Noticias de primeros de año sobre el aborto

Por José María Arévalo

(El comité clínico de Madrid rechaza 1 de cada 3 abortos por malformaciones graves)

Les decía ayer que he recibido estos días de primeros de año un comunicado de Profesionales por la ética en el que analiza cómo ha comenzado el año, y efectivamente, además de la declaración del papa León XIV sobre la ‘objeción de conciencia’, incluyen varias noticias sobre el aborto que creo vale la pena recoger.

La primera es la que daba El Debate el 10 de enero y que titulaba “El Gobierno adjudica a dedo un contrato a un lobby cercano a la Generalitat para animar a las mujeres a abortar”, y que señalaba que la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, registrada formalmente como grupo de interés ante la Administración de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Igualdad que rige la socialista Ana Redondo, le ha adjudicado recientemente un contrato menor de forma directa, es decir, a dedo, con la finalidad de brindar «atención, información y acompañamiento individualizado de mujeres» que quieran abortar.

Según consta en el anuncio de adjudicación consultado por este medio, este servicio que anima a las mujeres a abortar se cubre a través de un canal de WhatsApp, «garantizando una atención diaria, cercana y constante». El importe del contrato es de 14.600 euros y el servicio «está gestionado por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en los ámbitos social, psicológico y sanitario, que ofrecen una atención integral, empática y altamente resolutiva», reza el contrato.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos es una entidad catalana que se define como «luchadoras por el ejercicio de la libertad y en favor de la justicia social para garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos». Lo curioso de esta asociación no es únicamente que se dedique íntegramente al fomento del aborto, sino su estrecha relación con el Govern que lidera actualmente el también socialista Salvador Illa.

En primer lugar, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos está registrada formalmente como grupo de interés ante la Administración de la Generalitat de Cataluña, con un identificador oficial en el Registro de Intereses de esta administración. Esto significa que está tipificada como ‘lobby legal’ y que la entidad puede tener interlocución formal con la Generalitat en términos de incidencia y diálogo institucional.

Por otro lado, este lobby forma parte de redes importantes en Cataluña, como el Consell Nacional de Dones de Catalunya y otros espacios comunitarios o de incidencia social. La pertenencia a estos consejos implica participación junto a organizaciones, administraciones públicas y representantes institucionales en la definición y vigilancia de políticas públicas en temas de igualdad o derechos humanos.

A pesar de no ser considerado como un ‘chiringuito público’, la asociación recibe cantidades ingentes de dinero público emanado de la Generalitat de Cataluña, así como, en menor escala, del Estado. Únicamente en el año 2025, esta entidad ha percibido de Cataluña un total de 254.753,43, tal y como ha podido comprobar este periódico en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP). En total, desde julio del año 2022, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos ha recibido 1.682.709, 41 de euros desde el Govern catalán, primero regido por Pere Aragonès y posteriormente por el exministro de Sanidad Salvador Illa.”

El comité clínico de Madrid rechaza 1 de cada 3 abortos por malformaciones graves

La segunda noticia, que recoge de la SER, es la así titulada, El comité clínico, que evalúa la interrupción voluntaria del embarazo por problemas graves en el feto más allá de la semana 22, denegó en 2025 uno de cada tres casos que recibió. Naturalmente, la SER da la noticia, tan positiva, como muy negativa. Dice: “En la Comunidad de Madrid, la interrupción voluntaria del embarazo por anomalías fetales -más allá de la semana 22- depende de la autorización de un comité clínico. Según los datos oficiales del Gobierno regional, hasta octubre de 2025 este órgano, dependiente de la Consejería de Sanidad, rechazó 13 casos frente a los 25 que aprobó, lo que supone que uno de cada tres expedientes fue denegado.

Para el PSOE madrileño, este aumento en las exclusiones es dramático. “Es añadir más dolor a una situación ya terrible para esa mujer”, asegura Lorena Morales, secretaria de Igualdad.

La «hipocresía» de Ayuso sobre el aborto como «fracaso de la sociedad»: sin financiación para la píldora y esperas en centros de planificación familiar

Expertas en salud sexual critican la postura de Ayuso sobre el aborto: «En Madrid no objetan médicos, sino la comunidad entera»

Explica que la negativa del comité aboca a las afectadas a tres opciones: “O irse al extranjero si tiene recursos —normalmente a Bruselas—, o acudir a la clandestinidad y jugarse la vida y la salud, o seguir adelante con un embarazo dando a luz a un bebé que no va a tener viabilidad, que no va a vivir o que va a tener una calidad de vida horrible”. Morales concluye: “Para esa mujer es una condena: su proyecto de vida queda completamente truncado”.

El funcionamiento del comité clínico no ha estado exento de críticas. Todos sus miembros son hombres y, aunque la ley establece que no pueden ser objetores al aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro de objetores que exige la normativa.

Esto, según el PSOE, abre la puerta a dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones. “Estos miembros, que por cierto son tres hombres, no pueden formar parte del registro de objetores ni en el momento en el que son miembros del comité clínico, ni en años anteriores”, denuncia Morales. “Como en Madrid la señora Ayuso se niega a que tengamos registro de objetores, no sabemos si estos señores están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo”.

La diputada socialista también señala un vacío legal entre 2019 y 2023, cuando se nombró el actual comité. Durante ese periodo, el anterior órgano siguió rechazando solicitudes pese a que su mandato había caducado. “Estamos hablando de que durante tres años y medio decenas de mujeres vieron cómo su solicitud de interrupción voluntaria del embarazo era rechazada cuando esos profesionales no tenían ninguna capacidad legal para poder tomar esa decisión”, afirma Morales. “Y la señora Ayuso lo amparó y lo permitió”.

Precisamente, el comité actual, que según recoge la normativa tiene una vigencia de 3 años, está a punto de caducar, con una nueva incógnita sobre si habrá renovación sin registro de objetores. El PSOE madrileño exige transparencia y garantías para las mujeres que enfrentan estas situaciones extremas, mientras el Gobierno regional defiende la actuación del comité clínico.

La Consejería de Sanidad se remite a las palabras de Ayuso, aseguran que la presidenta siempre ha defendido que el derecho al aborto está garantizado en Madrid.”

El aborto se acerca a Palencia

Recoge que “la Gerencia de Salud adjudica a la vallisoletana  Ginemédica las interrupciones voluntarias del embarazo de las palentinas que ya no tendrán que viajar a Madrid, sino a Valladolid. En total unos 400 serán los que se ahorrarán las palentinas que quieran abortar. Dice la noticia que firma Óscar Herrero : “El aborto se acerca a Palencia . 08/01/2026. El-Sacyl-pagará-entre-230-1.500-euros-para-facilitar-aborto-Palencia. La Gerencia de Salud adjudica a Ginemédica las interrupciones voluntarias del embarazo de las palentinas que ya no tendrán que viajar a Madrid, sino a Valladolid.

200 kilómetros menos de ida y 200 menos de vuelta: En total unos 400 serán los que se ahorrarán las palentinas que quieran ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a través de la Sanidad Pública.

Porque si ahora eran derivadas a Madrid, desde que entre en vigor el nuevo contrato con el que la Gerencia de Salud mantiene externalizados los abortos voluntarios, sólo tendrán que acercarse a Valladolid. A 45 kilómetros de la capital. A 150 en el caso de las mujeres del norte de la provincia.

Es precisamente esa cercanía al hospital de referencia de Palencia, el Caupa, el que le ha dado el contrato a la vallisoletana Ginemédica, porque es dónde saca ventaja frente a la otra opción, la que hasta hace nada se mantenía como la única para las palentinas, la madrileña Clínica Isadora.

Y es que la oferta económica de Isadora es mejor que la presentada por Ginemédica, pero la cercanía, menos de 50 km, se valoraba con hasta 40  de los 100 puntos de los que constaba el concurso.

Por poner un ejemplo, la intervención en teoría más sencilla, la interrupción instrumental de un embarazo de 12 ó menos semanas, costaría en Madrid, 290 euros (más IVA) por los 321 que se pagarán en Valladolid. De estas se estima que como máximo se realizaría poco más de 100 en el plazo de vigencia del contrato que es durante un año.

De las producidas por encima de la semana 23, valoradas en ambos casos en 1.400 euros, se estima que solo se haría una.

Pese al incremento económico se da una doble respuesta. Por un lado, a las palentinas que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, que no tendrán que asumir un traslado y por otro una respuesta legal, ya que en 2023 el

Constitucional fijó que abortar en una comunidad distinta de la de residencia, como les ocurría hasta ahora a las palentinas, vulnera los derechos fundamentales de la mujer.

Puerto Rico incluye  una protección más ante el aborto

Y otra noticia más pero esta positiva: Puerto Rico reconoce al no nacido como persona natural: un médico certificaría la gestación. Es noticia de Religión en Libertad, que titula: “La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón firmó una nueva ley que modifica el Código Civil para reconocer como persona natural al ser humano concebido en el útero materno, desde cualquier etapa de gestación.” Veámosla.

“La legislación otorga personalidad jurídica con efectos civiles al concebido y busca, según el Ejecutivo, ampliar su protección legal sin afectar los derechos de la mujer gestante.

El Proyecto del Senado 504 busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, para clarificar que «el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno».

En marzo del 2022, el entonces diputado Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa para que los bebés puedan ser registrados desde el momento de la concepción y con ello se brinde una protección más ante el aborto, con la finalidad de garantizar que se cumpla la ley y que se castigue a quienes realicen procedimientos de interrupción del embarazo cuando la legislación no lo contemple.

La propuesta buscaba el registro de los bebés desde el momento de la concepción ante el Registro Civil, una figura que, de aprobarse, tendría implicaciones principalmente simbólicas, administrativas y legales, al reconocer formalmente la existencia del concebido antes del nacimiento.

Para Bazán, esta medida refuerza la protección jurídica frente al aborto y fortalece la aplicación de la ley en los casos donde la interrupción del embarazo no está permitida.

El legislador sustenta su iniciativa en un marco normativo amplio, al señalar que la protección a la vida desde la concepción ya se encuentra respaldada tanto en la Constitución como en tratados internacionales, así como en los códigos civiles y penales, los cuales reconocen al no nacido como un bien jurídico tutelado. Desde esta óptica, la propuesta no crea un derecho nuevo, sino que busca reforzar disposiciones existentes.

Uno de los elementos más relevantes de la iniciativa es el mecanismo práctico que plantea: la declaración de gestación mediante certificado médico y, en el caso de comunidades indígenas, el reconocimiento de autoridades tradicionales como fedatarias. También introduce un esquema de doble nombre provisional, que se confirmaría tras el nacimiento, manteniendo el procedimiento tradicional de registro civil.”

Primera causa de muerte en España

Y la última, la menos positiva: El crecimiento del aborto químico, facilitado por la distribución de fármacos abortivos y las libertades que da el Gobierno, ha permitido que miles de abortos queden invisibilizados estadísticamente. Así, señalan que estamos ante «un sistema diseñado» para que estos infanticidios «no se vean, no se piensen y no se lloren». Oficialmente en 2024 106.172 mujeres decidieron quitarle la vida al hijo que esperaban. Esto supone 3.075 más que en 2023, un 2,98 % de aumento. ¡Primera causa de muerte en España!

Esta es unqa noticia de El Debate que titula: “Denuncia del Instituto de Política Social: «El aborto se convierte en el mayor exterminio silencioso de nuestra historia». Y “El departamento de Mónica García «manipula las cifras, fragmenta los datos y oculta la realidad» para que estas polémicas operaciones quirúrgicas no generen rechazo social”

La cultura de la muerte sigue creciendo en España. Cada vez son más las políticas que atentan contra la vida, uno de los derechos fundamentales más relevantes. El aborto es una de las principales causas. En una era donde la natalidad está bajo mínimos, Mónica García, ministra de Sanidad, ha alardeado de que el pasado año 106.172 mujeres decidieron quitarle la vida al hijo que esperaban. Esto supone 3.075 más que en 2023, un 2,98 % de aumento.

Coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, que se celebró el pasado 28 de diciembre, el Instituto de Política Social (IPSE) denuncia públicamente el «número devastador de abortos» producidos en España durante 2025. Así, alerta de que esta controvertida práctica se ha convertido en «la primera causa de muerte en nuestro país», muy por encima de cualquier enfermedad, accidente o causa violenta.

El Instituto denuncia además la opacidad deliberada del Ministerio de Sanidad, que, según el IPSE, camufla «las cifras reales del aborto químico», modalidad que ya supera en más de un 25 % al aborto quirúrgico, convirtiéndose en «el método mayoritario de eliminación de vidas humanas» en las primeras semanas de gestación.

El aborto se ha disparado. Por ello, el IPSE advierte que los datos oficiales conocidos ocultan «una realidad mucho más grave». Y es que, aseveran desde el IPSE que el crecimiento del aborto químico, facilitado por la distribución de fármacos abortivos y las libertades que da el Gobierno, ha permitido que miles de abortos queden invisibilizados estadísticamente. Así, señalan que estamos ante «un sistema diseñado» para que estos infanticidios «no se vean, no se piensen y no se lloren».

«Aborto es Holocausto»

Ante esta realidad, el IPSE ha lanzado este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la campaña «Aborto es Holocausto», con el objetivo de sacudir conciencias y denunciar el exterminio sistemático de los más indefensos: los niños no nacidos.

Al hilo, la organización subraya que el término no es retórico ni exagerado, sino que hablan de «millones de vidas eliminadas, de forma legal, sistemática y con el respaldo del Estado». Eso es, en términos históricos y morales, «un holocausto silencioso», garantizan.

El IPSE denuncia que el aborto ha sido normalizado, financiado y promovido por los poderes públicos, mientras se persigue y criminaliza a quienes ofrecen alternativas reales a las mujeres embarazadas. Asimismo, lamentan que el Día de los Santos Inocentes ya no sea solo «una memoria histórica», sino «una realidad cotidiana», puesto que cada aborto es «un inocente que no tendrá nombre, ni tumba, ni justicia».

Por su parte, Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del Instituto de Política Social, apunta que el aborto es «el mayor genocidio silencioso de nuestra historia reciente», ya que se mata «sin ruido, sin imágenes y sin memoria».

En este sentido, Hertfelder acusa directamente al Ministerio de Sanidad porque, según sus investigaciones, el departamento de Mónica García «manipula las cifras, fragmenta los datos y oculta la realidad» para que estas polémicas operaciones quirúrgicas no generen rechazo social. «Es una ingeniería del silencio» concluye mientras afirma tajante que ningún aborto es un avance, sino que es « un fracaso humano y social».”