La primera huelga de la Inspección de Trabajo

Por José María Arévalo

(Concentración de protesta del sindicato Sislass)

El 26 de junio del 2023 publicaba la prensa que se había convocado la primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo. Esperaba noticias respecto a cómo había acabado, si se habían conseguido los objetivos perseguidos por esta huelga o si finalmente habían desistido de ella los convocantes al resultar imposible continuarla, pero ninguna ha llegado en todo este largo tiempo, por lo que pienso que o bien la prensa perdió interés en el caso, o bien se quedó todo en esta noticia de que se había convocado la primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo.

Lo cierto es que la convocatoria de la primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo es importante asunto, puesto que es la Inspección de Trabajo la encargada de vigilar las condiciones en que se realizan las huelgas, si se respeta el derecho de huelga y si hay abusos en su ejercicio, pudiendo levantar las correspondientes actas de infracción de la legalidad y proponer oportunas sanciones. Pero ¿cómo van a inspeccionarse a sí mismos los inspectores? ¿Tendrían que inspeccionar los inspectores en huelga o solamente los que decidieran no participar en la misma, inspeccionando a sus compañeros huelguistas?

Bueno, lo primero que habría que dilucidar es si estamos o no ante una huelga propiamente dicha, ya que el derecho de huelga que está regulado legalmente es el de los trabajadores por cuenta ajena, no el de los funcionarios. Sin embargo, hoy día estamos todos convencidos de que todo el mundo tiene derecho a la huelga, esté incluido o no en la normativa legal, incluso los empresarios, aunque a estos la normativa les prohíbe el llamado “cierre patronal”, al que equivaldría su huelga. Pero derecho tienen, aunque sin consecuencias por tener que pagar el salario a sus trabajadores a los que les impiden trabajar con el cierre; y encima podrían ser sancionados.

Lo que quiero decir es que la huelga de los que no son trabajadores por cuenta ajena, como son los funcionarios, tiene sus propias características, pero la de los inspectores de trabajo yo diría que es ya “rizar el rizo”. Yo he tenido mucha relación con la Inspección de trabajo en mi época de abogado laboralista, pero es que además mi padre fue inspector de trabajo y el Delegado de Trabajo con más años en el puesto, treinta, por lo que siempre tuve mucha relación profesional y personal con inspectores de trabajo.

Recuerdo en una ocasión -no voy a decir donde- un Delegado de Trabajo presionó a la Inspección para que vigilara el correcto ejercicio del derecho de huelga en la entonces convocada -era una de carácter general en todo el país-, y uno de los inspectores, molesto por la presión, le contestó que él también se ponía en huelga. Bueno, eso fue un caso singular, pero el que ahora comentamos es de huelga de toda la Inspección, la primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo. Veamos como salió en la prensa.

“Piden al Gobierno `soluciones urgentes´ ante el `olvido´ que está viviendo el sector”, decía un titular de La Gaceta Regional; y otro: “Hacienda afirma que la relación de puestos de trabajo `no es objeto de negociación colectiva´”; y `Trabajo estima que la última oferta de Hacienda no atiende las necesidades del colectivo´”. El Norte de Castilla titulaba, por su parte: “La actividad inspectora ha aumentado un 355% en los últimos años pero la plantilla sigue contando con 2.000 efectivos”. Y todos destacaban que los sindicatos que conforman la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzaban una huelga indefinida para pedir al Gobierno de España “soluciones urgentes” ante la situación de “olvido” que está viviendo la organización, después de rechazar la última oferta realizada por parte del Ministerio de Hacienda y tras llevar a cabo varios paros parciales.

Los sindicatos habían sido convocados la semana anterior por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que valoraran la última propuesta de Hacienda para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo. Desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz aseguraron que la propuesta de Función Pública no cumplía con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban “por reforzar la estructura territorial”, además de que inspectores y subinspectores “tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral”.

Asimismo, el Ministerio entendía que esta nueva oferta de Hacienda, con la que tratan de desactivar el conflicto con los sindicatos de la Inspección, no atiende las necesidades territoriales del organismo y “concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos”. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda indicaban que la relación de puestos de trabajo del organismo es una “decisión de Gobierno”, acordada entre los ministerios, y que, por tanto, “no es objeto de negociación colectiva”. “Es un trabajo interno del Gobierno. Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RTP”, subrayaban desde Hacienda. Las mismas fuentes indicaban, además, que en mayo de 2023 se autorizó la inclusión en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de productividad extraordinaria para toda la plantilla. Adicionalmente, a este complemento se suma que todo el personal de la Inspección de Trabajo se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con CCOO y UGT en octubre de 2022, que contempla un alza salarial del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, junto a un 1,5% adicional variable.

Ante la falta de acuerdo y las discrepancias entre diferentes ministerios, CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, los sindicatos que conformaban la plataforma de la Inspección, optaron por continuar con las protestas y comenzar la huelga indefinida del colectivo para pedir al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, algo con lo que se comprometieron y publicaron en el Boletín Oficial del Estado del día 3 de diciembre de 2021.

Asimismo señalaba la prensa que la plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.