es que Conde-Pumpido participó como ponente en la abstención en el Constitucional sobre la ley de amnistía como ponente del ex ministro Juan Carlos Campo (también recusado) cuando el ex fiscal general estaba recusado por el PP. Esto, para el letrado Luis Pardo (Iustitia Europa), “son indicios racionales y suficientes de la supuesta comisión del delito de prevaricación”.
Y lo desarrolla así. “Habiendo tenido conocimiento extraprocesal del escrito del Partido Popular, estos ya han advertido al Tribunal Constitucional de la gravísima vulneración del ordenamiento jurídico, ya que a pesar de haber formulado recusación en anterior escrito rector contra el Presidente del Tribunal Constitucional, D. Cándido Conde- Pumpido Tourón; y los Sres. Magistrados, D. Juan Carlos Campo Moreno y Da. Laura Díez Bueso; D. Cándido Conde-Pumpido, le ha sido atribuida la ponencia sobre la abstención del Excmo. Sr. D. Juan Carlos Campo Moreno en los recursos citados anteriormente.”
La querella sostiene que la ley le impedía participar. “D. Cándido Conde Pumpido, no puede formar parte del órgano encargado de resolver la recusación. Los magistrados recusados no puedan formar parte del órgano encargado de resolver la recusación”.
Y recuerda el querellante que la única causa para exceptuar esta regla general se encontraría en “asegurar la propia funcionalidad del órgano constitucional”, ya ante una recusación que no permitiera “alcanzar el quórum mínimo imprescindible de ocho miembros -previsto en el art. 14 LOTC- para que pueda actuar en el ejercicio de sus competencias”.
Pero el denunciante no cree que sea el caso en lo referente a la amnistía. “Ante la recusación de solo tres magistrados, nada está impidiendo que el Tribunal Constitucional funcione de manera ordinaria y adopte sus acuerdos de conformidad con el artículo 14 LOTC. No hay razón alguna para exceptuar la relevante regla general de que el juez o magistrado recusado no puede actuar en el proceso hasta que se tramite y resuelva el incidente de recusación”.
“La excepcionalidad”, añade, “se aplica para salvaguardar la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías, que solo en supuestos verdaderamente excepcionales puede resultar inaplicada. No es el caso, puesto que no existen recusaciones de todo el Tribunal Constitucional sino de tres magistrados”.
“Por lo anterior, a nuestro juicio, resulta notorio que durante la tramitación de los incidentes de recusación no puede formar parte del Pleno que tramite y decida sobre los mismos ninguno de los magistrados singularmente recusados en el escrito rector de este proceso y, por tanto, el querellado Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido “, concluye la querella.