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“El ‘tres’ de Montero usó dos testaferros para cobrar de otro empresario al que anuló 1,2 millones que debía a Hacienda”, de Alejandro Entrambasaguas; “La oficialidad del catalán en la UE”, de Francisco Marhuenda; “La guerra contra los jueces”, de José Alejandro Vara; y “Sacar a España de Cataluña”, de Emilio Contreras
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 29)
EL ‘TRES’ DE MONTERO USÓ DOS TESTAFERROS PARA COBRAR DE OTRO EMPRESARIO AL QUE ANULÓ 1,2 MILLONES QUE DEBÍA A HACIENDA
Artículo de Alejandro Entrambasaguas publicado en El Debate el pasado día 29
José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizó dos testaferros para cobrar de una fábrica de azúcar a la que libró de una multa de 1,2 millones de euros de la Agencia Tributaria. El Debate publica hoy los detalles del sofisticado circuito societario que Marco Sanjuán usó para desdibujar la trazabilidad del dinero. Con este, ya son dos los casos en los que Marco Sanjuán ha percibido pagos de empresas a las que antes había librado de sanciones reclamadas por Hacienda, en su mayoría, de importes millonarios.
Para ejecutar esta operación, Marco Sanjuán recurrió en primer lugar a dos sociedades controladas por Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal y primer eslabón del circuito de triangulación. Desde la sociedad instrumental Investment Betancunia SL, de Marco Sanjuán y utilizada también en otros casos, se enviaron seis facturas a Investment Theorchad SL, propiedad de Lahuerta, por un total de 13.210 euros entre los meses de junio, julio y septiembre de 2013. Acto seguido, Lahuerta, a través de Investment Theorchad SL y de Theo 1962 SL, facturó en tres ocasiones a la fábrica de azúcar, llamada Acor. El importe conjunto facturado por estas dos empresas a la azucarera ascendió exactamente a 13.310 euros, una coincidencia milimétrica con las cantidades que previamente Lahuerta había pagado a Marco Sanjuán.
La segunda parte del circuito fue ejecutada con la colaboración de Gonzalo Perdrix Ecequiel, un subinspector de Hacienda en excedencia propietario de gasolineras con quien Marco Sanjuán tiene negocios inmobiliarios en Tarragona. En este caso, Investment Betancunia SL envió dos facturas a Golf Consulting Tarraco SL, sociedad controlada por Perdrix, por un importe total de 10.890 euros. La primera en enero de 2014 y la segunda en abril de ese mismo año. A continuación, Gav Delta Holding SL —otra empresa de Perdrix— remitió a la azucarera dos facturas más por el mismo importe, exactamente 10.890 euros.
El paralelismo absoluto entre ambas cifras, replicadas al céntimo en ambos sentidos del circuito, descarta cualquier coincidencia y refuerza la evidencia de que el entramado fue ideado para desviar la trazabilidad de los pagos. Lejos de tratarse de operaciones comerciales independientes, el esquema refleja una triangulación meticulosamente diseñada para ocultar el beneficio económico final que acabó en manos del alto cargo del Ministerio de Hacienda.
Las resoluciones estimadas por el tribunal presidido por Marco Sanjuán en favor de la azucarera que anteceden a estos pagos suman un total de 1.197.982,89 euros. En concreto, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, que presidió el número tres de Montero desde 2005 hasta que en 2018 fue nombrado director del TEAC, estimó las tres reclamaciones de la empresa. Una por 533.133,12 euros, otra por 370.345,85 euros y una tercera por 294.503,92 euros. Estas decisiones permitieron a Refinería Olmedo SA, sociedad dependiente de la azucarera, evitar el abono de las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria. En total, Marco Sanjuán cobró 24.200 euros de la misma empresa a la que, en paralelo, estimando sus recursos, salvó de pagar a Hacienda más de un millón de euros.
Con este caso, El Debate confirma la existencia de un patrón operativo que combina resolución administrativa favorable y cobro posterior por parte de Marco Sanjuán, que ostenta uno de los cargos más decisivos del sistema tributario español. Este periódico publicó este miércoles que el tres de Montero, en esta ocasión directamente desde Investment Betancunia SL, su sociedad, y sin usar a personas interpuestas, mandó dos facturas por valor total de 4.780 euros a Discomtes Valladolid SL justo después de anular a la compañía una sanción de 64.000 euros que Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria, había impuesto a la empresa. Marco Sanjuán, tras ser preguntado por El Debate si había cobrado en alguna ocasión de alguna empresa a la que había anulado sanciones contestó que «jamás» y que «sólo la pregunta me ofende muchísimo». El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, su jefe directo, elude explicar si conocía estas irregularidades que, según varios juristas consultados por este periódico, podría constituir un delito de cohecho.
LA OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LA UE
Artículo de Francisco Marhuenda publicado en La Razón el pasado día 27
«Con su operación, Sánchez consigue obligar al PP a que su único aliado pueda ser Vox» Al final parece que Sánchez no se saldrá con la suya y no se podrá gastar una cifra multimillonaria para pagar otro de los peajes que le ha impuesto Puigdemont para seguir en La Moncloa. Hay que reconocer que es muy generoso, aunque el problema es que lo pagamos entre todos. La realidad de este Gobierno es que no tiene ni idea de economía y sí de despilfarrar. He de reconocer que me sorprende que tenga a gala ser economista, porque no le sacó mucho provecho a sus estudios de empresariales en el Centro Universitario Reina María Cristina de El Escorial. Hace todo aquello que nunca haría un buen economista. En cambio, hubiera triunfado estudiando o dando clases de Políticas en esa facultad de izquierda radical de la Complutense. Me gusta recordar que soy catalán, lo hablo, leo y escribo. Y además me gusta mucho, aunque mi identidad no pasa porque los licenciados o graduados en esta disciplina filológica se puedan enchufar a costa del Estado en el Parlamento Europeo. Nunca entenderé cuál es la victoria de profundizar en la Torre de Babel en que los políticos convierten las instituciones por intereses partidistas. Me gustaría que gastaran el dinero en cosas más útiles para Cataluña. Es una operación en la que Sánchez siempre gana. Por ello, no le voy a quitar ningún mérito.
En primer lugar, hace más difíciles las relaciones entre Junts y el PP que consigue una victoria pírrica aunque no haya participado activamente en impedirlo. No era necesario y es coherente con su posición política. Los representantes de Sánchez, utilizando incluso eurodiputados de otros países, especialmente alemanes, se han encargado de transmitir que es culpa del PP. Estamos ante un tema fundamental para Puigdemont. Una vez más le han levantado la camisa, pero la política sanchista es el arte del engaño. Por otra parte, si hubiera conseguido el voto favorable se apuntaría un tanto, aunque fuera en contra del modelo constitucional que ha defendido el PSOE. Hay que añadir que convertir el Parlamento Europeo en una Torre de Babel es un lío enorme, porque sienta un precedente que se puede extender. Sánchez consigue dos objetivos con esta operación. El primero es atar a Puigdemont. Y el otro es obligar al PP a que su único aliado pueda ser Vox, ya que cualquier pacto con Junts será imposible.
Artículo en: https://www.larazon.es/opinion/oficialidad-catalan_202505266834a9fd7b27927d3db22969.html
LA GUERRA CONTRA LOS JUECES
Artículo de José Alejandro Vara publicado en Vozpópuli el pasado día 26
El asalto a la independencia judicial está fracasando. El proyecto de un sistema chavista para desmontar el equilibrio entre los poderes del Estado, con una administración de justicia por jueces y fiscales independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, está naufragando. El exjuez Garzón, inductor imprescindible de esta tropelía, testimonia el fiasco en un texto iracundo publicado -¿cómo no?- por el chavista Grupo de Puebla y proporciona el guion de la ofensiva contra judicatura y fiscalía.
El escrito chavista de Garzón es una muestra de lo que con acierto denuncia el magistrado Manuel Marchena en su libro recién publicado La justicia amenazada: “Ataques a los jueces, incorporados incluso a acuerdos políticos que hablan de lawfare”. Entienden la fiscalía general -con palabras de Marchena- como “un apéndice togado del Gobierno en el proceso penal”. En esa dirección va el proyecto de ley Bolaños para controlar el poder judicial desde el Gobierno. Lo anticipa la reacción del exjuez con un ataque preventivo a los fiscales españoles, a los que acusa de aspirar a “otro fiscal general que devuelva las aguas a sus cauces conservadores”. ¡Todos fachas!
¿Qué autoridad tiene Garzón? Él mismo no para de proclamarse como campeón de la “justicia universal”. De él partió la idea del helicóptero con los restos de Franco y la ministra de Justicia, dirigiendo el operativo. Autoproclamado referente mundial contra “los crímenes fascistas y nazis”, arremete contra los jueces y fiscales que no le siguen en esta cruzada. Especialmente, le saca de quicio que minusvaloren, afirma, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un invento fabricado ad hoc para su esposa Dolores Delgado.
Huelga de jueces y fiscales
Sobre el rol de Garzón como gran defensor de los derechos humanos ha opinado su cliente “El Pollo” Carbajal, acusado de narcotráfico y gerifalte en su día de la dictadura venezolana. Después de romper con el despacho de abogados del exjuez -al que ya había pagado 1,85 millones de euros, según información de ABC-, explicó por qué le había contratado: “Por su relevancia internacional adquirida en defensa de la justicia universal”. Por eso, ha confesado, le pagó diez veces más de lo normal. ¡Qué rentable puede llegar a ser la defensa de los derechos humanos!
Publicado por una organización de la que forma parte la dictadura venezolana, este desahogo del jurista jefe del chavismo muestra que el plan de Sánchez orientado a la captura del poder judicial hace aguas. Ahora la ley Bolaños para controlar judicatura y fiscalía y el desafío a Europa de Conde Pumpido con la amnistía son sus últimos cartuchos. La respuesta: 11 de junio, huelga de jueces y fiscales.
SACAR A ESPAÑA DE CATALUÑA
Artículo de Emilio Contreras publicado en El Debate el pasado día 25
La cesión más grave, la que de verdad amenaza la unidad de nuestra nación, es la trasferencia de la Agencia Tributaria a la Generalitat, prevista para el 30 de junio, porque los separatistas saben que sin el control de los dineros públicos no habrá independencia
No es cierto que los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas estén desinflando el procés y derrotando al independentismo. Lo que Junqueras y Puigdemont están haciendo es sólo una corrección de la deriva separatista, pero el puerto de arribada sigue siendo el mismo: la independencia. Son conscientes del fracaso que supuso en octubre de 2017 la intentona de separar a Cataluña del resto de España. Por eso, han cambiado de estrategia. Saben que la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y su decisión de ceder y transferir lo que le pidan a cambio de seguir en el poder, les ha puesto en bandeja un camino sinuoso, sutil y enmascarado que les conduce a la puerta falsa sin hacer ruido.
El primer paso es sacar a España de Cataluña. Han sustituido la estrategia del choque frontal con el Estado por una escalada de cesiones y trasferencias sin precedentes con las que amplían el poder de la Generalitat y debilitan al Gobierno de la nación. Y así hasta que se esfume la presencia del Estado en Cataluña, o quede en una posición tan residual y débil que la independencia llegue por la vía de los hechos consumados, como fruta madura que cae del árbol y sólo hay que recoger. Descartaron el choque frontal porque recuerdan que tuvo como resultado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la cárcel para muchos y la huida del presidente de la Generalitat escondido en el maletero de un coche.
Se equivocan o fingen equivocarse quienes creen que el separatismo está perdiendo apoyos o en retirada, porque los sondeos den una cierta bajada del número de catalanes que dicen ser partidarios de la independencia; el 37 %, según la última encuesta del CEO catalán. Pero la realidad es que muchos ciudadanos, escarmentados por lo que ocurrió en 2017, han adoptado una posición expectante y pasiva, que se reactivará en cuanto el viento sople a favor del independentismo con la suavidad de la brisa y no con la fuerza de la ventisca, como ocurrió entonces. Pedro Sánchez y sus palmeros llaman «normalización» a esa estabilidad aparente, y en su deseo de mantener el apoyo de los separatistas no dudan en hacer afirmaciones sonrojantes como las de Salvador Illa el pasado día 12, cuando dijo de un prófugo de la justicia como Puigdemont: «Le tengo el máximo respeto».
La riada de cesiones, que van desde el borrón y cuenta nueva de los delitos que se cometieron en 2017 hasta las transferencias en fronteras y aeropuertos, han marcado el camino de la nueva estrategia separatista. Pero la más grave de todas, la que de verdad amenaza la unidad de nuestra nación, es la trasferencia a la Generalitat de la Agencia Tributaria. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de ocultar esta cesión íntegra de la recaudación, gestión y control de los impuestos con el eufemismo de «financiación singular». Pero si se consuma, y el plazo es el 30 de junio, la independencia de Cataluña puede ser un hecho irreversible.
Un amigo y muy destacado jurista recordaba estos días que los tres pilares que aseguran la existencia de un Estado son la Hacienda, la Justicia y las Fuerzas de Orden Público. Pero de los tres, la Hacienda es el pilar clave porque quien tiene los dineros públicos controla el funcionamiento de los otros dos. Sin Hacienda no hay Estado, y esto lo saben Puigdemont y Junqueras: si el Estado español pierde el control de los impuestos en Cataluña, la independencia estará servida.
Y todo ocurre ante la mirada impasible y el silencio de tantos dirigentes históricos del PSOE que ven cómo se está desmontando lo que ellos contribuyeron a construir hace más de cuarenta años. Unos por un erróneo sentido de la lealtad partidista, y otros por mantener las ventajas que da la cercanía al poder.
Para consumar su objetivo, los partidos independentistas pretenden recuperar el control de la Generalitat porque en su fuero interno la consideran como algo propio que no debe estar en manos «extrañas». Desde las primeras elecciones autonómicas de 1980 los separatistas han gobernado 38 años y los socialistas —Montilla, Maragall e Illa— sólo siete.
Luego tocará culminar el control de CaixaBank, donde ya han dado algunos pasos, aunque ese es un hueso más duro de roer. Sus directivos tienen bien presente que, tras el referéndum ilegal de 2017, en una semana salieron en estampida más de 15.000 millones de depósitos. Para taponar la sangría hubo que reformar la ley de un día para otro con el fin de que el consejo de administración, y no la junta general, pudiera decidir el cambio de domicilio social a Valencia. Y allí sigue.
Pero ese control, con ser importante, es secundario porque transferir a la Generalitat la Agencia Tributaria y la recaudación integral de los impuestos es abrir la puerta por la que emprenderían la fuga. La fuga sin retorno.
Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/en-primera-linea/20250525/sacar-espana-cataluna_300252.html