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Los lunes, revista de prensa y red

Tres foramontanos en Valladolid 27 Ene 2025 - 07:27 CET
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“Los jueces cargan contra el Gobierno tras anunciar que «colocará a 1.000 afines, sin oposición»”, de María Jamardo; “Feijóo: `Ningún Gobierno puede cesar al presidente de una compañía cotizada o no cotizada en La Moncloa´”, de Ángel C. Álvarez; “La amnesia moral del PSOE de Andalucía”, de Antonio Repullo; y “¿Llegaremos a ver a Begoña de presidenta de Telefónica?”, de Federico Jiménez Losantos

(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 22 )

LOS JUECES CARGAN CONTRA EL GOBIERNO TRAS ANUNCIAR QUE «COLOCARÁ A 1.000 AFINES, SIN OPOSICIÓN»

Artículo de María Jamardo publicado en El Debate el pasado día 22

Critican el nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por el que el Ejecutivo socialista consolidará a casi un millar de magistrados sustitutos por el «cuarto turno». Nada más conocerse que el Gobierno prepara un «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal», los jueces y fiscales han reaccionado con indignación ante lo que califican un nuevo intento del Ejecutivo socialista por «desnaturalizar» al Poder Judicial en España. Un nuevo «golpe de efecto en la independencia judicial», critican abiertamente.

No en vano, el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica (LOPJ) de 1985m, aprobado este lunes en Consejo de Ministros, en materia de oposición de acceso a la Magistratura y al Ministerio Público que permitirá consolidar –de acuerdo con el anuncio efectuado por el responsable del ramo, el ministro Félix Bolaños– «las plazas de más de 1.000 jueces sustitutos», elegidos en «una mera entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de turno, sin más requisito, es saltarse a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos en el artículo 103», afeaban los jueces titulares.

Y es que el nuevo sistema diseñado por Pedro Sánchez, aspira a que una de cada cuatro plazas de jueces en España quede cubierta por «juristas de reconocida competencia», lo que «en realidad abre la puerta a un aumento del número de jueces, que se incorporarán al sistema sin necesidad de hacer una prueba objetiva y común» , como hasta la fecha. Es decir, «se regularizará a jueces que están ejerciendo como tales pero que, en realidad, no lo son», afean los magistrados consultados por El Debate.

Se contempla, además, la creación de un sistema público de becas de cuatro años de duración, por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI), para los opositores que quieran acceder a la profesión y se «castigará» el asociacionismo de los jueces, magistrados y fiscales prohibiendo la financiación privada de dichas entidades privadas. Una «mordaza encubierta».

Este paso más en el intento por silenciar a los profesionales críticos que, hace una semana ya se manifestaban mayoritariamente en contra de la propuesta gubernamental a través de la que se prevé acabar con la figura de la acusación popular y, de paso, retocar el listado de motivos para la recusación de jueces y magistrados. Incluyendo, entre los mismos, la posibilidad de apartar a aquellos que se manifiesten en público o en privado en relación a cualquier tipo de iniciativa política. Es decir, «cercenando su libertad fundamental de expresión».

De nuevo, con un paso más en la modificación de la Administración de Justicia que se ha vendido como una «democratización» de la misma, el Gobierno «sólo aspira a controlarnos», lamentan indignados jueces y magistrados. Eso es lo que significa la propuesta: «Colocar a los afines, sin oposición, por la vía del cuarto turno. Quien no lo quiere ver que no lo vea». Para los expertos, el ‘cuarto turno’ como «sistema complementario de ingreso en las carreras judicial o fiscal, no debe ser instrumentalizado como un atajo para sortear los requisitos de excelencia y neutralidad que garantiza el actual modelo de oposiciones».

A la espera de que se conozca el contenido íntegro de la nueva redacción de la norma, las asociaciones profesionales advierten que la misma «no debe suponer una excusa para politizar el acceso a la carrera judicial o fiscal, ya sea mediante el establecimiento de filtros ideológicos o la pérdida de objetividad en el proceso de selección».

Tampoco admitirán, «bajo ningún concepto», los magistrados y fiscales que se «rebaje el nivel de exigencia intelectual que exigen las actuales pruebas de acceso» a sus respectivas carreras, «sin perjuicio de la adaptación del temario a las necesidades de la actualidad».

En síntesis, «el mérito y la capacidad, junto con la máxima objetividad y despolitización del acceso a las carrera judicial y fiscal son principios irrenunciables» que jueces, magistrados y fiscales están dispuestos a defender ante la opinión pública y en todas las instituciones de ámbito nacional o internacional.

Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20250122/jueces-cargan-contra-gobierno-anunciar-colocara-1000-afines-oposicion_263091.html

FEIJÓO: «NINGÚN GOBIERNO PUEDE CESAR AL PRESIDENTE DE UNA COMPAÑÍA COTIZADA O NO COTIZADA EN LA MONCLOA»

Artículo de Ángel C. Álvarez publicado en El Economista el pasado día 21

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la injerencia del Gobierno de Pedro Sánchez en una de las grandes compañías españolas, Telefónica, tras los vivido este fin de semana. «Ningún Gobierno puede cesar al presidente de una compañía cotizada o no cotizada en el Palacio de La Moncloa», aseguró el popular en un acto en Valencia, precisamente ante empresarios de esta región.

Según Feijóo, el presidente socialista «ahora también va por las empresas privadas, como hemos visto este fin de semana en Telefónica». El líder popular enumeró las que considera pruebas de que Pedro Sánchez quiere controlarlo todo.

«Primero fue el CIS, después la Fiscalía General del Estado, después el Tribunal Constitucional, después el Consejo de Estado, más tarde Radiotelevisión Española, la Agencia EFE, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y un largo etcétera de empresas públicas al servicio del Presidente del Gobierno», señaló.

En su intervención ante los empresarios, el presidente del PP recordó que «la libertad de empresa estar protegida en la Constitución». Y además de asegurar que no se puede cesar a presidentes de compañías en La Moncloa, aseveró que «ningún Gobierno puede obligar a hacer un consejo de administración un sábado para una empresa cotizada y un domingo para otra», en referencia a los sucedido en Telefónica e Indra.

«ENORME INSEGURIDAD»

«Los ciudadanos desprecian lo que está pasando en España. Los ciudadanos se encuentran con una enorme inseguridad», subrayó el político del PP que añadió que «debemos de activar la alerta antidemocrática en España». Según Feijóo, «ni la igualdad, ni la libertad, ni la separación de poderes son principios que el Gobierno respeta».

«Si está dispuesto a controlarlo todo es porque está más acorralado que nunca. Y es evidente que el Gobierno va por todo», añadió el jefe de filas de los populares en su intervención, en que pidió colaboración para pararlo «entre todos».

Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/feij%C3%B3o-ning%C3%BAn-gobierno-puede-cesar-al-presidente-de-una-compa%C3%B1%C3%ADa-cotizada-o-no-cotizada-en-la-moncloa/ar-AA1xvSLl?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=34e411658a534373a867310270601dd2&ei=16

LA AMNESIA MORAL DEL PSOE DE ANDALUCÍA

Artículo de Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, publicado en La Razón el pasado día 20

«No ha habido absoluciones, sino un reajuste de penas, tras una cuestionada intervención del Tribunal Constitucional». Un 19 de enero, de hace catorce años, arrancaba la instrucción judicial del caso ERE. Frente a un acto indecoroso, uno sólo tiene dos opciones: justificarlo o rebelarse contra él. En el caso de los ERE, el PSOE no sólo no condena, no sólo no persigue, no sólo no muestra su decepción y su incomodidad, sino que lo aplaude y practica un ejercicio de amnesia colectiva. Pero Andalucía no olvida. La inmoralidad perseguirá siempre sus siglas: por haberlo hecho, primero; y por haberlo dado por bueno, después.

«Se ha demostrado que todo esto fue un invento». María Jesús Montero, número dos del Gobierno de España y del PSOE federal, hizo esta afirmación el 9 de enero en la Cadena SER, en su primera entrevista tras ser proclamada por Pedro Sánchez como sustituta de Juan Espadas al frente de su partido en Andalucía. La ex consejera de Manuel Chaves y José Antonio Griñán se estrenaba así: mintiendo.

No digas que fue un sueño, María Jesús. En el caso de los ERE se estima que el fraude asciende a aproximadamente 680 millones de euros, hay 300 acusados involucrados y, a día de hoy, quedan 73 procedimientos en trámite en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, además de otras 61 causas elevadas a la Audiencia Provincial de Sevilla, sumando un total de 134 piezas pendientes.

La verdad judicial establecida por el Supremo sobre el considerado mayor caso de corrupción de la historia de España sigue vigente, sólo a la espera de que la Audiencia dicte nuevas penas. No ha habido absoluciones, sino un reajuste de penas, tras una cuestionada intervención del Tribunal Constitucional, que no es parte de la organización judicial ni un tribunal de casación, por lo que no puede valorar la naturaleza de las pruebas que sostienen las condenas.

Las sentencias condenatorias de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo consideraron, por ejemplo, que Manuel Chaves, en su calidad de presidente de la Junta, participó en la aprobación de los anteproyectos de ley y los envió como proyectos de ley al Parlamento de Andalucía, así como en la de distintas modificaciones presupuestarias. Según ambos tribunales, dichos anteproyectos y proyectos de ley eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento.

Ahora, el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido afirma que la prerrogativa del poder ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto político que se incardina dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurídica diferente de aquellos que adopta un Gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas. No elimina la condena, sólo alivia la culpa. No es que no se hiciera, sino que debe ser juzgado de otra manera. Existe el delito, cambia el envoltorio.

Montero y el PSOE conocen la verdad, pero prefieren confundir y tratar de engañar a las andaluzas y los andaluces. Retuercen las palabras, generan desinformación y llaman sicarios a los parlamentarios de Partido Popular solo por querer recuperar, para la ciudadanía, el dinero público que se gastó en favores, cocaína, prostitución y comilonas. El mensaje que lanza el PSOE aplaudiendo a los condenados por los ERE es que, si volvieran a gobernar, no dudarían en hacerlo de nuevo.

Mamen Sánchez, la ex alcaldesa socialista de Jerez, ha escrito en redes sociales un curioso halago a Montero: «Eres como Broncano». Éste es el PSOE de Sánchez que se quiere importar a Andalucía: el del espectáculo, el del bombo, el del ruido. Pero esta tierra ya lleva seis años avanzando por otro camino: por el de la seriedad, el de tomarse el dinero público en serio y el de la gestión apegada a la ciudadanía.

Negar los ERE no va a hacer que los ERE desaparezcan, como esos niños que cierran los ojos y piensan que nadie los ve. Pero de nada servirá esta estrategia al PSOE, porque Andalucía tiene memoria, tiene dignidad y tiene, ahora sí, futuro. Mucho futuro.

Artículo en: https://www.larazon.es/andalucia/amnesia-moral-psoe-andalucia_20250120678dd8772f68080001f0700e.html

¿LLEGAREMOS A VER A BEGOÑA DE PRESIDENTA DE TELEFÓNICA?

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día19

No sabemos si el Gobierno conseguirá un boicot total de la publicidad del Ibex35 a los medios críticos, o, tras la batahola, nos iremos arreglando a la baja. Mientras la Oposición juega al mus con las musarañas o desayuna cebada en X, el Gobierno ha adelantado los plazos para ahogar a los medios controlando la publicidad de las empresas del Ibex 35 (3’5 y gracias). De golpe, porque, en la pobre España, todo es golpe, naturalmente, de Estado. La justicia es lenta, pero no tanto como desearía el clan de los Sánchez, así que ha recuperado el plan de control de la publicidad en los medios de hace unos meses. Repito que no es nada nuevo, pero entre Aldama y los jueces, le han obligado a acelerar la toma del Ibex 35 y, con ellos, de la publicidad.

El asalto a Telefónica se ha hecho con tanta prisa como estrépito, porque se trata de amedrentar antes de golpear, de hacerse temer antes de convencer. Y la razón, insisto, es la prisa o las prisas viendo la sombra del banquillo. Absurdo, porque la sombra va pegada al cuerpo, pero qué sabe Sánchez de lo que no sea atropellar, delinquir, prevaricar y demás gollerías del Poder.

UN VIEJO PROYECTO CON LOS MISMOS OBSTÁCULOS

Ni un solo medio independiente tituló ayer: «Los accionistas de Telefónica echan a Pallete». Todos, salvo el Gargantúa de PRISA, que está en Indra, caballo de batalla o de Troya en esta operación, apuntaron a Sánchez. Pero si uno repasa la hemeroteca, el proyecto lo anunció Vichinski Bolaños con el mismo argumentario que la Ley Begoña: combatir el fango y el bulo de que el Gobierno lleva delinquiendo desde que nació, a la sombra de Delcy. Sucede que el caso del fiscal general del Estado ha demostrado más allá de toda duda que el que tiene medios fangosos y buleros a sus pies es Sánchez, y que no vacilan en defender lo indefendible, aunque sea delinquiendo lo delinquible y más. El diario de Gargantúa anda ahora defendiendo al fiscal personal de los Sánchez Gómez con el argumento, obviamente manipulado, que rechazaba cuando lo publicó El Mundo. Le da igual que hasta Miguel Ángel Rodríguez demuestre que mienten. Ellos, a lo suyo. ¿Y cómo no van a mentir y a hacer lo que haga falta cuando se juegan miles de millones en una timba donde Gargantúa y Cuerpolín no tienen que apostar para ganar?

Sin embargo, los planes gargantuescos se han paralizado más veces que la OPA del BBVA al Sabadell, porque en toda operación de altos vuelos en que participa gente alfabetizada hay dos factores esenciales que escapan a los planes políticos: el humano y el profesional. El proyecto de fondo, se dijo hace meses, pasa por Ángel Simón al frente de La Caixa y empresas participadas y Murtra, un hombre para todas las estaciones, donde haga falta.

Ambos están políticamente identificados con el PSC, pero, ¿alguien sabe a estas alturas qué quiere el PSC? Si, como se reprochó a Cambó, Illa aspira a ser a la vez el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, ¿qué hacer con las empresas de ámbito nacional e internacional, todas ellas más allá del alcance suasorio de Godó? Ni Simón ni Murtra son García Ortiz. Y si los fondos, como parece, han apoyado la opción Murtra es que les parece la menos mala de las posibles. Que no es decir mucho y puede sugerir todo.

Telefónica es uno de los grandes anunciantes en los medios, que, a diferencia de las empresas públicas, que viven prevaricando como Salomé vivía cantando, y delinquen mientras se arruinan como Correos y la Renfe, han mantenido un nivel profesional, no tan entusiasta como César Alierta, pero tampoco criminoso, como el boicot de la publicidad oficial a los medios insumisos. Es posible que Telefónica, La Caixa y otros grandes del Ibex35 mantengan, como hasta ahora, una distancia civilizada con los medios críticos, y también que cedan al dictado del despotismo sanchista, porque hace tiempo que la transparencia desapareció de las operaciones empresariales o financieras de envergadura, si es que alguna vez existió esa quimera. Recuerdo la época de las fusiones de Banesto, Vizcaya, Bilbao, Central y demás, todas totalmente opacas, y tuteladas por un gobierno, el de González y Solchaga, más preparado que éste. Pero todas acabaron de forma distinta a la diseñada en la Moncloa. Alguna, incluso, en la cárcel.

LA COSTUMBRE DE SOBREVIVIR A NUESTROS VERDUGOS

Las empresas cotizadas están en manos del Gobierno, pero tampoco pueden hacer lo que les dé la gana o lo que mande la política, porque el mercado y los accionistas buscan un beneficio que no se logra trabajando a pérdidas, como Televisión Espantosa u Oficina del Fango. Hay empresas, como la PRISA de Gargantúa o el Barça de Laporta, que pernoctan en las lujosas ruinas que les habilita el poder político socialista y separatista. Pero al final, la ley del mercado suele rescatar la realidad o mitigar la ficción.

El asalto a Telefónica, previsto o previsible, nos plantea un problema distinto, pero no nuevo. No sabemos si el Gobierno conseguirá un boicot total de la publicidad del Ibex35 a los medios críticos, o, tras la batahola, nos iremos arreglando a la baja, como tantas otras veces. Lo que sí sabemos es que el Grupo Libertad Digital, en estos 25 años a punto de cumplir, ha logrado sobrevivir a Aznar, Zapatero, Rajoy y, seis años ya, a Sánchez. Hemos asistido a los funerales de todos los políticos que juraron que nos liquidarían. Y seguimos disfrutando con el Réquiem de Mozart. De momento, no veo a Begoña presidiendo Telefónica. Y no por falta de ganas.

Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/2025-01-19/federico-jimenez-losantos-llegaremos-a-ver-a-begona-de-presidenta-de-telefonica-7208710/

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