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“El Constitucional da la razón al PP y da el primer golpe al Congreso por obstruir una ley con el uso indebido de prórrogas”, de Aida Skirej; “Adiós a los 120 km/hora convencionales: la autopista española en la que el límite de velocidad va cambiando”, de Janire Manzanas; “Moreno repetiría mayoría absoluta en las elecciones del 17M y el PSOE registraría su peor resultado, según Sigma Dos”, de Claudia Estévez; y “En el Supremo se puede declarar enmascarado y por escrito, pero no se puede decir `puta´”, de Federico Jiménez Losantos
(“El león y el humo”, viñeta de Nieto en ABC el pasado día 15)
EL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN AL PP Y DA EL PRIMER GOLPE AL CONGRESO POR OBSTRUIR UNA LEY CON EL USO INDEBIDO DE PRÓRROGAS
Artículo de Aida Skirej publicado en 20minutos el pasado día 15
El Partido Popular obtiene el primer apoyo del Tribunal Constitucional en su batalla por frenar lo que denomina el «secuestro legislativo» llevado a cabo por el Gobierno a través de la Mesa del Congreso. El Pleno del órgano de garantías ha estimado por unanimidad el recurso de amparo que el Grupo Popular interpuso contra la decisión de la Mesa de prorrogar un total de 71 veces el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley que debía seguir el trámite de urgencia. Considera, y así lo plasma en la sentencia, que el órgano de dirección de la Cámara Baja «obstruyó» la tramitación del procedimiento legislativo al hacer «un uso indebido» de su facultad de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas y vulneró con ello el derecho de participación política de los diputados del PP.
El modus operandi que viene denunciando desde hace tiempo el PP —tanto en la legislatura pasada como en la actual— consiste en que el PSOE y Sumar se valen de su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para congelar indefinidamente las tramitaciones de proyectos a través de prórrogas infinitas a los plazos de enmiendas. Y este martes el Constitucional ha dado la razón a los populares por primera vez, al considerar que se ha vulnerado el derecho de sus diputados a «ejercer sus funciones representativas», en conexión con «el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes», ambos recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española.
La facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas tiene como objetivo, según señala la corte de garantías, «favorecer el correcto ejercicio del cargo por parte de los parlamentarios en el procedimiento legislativo, al permitirles disfrutar de más tiempo para el adecuado análisis del proyecto de ley en tramitación». Y en ningún caso ha de conducir a la «inefectividad del derecho de los diputados a pronunciarse sobre un proyecto legislativo que el Pleno decidió tramitar», como ocurrió en este caso.
El texto en cuestión que decayó sin finalizar su tramitación al concluir la pasada legislatura trataba sobre medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo era agilizar la gestión de los fondos europeos y reducir la burocracia. Este real decreto ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 28 de enero de 2021, con la socialista Meritxell Batet al frente de la presidencia de la Mesa, y se acordó la tramitación parlamentaria como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, la decisión de la Mesa de prorrogar sistemáticamente el plazo de enmiendas «sin motivación específica», impidió que dicho decreto se tramitara como proyecto de ley como había acordado el Pleno de la Cámara, «por la terminación de la legislatura», según recoge la sentencia.
Precisamente, este lunes la Fiscalía del Tribunal Constitucional solicitó que se declarase que la Mesa del Congreso vulneró el derecho de los diputados del PP a ejercer su función parlamentaria. Y un día después así lo han estimado, por unanimidad, los magistrados, con Enrique Arnaldo como ponente. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado la sentencia que, a su juicio confirma que Sánchez «gobierna contra el Parlamento» y exige al presidente del Gobierno y a Francina Armengol que pongan fin a su «bloqueo» al poder legislativo. Gamarra ha acusado a Sánchez de «filibusterismo» y de llevar a cabo «prácticas no democráticas» al utilizar la Mesa del Congreso para bloquear leyes aprobadas en el Senado. Algunas de esas leyes congeladas versan sobre bajadas de impuestos al comprar una vivienda, recuperar las indemnizaciones de la alta velocidad o medidas contra la okupación, todas ellas propuestas por el PP.
ADIÓS A LOS 120 KM/HORA CONVENCIONALES: LA AUTOPISTA ESPAÑOLA EN LA QUE EL LÍMITE DE VELOCIDAD VA CAMBIANDO
Artículo de Janire Manzanas publicado en OKDIARIO el pasado día 14
La seguridad en las carreteras es una prioridad en todos los países, y España no es la excepción. En la última década se han implementado múltiples medidas para reducir la siniestralidad, pero los datos siguen siendo preocupantes. La velocidad, uno de los factores de mayor riesgo, ha sido uno de los puntos clave en los esfuerzos por mejorar la seguridad. En este contexto, Cataluña ha dado un paso decisivo al implementar la primera autopista en España con límites de velocidad dinámicos. El nuevo sistema de velocidad dinámica, que se ha implementado en la autopista AP-7 en un tramo de 150 kilómetros a la altura de El Vendrell, se basa en un concepto innovador que ajusta la velocidad máxima permitida según diversas condiciones.
Este ajuste se realiza en tiempo real mediante la inteligencia artificial (IA), que analiza factores como el flujo de tráfico, las condiciones meteorológicas, la hora del día e incluso el estado de la vía. El objetivo es crear un entorno de conducción más seguro, evitando que los conductores circulen a velocidades inapropiadas según las circunstancias específicas. Esta tecnología, que ya se utiliza en otros países de Europa, busca reducir los accidentes, minimizar las emisiones de CO2 y optimizar el consumo de combustible. Pero, ¿cómo funciona exactamente este sistema y qué implicaciones tendrá para los conductores?
¿Qué son los límites de velocidad dinámicos y cómo funcionan?
Los límites de velocidad dinámicos son aquellos que varían en función de diferentes factores que afectan a las condiciones de tráfico y de la vía. A diferencia de los límites estáticos, que permanecen constantes a lo largo de un tramo de carretera independientemente de las condiciones, los límites dinámicos se ajustan en tiempo real según la situación. Este sistema tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, reduciendo el riesgo de accidentes en situaciones de tráfico denso, mal tiempo, o en horas punta.
En el caso de la autopista AP-7 en Cataluña, los límites de velocidad se ajustan según el tráfico, las condiciones meteorológicas (como lluvia, niebla o viento fuerte), y las horas del día en las que el volumen de vehículos es mayor. Además, la inteligencia artificial también puede considerar otras variables, como la visibilidad, las obras en la carretera o cualquier otra situación que pueda poner en peligro a los conductores. Cuando las condiciones lo requieren, la IA reduce automáticamente la velocidad máxima permitida, lo que contribuye a un flujo de tráfico más seguro y controlado.
La implementación de este sistema ofrece varias ventajas que van más allá de reducir la siniestralidad vial. En primer lugar, contribuye a disminuir el impacto ambiental al reducir el consumo de combustible, lo que, a su vez, disminuye las emisiones de CO2 y otros contaminantes. Además, al ajustar los límites de velocidad en tiempo real, mejora la fluidez del tráfico, evitando atascos. Finalmente, fomenta la sensibilización sobre la seguridad vial, promoviendo un comportamiento más responsable al volante.
A pesar de sus ventajas, el sistema de límites de velocidad dinámicos presenta ciertas preocupaciones; los conductores podrían sentirse inseguros al no saber la velocidad máxima permitida en cada momento. Además, la precisión de la inteligencia artificial es clave; cualquier error en su funcionamiento podría aumentar los riesgos en lugar de reducirlos. También existe la preocupación por los costes de implementación y mantenimiento, ya que la tecnología sigue siendo costosa en términos de infraestructura y personal. Será necesario evaluar si los beneficios superan los costes a largo plazo.
Implementación en otros países de Europa
Aunque la implementación de los límites de velocidad dinámicos es algo relativamente nuevo en España, ya se utiliza con éxito en otros países de Europa, como Alemania y Francia. En estos países, el sistema ha demostrado ser eficaz para reducir la siniestralidad en tramos de carretera donde las condiciones cambian con frecuencia, como en zonas de tráfico denso o en áreas propensas a condiciones climáticas extremas.
En Alemania, por ejemplo, este sistema ha permitido reducir considerablemente los accidentes, especialmente en las horas punta, cuando el tráfico es más denso y los conductores tienden a acelerar para recuperar el tiempo perdido. La reducción de la velocidad en estas circunstancias ha ayudado a mejorar la seguridad sin afectar el flujo del tráfico.
En Francia, el sistema de velocidad dinámica también ha demostrado ser eficaz en la reducción de accidentes. Las autoridades francesas han utilizado este tipo de límites de velocidad en zonas de alto riesgo, como en carreteras con curvas peligrosas o en tramos donde las condiciones meteorológicas cambian rápidamente.
En definitiva, la implementación de los límites de velocidad dinámicos en la AP-7 es un avance significativo para mejorar la seguridad vial en Cataluña. Gracias a la inteligencia artificial, este sistema ajusta los límites de velocidad según las condiciones de tráfico, clima y la carretera, promoviendo una conducción más segura y eficiente. Aunque existen algunos desafíos, el éxito de esta medida podría abrir la puerta para su expansión en otras regiones de España.
MORENO REPETIRÍA MAYORÍA ABSOLUTA EN LAS ELECCIONES DEL 17M Y EL PSOE REGISTRARÍA SU PEOR RESULTADO, SEGÚN SIGMA DOS
Artículo de Claudia Estévez publicado en OKDIARIO el pasado día 13
El Partido Popular, encabezado por Juanma Moreno, volvería a conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo. Según un sondeo de Sigma Dos publicado este lunes 13 de abril por el diario El Mundo, el PP obtendría el 42,8% de los votos y entre 55 y 57 escaños. Por su parte, el PSOE registraría su peor resultado histórico, con un 22,9% de apoyo y entre 27 y 29 diputados.
A algo más de un mes de los comicios en Andalucía, la encuesta, realizada entre el 6 y el 10 de abril a partir de 1.596 entrevistas, apunta también a una subida del resto de partidos con representación en la Cámara andaluza. Vox alcanzaría un 15,6% de los votos y entre 17 y 19 escaños, Por Andalucía lograría un 8,1% y entre cinco y seis representantes y Adelante Andalucía conseguiría un 5,7% y dos diputados.
El estudio otorga al PP de Juanma Moreno un 42,8% de los sufragios, tres décimas menos que hace cuatro años, y entre 55 y 57 escaños, lo que le permitiría conservar la mayoría absoluta (situada en 55 diputados), aunque con una ligera pérdida de entre uno y tres representantes respecto a la actualidad.
El PSOE de María Jesús Montero se quedaría con un 22,9% de apoyo en las urnas, 1,2 puntos menos que en junio de 2022, y entre 27-29 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 17 y 19 escaños frente a los 14 actuales gracias al 15,6% de los votos, 2,1 puntos más que hace cuatro años.
A la izquierda del PSOE, Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo y con la inclusión in extremis de Podemos, lograría el 8,1% de los votos, cuatro décimas más que hace cuatro años, y entre cinco y seis parlamentarios, ahora tiene cinco, mientras que Adelante Andalucía mantendría sus dos escaños actuales con un 5,7% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García, 1,1 puntos más que en junio de 2022.
EN EL SUPREMO SE PUEDE DECLARAR ENMASCARADO Y POR ESCRITO, PERO NO SE PUEDE DECIR «PUTA»
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 12
Los balbuceos del fiscal Anticorrupción para evitar decir «puta» ya son parte de la historia más bochornosa de la Justicia española.
Si España no estuviera tan mal, no estaríamos felicitándonos por tener todavía un Tribunal Supremo capaz de juzgar a la banda de Sánchez, Si no tuviéramos al frente de la Fiscalía general del Estado a una sicaria del Gobierno empeñada en delinquir, que pide al Tribunal Constitucional que actúe como tribunal de casación y revoque la sentencia del propio Supremo contra García Ortiz, su anterior cabecilla y sicario de Sánchez, no veríamos con una sonrisa la ridícula mojigatería de Martínez Arrieta cuando afeó al fiscal que preguntase a una imputada si se dedicaba a la prostitución. Por lo visto, los juristas más importantes de España, que lo son, y por concurso, no se resignan a que la prostitución sea legal en la Unión Europea, incluida España. No así el proxenetismo, que no nombró Luzón. Los balbuceos del Fiscal Anticorrupción buscando cómo decir «puta» sin poner colorado al presidente forman parte ya de la historia chusca de la Justicia española.
La justicia es pública, según la Constitución
Dice la Constitución que los españoles somos iguales ante la ley y que la justicia es pública y se administra en nombre del Rey. Por pública se entiende que todos los ciudadanos, y por ende los medios de comunicación, deben tener acceso a los términos del juicio, salvo casos especiales, como los testigos contra narcotraficantes, terroristas o maltratadores, en los que se entiende la ocultación física de testigos clave o imputados importantes. Nada de eso cabe aducir a dos atrocidades consentidas, o sea, perpetradas, por el Tribunal Supremo que ha permitido que la actual presidenta de las Cortes y el actual ministro de memoria Democrática, Armengol y Torres, declarasen por escrito sobre la compra millonaria y fraudulenta a la trama Koldo de mascarillas, que era lo que se juzgaba, cuando eran presidentes autonómicos de las Islas Baleares y de las Canarias.
Pues bien, en lo que parece un verdadero alarde de prevaricación preventiva, el Supremo ha privado a la acción de la justicia y por tanto a los españoles del derecho a interrogar al testigo que tienen fiscales y abogados, así como a la prueba de contradicción, que era especialmente importante en este caso no sólo por los cargos que ocupaban cuando pudieron cometer presuntamente los delitos que se juzgan, sino por los aún más importantes que ocupan ahora y que obligan a la administración de Justicia, cuanto más al Tribunal Supremo, a un ejercicio mayor de transparencia y ejemplaridad.
Jessica pasa a la clandestinidad
No menos arbitrario, y no vulnera menos la igualdad de los españoles ante la Ley el permiso concedido a Jessica, una de las prostitutas, y esto no es injuria, porque están publicadas sus fotos, desnuda o semidesnuda, del catálogo en que ofrecía sus servicios. Que no eran de odontología, como en algún momento pareció entenderse en la sala y en algunos medios casi tan pudibundos como el Tribunal. A esta señora que, a cambio de sus favores en exclusiva, el imputado Ábalos le facilitó grandes sumas de dinero de los ciudadanos, se le permitió ocultar por completo su identidad, con peluca, gafas negras y mascarilla de las de covid o de robar bancos, tanto favorecía el disfraz la imposible identificación policial del ser detrás de su máscara. Al ministro del interior Fernández Díaz y otros prebostes del PP llamados a declarar en el Caso Kitchen les vendría muy bien presentarse con capuchas, como los socios y amigos del gobierno, los terroristas etarras, que ya están acostumbrados y, viéndolos presumir sus delitos, sin duda tienen nostalgia.
Un juicio a cencerros tapados y un veto semántico
El mejor momento de la justicia en España fue, seguramente, el del juicio a los golpistas catalanes de 2017. Allí quedó claro que era la Ley, y no la fuerza, la que derrotaba al intento de privar de sus derechos civiles a los catalanes y a todos los españoles, que eso, ni más ni menos, suponían las leyes de desconexión, el referéndum y la proclamación de la república. La condena por sedición y no por rebelión contra el orden constitucional, que es lo que era, estropeó la buena imagen de Marchena, que había presidido el tribunal y pastoreado brillantemente el juicio, pero la emisión diaria por televisión de las jornadas en la sala Segunda del Supremo, la de lo Penal, produjo un efecto realmente extraordinario de legitimidad del sistema y el Estado de Derecho, sobre todo por el buen hacer de los jueces.
No es menos importante el juicio a la corrupción del partido y el Gobierno, la pintoresca banda de ladrones, comisionistas y putas (no amantes ni novias, que no cobran) cuya primera semana se ha celebrado en la misma Sala del Supremo. ¿Pueden explicarnos el pudibundo Arrieta o el temperamental Marchena, sentado a su siniestra, por qué no se emite por completo y sin cortapisas este juicio? ¿Ha prescrito también en este aspecto, y no nos hemos enterado, el carácter público de la justicia? Y una curiosidad: ¿es el habitual trato de privilegio a Begoña Gómez, cuya fortuna viene de donde viene, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a prohibir la castiza y popularmente asentadísima palabra «puta»?