Italia: los jueces tendrán que rechazar actas de nacimiento por vientres de alquiler 

Por Carlos de Bustamante

(Giorgia Meloni y Carolina Varchi, diputada impulsora de la ley contra los vientres de alquiler)

Me ha gustado la noticia de que Italia ha aprobado, el pasado 16 de octubre, la ley contra los vientres de alquiler, y la especificación de que será de aplicación también fuera del país. Resulta que, en todos los países donde los vientres de alquiler están prohibidos -que son, por ahora, la mayoría- se presenta el problema del reconocimiento y filiación de los hijos obtenidos por vientres de alquiler fuera de sus fronteras. Esto lo aprovechan los impulsores de esta industria para forzar un reconocimiento de hecho, por la vía de las resoluciones judiciales, de lo que las leyes prohíben, con el fin de disponer en el futuro de un argumento para forzar la legalización. La norma italiana viene a dificultar este fraude de ley.

«Desde hoy, Italia ya no será cómplice, ni siquiera indirectamente, de una práctica que explota el cuerpo de las mujeres con un auténtico ‘horno’ donde producir niños a medida como si fuesen objetos de compraventa», celebró Jacopo Coghe, portavoz de ProVita&Famiglia: «Está claro que a partir de hoy, aún más que antes, los jueces tendrán que rechazar las peticiones de inscribir las actas de nacimiento presentados por parejas que se han aprovechado de vientres de alquiler del exterior para tener hijos de otros».

Abrumadora mayoría

El Senado italiano aprobó ese miércoles la denominada Ley Varchi (por el nombre de la primera firmante, Carolina Varchi, de Fratelli d’Italiael pasado) por 84 votos contra 58. La ley ya había obtenido en julio de 2023 el respaldo de la Cámara de los Diputados por 166 síes, 109 noes y 4 abstenciones. Esta ley establece los vientres de alquiler como «delito universal», es decir, perseguible por los jueces italianos también cuando haya sido cometido fuera de Italia, donde ya era delito. La norma, impulsada por Giorgia Meloni en la anterior legislatura, ha contado con el apoyo de la mayoría de gobierno (Fratelli d’Italia, Forza Italia y la Lega) y la oposición de la izquierda.

El movimiento feminista está dividido ante esta norma: la apoyan los grupos que consideran la ‘maternidad subrogada’ una forma de explotación de la mujer y la rechazan los grupos que priorizan los ‘derechos’ de la mujer sobre su propio cuerpo (y sobre el cuerpo del niño así concebido y/o nacido).

Ése fue el argumento esgrimido por Elisa Pirro, senadora del Movimiento 5 Estrellas: «Mis órganos son míos y hago con ellos lo que quiero», proclamó al explicar su voto negativo. Otros senadores de la oposición consideraron «irracional» o «una aberración jurídica» el que la ley considere dicho delito perseguible universalmente. Una caracterización que tiene como finalidad disuadir a los italianos de acudir a lugares donde los vientres de alquiler constituyen prácticamente una industria establecida, como Ucrania, o emergente, como Georgia o Albania.

Por su parte, la ministra de Familia e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Rocella, defendió la pertinencia de la ley para poner trabas a la trata de seres humanos: «Quien se atrinchera detrás de la retórica de los ‘derechos’ para justificar la práctica del vientre de alquiler debería preguntarse por qué existe toda una red feminista mundial que apoya la iniciativa de Italia y considera a nuestro país un ejemplo a seguir. Hoy, con el voto del parlamento italiano, los derechos no han sido negados, sino, por el contrario, reafirmados y convertidos finalmente en eficaces».