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“Caso fiscal general: el CGPJ archiva una investigación contra el juez Hurtado por estar basada en meras apreciaciones subjetivas”, de Ángela Martialay; “El PP exige modificar el sistema de elección del CGPJ tras `desautorizar´ la Comisión de Venecia el modelo del Gobierno”, de Luis Villajos; “Un colaborador de la cátedra de Begoña Gómez recibió 117.000 euros en subvenciones de hasta tres ministerios”, de Jorge Sanz Casillas; y “El PP presiona a Sánchez tras revelar Aldama que diez millones del rescate a Plus Ultra fueron a la Internacional Socialista”, de Ramiro Fdez-Chillón
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 15)
CASO FISCAL GENERAL: EL CGPJ ARCHIVA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL JUEZ HURTADO POR ESTAR BASADA EN MERAS APRECIACIONES SUBJETIVAS
Artículo de Ángela Martialay publicado en El Mundo el pasado día 15
El Promotor de la Acción Disciplinaria concluye que se trata de una denuncia sin base en datos objetivos y mínimamente contrastados.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha archivado la investigación abierta contra el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, instructor de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El pasado mes de abril, a raíz de las quejas presentadas por varios ciudadanos, el promotor incoó unas diligencias informativas. En las citadas quejas se acusaba al juez Hurtado de buscar «el escarnio» del fiscal general, de difundir datos innecesarios para la investigación faltando a su deber de secreto, de alargar el procedimiento de forma innecesaria, de llevar a cabo una investigación prospectiva, de derrochar recursos económicos y humanos en la instrucción llevada a cabo en la Sala de lo Penal y de existir dudas sobre la imparcialidad del instructor. En las citadas quejas, haciéndose eco de publicaciones en diferentes medios de comunicación relativas a la práctica de diligencias del caso del fiscal general, se señalaba que el instructor había faltado a sus deberes judiciales sin soporte probatorio alguno.
En su resolución de archivo, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que tales afirmaciones no guardan la menor relación con hechos de naturaleza disciplinaria, sino que constituyen aspectos propios de la instrucción a determinar en el seno del procedimiento judicial, por lo que es a los órganos judiciales predeterminados por la ley a los que corresponde su valoración y que no se corresponde con hechos de naturaleza disciplinaria. «Serán los miembros de la carrera judicial predeterminados por la Ley quienes valoren tales aspectos en el seno del procedimiento correspondiente», indica el archivo.
Además, el CGPJ concluye que se trata de una denuncia basada en apreciaciones subjetivas contra el magistrado Ángel Hurtado en la que, sin base en datos objetivos y mínimamente contrastados, se afirma que habría facilitado la difusión de datos innecesarios para la instrucción sin concretar cuáles.
En este sentido, el promotor, Ricardo Conde, sostiene que cualquier desacuerdo o crítica que se pretenda realizar contra las decisiones contenidas en las resoluciones judiciales debe encauzarse a través de los recursos que las normas de procedimiento establecen para que, en sede judicial, se confirme tal pronunciamiento o quede sin efecto en todo o en parte.
Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general por un delito de revelación de secretos. García Ortiz se sentará en el banquillo por presuntamente haber facilitado a la Cadena Ser el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él admitiendo que «ciertamente» se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Será la primera vez en la Historia que un fiscal general ocupe sitio en el lugar de los presuntos delincuentes.
EL PP EXIGE MODIFICAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ TRAS «DESAUTORIZAR» LA COMISIÓN DE VENECIA EL MODELO DEL GOBIERNO
Artículo de Luis Villajos publicado en El Español el pasado día 14
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que la Comisión de Venecia avala la posición de su formación sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ de que «sean los jueces quienes elijan a los jueces».
En un vídeo, Gamarra subraya que el organismo europeo «desautoriza el sistema que defiende el Gobierno» de Sánchez, por lo que, asegura, que España «está obligada a cambiarlo» para cumplir con los estándares europeos
En concreto, la Comisión de Venecia ha indicado que el sistema actual de elección del CGPJ -las Cortes eligen a todos los miembros- no tiene «mecanismos adecuados para evitar el bloqueo», a la par que ha recomendado que la propuesta alternativa -los jueces elijan a 12 de los 20 miembros- elimine o reduzca «considerablemente» el requisito de avales a quienes se quieran presentar, para que sea una convocatoria «abierta».
Gamarra ha subrayado que este dictamen «concluyente» de la Comisión de Venecia «respalda» lo que defiende su partido: «cambiar el sistema de elección, restituir la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Político» y «alinear a España con los estándares europeos del Estado de Derecho».
«Deja claro que no puede haber interferencia política en esta elección y que hay que garantizar además la participación del 100% de los jueces», ha subrayando, añadiendo que ésa es la «regeneración» que defiende el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Bolaños da por cumplida la exigencia de Bruselas de reformar el CGPJ aunque sólo hay dos informes discrepantes.
Además, la diputada del PP ha denunciado la «manipulación y tergiversación» que, a su juicio, está haciendo el Ministerio de Justicia que dirige Bolaños con este dictamen, «intentando hacer pasar por bueno lo que no es más que una absoluta desautorización al Gobierno».
«Y lo que es peor, negándose a aplicar las conclusiones como nos pide la Comisión de Venecia. El Gobierno español sólo tiene un camino, cumplir con los estándares europeos y avanzar con ello en la independencia judicial», ha denunciado.
Gamarra ha reaccionado al comunicado emitido por Justicia, en el que defiende que el informe de la Comisión de Venecia publicado este lunes reconoce que «no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo Judicial» , citando ejemplos de otros países como Alemania o Italia,
El Departamento que dirige Bolaños interpeta que en este informe el organismo europeos alerta de que «confiar la elección exclusivamente la elección del CGPJ a los jueces podría conducir al corporativismo», lo cual, a su juicio, sería contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha dejado claro que «el CGPJ no puede ser nunca un órgano corporativo o de representación de la Carrera Judicial».
Justicia hace hincapié además en que la Comisión de Venecia señala por primera vez los «grandes riesgos de interferencia política» a través de las asociaciones judiciales que tiene el «modelo corporativo» por el que los jueces elegirían a los miembros del Poder Judicial sin pasar por el Parlamento. «Un extremo del que el Gobierno y este Ministerio ya han alertado en diversas ocasiones», advierte.
Haciendo caso omiso al informe, el Ministerio de Bolaños asegura que a raíz de sus conclusiones que el Gobierno seguirá «apostando por el modelo actual», que es «fruto del consenso» y «evita que cualquier sensibilidad corporativa o partidista se haga con el control» del órgano de los jueces.
Ante ello, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha asegurado que España «cuenta con una judicatura independiente» y el PP trabajará «para defender las instituciones y para reforzar la credibilidad del sistema judicial».
«Frente a un Ejecutivo que está legislando para intentar blindarse judicialmente y apartar a los jueces incómodos, nuestro compromiso es claro: Jueces elegidos por jueces y una Justicia al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos», ha afirmado, advirtiendo de que cuando el poder político aspira a «controlarlo todo», la independencia de los tribunales se convierte «en el último bastión de la democracia».
UN COLABORADOR DE LA CÁTEDRA DE BEGOÑA GÓMEZ RECIBIÓ 117.000 EUROS EN SUBVENCIONES DE HASTA TRES MINISTERIOS
Artículo de Jorge Sanz Casillas publicado en El Debate el pasado día 14
Pacto Mundial Red España es una de las entidades con las que se comunicó la asesora personal de la mujer de Sánchez, según figura en los correos electrónicos que ha estudiado la Guardia Civil.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha constatado que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez trabajó de forma intensa en los negocios privados de Begoña Gómez, concretamente en la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Tal y como se desprende del informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Debate, Cristina Álvarez intercambió decenas de correos con distintos colaboradores de dicha cátedra usando una cuenta personal de Gmail.
Entre los colaboradores con los que Cristina Álvarez mantuvo correspondencia figura Pacto Mundial Red España, una organización cuya misión –según su página web– es «crear un movimiento global de empresas y organizaciones sostenibles para crear el mundo que queremos». «Nos caracterizamos, además, por poseer una capacidad inigualable para unir empresas con otros actores que trabajan para promover el desarrollo sostenible: gobiernos, asociaciones, sociedad civil y las Naciones Unidas», añade la web de la compañía.
Se da la circunstancia de que esta organización ha recibido, más de 117.000 euros en subvenciones del Gobierno. En total son ocho «entregas dinerarias sin contraprestación» procedentes de hasta tres ministerios: Exteriores, Trabajo y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las cuatro primeras de estas subvenciones llegaron entre noviembre y diciembre de 2021, cuando comenzaba el segundo año lectivo tanto de su Cátedra de Transformación Social Competitiva como del Máster en Dirección de Captación de Fondos en la UCM.
En esa primera tanda destaca una subvención por valor de 41.090 euros. En aquella ocasión, Pacto Mundial Red España se benefició de una convocatoria presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entonces en manos de Alberto Garzón (Podemos). Las subvenciones tenían como finalidad financiar «actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 en España». A cambio, las empresas elegidas tenían que presentar una memoria.
En septiembre de 2022, Pacto Mundial recibió su segunda subvención más cuantiosa de todas las que figuran en la base de datos de Hacienda: 11.788,40 euros. En esta ocasión, el órgano convocante fue el Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz.
La convocatoria se registró en abril de 2022 y se concibió para subvencionar «actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento». La fecha de concesión fue el 19 de septiembre de 2022, solo tres meses después de que Cristina Álvarez (la asesora de Moncloa investigada) remitiera a la UCM la adenda suscrita por Pacto Mundial para la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
Pacto Mundial recibió otras dos subvenciones en septiembre de 2023 y otra (la última) en septiembre de 2024. En ambos casos el órgano convocante fue el Ministerio de Asuntos Exteriores del socialista José Manuel Albares. En aquella ocasión el dinero recibido debía destinarse a «la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los derechos humanos».
Se da la circunstancia de que Pacto Mundial recibió su última subvención el 16 de septiembre de 2024. Solo unos días después, el 7 de octubre, Begoña Gómez anunciaba a través de su cuenta en LinkedIn que la Complutense cancelaba su Máster en Dirección de Captación de Fondos «de forma sorpresiva y unilateral».
La universidad justificó la cancelación de este título (y de otros siete más) «por falta de estudiantes matriculados», algo que no gustó a la mujer de Sánchez:
Comunicado de Begoña Gómez tras la cancelación de su máster
«Quiero pedir disculpas a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica y les invito a seguir buscando ventanas de formación que les permitan convertirse en mejores profesionales del fundraising», apuntó entonces Gómez en LinkedIn.
EL PP PRESIONA A SÁNCHEZ TRAS REVELAR ALDAMA QUE DIEZ MILLONES DEL RESCATE A PLUS ULTRA FUERON A LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
Artículo de Ramiro Fdez-Chillón publicado en El Debate el pasado día 13
El pasado 29 de septiembre, el comisionista del caso PSOE, Víctor de Aldama, aseguró en una entrevista en Herrera en COPE que escuchó a José Luis Ábalos y a Koldo García –exasesor ministerial– afirmar que 10 de los 53 millones que costó a España el rescate de la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra iban a acabar en la Internacional Socialista, organización presidida desde 2022 por Pedro Sánchez.
Asimismo, Aldama desveló que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo al menos dos reuniones con Ábalos en la sede del Ministerio de Transportes con el objetivo de presionarlo para que se llevara a cabo dicho rescate.
«Yo escucho tanto Ábalos como a Koldo que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista». «Esa partida de 10 millones fue para la Internacional Socialista», agregó el empresario en relación con el rescate a la compañía aérea.
De esta forma, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno en la que señala que «el 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un ‘rescate’ a la aerolínea Plus Ultra por un valor de 53 millones de euros, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)».
«Hay que recordar que se levantaron importantes dudas sobre la legalidad o la idoneidad de la operación, hasta el punto de que hubo una investigación judicial sobre el asunto, que fue archivado por haber transcurrido un año de las instrucción. En primer lugar, se crearon dudas por su dudoso carácter estratégico, al representar apenas el 0,03 % del tráfico aéreo en España. La compañía operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico. En segundo lugar por el estado financiero de la empresa, al encontrarse en pérdidas desde su creación en 2011. La situación financiera de la aerolínea era tan delicada que los bancos se negaron a apoyarla. Aún así, antes de la pandemia consiguió evitar entrar en causa de disolución con un préstamo participativo por valor de 6,3 millones de un banco panameño que, a su vez, tiene vínculos con el Gobierno de Venezuela», recoge el escrito parlamentario.
El partido que preside Alberto Núñez Feijóo resalta que «trascendió hace varios meses que la Fiscalía Anticorrupción consideró que había indicios de que la aerolínea Plus Ultra defraudó al Estado Español, haciendo un ‘uso indebido’ de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Consejo de Ministros en el año 2021». Igualmente, indica que «los hechos denunciados consisten en el uso de los fondos del rescate para colaborar en una red de blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela».
Además, los ‘populares’ subrayan que «ahora, Víctor de Aldama, considerado el ‘nexo corruptor’ de la trama de corrupción del Partido Socialista ha denunciado en un medio de comunicación que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo involucrado en el rescate de la compañía Plus Ultra, acudiendo al Ministerio de Transportes para presionar al entonces Ministro, José Luis Ábalos, sobre la necesidad del rescate», y que «también ha señalado que 10 millones de euros fueron a financiar a la Internacional Socialista, vinculados al rescate de Plus Ultra».
De esta manera, el PP pide al Ejecutivo que manifieste si «ha realizado alguna comprobación sobre si fondos de la compañía Plus Ultra han terminado como aportación a la Internacional Socialista», y si ha hecho «algún tipo de análisis o investigación para determinar si la compañía Plus Ultra ha defraudado al Estado Español , haciendo un ‘uso indebido’ de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Consejo de Ministros en el año 2021».
La formación con más diputados en la Cámara Baja solicita que el Gobierno explique «qué medidas piensa adoptar si se confirma la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, de que por parte de la compañía Plus Ultra ‘defraudó’ al Estado Español haciendo un ‘uso indebido’ de los 53 millones de euros de ayuda concedidos por el Consejo de ministros en el año 2021, o si parte del dinero del rescate fue a parar a la Internacional Socialista».
«¿Qué análisis y comprobaciones hizo el Gobierno sobre la compañía ‘Plus Ultra’ para conceder el rescate de 53 millones? ¿Alguien del Gobierno va a asumir algún tipo de responsabilidad política por la concesión de una ayuda millonaria llena de opacidad y presuntas irregularidades?», pregunta el PP.