Los lunes, revista de prensa y red

“Tajada política de todo”, de Tomás Gómez; “Sánchez toma las riendas para protegerse de la antipolítica por la gestión de la DANA”, de Raúl Piña; “Sánchez incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente a la Comunidad Valenciana”, de Antonio R. Naranjo; y “Valencia: el aliento de una nación ante un Estado desnortado, desastrado y traicionado”, de Federico Jiménez Losantos

(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 13)

TAJADA POLÍTICA DE TODO

Artículo de Tomás Gómez publicado en La Razón el pasado día 13

Sánchez ha maniobrado tácticamente para que Mazón cargue con toda la responsabilidad.
Van pasando los días y en Valencia sigue sin verse claro el día en que la normalidad vuelva. Las familias lloran a sus muertos y desaparecidos al tiempo que desescombran y sacan aguas estancadas de viviendas con el riesgo de infecciones y epidemias.
Las administraciones se lo han tomado como un pulso político más. Sánchez ha maniobrado tácticamente para que Mazón cargue con toda la responsabilidad y la cabeza del valenciano pende de un hilo.
Las manifestaciones pidiendo su dimisión le sitúa en una posición difícil de aguantar mucho tiempo y en tanto que los medios y la ciudadanía dirigen su mirada hacia él, más se aleja la mirada crítica de Moncloa.
Mazón lo hizo mal, no supo valorar la riada y se empeñó en aparecer ante la opinión pública como líder de la gestión. Sánchez lo vio claro: si Mazón gestionaba mal, saldría achicharrado, si lo hacía bien, Sánchez tampoco saldría perjudicado. Se está cumpliendo el primer escenario.
La inmoralidad se hace insoportable cuando la pregunta es si se podrían haber evitado gran parte de las muertes. Habrá un episodio judicial, bien a instancias de familiares, de organizaciones o damnificados, lo que hará de las inundaciones el gran caso mediático de los últimos tiempos.
Sánchez ha sido él mismo, frío, calculador y dispuesto a sacar partido de cualquier tema. Ha supeditado las ayudas a los que han perdido todo con la gota fría, a la aprobación de los Presupuestos y a la cumbre climática mundial, que este año se celebra en Azerbaiyán. Allí ha exhortado a actuar contra el cambio climático y ha puesto a Valencia como ejemplo de las catástrofes por venir. «No es un hecho aislado, el cambio climático mata, debemos actuar».
No deja de ser cínico que el socialista haga un llamamiento a movilizarse a la comunidad internacional, mientras que España permanecía inmóvil porque supuestamente el gobierno autonómico no había solicitado su ayuda. La recuperación va a ser larga y requerirá de recursos, ya está bien de sacar tajada política de la desgracia de las personas en un intento de ocultar las negligencias institucionales.
Artículo en: https://www.larazon.es/espana/tajada-politica-todo_2024111367345222c142b600012296d9.html

SÁNCHEZ TOMA LAS RIENDAS PARA PROTEGERSE DE LA ANTIPOLÍTICA POR LA GESTIÓN DE LA DANA

Artículo de Raúl Piña publicado en El Mundo el pasado día 12

Asume protagonismo mediático y detalla todos los recursos desplegados frente al malestar de los ciudadanos. De manera oficial e institucional, es la Comunidad Valenciana, en la figura de Salomé Pradas, la consejera de Justicia e Interior, quien ostenta la responsabilidad de la gestión de la crisis provocada por la DANA, la dirección de emergencias. Y lo es porque ni el gobierno valenciano ni el Gobierno central se han atrevido a dar el paso de declarar la emergencia nacional, subir al nivel 3 la alerta, y que sea la Administración central, en la figura del ministro del Interior, quien pilote la crisis. Pero de manera oficiosa, La Moncloa ha dado un golpe sobre la mesa y se ha pasado a una estrategia para exhibir gestión y presencia, pese a que oficialmente la Generalitat esté al mando. A este planteamiento obedecen las comparecencias tras los últimos Consejos de Ministros de Pedro Sánchez para explicar las medidas aprobadas y detallar los recursos habilitados por el Ejecutivo, así como las ruedas de prensa de personal más técnico, como sucedió durante la pandemia, tras los comités de crisis que se celebraban cada día en Moncloa.
En el seno del Gobierno existe la percepción de que Carlos Mazón está perdiendo el relato político y mediático. Que la gestión que está realizando de la catástrofe, con capítulos enrevesados como el de la comida que mantuvo el martes 29 de octubre, día de la tragedia, y su incorporación tardía a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), provocan una «censura» mayoritaria. Una percepción que creen se reforzó tras la manifestación del sábado, pues si bien hubo también protestas y censura hacia el Gobierno, el foco se puso principalmente en el presidente valenciano. Ello lleva a concluir al Gobierno que ha perdido el relato social también. Pero el caldo y el cultivo del malestar ciudadano está presente y es extensivo, como se constató en la visita de los Reyes, Sánchez y Mazón a Paiporta. De ahí que el propósito sea contener ese malestar en Mazón y evitar una escalada que ya existe, pero que termine de impregnar por completo a La Moncloa.
En ese propósito de levantar un escudo, se despliegan las explicaciones por parte de segundos escalafones técnicos del Gobierno desde la sala de prensa de La Moncloa desgranando las medidas y recursos aprobados; comparece el teniente general de la UME, Javier Marcos, para explicar cómo y cuándo actuaron y por qué no lo hicieron antes -«No puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza»-; o Sánchez hace una detallada fotografía de todos los recursos que el Gobierno ha desplegado en Valencia. «Vamos a…» fue la expresión que usó ayer en más de una ocasión el jefe del Ejecutivo.
Ayer puso sobre la mesa, de manera detallada, que actualmente hay sobre el terreno 18.200 militares, guardias civiles, policías nacionales y técnicos forestales. Un despliegue que, detalló en su intervención sin escatimar detalles, se ha visto completado con 3.800 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, incluyendo un buque anfibio; dos cazaminas, un buque de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y más de 200 equipos pesados y ligeros para la extracción de agua y de lodo.
El presidente del Gobierno toma las riendas de la comunicación y se visibiliza como rostro de la gestión, pese a que oficialmente ésta recaiga en la Comunidad Valenciana. No ha habido comparecencias ante los medios de las vicepresidentas María Jesús Montero (Hacienda), Teresa Ribera (Transición Ecológica) o Yolanda Díaz (Trabajo), pese a la implicación del departamento de Ribera en cómo se gestó y el por qué de la crisis y la responsabilidad de las otros dos en las medidas y el plan de recuperación que se va aprobando cada martes. Sí han tenido algo más de protagonismo el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, integrado en el Cecopi desde l 1 de noviembre, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que hace las veces de portavoz, y la de Ciencia, Diana Morant, pero más en su faceta de líder de los socialistas valencianos.
El propósito de Sánchez con su presencia y protagonismo es intentar atajar esa desafección, ese temor de la antipolítica, y tratar de que se acote a Mazón. En un pensamiento: desactivar el mensaje que ha recorrido estos días Valencia, ante la falta de recursos y la ayuda de voluntarios, de «sólo el pueblo salva al pueblo». La incomodidad con que este mensaje cale la evidenció ayer el jefe del Ejecutivo, que trató de atajar esta ola, desactivarla, de manera específica. «Estamos viendo algunas campañas en redes sociales de que sólo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que trabajando en una empresa privada paga sus impuestos, o los empresarios que pagan sus impuestos para que, precisamente, ante situaciones como ésta el Estado responda de manera eficaz y equitativa. Lo que les puedo trasladar es que el Gobierno está a lo que hay que estar: reconstruir y relanzar».
El presidente del Gobierno llegó a expresar ayer la conveniencia de que al igual que se aplaudía todos los días a los sanitarios durante la pandemia, debería hacerse hoy con «todos los servidores públicos de todas las administraciones públicas».
Los comités de crisis que se reúnen cada día en La Moncloa son otra manera con la que el Gobierno quiere trasladar a la opinión pública que está ahí, que está al pie de la gestión y de la catástrofe, pese a que públicamente la responsabilidad se descargue en Mazón.
Sánchez está convencido de que existe una campaña de desinformación y bulos que alienta esa corriente antipolítica y que se alimenta al calor del malestar ciudadano por la gestión de la DANA. «Lo que buscan es alimentar el caos y crear desasosiego y división en una población ya muy afectada por esta tragedia». Precisamente estos días Efe Verifica ha constatado que existe una campaña de manipulación que utiliza el rostro del jefe del Ejecutivo para hacer creer que algunos de sus simpatizantes reivindican con pintadas su gestión de la DANA. Se trata de perfiles que fingen ser seguidores del PSOE o de Podemos.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2024/11/12/67325df9e9cf4ab2628b45a9.html

SÁNCHEZ INCUMPLIÓ LA LEY PARA RENUNCIAR A LA GESTIÓN DE LA CATÁSTROFE Y CARGÁRSELA ILEGALMENTE A LA COMUNIDAD VALENCIANA

Artículo de Antonio R. Naranjo publicado en El Debate el pasado día 11

El presidente tenía la obligación de asumir el mando y la ley le exigía haberlo hecho con un simple decreto presidencial que ignoró adrede y le llevó a omitir medidas preventivas y de auxilio.
«Si necesita más recursos, que los pida». La lapidaria frase de Pedro Sánchez encierra toda la estrategia seguida por el Gobierno para convertir la catástrofe meteorológica y humanitaria en la Comunidad Valenciana, y otras cuatro en menor medida, en un problema político para el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y por extensión para su partido, el PP.
Pero encierra también la clave de una gestión catastrófica, de la que nadie sale indemne, con un primer y máximo responsable: el mismo que en la víspera del Día D estaba en la India e incumplió la ley para descargar en otra administración un mando que era suyo, no podía delegar y debía haber ejercido.
La polémica sobre quién tenía y tiene más competencias queda hoy resuelta con la documentación aclaratoria que aporta El Debate, demostrativa de que Pedro Sánchez renunció a un mando irrenunciable, que no podía delegar ni ignorar ni compartir y, sin embargo, despreció.
No necesitaba un Estado de Alarma ni activar al Ministerio del Interior declarando una «emergencia nacional», dos mecanismos con trámites parlamentarios más complejos o menos eficaces en un momento en el que las decisiones debían ser rápidas, ejecutivas y tajantes para paliar los estragos de la DANA y atender con urgencia sus consecuencias.
Y tampoco debía esperar a que la Generalitat valenciana solicitara pasar del estado de Alerta 2 a 3 para ceder un mando que ya era de la Moncloa, por mucho que la gestión de Carlos Mazón y su equipo sea también incompetente y esté rodeada de lagunas sobre su diligencia para gestionar los avisos, alertar a la población y, sobre todo, conocer la legislación para preguntarse por qué antes y después el Gobierno de España estuvo desaparecido.
Sánchez siempre tuvo el mando y no podía delegarlo: con un simple decreto debió anticiparse a la DANA y atender sus estragos
En realidad, a Sánchez le hubiera bastado con algo tan sencillo como aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que no solo le da derecho a tomar los mandos de una catástrofe perfectamente definida en la legislación, sino que le obligaba a hacerlo, tal y como evidencia el estudio jurídico elaborado para El Debate por la consultora ITCD, con Julio Naranjo al frente del equipo que no deja dudas sobre la responsabilidad del presidente del Gobierno.
Todo el mando es de Sánchez
La situación sufrida en la Comunidad Valencia y, en menor medida, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía e incluso Murcia requiere de unas competencias que le corresponden a Pedro Sánchez en exclusiva como jefe del Ejecutivo, según dispone el artículo 4.3 de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Esta Ley tiene por objeto definir el Sistema de Seguridad Nacional, que debe garantizar la unidad de acción, anticipación, prevención, capacidad de resistencia, coordinación y colaboración, en defensa del «superior interés nacional».
Esa encomienda legal en exclusiva al presidente del gobierno es la razón de que Pedro Sánchez promulgara el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que «es el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Contiene el análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España».
Ya antes, en el 2019, siendo presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por tanto, fue aprobada la Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, avalada por el Consejo de Seguridad Nacional, con una exigencia:
«Para avanzar hacia una acción pública basada en esa seguridad humana, es preciso poner el foco en las políticas y servicios de protección civil, y en la importancia de considerar la diversidad de la sociedad sobre la que proyecta su actuación. Por este motivo, afrontar los nuevos escenarios y profundizar en la generación de una verdadera resiliencia social, exige de un enfoque estratégico que incorpore entre los factores potenciadores del riesgo aquellos condicionantes sociales, económicos o personales que pueden situar a las personas en una situación de especial vulnerabilidad ante las catástrofes y emergencias».
De este modo, el Gobierno de Sánchez elevó en el 2019 la Protección Civil a la categoría de elemento esencial para la Seguridad Nacional, competencia exclusiva del Presidente del Gobierno, que es asistido por el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia en Moncloa, además de por su propio Consejo de Ministros. Este esquema se recoge en la citada orden de 2019:
El apartado 4.1 del Capítulo 2 de la Orden de Pedro Sánchez ya hacía específica mención a las inundaciones como un factor de riesgo en el ámbito de la protección civil, resaltando que estas pueden presentar «importantes repercusiones sociales y económicas» y señalando como actuaciones prioritarias la de «Fortalecer los Sistemas de Aviso Hidrológico de los Organismos de Cuenca», con equipos y herramientas predictivas para inundaciones, especialmente.
Sánchez tiene todos los poderes, son indelegables y subordinan a todas las Administraciones ante una catástrofe que él mismo incluyó en su plan de Seguridad Nacional
En el caso concreto de esta DANA, la información recabada previamente por la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hasta en su versión más benévola ya presagiaban una tragedia potencial sin precedentes, hubieran sido suficientes para que el Gobierno de España, con o sin la participación de la Generalitat, hubiese adoptado medidas preventivas en realidad sencillas: cerrar el tráfico por carretera, obligar a los ciudadanos a quedarse en sus casas e incluso evacuar los municipios con más riesgo de estragos.
Nada de eso se hizo desde que el 25 de octubre sonaran las primeras alarmas ni tampoco el domingo 27, cuando la Agencia Meteorológica difundió una «alerta especial», y ni siquiera cuando la tormenta estalló: en esos momentos cruciales, Pedro Sánchez estaba en la India o acababa de llegar; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Bruselas, su secretario de Estado, Hugo Morán, en Colombia, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en Brasil.
Todo lo que pudieron haber hecho antes y después de la hecatombe se incluye en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. En ella, el Gobierno se extiende en explicar sus conceptos de Seguridad global, Transformación y Transición Ecológica, con una advertencia que cayó en saco roto cuando tuvo la ocasión de aplicarla: «La adaptación al cambio climático es básica para conseguir una resiliencia ambiental y ecológica que preserve la vida y el bienestar de la sociedad y el medio».
Esa «Biblia» de cómo aplicar la Seguridad Nacional según Pedro Sánchez, distinta a la que en 2017 impulsó Mariano Rajoy, subraya específicamente en su capítulo 3, dedicado a los «Riesgos y amenazas», situaciones idénticas a las vividas en el este de España y saldadas provisionalmente con 219 muertos y cientos de miles de afectados.
En concreto, insiste en las «emergencias y catástrofes» en general para detenerse específicamente en las inundaciones como uno de los principales «riesgos» para España, que hay que «mitigar» desde el mandato de «robustecer la resiliencia». El sistema creado por Sánchez presta especial atención, por ello, a la «acción frente a situaciones de crisis».
Con un diseño de responsabilidades y mando perfectamente definido en la Ley de Seguridad Nacional inaplicada, sin embargo, en el caso de la Dana: según su artículo 15, los poderes residen en el presidente del Gobierno, con una precisión absoluta de sus atribuciones: dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional, proponer la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones y la más concreta para haber actuado antes y después de la catástrofe climatológica y humanitaria: declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional.
Esa competencia exclusiva de Pedro Sánchez para gestionar una crisis queda también perfectamente definida en la legislación y encaja, como anillo al dedo, en los hechos sufridos por valencianos, y, en menor medida, manchegos, catalanes o andaluces.
Sánchez no necesitaba que Mazón le pidiera nada y ni siquiera un Estado de Alarma: le basta con declarar una Situación de Interés para la Seguridad
El apartado 2 del artículo 23 precisa cuáles son las circunstancias en que procede activar ese mecanismo e integrar a continuación a las autoridades regionales, al que en este caso se delegó una responsabilidad que no tenía, le venía grande y tampoco supo abordar Carlos Mazón, claramente desbordado por la falta de recursos, agravada por errores propios y de su equipo que le han colocado en una situación política delicada.
«La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».
Sistema de Seguridad Nacional
En otras palabras, a una emergencia nacional le correspondía obligatoriamente una respuesta nacional, sin esperar a que una Comunidad u otra reclamara la participación del Gobierno. Y esa decisión podía y debía haberse adoptado antes de que el «tsunami» arrasara pueblos y arrancara vidas, con y sin la Generalitat valenciana, con un mecanismo urgente a disposición de Sánchez que se negó a activar pese a estar legalmente obligado por las circunstancias, tal y como prevé el artículo 24:
«La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos: la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y, en su caso, posible prórroga, el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan», reza literalmente la legislación.
Es decir, con un simple real decreto de Sánchez, sin necesidad de largos procesos parlamentarios, el Gobierno hubiera debido poner en marcha medidas preventivas primero y de auxilio después muy similares a efectos prácticos a un Estado de Alarma, pero en tiempo real.
Sin esperar a Carlos Mazón y poniendo a la Generalitat a sus órdenes. Algo que ya hizo, sin falsear el reparto competencial entre Administraciones y sin quitarse de en medio, cuando en septiembre de 2020 le impuso a la Comunidad de Madrid un cierre sanitario específico pese a la oposición de Isabel Díaz Ayuso.
La propia normativa aclara con precisión cuál es la posición de la Generalitat, que también ha fallado estrepitosamente al querer hacerse cargo de la situación y no conocer su papel real en la tragedia, definido en el apartado 2 del artículo 26 de la ley:
«Los instrumentos preventivos de los órganos de coordinación y apoyo del Consejo de Seguridad Nacional podrán activarse anticipadamente, para llevar a cabo el análisis y seguimiento de los supuestos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional. A estos efectos, todas las Administraciones y organismos públicos estarán obligados a colaborar de conformidad con lo previsto en esta ley».
Pedro Sánchez tenía el mando, pues, y además no podía delegarlo ni renunciar a él, apelando arteramente a leyes, protocolos y reglamentos menores, superados por la ley hegemónica en la materia, definida por él mismo y olvidada a continuación.
Con casi una única obligación que, como el resto, ha incumplido: una vez activados los mecanismos previstos para proteger la Seguridad Nacional, el Gobierno debió informar «inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional».
De falacia en falacia
Lejos de eso, se limitó a señalar a la Generalitat, movilizó al general de la UME para repetir la falacia de que las competencias ante el desastre eran autonómicas, convocó gabinetes de crisis en balde, impulsó comparecencias institucionales de Sánchez para anunciar medidas económicas o militares pese a insistir en distanciarse de la dirección de la gestión y, en resumen, dimitió de sus responsabilidades, con la inestimable ayuda del propio Carlos Mazón, muy dañado por sus evidentes fallos también.
El presidente siempre estuvo facultado y obligado a actuar, antes y después de la catástrofe humanitaria, con y sin Mazón
Pero la ineficacia de uno, de Mazón, es una apreciación derivada de su confuso relato, de sus decisiones aparentemente tardías y de los mensajes casi sonrojantes de algunos miembros de su equipo. La omisión del presidente es, sin embargo, un hecho irrefutable con la ley en la mano, que le facultaba y obligaba a tomar todas las decisiones más allá de la opinión de las autoridades autonómicas.
Incluso a decidir quién, cómo y cuándo tenía que intervenir o desplazarse a las zonas afectadas con antelación a los hechos y después de ellos: «La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso».
Sánchez sí activó un decreto para asaltar RTVE o una imposición unilateral sobre la Comunidad de Madrid en la pandemia
Solo el presidente del Gobierno podía y debía haber decidido cómo afrontar una crisis de evidente repercusión nacional, con cinco Comunidades Autónomas afectadas y una dimensión territorial, humana y económica sin precedentes históricos, con un decreto presidencial no muy distinto al que, el mismo martes del apocalipsis en Valencia, sí utilizó para convertir el Consejo de Administración de RTVE en una versión de su Consejo de Ministros, repleto de afines y adaptado a sus pactos con los partidos independentistas.
De hasta qué punto Sánchez era conocedor de sus competencias, que él mismo había desarrollado en su estrategia de Seguridad Nacional, da cuenta otro hecho que visto ahora con perspectiva resulta escalofriante.
En las mismas fechas en que impulsó el desarrollo concreto, punto a punto, de su hoja de ruta ante las amenazas a España, amparadas por la Ley de Seguridad de 2015, activó un simulacro de una catástrofe casi idéntica a la actual, situando al ministro del Interior al frente del llamado Puesto de Mando Operativo en nombre de Pedro Sánchez y con la UME desplegada a sus órdenes.
Huesca fue el lugar escogido para ensayar una catástrofe «por inundaciones» que la propia Moncloa bautizó de emergencia «de interés nacional» y Fernando Grande-Marlaska definió como un entrenamiento necesario para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, con una respuesta coordinada y eficaz entre los distintos niveles de la Administración en «interrelación» con el Sistema de Seguridad Nacional.
La omisión dolosa de Pedro Sánchez respecto de sus deberes en este sentido guarda una relación de causalidad directa, sin duda, con los estragos generados que tienen a toda España con el corazón en un puño y a cientos de miles de personas clamando contra un desastre que pudo prevenirse en buena medida y, desde luego, atenderse a continuación con una energía inexistente.
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20241111/sanchez-incumplio-ley-renunciar-gestion-catastrofe-cargarsela-ilegalmente-comunidad-valenciana_243368.html

VALENCIA: EL ALIENTO DE UNA NACIÓN ANTE UN ESTADO DESNORTADO, DESASTRADO Y TRAICIONADO

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 10

El tiempo que tarde en sustanciar sus responsabilidades el PP es lo que tardará en poder reclamar las responsabilidades mucho mayores de Sánchez.
Es obligado comparar la emocionante reaparición de la nación española en forma de inmediata, improvisada y masiva ayuda a los compatriotas valencianos, golpeados por la mayor catástrofe de la historia desde 1957, con la parálisis del Estado desnortado y desastrado que pagamos con nuestros impuestos.
Nunca una nación tan viva tropezó con un Estado tan muerto. Sigue tropezando, diez días después del martes fatídico, Sánchez («si necesitan ayuda, que la pidan») sigue sin declarar el estado de Alerta y nivel 3 a que obliga la Ley, poniendo todos los recursos militares y civiles bajo control de la UME y del Ministerio del Interior, como ha explicado muy bien en esRadio el creador de esa unidad, general Fulgencio Coll.
Esto es lo esencial: la permanente traición a España de Sánchez ha escrito una de sus páginas más infames negando a los cinco millones de españoles de la Comunidad Valenciana el concurso de sus Fuerzas Armadas cuando más lo necesitaban, porque los separatistas y comunistas que lo mantienen en el Poder no aceptaban que miles de soldados con la bandera española fueran aclamados por los ciudadanos siniestrados. Y encima, por el Rey y la Reina de España, que hicieron frente al barro de la recriminación mientras Sánchez huía cobardemente y luego perseguía con helicópteros y una unidad de élite antiterrorista a los que le atacaron con palos de fregona.
La cadena de errores y responsabilidades políticas
Una catástrofe de esta magnitud es imposible impedirla, ni siquiera con los mejores medios técnicos, pero sí mitigar su daño en vidas y haciendas. El peligro correspondía identificarlo, en primer lugar, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que depende del ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, fanática ecologista que odia a los expertos.
Una frase tan infame como la de Sánchez «si necesitan ayuda, que la pidan» es la de cierto jefe de la CTH: «Nosotros no estamos para vigilar barrancos», tan soberbia como falsa, porque la CTH sí está y sí vigila barrancos, en particular el del Poyo, y así lo hizo el martes de la muerte, en el que la soberbia y la incompetencia de políticos y técnicos ha acarreado ya más de 200 muertos, y al final se acercará a los 300 de la riada de 1957. Tuvo puntual información del aumento vertiginoso del caudal de agua que bajaba por el barranco, pero no avisaron como debían haber hecho porque estaban centrados en el desbordamiento del río Magro y la posible ruptura de la presa de Forata. Ese error y la fatal arrogancia exhibida después en la frasecita de los barrancos explica las horas perdidas en avisar a los vecinos.
Esa responsabilidad técnica del Gobierno es, de todas formas, mucho menor que la política, negándose a llamar al Ejército por sucias razones de conveniencia política. Y Robles diciendo que el gobierno tenía 120.000 militares para enviar a Valencia «si era necesario» se puso a la altura del «que lo pidan» de Sánchez. ¿No veía «necesario» la ministra de Defensa, actuar para salvar a las víctimas viendo las atroces imágenes en televisión?
La actuación del Rey y la Reina, precedidas por el gesto de Felipe VI enviando a la Guardia Real a socorrer a los damnificados el primer día se explican en esa clave militar e institucional. Cuando este martes el Rey visite de uniforme las unidades militares que al final mandó Sánchez, se verá gráficamente que la actuación «del Estado en su plenitud», que pidió el monarca junto a Sánchez es algo más que un deseo, una reivindicación institucional.
No todos los cargos públicos han traicionado a la nación. No todas las instituciones del Estado están tan muertas como las autonómicas. El aliento de la nación tiene el respaldo de la Corona y viceversa. La guerra del Gobierno contra el Rey irá a más. La Oposición, ay, ha ido a menos.
El caso Mazón y el almuerzo interminable
Que Sánchez creyó ver desde el principio una oportunidad para acabar con la derecha valenciana en el Poder es evidente. Que Mazón aceptó feliz ese caramelo envenenado, también. Le habría bastado insistir en la necesidad del ejército, que Sánchez nunca hubiera atendido, para endosarle toda la responsabilidad política al Gobierno. ¿Fue sólo incompetencia de Mazón y un equipo de cuarta división o hay una clave personal en esos errores que han permitido a sociatas y comunistas tapar sus culpas y levantar cabeza?
Una semana pasó sin enterarnos de su almuerzo interminable con la ebúrnea Maribel Vilaplana, a la que rinde tan pública admiración que sólo tardó un minuto el sicariato mediático pre-escolar en recuperarla en vídeo. Pero tal rapidez plantea una duda: ¿conocía el Gobierno, socialista «que lo sabe todo de todos», como presumía Rubalcaba, esa cita tan comprometida de explicar, en casa o la calle, que Mazón ocultó? ¿Esa difícil explicación lo echó en brazos de Sánchez? ¿Lo presionó con revelar ese secreto el que llamó «querido presidente» y por eso se ha negado a reclamar el estado de alarma que pedía el PP? Parecerá asunto menor el naked lunch de Mazón —está claro que la izquierda desconoce a Burroughs— pero por minucias menores se han perdido muchos políticos. En todo caso, al aceptar el apoyo del PSOE a sus presupuestos, Mazón deja a Feijóo en una situación imposible para hacerle pagar a Sánchez su culpa en la desatención deliberada a las víctimas de la tragedia, que es infinitamente mayor.
Mazón ha adoptado la misma actitud de tapar su debilidad echándose en brazos del PSOE que, en su día, tuvieron sus padrinos Casado y Teodoro, los que lo pusieron al frente del PP valenciano tras una campaña infame contra la valiosa Isabel Bonig. Lo repitieron con Ayuso: se unieron a Sánchez contra ella, pero, en esa ocasión, ella no se dejó. Como Feijóo no echó a esos infames calumniadores del partido, tal vez por presión de los teodoros y sorayos, ahora está desautorizado y desobedecido por Mazón.
Un partido nacional no puede aceptar que uno de sus barones acepte el abrazo del oso sanchista, como si eso trascendiera el cacicazgo regional.
Decir que «no es el momento de hacer cambios» es aceptar una culpa que no corresponde a una dirección nacional, salvo que sea de la nueva CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles, que auspició la Iglesia en la Segunda República, pero nunca llegó a presidir el Gobierno, por los complejos civiles y los enjuagues vaticanos con los nacionalistas vascos y catalanes. A Feijóo es lo que le pide el cuerpo. Ante Sánchez es lo que el PP no se puede permitir. Y se lo está permitiendo.
La ridiculez del cambio climático que adivinó Franco
«El cambio climático» es la última excusa aducida por Sánchez y aceptada por los medios lerdos para explicar la DANA.
En ese caso, Franco habría sido un precursor en la lucha contra el clima, pero, más modesto que el marido de Begoña, se limitó a prever sus efectos. El cauce nuevo del Turia, que Ximo Puig y sus socios catalanistas y comunistas querían anular, «renaturalizar» y volver al viejo hace sólo dos años, evitó decenas de miles de muertos en la capital. Para muchos jóvenes, esa obra faraónica que duró quince años es la primera noticia que tienen sobre las obras públicas de la dictadura, y la democracia no sale muy bien parada de la comparación. Sin embargo, hace quince años que está diseñado y previsto en costes un plan para encauzar el caudal del barranco del Poyo y sus barrancos accesorios. Si no se ha hecho es por la presión de los ecolojetas de la izquierda y los complejos de la Derecha. Hoy estaríamos hablando de la misma ruina económica, porque la riada no se podía frenar, pero no de tantos muertos.
El «cambio climático» es la mayor estafa ideológica del último siglo. Es el caballo de Troya comunista para destruir la competitividad europea frente a China, y bajo el patrocinio de Xi Jinping tuvo lugar el aquelarre de Davos del que salió ungida la Agenda 2030 como diseño de futuro mundial. El empresario que daba credibilidad al tinglado, mientras ocultaba su negocio de compra masiva de tierras para cultivar el césped de las falsas hamburguesas o el polvo de grillo como alternativa proteínica a la ternera era Bill Gates. Los que braman contra Elon Musk por su cercanía a Trump olvidan de que la alianza político-empresarial para llevar a Occidente al rebaño woke —»En 2030 no tendrás nada y serás feliz»— empezó en Davos. En su día le dediqué un largo artículo dominical explicando sus peligros.
Por supuesto, la riada de Valencia no se produce por ningún cambio climático —cuyo alcance excede, para bien y para mal, cualquier capacidad humana—, ni siquiera meteorológico. Las estadísticas desde el siglo XIV hablan de las riadas con una frecuencia media de treinta años, y las más grandes, de setenta. La última, que arrasó Valencia en 1957, sesenta y siete.
Lo que sí puede hacer el hombre es evitar sus efectos negativos mediante presas y otras obras hidráulicas. O sea, lo que se hizo en el franquismo. La izquierda voló más de cien presas el año pasado para que «los ríos fluyan por sus cauces naturales». Con esa descerebrada idea, ni Egipto ni Sumeria hubieran encauzado nunca el Nilo, el Tigris y el Éufrates, y no habríamos llegado aún al Neolítico. Los pijiprogres quieren volver al Paleolítico, pero con calefacción asistida y sueldos sin trabajar. ¡Cómo no va a ganar Trump!
«Per ofrenar noves glories a Espanya»
Los separatistas, mientras el PP se ve atrapado por los líos de Mazón, no han tardado en promover una campaña que en teoría va contra él, pero en realidad ataca el formidable aliento nacional español que ha movilizado a tantos miles de jóvenes para ayudar a sus compatriotas. El cartel que lo resume es «No més glories a Espanya». Porque el comienzo del himno de Valencia resume perfectamente la fuerza oculta de nuestra nación, aunque traicionada por el Gobierno, frente al mezquino abandono de los que sólo ven en la Comunidad Valenciana una colonia de sus «Països Catalans». El tiempo que tarde en sustanciar sus responsabilidades el PP es lo que tardará en poder reclamar las responsabilidades mucho mayores de Sánchez. A esa inacción conducen las taifas políticas y el caciquismo de estas derechas tan felices y satisfechas como ruinosas e ineficientes, del Estado autonómico. Ojalá veamos algún día el «sol novell» del himno valenciano, tan español.
Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/2024-11-10/federico-jimenez-losantos-valencia-el-aliento-de-una-nacion-ante-un-estado-desnortado-desastrado-y-traicionado-7184656/