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“Dr. Martínez-Sellés: «El registro de objetores al aborto permite la discriminación de los médicos»”, de Luis Javier Moxó Soto; “Ayuso elogia a Trump y ataca a Sánchez sin citarlos porque `no se puede desguazar´ la relación entre los dos países”, de Francesc Peirón; “Cristina Garmendia deja Mediaset tras dos años marcados por la derechización de Cuatro”, de Pedro Pérez Bozal; “Vuelve el sanchismo bonito, qué pereza”, de Javier Collado; y “Pumpido quiere imponer la memoria etarra en nuestra Constitución”, de Federico Jiménez Losantos
(Instituciones de apellidos largos. Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 11)
MARTÍNEZ-SELLÉS: «EL REGISTRO DE OBJETORES AL ABORTO PERMITE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS MÉDICOS»
Artículo de Luis Javier Moxó Soto publicado en Religión en Libertad el pasado día 11
Ética médica y riesgos del aborto ante la sentencia TSJM. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad de Madrid crear un registro de objetores al aborto, medida recurrida por el Gobierno regional.
En esta entrevista exclusiva, el Dr. Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, cardiólogo y experto en bioética, denuncia que el registro “permite la discriminación de los médicos” objetores. Detalla complicaciones postaborto —perforaciones uterinas, infecciones, impacto en fertilidad y salud mental— y defiende que “el médico está al servicio de preservar la vida desde la concepción hasta la muerte”, subrayando que “ética y leyes no siempre van de la mano”.
-Doctor Martínez-Sellés, ¿cómo podría esta sentencia del TSJM alterar los protocolos clínicos en hospitales madrileños para gestionar interrupciones del embarazo sin objetores suficientes, y qué riesgos sanitarios tendría esto para las pacientes?
-De momento esta sentencia no va a tener ninguna repercusión práctica, ya veremos qué pasa en el futuro cuando tengamos una sentencia definitiva que, esperamos, siga defendiendo el derecho a la objeción de conciencia que tenemos los médicos. De todas maneras, hay que aclarar que no hay ningún riesgo sanitario para ninguna paciente. Es bueno recordar que, en los hospitales públicos madrileños en los que no se practican abortos −por ser todos sus ginecólogos objetores−, a las mujeres que acuden con intención de abortar se las deriva a centros privados concertados.
-¿Cree éticamente que este mandato judicial respeta el principio hipocrático de ‘primum non nocere’, al priorizar el aborto sobre la autonomía profesional de los médicos?
-No lo respeta y, lo que me parece más grave, permite la discriminación de los médicos que se acogen a su legítimo derecho de objeción de conciencia. Un derecho, reconocido en nuestra Constitución y en la Carta europea de Derechos Fundamentales, que implica no solo no realizar aquello que va contra la conciencia, los valores y las creencias, sino también el no ser discriminado por ello.
-Como cardiólogo experto, ¿qué complicaciones post-aborto reales —físicas, mentales o cardiovasculares— deberíamos considerar al implementar este registro para proteger de verdad la salud de la mujer?
-No se puede negar que pueden existir complicaciones después de un aborto quirúrgico (o, en algunos casos, farmacológico). La lista es larga e incluye sangrado excesivo, lesiones del cuello uterino, perforación uterina, infección pélvica o endometritis, restos retenidos que requieren una nueva intervención, adherencias uterinas e incluso mortalidad. La probabilidad de cada una de estas complicaciones es baja, habitualmente menor del 1%, pero si sumamos todas, el riesgo no es despreciable. Además, en algunos casos, se puede comprometer la fertilidad futura y varios estudios han comprobado asociaciones que muestran un posible impacto en la salud mental. Aunque la magnitud de algunas de estas asociaciones y su relación directa con el aborto no están tan bien definidas como en el caso de las complicaciones físicas, negar dichas asociaciones no se sostiene. Las consecuencias a largo plazo del uso de fármacos con intención abortiva tampoco se conocen, pero existe plausibilidad biológica para un incremento del riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, especialmente si dichos fármacos se usan una y otra vez.
-¿Es viable reorganizar médicamente los servicios públicos en Madrid, con tantos ginecólogos objetores, sin afectar la calidad en obstetricia o emergencias?
-La reorganización de los servicios médicos en los hospitales públicos debería ser potestad de cada comunidad autónoma. En muchas situaciones hay comunidades autónomas que deciden externalizar algunos de estos servicios, incluyendo pruebas de imagen, endoscopias, cirugías y muchos otros. Esta externalización se hace mediante acuerdos con centros privados concertados que aseguran la asistencia. Me cuesta entender el interés del gobierno central de llegar a temas logísticos que, como digo, no deberían ser de su competencia.
-¿Cómo ve éticamente la tensión entre garantizar el aborto en sanidad pública y el deber médico de buscar alternativas no letales para el feto?
-Me va a permitir que responda con dos citas del Código de Deontología Médica Español, de obligado cumplimiento para todos los facultativos: “El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios….”
-Ante el recurso de Madrid, ¿qué papel debería jugar el Colegio de Médicos defendiendo la objeción de conciencia como base científica y ética de la Medicina?
-El Colegio de Médicos de Madrid siempre defenderá a todos sus colegiados, por supuesto que incluimos a todos los compañeros que quieran acogerse a su legítimo derecho de objeción de conciencia. Hay que recordar que ya el juramento hipocrático, escrito 450 años antes de Cristo, incluía la prohibición del aborto. Es más, la declaración de Ginebra, que renueva este juramento con criterios actuales de la Asociación Médica Mundial, sigue incluyendo “Prometo solemnemente velar con el máximo respeto por la vida humana”.
-¿Qué lección ética nos deja esta sentencia sobre leyes estatales y el reconocimiento constitucional de la vida desde la concepción?
-Que ética y leyes no siempre van de la mano. Es algo que ya sabíamos; por ejemplo, el Código Deontológico Español también incluye “El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente”. Y este código se publicó cuando ya teníamos la ley de la eutanasia. Precisamente por la posibilidad de que existan leyes o normativas que atenten contra la ética, la moral, las creencias o los valores de un médico, es tan importante salvaguardar el derecho a la objeción de conciencia. Este derecho es el que asegura, a la postre, que los médicos siempre haremos lo que creamos que es mejor para nuestros pacientes.
AYUSO ELOGIA A TRUMP Y ATACA A SÁNCHEZ SIN CITARLOS PORQUE “NO SE PUEDE DESGUAZAR” LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS PAÍSES
Artículo de Francesc Peirón publicado en La Vanguardia el pasado día 10
La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que, pese a no gustarle las guerras, “se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno que tanta gente ha conseguido a lo largo del tiempo” sin desmantelarlo “con eslóganes vacíos e hipocresía”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo apología de su proamericanismo este lunes en una conferencia en Manhattan durante su sexto viaje a Estados Unidos desde que gobierna (2019). Su animadversión al ejecutivo actual de España es más que manifiesta y está muy documentada.
Bajo ese contexto, la presidenta madrileña no necesitó citar ni al presidente Donald Trump en su elogio por su implicación belicista, sea en Palestina, Venezuela o Irán, ni a su homólogo español, Pedro Sánchez, al ejercer de opositor jefe internacional del mandatario estadounidense. Son los polos opuestos y para ella está más que claro cual es el positivo y cual el negativo.
“No queriendo la guerra se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha conseguido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos e hipocresía”, respondió a una de las preguntas (escritas en cuartillas por los asistentes al acto y seleccionadas por su equipo) después de la conferencia en la sede de Backer Mackenzie, frente a Bryant Park.
La idea de no poner el nombre y el apellido a los dos presidentes enfrentados se debió a que su pretensión no era echar gasolina contra el ejecutivo español en un momento en el que la Casa Blanca ha dejado caer amenazas comerciales contra España. La idea de Díaz Ayuso es que Madrid es una comunidad amiga de EE.UU., que, argumentó, es el principal país inversor en la región, con más de 28.300 millones de euros destinados desde 2019 (el 22,3% del total extranjero en la región).
“El 64 % de toda la inversión de los Estados Unidos en España fue para nuestra región”, reiteró. “Madrid también es la región española que más invierte en Estados Unidos”, con casi 17.500 millones de euros desde ese mismo 2019.
“Considero que nadie quiere guerras, no conozco a nadie que quiera guerras, nos duelen a todos, también imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás, con los ataques permanentes a otros países, con el enriquecimiento nuclear, con 30.000 muertos en las calles de Irán o la persecución de la mujer”, sostuvo.
Añadió que se reunió con mujeres iraníes en Madrid y éstas la dieron un mensaje de “gracias” para que se lo trasladara a Trump por su intervención militar en ese país de Oriente Medio. “Ojala sea esto un globo que se ha pinchado y que cambia las cosas”, insistió en relación al conflicto en curso en el Golfo Pérsico.
“Pienso que si nadie hiciera nada hoy seguirían tantos presos políticos por ejemplo en las calles (supuestamente quiso decir cárceles) de Venezuela, mucha gente seguiría secuestrada en túneles de Hamas. Pienso que, si nadie hace nada, ¿de verdad creen que la paz se va a asegurar en el mundo?”, cuestionó.
A los que le acusan de oportunismo por este viaje precisamente ahora, Díaz Ayudo replicó que esto no se prepara de un día para el otro. A todos los inversores y negocios estadounidenses les trajo un mensaje.
“Nuestra región, que es una región al servicio de España, tiene claro cuál es su papel de alianza, de unión y que es la casa de todos los ciudadanos que viven en torno a unos valores de libertad, contra los abusos, con máximo respeto al capital, a la empresa y también unos valores que nos ha dado a Madrid los mejores años”, subrayó.
“Eso es lo que queremos trasladar a pesar de todo lo demás y luego, para desguazar y para arrasar con todo, ya están los otros con otros proyectos, que no es el nuestro”, remarcó.
En esa comercialización de su gestión incluso se apropió del famoso lema “de Madrid al cielo” forjado en la época del alcalde socialista Enrique Tierno Galván, en aquellos años de la década de los ochenta de una ciudad que popularizó la movida y la tolerancia.
CRISTINA GARMENDIA DEJA MEDIASET TRAS DOS AÑOS MARCADOS POR LA DERECHIZACIÓN DE CUATRO
Artículo de Pedro Pérez Bozal publicado en Merca2 el pasado día 9
Cristina Garmendia ha decidido poner fin a su etapa en Mediaset España, grupo audiovisual del que era presidenta desde mayo de 2024. Su salida, anunciada el pasado viernes por la compañía, llega en un momento especialmente delicado para el conglomerado televisivo, marcado por la caída de audiencias de Telecinco, el giro editorial de Cuatro hacia posiciones conservadoras y una profunda reestructuración empresarial dentro de MFE‑MediaForEurope.
Garmendia, que fue ministra de Ciencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a la cúpula del grupo audiovisual en 2017 como consejera independiente y hace menos de dos años alcanzó la presidencia gracias al respaldo de la familia Berlusconi, que pretendía rebajar tensiones con La Moncloa y proyectar una imagen institucional más moderada del grupo tras la efímera, intervencionista y bronca presidencia de Borja Prado, que se mantuvo apenas un año y medio en el cargo.
La exasesora de Pedro Sánchez ha gestionado en menos de dos años varios focos de tensión entre el Gobierno y comunicadores del grupo como Ana Rosa Quintana. Uno de ellos fue el enfado en las filas socialistas por la negociación abierta a inicios de la presente temporada entre Mediaset España y el conductor de un programa antisanchista y proayusista en Telemadrid, Antonio Naranjo.
Mediaset España desistió de su incorporación y como plan B escogió hace poco más de un mes aumentar las emisiones del polémico espacio Horizonte de Iker Jiménez, que no cuenta con ningún tertuliano que defienda las posiciones cercanas al Gobierno.
FICHAJES
Antes de la promoción al la presidencia de Garmendia, Mediaset había realizado otros movimientos para intentar recomponer puentes con el entorno socialista. Uno de los más comentados fue el fichaje como jefe de informativos de Francisco Moreno, antiguo responsable de Televisión Canaria durante gobiernos autonómicos del PSOE y que incluso llegó a sonar en 2021 como posible presidente de RTVE.
Otro movimiento relevante fue la contratación del periodista Carlos Franganillo, hasta entonces uno de los rostros más reconocibles de los Telediarios de TVE. Mediaset lo fichó para sustituir al histórico Pedro Piqueras al frente de los informativos nocturnos de Telecinco, que en lo que llevamos de 2026 promedian un discreto 7,3% de share.
En los últimos meses, el consejero delegado, Alessandro Salem, y el nuevo director de Contenidos, Alberto Carullo, ha promovido un giro editorial en Cuatro que ha generado polémica. La cadena ha reforzado su parrilla con programas que mezclan una visión sensacionalista de la actualidad y una línea editorial derechista como En boca de todos y Horizonte, conducidos respectivamente por Nacho Abad y Iker Jiménez.
Ambos presentadores se han convertido en figuras muy difundidas en redes sociales entre simpatizantes de Vox, tras la transformación de una cadena que arrancó sus emisiones hace dos décadas con Iñaki Gabilondo como estrella y una visión progresista de la actualidad.
A pesar del ruido político, el principal problema del grupo sigue siendo la pérdida progresiva de espectadores. En 2019, el conjunto de canales de Mediaset España alcanzaba un 28,9% de cuota de pantalla. Tras seis años consecutivos de descensos, cerró 2025 con un 24,4%.
El deterioro se ha concentrado en Telecinco. La cadena líder durante dos décadas de forma casi ininterrumpida ha pasado de promediar un 14,9% de share en 2021 a un 9,5% en 2025, con previsiones aún más complicadas para 2026.
Entre las decisiones que macan este declive figura la pérdida de Pasapalabra en 2019 tras un largo litigio con ITV Studios. El concurso terminó recalando en Atresmedia, que tiene pendiente garantizar la continuidad de la sección de El Rosco en los tribunales. El conflicto judicial también podría dejar una factura millonaria: Mediaset sufrió el pasado año una condena cercana a los 45 millones de euros que ha recurrido.
A la pérdida del concurso se sumó en 2023 la cancelación de Sálvame, que fue uno de los programas más emblemáticos de la cadena durante más de una década. Su desaparición supuso el final de una era para la televisión del corazón que había marcado la estridente y rentabilísima identidad de Telecinco.
En paralelo, la dirección de Salem apostó por reorganizar la producción televisiva confiando buena parte de su parrilla a la productora Unicorn Content —presidida por Ana Rosa Quintana y proveedora de varias televisiones autonómicas controladas por el PP— y al gigante internacional Banijay, que no dieron los frutos deseados.
Los problemas también se están reflejando en el negocio publicitario. En los nueve primeros meses de 2025, la facturación publicitaria del grupo cayó un 8,5%, que es una cifra por encima del descenso registrado por el conjunto del mercado televisivo.
A ello se suma la polémica que han generado los 32 despidos registrados en Secuoya Studios, que es la productora encargada de gestionar delegaciones territoriales de Informativos Telecinco.
LA DESPEDIDA
Garmendia ha querido desmentir los rumores que aseguran que deja el cargo por el hartazgo provocado por el giro editorial de Cuatro o porque los Berlusconi, tras los enfrentamientos del gigante milanés con el PSOE, querían que se marchara. La exministra explicó que su salida, «por decisión propia» —frase llamativamente subrayada en el titular del comunicado—, obedece a motivos personales y profesionales.
«Tras un importante periodo de reflexión, siento la convicción de que es el momento de iniciar una nueva etapa, en la que pueda focalizar toda mi atención y esfuerzo en otros ámbitos de mi actividad profesional», afirmó.
La científica añadió que deja el cargo «con el convencimiento y la tranquilidad de saber que Mediaset España avanza con firmeza como uno de los principales grupos audiovisuales españoles y, como parte de MFE-MediaForEurope, hacia un prometedor horizonte en el ámbito paneuropeo». Durante su presidencia, la compañía asegura que ha avanzado en su integración dentro del grupo europeo impulsado por los Berlusconi y ha afrontado «importantes retos como la reestructuración y adaptación del grupo ante los nuevos desafíos del sector audiovisual».
Garmendia seguirá colaborando con Mediaset España en el ámbito de la innovación y como su representante en la Fundación Cotec que ella misma preside. Doctora en Biología Molecular, la ya expresidenta de Mediaset España forma parte del consejo de CaixaBank y participa en proyectos como Ysios Capital Partners, la empresa aeroespacial vizcaína Satlantis Microsats, de la que es una de las fundadoras, y del ‘Bilderberg ibérico’, la Fundación Hermes.
VUELVE EL SANCHISMO BONITO, QUÉ PEREZA
Artículo de Javier Collado publicado en Vozpópuli el pasado día 9
No es casual que en la misma noche en que Donald Trump amenazó con “cortar” con España, la presidenta de la más emblemática marca financiera de nuestro país, Ana Botín, máxima responsable ejecutiva del Banco Santander, lanzase un mensaje conciliador que, en realidad, ocultaba una notoria inquietud. Fue un intento de aplicar un bálsamo a los mercados, pero también fue un aviso encubierto: España, el Gobierno español, Pedro Sánchez, se equivoca alimentando un enfrentamiento con la Casa Blanca. Fue cuestión de minutos que las alarmas se encendieran en los despachos de las grandes multinacionales españolas. Hay un riesgo notorio para los mercados por más que se sobreentienda que Trump es un bravucón capaz de decir lo primero que se le pasa por la cabeza para luego, en frío, rectificar. Y es que el Santander habla poco, pero cuando lo hace es conociendo muy bien de antemano sobre qué. Hace pocas semanas adquirió la entidad financiera Webster Financial Corp. por 12.000 millones de dólares, una operación que es mucho más que una declaración de intenciones para sus ambiciones de expandirse en el país.
El presidente ejecutivo de otra multinacional con más de 5.000 empleados en España me hizo llegar esa misma noche el siguiente mensaje: “La amenaza es muy inquietante. Sánchez sólo piensa en hacer lo que sea, cualquier cosa, para mantenerse en el poder aun a riesgo de ‘desposicionar’ a España”. Es evidente. Sánchez se ha propuesto alejar a España del ecosistema clásico de colaboración con Estados Unidos, ha irritado a la OTAN, genera una palpable inquietud en líderes europeos que ya lo marginan de citas relevantes, y se ha propuesto desguazar el vínculo atlántico que garantiza nuestra seguridad. ¿El motivo? Puramente electoralista.
Cree poder reagrupar a una izquierda dispersa, desmotivada y carente de referentes para tratar de sostenerse en las elecciones generales. Su “no a la guerra”, idéntico al de hace 23 años de José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene más objetivo que reafirmar el cinismo de un desapoderamiento internacional de España. El “no a la guerra” no es una posición política, es solo un eslogan electoral. ¿Quién quiere una guerra? El simplismo de este “sanchismo bonito” es demoledor. Tanto, que el viernes Funcas hizo un diagnóstico preocupante: la guerra en Irán subirá la inflación por encima del 3% y restará dos décimas al PIB. Traducido, problemas para los bolsillos.
El gas será pronto un 30% más caro en España. Los combustibles se encarecen por días, y al ministro Carlos Cuerpo, otra víctima de los eslóganes que le diseñan los gurús de La Moncloa, ya nos habla de otro escudo, un “escudo energético”, más allá del fallido “escudo social” que Sánchez no consigue aprobar en el Congreso. Este Gobierno de los escudos niega la gravedad de una crisis que nos sorprende cuando estamos quemando gas a mansalva (el 30% proveniente de Estados Unidos) para evitar otro apagón masivo. Hoy España importa bienes de Estados Unidos por valor de 30.174 millones de euros, que es exactamente el doble de lo que exportamos, según el Instituto de Comercio Exterior. En cambio, nuestro país exportó mercancías por valor de 16.716 millones de euros, lo que representa un saldo comercial netamente negativo.
Otro dato preocupante en los despachos de poder financiero: España ocupa el decimoséptimo puesto como receptor de los productos estadounidenses. Y según datos del Observatorio de Complejidad Económica, los productos españoles más exportados a EEUU en 2024 fueron los medicamentos envasados (1.300 millones de dólares), y el petróleo es el bien estadounidense con mayor presencia en el mercado español, con un saldo de 6.190 millones de dólares. Así, lo más granado del Ibex, Santander, Iberdrola, Repsol, ACS, Sacyr, Ferrovial o Grifols entienden de sobra la ecuación riesgo-coste-oportunidad y la necesidad de que Sánchez no altere los equilibrios y deje de poner en jaque inmensas inversiones en Estados Unidos. La palabra represalia existe.
¿Es realista la amenaza de Trump? ¿Es una patochada? Los cuatro sectores con más nivel de exportación a Estados Unidos, el agroalimentario, el químico, el de las infraestructuras y el de maquinaria industrial, han empezado a hacer números. Un mercante repleto de bienes españoles en cualquier puerto estadounidense no sirve absolutamente de nada si no se descarga. Así de simple. Basta con que Trump sugiera a las empresas estadounidenses que no es patriótico comprar productos a España. El aceite de oliva, los aparatos eléctricos o el sector vinícola pueden verse rápidamente afectados porque Estados Unidos cuenta con alternativas accesibles y fáciles y con competidores extracomunitarios como Túnez (olivo), o Argentina y Chile (vides).
Pero no es sólo una cuestión financiera o comercial. Es el hundimiento reputacional de la imagen de un país como España, que una vez más se aleja de las fotos de familia, que se sitúa al margen de la lógica exterior y que se desentiende gratuitamente de una estrategia común que, matices aparte, es inherente a Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Invocar el derecho internacional para satisfacer más intereses de Irán que de Occidente bajo la bandera infantilista e ingenua de la paz perpetua como utopía, es un error que rompe equilibrios esenciales para España. Porque invocar ese sacrosanto derecho también como un eslogan implica justificar a un régimen que jamás dejó de vulnerarlo sistemáticamente. Con las libertades, con las mujeres, con la esclavitud, con los presos de conciencia…
La legalidad internacional le importó poco a la izquierda cuando el icono de la socialdemocracia europea, Barack Obama, decidió bombardear Libia y fulminar a Gadafi. Tampoco esa legalidad importó cuando se trataba de capturar, y matar, a Bin Laden. La legalidad internacional no puede medirse con distinto rasero ideológico en función de si quien la vulnera es de izquierdas o de derechas. Eso se denomina hipocresía. Poner el foco en la legalidad es insuficiente y conviene abrirlo a la legitimidad. La pregunta es simple: ¿es legítimo tratar de poner fin a un régimen teocrático, vulnerador de los derechos humanos, capaz de masacrar a su propio pueblo? ¿Lo que era legítimo con Obama no lo es con Donald Trump?
Es sintomático. Cuando un ministro como Puente cambia su perfil de redes sociales y sustituye su foto por la bandera de España, o cuando Moncloa propaga el mantra que de que la posición de Sánchez es “patriotismo”, vuelve a emerger el cinismo. Unamos los puntos con una línea. Justo después de que la ministra de Defensa se citase con el embajador norteamericano y de que Macron telefonease a Sánchez… España envía una fragata a la zona de conflicto bélico. Y la dotación de una fragata es militar. No son animadores de crucero con confeti.
¿Entonces? Entonces hay que fabricar el relato. Y entonces Moncloa arguye que es “misión defensiva” de apoyo a Chipre, como si la fragata no formase parte de un contingente militar. El argumento cae por absurdo y falaz. Basta un recordatorio: en la guerra de Irak, con José María Aznar como presidente, España envió exactamente lo mismo. Una fragata de apoyo. Pero nos quieren hacer creer que aquella fragata era una máquina de matar, y la de hoy es un patito de goma. España está en ajo. Está hocicando, naturalmente. Es la ‘realpolitik’ y no, no viaja Colau en esta flotilla de palomas con ramitas de olivo. De acuerdo, buenismo y “no a la guerra”, pero sí participamos de ella. Solo tiene que parecer que no es así. Sin más. Y es irrelevante si los ayatolás financian a Hezbolá, o si Irán fabricaba 450 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento para aumentar el arsenal nuclear, o si tiene a Israel en su punto de mira de ataques permanentes.
Lo sostenía estos días FAES (sí, José María Aznar, sí) con una simpleza tan contundente como abrumadora: “Irán promueve la desestabilización a gran escala; se rodea de milicias criminales; controla una parte sustancial del narcotráfico mundial; impulsa operaciones terroristas con el objetivo declarado de destruir Israel y colapsar Occidente”. Si el Gobierno de Sánchez asumiese que no debería ser partícipe a título lucrativo del golpe económico que se avecina para España, algo en su gestión volvería a ser racional. Pierdan toda esperanza. Lo suyo no es lo racional, sino lo emocional. La emoción de salir a la caza de votantes perdidos, la emoción del muro y la emoción de la fractura social aun a costa del tejido financiero y empresarial y de derruir nuestra credibilidad en el exterior.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/vuelve-el-sanchismo-bonito-qu%C3%A9-pereza/ar-AA1XNkXF
PUMPIDO QUIERE IMPONER LA MEMORIA ETARRA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 8
Legislar sobre aspectos propios de la vida privada como la memoria invade el ámbito sagrado de la privacidad y en la práctica anula todos los derechos.
De todas las aberraciones del zapasanchismo, la peor ha sido legislar sobre la memoria que pueden tener y expresar públicamente los ciudadanos sobre hechos históricos de su país. Al principio, fue sobre la guerra civil, forma insidiosa de atacar la Transición y que los blanditos del PP acogieron con tibia resignación, en vez de salir a la calle recordando la terrorífica historia criminal del PSOE, un partido que, salvo una breve temporada durante el felipismo, ha perpetrado toda clase de atentados, crímenes y asaltos al Poder legítimo cuando no lo tenían, culminando su trayectoria al llevarnos a la Guerra Civil para conservarlo a tiro limpio, y sucio, para siempre jamás.
Pero siempre es posible ir más lejos en el despotismo, la corrupción de las leyes y la imposición de códigos de conducta aberrantes en la vida pública. Legislar sobre aspectos propios de la vida privada como la memoria invade el ámbito sagrado de la privacidad, referente esencial de la libertad. En la práctica, anula todos los derechos, incluidos los de la vida y la propiedad, base de todos los demás en todas las constituciones liberales del mundo. Las totalitarias, en cambio, imponen el respeto al régimen como clave de bóveda de la legalidad vigente. Algunas lo exhiben y otras, simplemente, lo aplican, persiguiendo, desde la Revolución Francesa, a los desafectos, para lo que sólo era precisa una denuncia. Y de ahí, a la tortura y a la guillotina.
Prevaripumpido al ataque
Lo que pretende el mayor prevaricador de la historia de España, el peor enemigo de la nación y su libertad, es poner la memoria en la Constitución como derecho para imponerla como obligación, prohibirla para quedársela en exclusiva. Si los nacionalistas catalanes pusieron negro sobre blanco un cosmético «derecho al paisaje», arbitrariedad difícilmente medible, aunque no más absurda que el «derecho a la vivienda» en la teóricamente vigente del 78, Prevaripumpido, quiere ir más lejos, establecer el Derecho a la Memoria, que nadie ha discutido nunca en ninguna constitución liberal, de ahí que ninguna lo consigne, pero con la clara intención de perseguirlo.
El sicariato judicial de Sánchez, que encabezan el Prostitucional de Cándido y la Fiscalía General Particular de Sánchez, que preside Peramato o Porlélmato –se entiende que él es Él, Sánchez– quiere asegurar la vigencia de la Ley contra España y la democracia que, de acuerdo con Sánchez y como Ley de Memoria Democrática, redactaron los pistoleros de la ETA. Y ese sería su mérito para ser miembro permanente del Consejo de Estado.
Por supuesto, para vigilar la memoria etarra y sociata habría que crear un tribunal especial, también anticonstitucional –pero qué es el pumpidismo sino eso– a cuya cabeza podría estar Baltasar Garzón, el juez prevaricador. Esta técnica de convertir en derechos simples hechos que no requerirían legislación especial es la marca de fábrica del Cartel de Puebla, el tinglado narco-comunista de Zapatero, Podemos, los comunismos varios y el propio Garzón, jurista a coces y fiscal de lo que se tercie al servicio del que pague.
Violencia en la calle y una maraña legal contra el Gobierno de derecha
Los optimistas creen que Sánchez convocará elecciones cuando vea en el horizonte una ocasión de movilizar a la Izquierda, como la guerra de Irán, pero aparte de que no podía vivir mejor ni más atrincherado que en la Moncloa, el tiempo que ande ramoneando hasta las elecciones andaluzas, luego las municipales y después ya veremos, en estos meses, si no años, de la basura Sánchez irá colocando minas legales que puedan estallar contra un Gobierno PP-Vox, y que, junto a la movilización violentísima en Navarra, País vasco y Cataluña, deberían paralizar su acción política.
¿Y en qué podría ayudar a la subversión, porque de subversión hablamos, meter a viva fuerza en la Constitución la llamada Memoria Democrática? Basta recordar su origen: la condena del franquismo que habría sobrevivido en los nombres de calles y plazas, y que no habría desenterrado todos los muertos anónimos de las fosas comunes, por culpa de la Transición, que equiparó y amnistió a los dos bandos de la guerra civil, qué barbaridad.
Atentos al relato deslegitimador
En el mejor de los casos, si cambia el gobierno antes de que la izquierda pueda presentar este proyecto maoísta y polpotiano para la Carta Magna, el rechazo a la tramitación se vestiría con la túnica del antifranquismo, la única inconsútil de su arsenal ideológico. Y aun derrotada en las Cortes, sería pieza clave en lo que suele llamarse el relato o la narrativa, es decir, la propaganda contra el nuevo
, que contaría, sin duda, con mucho apoyo exterior, para eso está la Leyenda Negra, que no entiende de siglos.
Y ante el ruido exterior, si el gobierno de Feijóo sale tan cobardón como el de Mariano Natillas que, en vez de derogar la Ley de Memoria Histórica, como había prometido, se limitó a privarla de fondos, es de temer algún enjuague birrioso como la Ley de Concordia de los maricomplejines. Así que la guerra contra esta ideíca de Pumpido, Balta y los Begoños, tiene que empezar antes de que la lleven al papel y al Congreso, que la llevarán. Hay que deslegitimar de raíz a los que quieren deslegitimar la alternativa.