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“La legislatura del absurdo alcanza su clímax: Junts pide a Sánchez elecciones y Bildu que acelere”, de Ana Martín; “Gonzalo Bernardos, economista: `Muchos jubilados cobran ya 2.000 € y eso ha hecho que el sistema de pensiones vaya a peor´”, de Fátima Pazó; “El plan del Gobierno para el Valle de los Caídos, en riesgo: 9 recursos pueden tumbarlo”, de Religión en Libertad; y “Hay que valorar muy positivamente el pacto PP-Vox, no depreciarlo”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 23)
LA LEGISLATURA DEL ABSURDO ALCANZA SU CLÍMAX: JUNTS PIDE A SÁNCHEZ ELECCIONES Y BILDU QUE ACELERE
Artículo de Ana Martín publicado en El Debate el pasado día 23
Las intervenciones consecutivas de las portavoces de ambos partidos en la sesión de control del Congreso dejaron constancia de la paradoja constante que es esta legislatura
La sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles dejó constancia de la paradoja constante que es esta legislatura, a través de las intervenciones de dos socios de Pedro Sánchez. O, mejor dicho: uno que lo fue, Junts, y otro que lo sigue siendo con fidelidad inquebrantable, Bildu. Míriam Nogueras le dijo al presidente «so». Mertxe Aizpurua le dijo «arre». Y Sánchez no se inmutó ni con la una ni con la otra.
La portavoz de Junts escenificó uno de esos ‘basta ya’ a los que acostumbra su partido, pero que nunca irán a ninguna parte mientras los de Carles Puigdemont sigan negándose a apoyar una moción de censura del PP. Esta vez no hubo amenaza de Nogueras, pero sí una referencia directa a la «convocatoria electoral». Le pidió a su manera que convoque elecciones.
«Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, culpa de todo a la derecha, incumple los acuerdos, aprueba políticas de espaldas a este Parlamento, pero no aplica las políticas que se aprueban en este parlamento. Y la guinda del pastel son los casos de corrupción que le rodean. Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones», sostuvo la diputada independentista, que además le acusó de aprobar una regularización masiva «por la puerta de atrás».
El presidente no entró. Se limitó a preguntar qué tiene Junts contra la «normalización» -así la llamo- y a comprometerse a que el Gobierno va a «reconocer derechos y hacer a Cataluña y a España países mejores». Textualmente.
Detrás de Nogueras llegó Aizpurua, que en lugar de pedirle al presidente elecciones hizo todo lo contrario: recordarle que queda poco tiempo y que debe pegar un acelerón. «Queda un año de legislatura. Solo un año para cumplir con muchas de las cuestiones pendientes. La legislatura necesita un impulso social y plurinacional real. Aún queda mucho por hacer. El registro horario, prohibir la compra de vivienda especulativa, recuperar indemnizaciones justas por despido improcedente, una nueva ley de secretos oficiales, la oficialidad en Europa, la ampliación de nuestro autogobierno», enumeró la diputada de Bildu. «Le pedimos ambición social y plurinacional, voluntad y determinación, porque se acaba el tiempo».
Legislatura a tres velocidades
La legislatura parece avanzar a tres velocidades. En los tribunales avanza rápido, con el primer juicio a la corrupción del sanchismo en marcha, el del hermano de Sánchez con fecha para mayo y el de su mujer pendiente del visto bueno de la Audiencia Provincial de Madrid. En el Consejo de Ministros avanza a trompicones, con el Gobierno tratando de legislar mediante decretos leyes que no tengan que ser convalidados en las Cortes (como el de la regularización masiva) o, en su defecto, reales decretos leyes trágala que da a aprobar a sus socios sin posibilidad de enmiendas. Y en el Congreso directamente no avanza, sino que descuenta semanas viendo el tiempo pasar: sin Presupuestos y con las principales leyes paralizadas por el bloqueo de Junts (con la reforma judicial de Félix Bolaños a la cabeza). El Pleno de esta semana dura nuevamente dos días, en lugar de tres, porque otro jueves más no hay leyes que votar. Y ya es una costumbre en este mandato.
Por lo demás, el presidente salió airoso de su primera sesión de control tras el inicio del juicio a José Luis Ábalos y el procesamiento de Begoña Gómez, porque ni de lo uno ni de lo otro tuvo que hablar. Alberto Núñez Feijóo empezó preguntándole por el AVE y después lo hizo por el estado de las autovías y del cercanías. Su única alusión a los casos de corrupción que le afectan a él y a su Gobierno fue su última frase: «Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia». De manera que Sánchez no lo tuvo difícil para reconducir el debate a donde él quería: la «prioridad nacional» del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura.
GONZALO BERNARDOS, ECONOMISTA: “MUCHOS JUBILADOS COBRAN YA 2.000 € Y ESO HA HECHO QUE EL SISTEMA DE PENSIONES VAYA A PEOR”
Artículo de Fátima Pazó publicado en El HuffPost el pasado día 22
El sistema de pensiones en España atraviesa un momento crítico. Tras la revalorización del 2,7% aplicada en enero para proteger a los mayores de la inflación, el debate sobre la sostenibilidad ha vuelto al primer plano.
El economista Gonzalo Bernardos ha sido contundente al analizar la situación: la reforma no ha logrado reducir el déficit y el sistema, lejos de mejorar, ha empeorado debido al aumento en la cuantía de las nuevas prestaciones.
9,7 millones de pensionistas en España
El sistema de pensiones ha alcanzado una dimensión histórica marcada tanto por el volumen de beneficiarios como por una brecha de cuantías cada vez más visible. Actualmente, el país sostiene a 9,47 millones de pensionistas que, sumando casos de pluriactividad o viudedad, perciben un total de 10,46 millones de prestaciones contributivas.
Aunque la pensión media de jubilación se ha consolidado en los 1.512,7 euros mensuales, la verdadera transformación se observa en las nuevas altas. La franja de los «2.000 euros» ya se ha convertido en norma: se estima que uno de cada cuatro nuevos jubilados accede al sistema con una nómina superior a esa cifra. En el escalafón más alto, la pensión máxima, tras la revalorización del 2,7%, escala hasta los 3.359,6 euros al mes, una cuantía que ya disfrutan unos 120.000 ciudadanos.
Esta escalada de las prestaciones, ligada al blindaje del poder adquisitivo frente al IPC, ha tensionado las arcas públicas hasta niveles inéditos. El Estado debe afrontar ahora un gasto desbocado, destinando cada mes más de 13.000 millones de euros exclusivamente al pago de las nóminas de los pensionistas, lo que sitúa la sostenibilidad del sistema en el centro de todas las alarmas económicas.
“A los jóvenes los van a freír a impuestos”
Para Gonzalo Bernardos, la realidad es que el déficit en la «hucha de las pensiones» alcanza ya los 65.000 millones de euros. Según el economista, el sistema de reparto, donde los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados de hoy, se está volviendo insostenible para las nuevas generaciones, así lo señalaba durante el programa La mirada crítica.
Bernardos señala que los nacidos a partir de 1992 son los principales perjudicados de lo que califica como una «reforma fracasada». Al tener que cubrir el hueco dejado por la generación del Baby Boom, los jóvenes «pagan más por cotizaciones, pagan más impuestos y muy probablemente recibirán mucho menos de pensión«. El economista critica que se mantengan los privilegios de los mayores a costa de precarizar el futuro de los más jóvenes.
MEI, una medida “falsa”
El economista también cargó contra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha supuesto una nueva reducción en las nóminas de los trabajadores (que puede alcanzar hasta los 95 euros mensuales dependiendo del salario).
Bernardos califica esta medida de «falsa», argumentando que el dinero recaudado no garantiza una «hucha» real para el futuro, sino que apenas sirve para intentar tapar un déficit ya existente. «La idea era dar sostenibilidad a algo que no tenía nada de sostenibilidad», sentenció, sugiriendo que la reforma tuvo más un objetivo electoral que económico.
EL PLAN DEL GOBIERNO PARA EL VALLE DE LOS CAÍDOS, EN RIESGO: 9 RECURSOS PUEDEN TUMBARLO
Artículo de Religión en Libertad publicado en su web el pasado día 20
Nueve recursos judiciales, incluido uno de los monjes benedictinos, cercan el plan del ministro Bolaños para la resignificación del Valle. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para la resignificación del Valle de los Caídos se ha encontrado con un muro que lo puede paralizar todo: 9 recursos que reclaman la nulidad del concurso publicado el pasado 1 de abril en el BOE.
Seis de esos recursos han sido presentados por varios arquitectos que señalan un defecto de forma en las bases del concurso promovido por el Gobierno, ya que se ignoraba la autorización especial del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y una posterior ratificación de la Comunidad de Madrid, para cualquier obra que se acometa en el Valle.
El recurso de los monjes
Además, hay otro recurso presentado por la propia comunidad religiosa benedictina del Valle, que es la denuncia que preocupa verdaderamente Gobierno socialista ya que lo puede paralizar todo.
Los otros dos recursos están presentados por Abogados Cristianos, que preside la abogada Polonia Castéllanos, y una particular. Ambos reclaman la nulidad del acuerdo firmado por el ministro Bolaños y el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, en el que se fijaban las condiciones para la resignificación, según documento que fue revelado en su día por diario El Debate.
El argumento esgrimido por ambos recursos es que aquel documento «fue firmado por una autoridad eclesiástica sin competencia para ello», por lo que Cobo «no tenía potestad» para rubricar un acuerdo que afecte a la naturaleza sagrada de la basílica, lo que «requiere la intervención expresa de la Santa Sede».
Presiones a los monjes
El periodista José Ramón Navarro-Pareja, en Abc, señala que los monjes benedictinos del Valle de los Caídos han tenido presiones del Gobierno, así como del propio cardenal Osoro, para que los religiosos retirarán ese recurso: “El pasado 24 de octubre Félix Bolaños viajó al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien ha venido negociando estos asuntos. En ese encuentro, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro solicitó la mediación de la Santa Sede para que la comunidad retirara su impugnación e incluso llegó a plantear la posibilidad de sustituir a los benedictinos por otra comunidad. No obtuvo respuesta favorable. También la diócesis de Madrid ha intervenido ante la comunidad para que desistan de su intención, como ya ocurrió hace unos años, bajo la administración del cardenal Carlos Osoro, con algunas discrepancias de orden económico”.
¿La Conferencia episcopal tiene jurisdicción?
En este cierto laberinto juridico-político-eclesiástico no estaba muy claro quién tenía jurisdicción sobre el Valle de los Caídos. Pero en los últimos meses ha quedado claro que la Conferencia Episcopal española no es un interlocutor válido. Así lo reconocía el secretario general de los obispos, César García Magán: «La Conferencia Episcopal no tiene protagonismo en este tema», sino que «ha sido un proceso de diálogo a tres partes, Gobierno de España, comunidad benedictina con sus superiores y por otra parte la archidiócesis de Madrid».
Como señala Navarro-Pareja: «Un desmarque que no implica que el tema no preocupe a los obispos españoles, pues, en esa misma asamblea, el Valle ocupó parte de las discusiones durante una de las sesiones privadas. Dado que sigue sin resolverse, es previsible que de nuevo sea objeto de deliberación en la reunión que comienza mañana».
HAY QUE VALORAR MUY POSITIVAMENTE EL PACTO PP-VOX, NO DEPRECIARLO
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 19
Creía que seguirían haciéndose los interesantes, imprescindibles, éticos y patrióticos hasta pasadas las andaluzas, pero va Orban y pierde. Cuatro meses se han tirado negociando el Gobierno de Extremadura el PP y Vox, para, al final, a pocos días de agotarse el plazo y tener que convocar nuevas elecciones, han pactado lo que ya sabíamos desde el día siguiente de contar los votos que pedía Vox: una vicepresidencia, agricultura, y otra consejería de fuste que le permitiera llevar a efecto alguna de sus promesas electorales, que son, básicamente, frenar la inmigración ilegal, acabar con los subsidios a chiringuitos políticos, sindicato-empresariales o de género, y defender la agricultura y la ganadería del fanatismo climático de Bruselas y también de las nuevas importaciones del Tercer Mundo que compiten con ventaja, por no gastar en controles fitosanitarios tanto como las de aquí.
Eso quería Vox y eso, en el último minuto, ha conseguido. ¿A qué ha venido, pues, ese desprecio a los votantes extremeños, que dieron un 43% al PP, al filo de la mayoría absoluta, y un buen resultado a Vox, que sumaba al sector de la derecha, aunque fueran separados, el 60% de los votos? ¿No merecía respeto semejante prueba de confianza? Pues, evidentemente, no. Si en las penúltimas, en vísperas de las generales, Guardiola dio un recital de sectarismo ridículo, que fue nefasto para Feijóo, en éstas, ha sido Vox el que, para exhibir músculo antisistema y tronar contra el bipartidismo, se ha puesto borde, para probar que, sin ellos, nada es posible contra Sánchez. ¿Y con ellos? Esa duda es la que castigaron los votantes en Aragón, donde Vox no aprovechó el caos de campaña de Azcón, con Vito Quiles de telonero, y en Castilla y León, donde el frenazo de las expectativas fue ya inocultable.
Yo creía que seguirían haciéndose los interesantes, imprescindibles, éticos y patrióticos («Sólo queda Vox» y «Sólo Vox», proclaman sus bots) hasta pasadas las elecciones andaluzas, pero, de pronto, va Orbán y pierde las elecciones en Hungría, donde Abascal dijo «son nuestras elecciones». El bofetón de rechazo a su orondo financiero ha sido monumental, y, encima, en favor del homólogo del PP. Así que, entre la meditación presupuestaria y la inminencia andaluza, en una semana se ha firmado en Extremadura; en la próxima; seguramente, en Aragón y, a punto de votar en el Sur, Castilla y León. El gesto de dejar de golpe todos los gobiernos autonómicos se ha revelado, al principio, como gran refuerzo electoral, pero o lo han llevado demasiado lejos, para un lectorado que, ante todo, quiere echar a Sánchez, o precisamente por esto mismo, se empieza a ver el voto a Vox como inútil.
La legalización masiva de ilegales y las dudas del PP
El PP no dejaba de perder terreno frente a Vox por su imagen de buenos gestores sin nada que gestionar, y de gente poco fiable. A lo Rajoy, siniestro personaje al que, por regionalismo enfermizo o tradición caciquil, ha seguido paseando Feijóo, ¡con la Kitchen pendiente! Al fin, convencido el de Os Peares de que no será presidente sin Vox, hace unos meses tomó la iniciativa de ofrecer a la opinión pública los términos en los que podrían firmarse los futuros pactos con Vox, y los puntos de acuerdo eran tan típicamente voxianos, en fondo y forma, sobre todo en la inmigración ilegal, que en el Toro de Oro criticaron que copiaba a Abascal. ¡Su socio!
Pero tras el discurso sobre la inmigración ilegal de Vox, asumido por el PP, se ha producido el anuncio de la legalización masiva por Sánchez de un millón de ilegales, entre los que están y los que vendrán. Criticado por Feijóo de forma inmediata, las comunidades autónomas del PP, con la de Madrid a la cabeza, han anunciado una guerra legal al Gobierno, salvo dos: la más grande y la más pequeña, Andalucía y La Rioja, que no denunciarán esa fechoría, que es la más letal, ahora y en el futuro, de todo el sanchismo.
El presidente de La Rioja parece el típico político del PP que busca significarse apartándose de lo que haga el partido, y no viene a Madrid el 12 de octubre por problemas de agenda y gansadas así. Moreno tiene otro volumen y más importancia. Cultiva la imagen de sucesor de Feijóo contra Ayuso, jaleado por los periodistas progres, que la odian y miman al andaluz de Barcelona que se proclama de Centro, o sea, de la Derecha acomplejada.
Un error de Ayuso y Feijóo
La doctrina de Arriola, según la cual España es y será siempre de Izquierdas, recalentada por la prensa de derechas con periodistas de izquierda, le lleva a buscar los votos para mantener la mayoría absoluta en el PSOE no en Vox, muchos de cuyos votos perdió el PP hace poco y en donde la crisis de los de Abascal, le brinda esa oportunidad. Vox estaba en la lona, pero la legalización masiva le devuelve su gran argumento político, y por partida doble: lo que hace Sánchez y no quiere combatir el PP. Yo veo lo de Moreno discutible, pero incluso si acertara en estas elecciones, a la larga destruye la credibilidad del PP y el liderazgo de Feijóo en el terreno donde se libra la gran batalla europea entre las diversas derechas. La crítica de Ayuso y el propio Feijóo a la «primacía nacional» me parece un postureo absurdo. Hay muchas formas legales de no favorecer a los ilegales, y así se hará en Extremadura. Criticarlo es ayudar al PSOE, el peor error, aunque subsanable. Basta con no insistir y proclamar el respeto absoluto a la Ley.