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“Elecciones inmediatas ante la pesadilla de un régimen en acelerada descomposición”, de Juan Laso; “Los juristas no dan crédito a la primera sentencia del TC sobre la amnistía: «Consagra la dictadura del Parlamento»”, de María Jamardo; “La gestión de los escándalos que asedian a Sánchez provoca un cisma entre Moncloa y Ferraz”, de Javier Portillo; y “Sánchez arrastra al socialismo en su caída”, de La Razón
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 5)
ELECCIONES INMEDIATAS ANTE LA PESADILLA DE UN RÉGIMEN EN ACELERADA DESCOMPOSICIÓN
Artículo de Juan Laso publicado en Vozpópuli el pasado día 5
La tragicomedia protagonizada por Leire Díez en un hotel de Madrid ha puesto de manifiesto, una vez más, hasta qué punto la degradación política ha alcanzado cotas insoportables en nuestro país. Lo ocurrido no es un episodio aislado ni anecdótico, sino el reflejo más descarnado de una conducta impropia y sistemática por parte de los dirigentes del PSOE, que han buscado, de manera sostenida en el tiempo, destruir a quienes investigan los casos de corrupción que afectan a sus filas.
La imagen de una supuesta «periodista de investigación» siendo interrumpida por Víctor de Aldama al grito de «sinvergüenza», mientras el empresario Javier Pérez Dolset ejercía de improvisado guardaespaldas, resume mejor que cualquier análisis político el estado de descomposición al que ha llegado el partido que gobierna España. Porque lo que hemos presenciado no es solo el fracaso de una operación de imagen mal calculada, sino la evidencia de que las cloacas de Ferraz han alcanzado tal nivel de putrefacción que ya no pueden ocultarse tras ningún tipo de coartada, por elaborada que sea.
Lo que acabamos de presenciar no es solo el fracaso de una operación de imagen mal calculada, sino la evidencia de que las cloacas de Ferraz han alcanzado tal nivel de putrefacción que ya no pueden ocultarse tras ningún tipo de coartada».
La versión ofrecida por Leire Díez sobre su supuesto trabajo periodístico para un libro sobre «los estragos del falso patriotismo» no resiste el más mínimo análisis. ¿Qué periodista en el ejercicio estricto de su profesión se ofrece a un empresario imputado para sentarle con la Fiscalía? ¿Es compatible el periodismo de investigación con el rol de alto cargo en empresas públicas como Enusa o Correos? ¿Qué reportera de investigación se reúne «en nombre de los de arriba» para maniobrar contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? La respuesta es obvia. Leire Díez nunca ha ejercido de periodista, sino de lo que siempre fue: una fontanera del PSOE encargada de las operaciones menos confesables del partido.
Pero lo peor es que este no es un asunto que surja en el vacío. Es la culminación de una estrategia que ha convertido la destrucción del adversario en método de gobierno y la guerra sucia en política de Estado. Desde las maniobras para presentar funcionarios que trabajan bajo control judicial como una nueva «policía patriótica» hasta las operaciones para desacreditar a jueces y fiscales, pasando por el intento sistemático de deslegitimar a todos aquellos que investigan la corrupción socialista, hemos asistido a una escalada sin precedentes que ha envenenado las instituciones y corrompido los fundamentos mismos de nuestro sistema democrático.
La responsabilidad ineludible del Gobierno
El hedor que emana de estas prácticas ha alcanzado tal límite que ya no es soportable en una democracia que aspire a considerarse sana. Cuando un partido político utiliza sus recursos, sus contactos y su poder para orquestar campañas de desprestigio contra quienes cumplen con su deber de investigar la corrupción, estamos ante algo más grave que un escándalo político: estamos ante un ataque directo a los pilares del Estado de Derecho.
Ya no es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con su silencio cómplice ha pretendido proteger a Leire Díez, eluda su responsabilidad directa en esta degradación institucional. La estrategia del búnker, consistente en no dar explicaciones, insistir en bulos desmentidos y huir del control parlamentario, solo ha servido para agravar una crisis que ya no admite parches ni maquillajes.
Lo peor de todo es la constatación de que este no es un asunto que surja en el vacío, sino la culminación de una estrategia que ha convertido la destrucción del adversario en método de gobierno y la guerra sucia en política de Estado».
Cuando el presidente del Gobierno prefiere inaugurar hospitales sin UVI ni quirófanos antes que dar la cara en el Congreso de los Diputados, cuando sus ministros reciben la orden de no rectificar bulos evidentes sobre la UCO, cuando la única respuesta a los escándalos es abrir expedientes informativos «temporales» para ganar tiempo, estamos ante un Ejecutivo que ha perdido definitivamente la legitimidad moral para gobernar.
El esperpento del Novotel no es solo la crónica de un fracaso comunicativo, es la natural culminación del amenazante aviso (“esto se acabó”) con el que Sánchez puso fin a aquella fantochada que fue su carta a la ciudadanía y los falsarios cinco días de reflexión; es la metáfora perfecta de un régimen en descomposición que ha convertido la mentira en método y la guerra sucia en política de Estado.
Cuando un partido político, que además está en el Gobierno, utiliza sus recursos para orquestar campañas de desprestigio contra quienes investigan la corrupción, estamos ante algo más grave que un escándalo político: estamos ante un ataque directo a los pilares del Estado de Derecho».
España no se merece una situación de descrédito político e institucional como la que estamos viviendo. Nuestro país, con sus problemas y desafíos, necesita un gobierno que no tenga que esconderse tras operaciones de cloacas para mantenerse en el poder. Merece instituciones limpias, una justicia independiente y una política que no convierta la destrucción del adversario en su principal razón de ser.
La degradación ha llegado tan lejos que ya no hay parches posibles. Cuando las terminales políticas y mediáticas del sanchismo han perdido definitivamente el relato, cuando sus propias operaciones se vuelven contra ellos como un bumerán, cuando dirigentes socialistas no sometidos como Emiliano García-Page reclaman un adelanto electoral para que «la política nacional no vuelva a arrastrar al PSOE en los territorios», la única solución digna y democrática es devolver la palabra a los ciudadanos.
No hay ya otra salida que adelantar las elecciones generales. Es la única manera de limpiar el aire viciado que respiramos, de restaurar la dignidad perdida y de devolver a España el prestigio institucional dilapidado. Porque cuando la democracia enferma hasta este punto, solo el veredicto de las urnas puede curarla.
LOS JURISTAS NO DAN CRÉDITO A LA PRIMERA SENTENCIA DEL TC SOBRE LA AMNISTÍA: «CONSAGRA LA DICTADURA DEL PARLAMENTO»
Artículo de María Jamardo publicado en El Debate el pasado día 3
Tras conocerse el sentido de la ponencia favorable al borrado penal del procés que la vicepresidenta de la Corte, la magistrada Inmaculada Montalbán, elevará al Pleno del próximo día 24 de junio. Críticas a la filtración de la ponencia.
No por previsible y anunciada, la luz verde que la mayoría de magistrados del Constitucional dará a la Ley de Amnistía, en el próximo Pleno monográfico convocado a finales de este mes, ha resultado menos escandalosa. Tras la crítica airada, y casi unánime, de la filtración del borrador de la ponencia que la magistrada Inmaculada Montalbán defenderá ante el resto de miembros de la Corte, la comunidad jurídica «no da crédito» a los argumentos sobre los que se asienta el fallo que avala, en lo esencial, el borrado penal del procés. En especial, al que establece que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba».
Lo que dice la sentencia es que el objetivo político de una ley, aunque sea perverso y opuesto a los principios constitucionales, no afecta al examen sobre la constitucionalidad de la misma
Es «exactamente lo contrario», apunta el magistrado Fernando Portillo, «en un Estado de Derecho son los ciudadanos los que pueden hacer todo lo que no esté prohibido (según el principio de libertado o autonomía individual), pero los poderes públicos sólo pueden hacer aquello que la Constitución les permite». De lo contrario se está «arrojando la democracia liberal al barro», reflexiona el juez.
En el mismo sentido se sitúan otros juristas para los que, en virtud del término de «Constitución abierta» –que «siempre y de manera exclusiva se ha referido al proyecto constitucional en sentido político»– en la que todo parece tener encaje para este TC, en realidad, se está acuñando un nuevo enfoque del principio democrático en el que esa «apertura se refiere a la potestas ilimitada del legislador» frente a otros poderes, como el judicial. Es decir, se dinamita la separación de poderes y se «consagra la dictadura del Parlamento».
La sentencia es, en esencia, «larga» y «farragosa», de las llamadas «de aluvión» porque «parece que lo que se busca es citar cuantos más artículos, precedentes y antecedentes, sin tener en cuenta que lo que se exige de los pronunciamientos judiciales es que sean claros y precisos», apuntan algunos expertos consultados por El Debate.
Para estos especialistas, además, «adolece» de una «falta de teoría constitucional, dado que no se tienen en cuenta las grandes categorías o principios básicos del constitucionalismo» y, a lo largo de la misma, se «evidencia un absoluto desconocimiento del Derecho comparado y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».
Una visión, ésta, compartida por la catedrática catalana Teresa Freixes para quien, de un primer análisis, se deduce que la «prisa» del TC por emitir una solución a la amnistía «sin esperar a que se pronuncie el Tribunal del Justicia de la Unión Europea (TJUE)» –ante el cual cabe recordar que, por el momento, hay planteadas un total de cuatro cuestiones prejudiciales distintas de otros tantos órganos jurisdiccionales españoles diferentes– «quiebra la relación de ordenamientos y pone de manifiesto que el TC no se considera sujeto al Derecho» comunitario o como si quisiera «condicionar la futura respuesta europea» al respecto de la polémica norma interna.
Sin embargo, quizás lo más sangrante del contenido de la resolución es que lanza una «absoluta sensación de impunidad» para quienes –habiendo incumplido la ley e «ignorando las resoluciones de la propia Corte de Garantías» que hoy abre «su paraguas para asumir la amnistía»– se ven «avalados desde instituciones controladas por el Gobierno de turno».
LA GESTIÓN DE LOS ESCÁNDALOS QUE ASEDIAN A SÁNCHEZ PROVOCA UN CISMA ENTRE MONCLOA Y FERRAZ
Artículo de Javier Portillo publicado en Vozpópuli el pasado día 3
Algo se ha roto en la relación entre el Palacio de la Moncloa y la planta noble de la sede federal del PSOE. La gestión de los escándalos que asedian al Gobierno no está acompasada. Los mensajes no están sincronizados y ambas sedes se echan la pelota en el tejado mutuamente. Cada día que pasa, según ha sabido este diario, crece el malestar en el partido por tener que dar la cara para tapar al Gobierno mientras el presidente permanece callado.
Da la sensación de que el Partido Socialista se ha metido en un callejón sin salida. Parece no haber escapatoria ante el cúmulo incesante de filtraciones, grabaciones, chantajes, conspiraciones y guerra sucia en las cloacas del Ministerio del Interior que sale a borbotones de la sede socialista de Ferraz y que, día sí y día también desde hace meses, refleja la prensa española. Pedro Sánchez lleva casi dos semanas sin conceder pregunta alguna. Este lunes repitió comparecencia sin periodistas en Melilla.
Para medir la gravedad de las crisis basta echar un vistazo al jardín de críticas que aflora en el patio de Ferraz, porque en los últimos días han crecido algunas inesperadas. El portavoz en el Congreso, Patxi López, o la presidenta del partido, Cristina Narbona, acompañan a los habituales Emiliano García-Page y Javier Lambán. El expresidente aragonés incluso demanda a Sánchez que se plantee terminar con la agonía y convocar elecciones para salir del atolladero. En privado, los socialistas no salen del aturdimiento.
Moncloa crea un cortafuegos a Ferraz
En estos momentos, la obsesión del núcleo duro de Moncloa es crear un cortafuegos en torno a Ferraz. No quieren que los ministros, y por supuesto el presidente, pisen alguna de las minas que rodean al Ejecutivo. El escándalo de la militante socialista Leire Díez, apodada como la ‘fontanera’ socialista, ha sido la última estocada a una relación tirante desde que trascendió que la UCO, la unidad policial a la que Díez quería desacreditar, ultima un informe demoledor sobre el secretario de organización, Santos Cerdán.
Fue entonces cuando Moncloa comenzó a marcar distancias con Ferraz: “Santos no es un hombre del Gobierno”. “Si hubo chantaje [sobre los whatsapps entre Sánchez y Ábalos] llegó a Ferraz”, etc. El propio presidente evitó pronunciar el nombre de su mano derecha en el PSOE cuando el PP le preguntó en el Congreso por él y el susodicho documento de la Guardia Civil en el que, supuestamente, se le vincularía con adjudicaciones a empresas constructoras.
El líder socialista se limitó a criticar que los populares ataquen a “personas honestas”. Cabe recordar que Díez es una persona muy vinculada a Santos Cerdán. Los cuadros del partido empiezan a entonar el ‘sálvese quien pueda’. Pedro Sánchez flaquea y, sin alternativa a su liderazgo en una organización con más de 140 años de historia, por las agrupaciones se asienta la congoja. Los socialistas se resignan a cerrar el ciclo del secretario general, acorralado por la corrupción. El resto de dirigentes socialistas consultados por este diario no llegan a tanto. Pero sí admiten que “la cosa está jodida”, se sincera un socialista curtido en batallas internas.
El resto de alcaldes y candidatos socialistas, en la cuerda floja
Otra socialista veterana lamenta que “lo malo de todo lo que está pasando es que quedarán cenizas muy difíciles de volver a encender”. Esta exdirigente, conocedora como pocas de la entrañas del partido, explica que pese a la crisis, buena parte de las plantas nobles de Ferraz está “en clave de resistencia y ataque”. Lo que vienen a advertir estos socialistas es que Sánchez y quienes están en el puente de mano con él no piensan en controlar el daño reputacional del partido. Tampoco en el resto de alcaldes y candidatos socialistas en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.
El presidente solo contempla la guerra total contra la derecha política, mediática y judicial que, dicen, les tiene en el punto de mira. Sánchez cree fervientemente que sus adversarios se han puesto como único objetivo derrocarle como sea. Y en el partido hay quien cree que esa psicosis de Sánchez le puede llevar a cometer pasadas de frenada. Nadie entiende que se haya podido siquiera contemplar la posibilidad de utilizar a una militante del partido para recabar información comprometedora de jueces, policías y periodistas. El ruido sigue, aunque el Gobierno se haga el sordo y en Ferraz no sean capaces de bajar el volumen
SÁNCHEZ ARRASTRA AL SOCIALISMO EN SU CAÍDA
Editorial de La Razón publicada en su web el pasado día 2
Cuando se cumplen dos años de unas elecciones autonómicas y municipales que redibujaron el mapa político español en favor del Partido Popular, los sondeos que ha llevado a cabo «NC Report» para LA RAZÓN no sólo refuerzan las expectativas de voto de los populares en, prácticamente, todo el territorio nacional, sino que retratan a un PSOE en caída libre que, de celebrarse hoy los comicios, apenas conseguiría mantener los gobiernos en coalición de País Vasco y Navarra, aunque en minoría, porque el PNV paga su alianza antinatural con la izquierda nacional y perdería votos y escaños; y en Cataluña, favorecido por el retroceso general de los partidos independentistas y de los Comunes, que, como los nacionalistas vascos, se enfrentan al peaje de su colaboración con el sanchismo.
En definitiva, sube el PP en todas las comunidades autónomas, incluso en el País Vasco, convirtiéndose en una opción determinante para mantener un ejecutivo sin Bildu, salvo en Valencia, con los populares tocados por la tragedia de la Dana, pero no hundidos. Perderían, según la encuesta, votos y escaños, pero los mejores resultados de Vox y el pronóstico de que es Compromís el partido de izquierdas que crece, porque los socialistas valencianos siguen en descenso, permitirían reeditar el actual gobierno popular, aunque en minoría.
Ni siquiera el presidente del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, con un discurso en las antípodas de los pactos con los nacionalismos periféricos se libra del efecto arrastre de Pedro Sánchez y se quedaría sin mayoría absoluta en favor de los populares y Vox. Lo mismo reza para Adrián Barbón en el feudo socialista asturiano. El sondeo deja el gobierno del Principado a tiro de un acuerdo entre el PP y la formación de Santiago Abascal. A modo de resumen, los populares de Alberto Núñez Feijóo que hoy gobiernan en 11 comunidades autónomas sumarían dos más, Castilla-La Mancha y Asturias; reforzarían la mayoría con Coalición Canaria en el archipiélago y podrían condicionar el gobierno de Vitoria, si se pretende mantenerlo al margen a los proetarras. Lo mismo reza en Navarra, donde el bloque de la derecha sobrepasa al de la investidura de Chivite, que volvería a quedar en manos de Bildu.
Por supuesto, no sólo el PP mantiene sus mayorías absolutas en Andalucía, Madrid, Galicia y La Rioja, sino que las refuerza frente a candidatos gubernamentales como María Jesús Montero u Óscar López, por poner dos ejemplos de ministros jugando un doble papel. La conclusión más evidente es que las opciones de los socialistas siguen lastradas por la acción de gobierno de La Moncloa. Pero no sólo ellos, porque tanto cabalgar contradicciones está acabando por pasar factura a los socios de la investidura de Pedro Sánchez, los mismos que no quieren ni oír hablar de adelantar las elecciones.