Frenar el turismo del aborto en la UE y fuera aborto de la Constitución Española

Por José María Arévalo

(Alerta de Profesionales por la Ética )

Estos días he recibido otro comunicado de Profesionales por la Ética que entre otras cosas incluye una alerta solicitando que firmemos para frenar el turismo del aborto en la UE;  y un comunicado de la Asamblea por la Vida, dirigido al Consejo de Estado, que deliberará el anteproyecto de ley que pretende reformar la Constitución Española, para introducir el aborto como derecho, en el art. 43. El documento firmado por más de 100 asociaciones recuerda a los diputados que la muerte de inocentes no puede sostenerse, bajo malabarismos jurídicos inexistentes en nuestro texto constitucional.

Veamos ambas cuestiones, empezando por el escrito para frenar el turismo del aborto en la UE;  y veremos después el comunicado de la Asamblea por la Vida.

El turismo del aborto en la UE

Nos cuenta Profesionales por la Ética que la plataforma ‘One of US’ ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir a la Comisión Europea que se abstenga de presentar cualquier propuesta que amplíe la participación de la UE en ámbitos de la asistencia sanitaria, el aborto y la ética médica, que siguen siendo responsabilidad de los Estados

El texto a firmar alerta que proponer mecanismos financiados por la UE que faciliten los abortos transfronterizos corre el riesgo de difuminar los límites de la competencia de la UE y socavar indirectamente las leyes nacionales adoptadas mediante procesos democráticos. Este enfoque también corre el riesgo de comprometer la neutralidad institucional de la UE en cuestiones de profundo desacuerdo moral.

El plazo para firmar finalizaba el 25 de febrero de 2026, y aunque ya ha pasado, recojo el contenido de la petición a los eurodiputados (por si quiere verse en detalle la dirección para firmar era: https://noabortiontourism.eu/es/act-now/ )

Venía a cuento de que el 17 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se instaba a la Comisión Europea a crear un mecanismo financiado por la Unión Europea para sufragar los gastos de viaje y los procedimientos de aborto de aquellas personas de los países de la UE que deseen viajar a otro Estado miembro con leyes más liberales sobre el aborto que las de su propio país.

Esta propuesta derivaba de una Iniciativa Ciudadana Europea llamada «Mi voz, mi elección», apoyada por IPPF. Recogieron firmas en Europa durante 2024 y 2025.

Y el texto del comunicado que firmé decía:

Asunto: Respeten los Tratados. ¡Libertad para los Estados miembros!

Nombre * Apellidos * DNI *Dirección de correo electrónico *

PARA: Dña. Teresa Ribera. Comisaria de la UE por España

CC: Sr. Presidente de la Comisión Europea, Sr. Comisario de la UE para la Salud, Sr. Comisario de la UE para la Igualdad, Sr. Comisario de la UE para Derechos Sociales.

Estimada Sra. Comisaria, Dña. Teresa Ribera:

Le escribo como ciudadano español preocupado por la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2025 en apoyo de las propuestas relacionadas con la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi voz, mi elección” (“My voice, my choice”), incluida la posible creación de mecanismos financiados por la UE para facilitar el acceso a los servicios de aborto a través de las fronteras entre Estados miembro.

En virtud de los actuales Tratados de la UE, la política en materia de aborto queda claramente fuera de la competencia legislativa de la Unión Europea. De conformidad con los artículos 4, apartado 2, letra k), y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la salud pública sigue siendo principalmente una responsabilidad nacional, con límites explícitos a la intervención de la UE en la organización y la prestación de servicios sanitarios. Los Tratados excluyen expresamente la armonización de las legislaciones nacionales en este ámbito.

Desde una perspectiva constitucional y democrática, la regulación del aborto está estrechamente relacionada con la identidad constitucional nacional, las tradiciones éticas y la autodeterminación democrática. Por esta razón, los Estados miembros conservan plena autoridad para determinar la situación jurídica del aborto, las condiciones en las que puede permitirse y el alcance de la financiación pública. Esta asignación de competencias refleja el principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, que es especialmente importante en ámbitos moralmente sensibles en los que no existe consenso europeo.

Si bien la iniciativa “Mi voz, mi elección” cumple los requisitos formales para ser considerada una iniciativa ciudadana europea, es importante recordar que una ICE no crea nuevas competencias de la UE; no obliga a la Comisión a proponer legislación; y sólo exige a la Comisión que examine la iniciativa y dé una respuesta motivada. La existencia de otras iniciativas ciudadanas, como “One of Us” (que, por cierto, reunió un mayor número de firmas verificadas), demuestra que ciertamente no existe consenso entre los ciudadanos de la UE sobre esta cuestión.

La resolución del Parlamento Europeo adoptada en diciembre de 2025 es una declaración política y no tiene fuerza jurídica vinculante. No obstante, enmarcar el acceso al aborto como un derecho a nivel de la UE o proponer mecanismos financiados por la UE que faciliten los abortos transfronterizos corre el riesgo de difuminar los límites de la competencia de la UE y socavar indirectamente las leyes nacionales adoptadas mediante procesos democráticos. Este enfoque también corre el riesgo de comprometer la neutralidad institucional de la UE en cuestiones de profundo desacuerdo moral.

Por lo tanto, insto respetuosamente a la Comisión Europea a que respete los Tratados, respete el principio de subsidiariedad y se abstenga de presentar cualquier propuesta que amplíe la participación de la UE en ámbitos de la asistencia sanitaria, el aborto y la ética médica, que siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Atentamente,

¡Fuera aborto de la Constitución Española!

Entrando ya en el segundo tema, informaba Profesionales por la Ética que la Asamblea por la Vida ha emitido un comunicado, dirigido al Consejo de Estado, que deliberará el anteproyecto de ley que pretende reformar la Constitución, para introducir el aborto como derecho, en el art. 43.

El documento firmado por más de 100 asociaciones recuerda a los diputados que la muerte de inocentes no puede sostenerse, bajo malabarismos jurídicos inexistentes en nuestro texto constitucional.

Comunicado completo

“Madrid, 20 de febrero de 2026

El próximo jueves día 26, el Consejo de Estado deliberará sobre el dictamen solicitado por el Gobierno, respecto al anteproyecto de ley que pretende, mediante una reforma constitucional, introducir el aborto como derecho, en el art. 43 de nuestra carta magna, bajo la cobertura del derecho a la protección de la salud.

Se pretende forzar nuestro texto constitucional, intentando crear un mal llamado derecho al aborto, inexistente en la inmensa mayoría de las legislaciones del mundo. La mayoritaria doctrina del Tribunal Constitucional afirma que el Estado tiene un deber positivo de protección del no nacido, constituyendo un bien jurídico protegido.

Nos encontramos ante una iniciativa de extraordinaria gravedad jurídica e institucional. La maniobra es clara: desplazar artificialmente el debate desde el artículo 15 de la Constitución —que reconoce el derecho a la vida de “todos”— hacia el artículo 43, de naturaleza prestacional, con el objetivo de evitar el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168 CE, que exige la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, y someter la reforma al procedimiento ordinario del artículo 167 CE. Es decir, eludir la intervención reforzada del poder constituyente para alterar, por la puerta de atrás, el significado estructural del derecho a la vida. Este planteamiento constituye un auténtico fraude de ley constitucional.

La Asamblea por la Vida, apela a la conciencia de los miembros del Consejo de Estado, recordando que la práctica del aborto supone la eliminación violenta de seres humanos indefensos, y que no puede sostenerse, bajo malabarismos jurídicos inexistentes en nuestro texto constitucional, un pretendido derecho ni siquiera de rango prestacional, a acabar con la vida humana, aunque sea en la fase de gestación, por ser ésta parte necesaria del devenir de la vida de la persona (STC 1985).

Estamos ante una estrategia movida por intereses puramente partidistas y electorales, que ha encontrado en este trascendental asunto el instrumento idóneo para ocultar los escándalos de corrupción que se acumulan. Pero no es solo una cortina de humo: se está dando un paso decisivo hacia la constitucionalización del aborto en España. Una vez más, el Gobierno instrumentaliza una institución de gran historia y prestigio sin reparar en el daño que pueda causar al dividir y fracturar el Consejo.

La finalidad es clara: tapar los escándalos y las derrotas electorales y revestir el final de esta legislatura de un pretendido carácter constituyente. La sociedad española, y quienes ocupan cargos en las distintas instituciones, no pueden prestarse a entrar en artificiales debates, alejados de cualquier demanda social inexistente al respecto, y que ponen en franca tensión nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

El Consejo de Estado no está llamado a legitimar estrategias jurídicas orientadas a sortear las garantías reforzadas previstas por la propia Constitución, sino a velar por su correcta interpretación y por el respeto a su estructura.

España necesita instituciones que refuercen el Estado de Derecho, no que avalen atajos interpretativos para alcanzar objetivos políticos coyunturales. La defensa de la Constitución exige respeto a su letra, a su espíritu y a las garantías que el propio constituyente estableció para proteger sus pilares fundamentales. La Constitución española protege la vida. Lo que no reconoce, ni puede reconocer sin alterarse profundamente a sí misma, es un supuesto derecho a suprimirla.»