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“El Supremo abre la caja negra del censo de Sánchez”, de Isabel Durán; “Jaime Baeza, catedrático: `Limpiar los bosques es una locura porque no están sucios, hay que gestionarlos´”, de Andrea del Valle González; “Sánchez convierte el indulto en patente de corso para la corrupción política”, de El Español; “El PP ve un `triunfalismo insultante´ en el balance del curso político de Sánchez: `La gente lo que quiere es que confiese y se vaya´”, de Aida Skirej; y “Nadie entendía en 2021 el rescate de Plus Ultra: una empresa deficitaria, chavista, con cuatro aviones y que apenas volaba”, de Almudena Martínez-Fornés
(“Sánchez contra el fuego”. Viñeta de Tomás Serrano en El Español en el pasado día 29 )
EL SUPREMO ABRE LA CAJA NEGRA DEL CENSO DE SÁNCHEZ
Artículo de Isabel Durán publicado en El Debate el pasado día 30
Por primera vez, un tribunal va a examinar en vista pública los efectos electorales de la ley de nietos. Y no un tribunal cualquiera. El Tribunal Supremo. Lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá decidir es si la JEC tiene o no competencia para frenar esas inscripciones. La cuestión de fondo: si el cuerpo electoral de un país puede crecer por instrucción administrativa. Sin que nadie sepa cuántos. Ni de dónde. Ni con qué papeles
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha fijado para el 7 de septiembre, a las diez de la mañana, una vista oral y pública sobre las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa. También debe comparecer la Junta Electoral Central. La Sección Cuarta explica claramente por qué convoca esa vista: por la relevancia y el alcance de las cuestiones jurídicas planteadas.
Conviene entender lo excepcional de ese señalamiento. La ley que rige el contencioso-administrativo no prevé vista para decidir una medida cautelar: se resuelve por auto, en papel. Para convocar una vista, la Sala ha tenido que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, el Supremo ha decidido que este asunto se debata en voz alta y en público. Lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá decidir es si la JEC tiene o no competencia para frenar esas inscripciones. La cuestión de fondo: si el cuerpo electoral de un país puede crecer por instrucción administrativa.
La caja distorsionada por el Gobierno
Lo que se discute es el futuro de la integridad de las elecciones en España. Iustitia Europa pide que se suspendan provisionalmente las altas incorporadas al censo de residentes ausentes, el CERA, que se apoyan en la presunción de exilio sin una acreditación documental suficientemente verificada. Y, si no se suspenden, que se identifiquen, se marquen y se separen en la base de datos del censo, que se auditen y que se conserven íntegros los expedientes, los registros electrónicos y los metadatos.
El argumento es sencillo: Sánchez ha convertido el censo electoral en una caja negra que solo él conoce y controla. No consta publicada una cifra exacta. No consta el reparto por provincias. No consta por qué vía se adquirió la nacionalidad en cada caso. No consta de qué consulado salió cada expediente. Y no consta la trazabilidad documental de una sola inscripción.
Hay algo más grave todavía. La propia Junta Electoral Central consideró insuficiente la información que le entregó la Oficina del Censo Electoral. El árbitro de las elecciones pidió los datos, y no se los dieron completos. El 16 de julio, la JEC rechazó suspender la elaboración del CERA. Pero hizo dos cosas más: pidió a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre cómo aplicar la ley y advirtió de que la asignación del municipio en el que vote cada nuevo elector deberá estar, y cito, «suficientemente motivada», si no coincide con su último domicilio en España.
Ese acuerdo no salió por unanimidad. Cuatro vocales firmaron un voto particular. Dos de ellos son magistrados del Tribunal Supremo. Sostuvieron que la Junta tenía la «obligación inexcusable» de impedir que el censo se ampliara, y cito otra vez, «contra legem». Y advirtieron de «efectos irreversibles». Fue una sesión turbulenta revelada en exclusiva por este medio. Nueve votos a favor. Cuatro en contra. El órgano que arbitra las elecciones en España se partió por escrito tras las presiones del ministro Félix Bolaños.
Todo esto es exactamente el núcleo de lo que El Debate lleva documentando desde el 2 de junio. Más de treinta artículos de investigación en los que ponemos de manifiesto una catarata de irregularidades en las nacionalizaciones del Ejecutivo socialista. La factoría gubernamental de españoles lleva años a toda máquina.
De Cuba a Buenos Aires
La magnitud del coladero sanchista habla por sí sola: más de 2.450.000 personas que pretenden ser españolas. A todos ellos el Gobierno les ha reconocido su derecho con solo haber presentado una solicitud por internet, incluso sin acreditar previamente su identidad. 545.000 expedientes aprobados en una factoría en la que no se verifica con las garantías necesarias a quién se le otorga la nacionalidad.
Al Gobierno le basta la credibilidad de los papeles de la dictadura cubana, de donde han salido 350.000 solicitantes. Se fabrican identidades sobre papel que nadie contrasta. También le resulta suficiente una partida de bautismo con un certificado de que no hay constancia en el Registro Civil. En un país en el que el odio anticlerical de la Segunda República y la Guerra Civil incendió iglesias por doquier. Precisamente los documentos que nadie puede verificar, y este medio demostró que los consulados ni siquiera lo intentan.
En Buenos Aires, con más de 645.000 solicitudes, el anterior cónsul, Fernando García Casas, admitió que no se exige documentación exhaustiva, sino «lo mínimo e indispensable». Con «probar la filiación» basta. Y se quedó tan ancho. Lo malo es que decía la verdad.
Y, para colmo, el Gobierno oculta en qué provincia se les inscribe para votar. Ya hay 320.000 nuevos electores fabricados por Sánchez. Solo Exteriores y Justicia saben a quiénes han metido ya en el censo, y si muchos de ellos han adelantado en la cola al resto de aspirantes, como denuncian en varios países los propios solicitantes y también ha revelado El Debate.
Alta cocina electoral en ebullición
Esta es la clave: En el CIS se cocinan las encuestas, pero esto es otra cosa. Es la alta cocina de Sánchez, porque lo que se guisa aquí es el cuerpo electoral. Y en un país donde el último escaño se reparte por unos miles de votos, o por cientos, esto es una jugada de manual. Del manual de resistencia de Sánchez: en Zaragoza, en 2019, el séptimo diputado se decidió inicialmente por 77 papeletas entre PSOE y Ciudadanos y en 2023, trece escaños se decidieron por menos de 3.000 papeletas.
El Gobierno y sus adláteres mediáticos lo niegan todo. Dicen que su fábrica de nacionalizados no va a influir en las próximas elecciones generales. Sus propias cifras les desmienten, y dan la medida del colosal as en la manga que escondía Sánchez hasta que este medio lo descubrió. Y eso que los 320.000 inscritos en el voto CERA por la vía de presuntos nietos son solo el aperitivo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que para el próximo verano serán medio millón.
El argumento de que apenas vota el 10 % del censo CERA en las elecciones es una falacia. Lo importante es cuántos de sus nuevos fabricados votarán, a quién van a votar y a qué provincia están adscritos. Con que voten unos pocos miles de los suyos, muchos de los cuales se han saltado la gigantesca cola de solicitantes, la cocina de la fábrica CERA puede otorgarle los restos que conforman la mayoría en el Congreso.
La mayoría que ya le rechazaron las urnas en el territorio nacional, como apuntaron las cuatro últimas elecciones autonómicas: derrota sin paliativos del PSOE en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y victoria de Ferraz en el voto exterior. Precisamente lo que venimos documentando en El Debate.
Ahora sí hay esperanza en el juego limpio
En conclusión. Sánchez no contaba con el paso al frente de los cuatro vocales del árbitro electoral. Ni mucho menos con que el Tribunal Supremo entrara a mirar dentro de su censo, sacando la pelota de dentro de la portería. El 7 de septiembre no se juzga a ninguna persona. Se juzga un censo. El censo cocinado por Pedro Sánchez que firma Tezanos, el de sus encuestas.
Lo que se va a juzgar es si el cuerpo electoral de un país puede crecer por instrucción administrativa. Sin que nadie sepa cuántos. Ni de dónde. Ni con qué papeles. Sánchez sabe que un censo que no se puede contar, ni verificar, no se puede auditar. Y contaba con que nadie lo haría. Durante casi cuatro años, nadie preguntó. Hace dos meses, El Debate destapó la caja de Pandora: el del as en la manga del presidente más tramposo de la democracia.
El árbitro miró para otro lado y solo sacó tarjeta amarilla. Cuatro de sus vocales levantaron la bandera. Iustitia Europa reclamó. Y el Supremo ha bajado al campo a sacar la pelota de dentro de la portería. El 7 de septiembre se abre la caja negra. Y las cajas negras solo cuentan una cosa: qué pasó de verdad. Quizás dentro de nada veremos sesudas informaciones poniendo en entredicho la imparcialidad de los miembros de la Sala. Y si no, al tiempo. Pero ahora sí. Ahora hay esperanza en el futuro del juego limpio electoral en España.
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20260729/supremo-abre-caja-negra-censo-sanchez_444674.html
JAIME BAEZA, CATEDRÁTICO: «LIMPIAR LOS BOSQUES ES UNA LOCURA PORQUE NO ESTÁN SUCIOS, HAY QUE GESTIONARLOS»
Artículo de Andrea del Valle González publicado en Vozpópuli el pasado día 29
España pasa por una oleada de incendios que ya ha afectado a más de 92.000 personas solo en el centro de la península. Algunos ya hablan de ellos como “los peores incendios de la historia del país”. Madrid, Ávila y Toledo son las provincias afectadas, y solo en la Comunidad de Madrid hay 38 localidades evacuadas y siete municipios confinados. Sobre todo esto, el catedrático Jaime Baeza lo deja claro: “Limpiar los bosques es una locura porque no están sucios, lo que hay que hacer es gestionarlos».
Más de 63.000 personas han sido evacuadas en las poblaciones afectadas por los incendios. Mientras, otras 28.997 permanecen confinadas y no pueden salir de sus casas ante la cantidad de humo y la mala calidad del aire. Ante la complicada situación, el Gobierno ha confirmado que declarará como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas, pero esto es insuficiente para numerosos gremios.
Los incendios sí se pueden prevenir: qué dicen los expertos
Bomberos, forestales, especialistas y expertos en montes que no cesan en repetirlo: esto se podía haber evitado, y se ha advertido de los riesgos durante mucho tiempo. Paco Castañeres, ingeniero forestal, defiende una actuación relativamente sencilla que protegería a pueblos enteros de las llamas: bastaría con una semana de trabajo y cuesta 50.000 euros. Propone crear una franja de protección de unos 300 metros alrededor de los municipios, eliminando matorral, árboles secos y exceso de vegetación.
Incendios en Piedralves, municipio de Ávila | EP
El catedrático Víctor Resco pone el foco en las zonas agrícolas, y apunta que estas tierras, “cuando están labradas, son el mejor cortafuegos que existe”. Cuidar el campo consiste en abordar distintas necesidades, como dejar pastar al ganado y, a su vez, mimar los cultivos. “En la década de los 80 los estudios ya nos indicaban que si solo invertíamos en extinción, que si no invertíamos en prevención, íbamos a ver unos incendios cada vez más grandes y cada vez más voraces”, apunta el profesional.
El catedrático apuesta: más encinas y menos pinos en el monte
La opinión de Jaime Baeza, catedrático de Ecología de la Universidad de Alicante, sorprende a muchos porque rema a contracorriente y niega la teoría que muchos sostienen. “Limpiar los bosque es una locura porque no están sucios, sino que hay que gestionarlos”, aclara el profesional. Baeza apuesta por eliminar algunas especies de vegetación y favorecer otras.
Limpiar los bosques es una locura, porque no están sucios
Para Jaime Baeza, en los bosques y montes españoles debería haber más encinas, madroños, robles, lentisco y coscoja, especies rebrotadoras mediterráneas. Esto es así ya que “arden más difícilmente ante puntos de ignición como un rayo”, como ocurre con el pino, arbol que llena nuestras montañas. Además, a esto el profesional añade un dato: más del 90% de los incendios en España son provocados provocados por el ser humano, como ha ocurrido en el incendio de Burgohondo, donde ya se ha detenido a un hombre por utilizar maquinaria de manera ilegal.
Tras un incendio, no se debe recoger la madera quemada
No se trata de elegir entre blanco o negro, sino de optar por el gris y el equilibrio. Al hablar de la caída de los árboles, Baeza apunta que «un punto intermedio sería, si hay accesos, sacar los troncos gruesos y que los finos y el derrame de ramas de los grandes se trituren y se dispersen por el suelo». Es decir, de hacer una gestión inteligente de los montes.
Además de esto, la gestión no solo es importante antes y durante el fuego, sino también después. Jaime Baeza aclara que, después de un incendio, la madera quemada y materia orgánica no debe recogerse, sino que debe dejarse en el lugar para evitar que el suelo se deteriore. Y, ante todo, ser conscientes. “No hay percepción del riesgo”, y todo empieza por no hacer barbacoas, utilizar radiales y máquinas que generan chispas al utilizarlas.
SÁNCHEZ CONVIERTE EL INDULTO EN PATENTE DE CORSO PARA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
Editorial de El Español publicado en su web el pasado día 29
La corrupción tiene consecuencias… salvo cuando el condenado le resulta políticamente útil a Sánchez. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su última reunión antes del parón veraniego y con la mayor parte de los españoles de vacaciones, cinco indultos parciales.
Tres de ellos afectan a condenados por corrupción. El más escandaloso políticamente es el concedido a Laura Borràs.
La expresidenta del Parlament y antigua líder de Junts fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años, seis meses y un día de prisión, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.
Los hechos son claros: entre 2013 y 2018, mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs fraccionó dieciocho contratos menores por un valor total de 335.700 euros para adjudicarlos de forma irregular a un amigo personal.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero de 2025 y rechazó expresamente la aplicación de la amnistía al considerar que los hechos no guardaban relación alguna con el proceso independentista.
Se trataba, por tanto, de un caso ordinario de corrupción política.
Es cierto que el propio tribunal sentenciador propuso un indulto parcial que dejara la pena de prisión en dos años, al estimar desproporcionada la duración impuesta. Pero la Fiscalía se opuso con contundencia: no había arrepentimiento y se trataba de un delito de abuso de poder.
El Gobierno ha pasado por encima de ese informe y ha concedido exactamente lo que pedía el tribunal catalán. Borràs evita así el ingreso en prisión.
Junto a ella, el Ejecutivo ha indultado parcialmente a Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde de Linares, del PSOE, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por malversar 125.377 euros en sobresueldos procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista, y a Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, también muy cercano al PSOE, condenado a ocho años por malversación y falsedad documental en beneficio propio y de su entorno.
Estos tres indultos no son actos de gracia aislados. Forman parte de un patrón. El Gobierno ha utilizado la amnistía para los condenados del procés, ha visto cómo el Tribunal Constitucional vaciaba de contenido las condenas de los ERE contra varios políticos socialistas (el mayor caso de corrupción de la historia de la España democrática) y ahora recurre al indulto parcial para beneficiar a una dirigente de un partido cuyo apoyo es imprescindible para mantener la mayoría parlamentaria, y a dos condenados más del entorno socialista.
La coincidencia no es casual.
El mensaje que se envía es inequívoco: la corrupción tiene consecuencias salvo cuando el condenado resulta políticamente útil o pertenece al ecosistema del sanchismo. El discurso con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa (regeneración, tolerancia cero con los corruptos, «no indultaré a ninguno») queda reducido a retórica vacía.
Lisa y llanamente, Sánchez no ha luchado contra la corrupción: la ha indultado de forma sistemática. Sobre todo, cuando le beneficiaba a él personalmente.
La facultad de gracia, legítima en abstracto, se ha convertido por tanto en la España de Pedro Sánchez en un instrumento de ingeniería política. Con Sánchez, la corrupción sale gratis si eso contribuye a mantener al presidente un poco de tiempo más en la Moncloa.
Más grave aún es el precedente que se consolida. Si hoy se indulta a una condenada por prevaricación y falsedad porque su partido sostiene, mal que bien, al Gobierno, ¿qué impedirá mañana indultar a José Luis Ábalos, a Koldo García, al exfiscal general del Estado, a David Sánchez, o a Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán en el caso de que resulten condenados?
El camino queda abierto. La lógica del poder se ha impuesto a la lógica de la igualdad ante la ley. ¿Cómo piensa evitar Sánchez que los españoles interpreten que la casta política tiene patente de corso para la corrupción si es indultada de forma habitual, dejando las sentencias de los jueces en papel mojado?
Que esta decisión se haya adoptado de forma casi clandestina, en el último Consejo de Ministros del curso y mientras el país está de vacaciones, sólo acentúa la sensación de que Sánchez actúa con la certeza de que el coste político será menor.
No se trata de tres indultos técnicos. Se trata de la confirmación de que, en la España de 2026, la corrupción política puede quedar sin el castigo efectivo de la prisión cuando le conviene a quien ocupa el Gobierno.
EL PP VE UN «TRIUNFALISMO INSULTANTE» EN EL BALANCE DEL CURSO POLÍTICO DE SÁNCHEZ: «LA GENTE LO QUE QUIERE ES QUE CONFIESE Y SE VAYA»
Artículo de Aida Skirej publicado en 20minutos el pasado día 28
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desplegado durante el balance del curso político un «triunfalismo francamente insultante» a ojos del Partido Popular, que ha centrado su valoración en los casos de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y al bloqueo legislativo por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha resumido el balance «real» de Sánchez con dos datos: «Tres condenas en ocho meses y cero Presupuestos en cuatro años», es decir, un «combo de corrupción integral y parálisis política». Aludiendo a los procesos judiciales y a los últimos resultados obtenidos en cuatro elecciones autonómicas con una victoria holgada del PP, Tellado ha indicado que, lejos de balances, lo que de verdad quiere la gente es «que [Pedro Sánchez] confiese, diga lo que sepa sobre la corrupción y que se vaya».
Tellado ha hecho un repaso por todos los ámbitos por los que considera que Sánchez ha sido triunfalista a la hora de evaluar este último año de gobierno, algo propio «de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción«. Especial hincapié ha puesto sobre las causas judiciales, tanto las pendientes como las que ya se han resuelto en forma de sentencias. «A Sánchez el balance del curso se lo han hecho los tribunales con las tres condenas que ha recibido desde noviembre», ha afirmado, para recordar la de «su Fiscal General del Estado por delinquir para favorecerle», la de «sus compinches en las primarias por robar dinero público en plena pandemia», es decir, José Luis Ábalos y Koldo García y la más reciente, la de su hermano, «por participar en una operación ilegal para llevarse un sueldo público».
Además, ha recordado que todavía «hay una legión de 126 imputados del sanchismo desfilando por los juzgados de toda España». De hecho, mientras el jefe del Ejecutivo comparecía ante los medios, dos empleadas del PSOE se encontraban declarando ante el juez por las cloacas de Ferraz, quienes han señalado que Leire Díez usaba el parking de la sede del partido aunque no tuviera reunión alguna. «Esta es la cruda realidad, el verdadero balance de un Gobierno y un partido sentado en el banquillo«, ha incidido Tellado.
Génova también suspende a Sánchez en la Cámara Baja. El secretario general ha recordado que el presidente «ha acabado el curso con dos varapalos parlamentarios bien sonoros porque el Congreso le ha rechazado dos veces la senda de estabilidad«. A ello ha sumado la decisión de posponer a septiembre la aprobación del decreto de medidas en materia de vivienda, previsto para el Consejo de Ministros de este martes «porque sabía que iba a perder la votación». También ha sacado a colación la votación de hace un mes en la que el Congreso, con la mayoría absoluta que sumaron los votos de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, pidió a Sánchez su dimisión o que se sometiera a una cuestión de confianza. Al tratarse de una moción, sin efectos jurídicos, el presidente del Gobierno no la ha cumplido. Tellado ha incidido en que «el balance del Parlamento sobre el sanchismo es tan devastador como el de los tribunales».
Por último, ha sostenido sus argumentos con el balance que los ciudadanos llevan meses expresando, «dándole la espalda de forma masiva» en los últimos comicios celebrados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. «Sánchez está cada día más solo en la calle y en el Parlamento y más acorralado en los tribunales», ha enfatizado, para corregir el eslogan escogido por Moncloa para la comparecencia. «Más que ‘cumpliendo’, su eslogan debería ser ‘huyendo’ o ‘delinquiendo’; huyendo de la realidad y delinquiendo, su Gobierno y su partido, como si no hubiera un mañana», ha ironizado Tellado.
Con todo, el número dos del PP se ha mostrado esperanzado porque el próximo curso político, el último de esta legislatura, será el de «las elecciones del cambio» que convertirán, en su opinión, a Alberto Núñez Feijóo en el nuevo presidente del Gobierno. El presidente popular en su balance del curso hace una semana activó «la cuenta atrás» para el cambio en España y este martes Tellado ha hecho lo propio para recordar que «el tiempo de Sánchez se acaba». Así, ha dado por hecho que este ha sido el último balance que Pedro Sánchez realice desde la Moncloa y le ha deseado que disfrute de su descanso estival porque «serán las últimas vacaciones que le paguemos los españoles».
La primera en reaccionar desde el primer partido de la oposición ha sido la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien se ha enfocado en resaltar la corrupción como el verdadero balance del curso político de Pedro Sánchez, pues cada día suma «más y más casos» que «no pueden tapar». «Y ante todo ese maremágnum de corrupción, la única respuesta que da el Gobierno es chulería, impunidad y ataques a todos los que decimos que esto no puede ser. Ese es el balance que tiene», ha apuntado la popular. Muñoz ha reiterado la necesidad de convocar elecciones generales ante una legislatura que «comenzó muerta» y se ha convertido en un «absoluto desastre».
NADIE ENTENDÍA EN 2021 EL RESCATE DE PLUS ULTRA: UNA EMPRESA DEFICITARIA, CHAVISTA, CON CUATRO AVIONES Y QUE APENAS VOLABA
Artículo de Almudena Martínez-Fornés publicado en El Debate el pasado día 26
El Gobierno de Sánchez negaba los vínculos con el régimen venezolano, aseguraba que era una compañía estratégica para España y le dio un trato privilegiado. El rescate de la compañía aérea Plus Ultra, realizado en marzo de 2021 por 53 millones de euros, suscitó desde el primer momento las sospechas de todo el mundo: la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, los sectores aéreos y financieros y los medios de comunicación. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñaba en defenderla contra viento y marea.
Aunque era una empresa deficitaria que nunca había ganado dinero, con solo cuatro aviones, que apenas volaba y con vínculos con el chavismo, el Ejecutivo justificaba el rescate con toda rotundidad a la vez que aireaba un expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como si sus argumentos fueran una verdad incuestionable.
Al conocerse ahora la comisión que supuestamente cobró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, el interés del Gobierno de Sánchez por justificar aquella extraña operación adquiere una dimensión muy diferente y las falsedades que se argumentaban entonces van quedando al descubierto.
Todo lo que parecía sospechoso
Una empresa arruinada: el Ejecutivo insistía en que Plus Ultra era una empresa estratégica para España, aunque nunca había registrado beneficios desde que se fundó en 2011, ni desde que empezó a operar en 2016. Acumulaba unas pérdidas de 10,6 millones de euros y en 2019 perdió 2,1 millones de euros, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil.
Apenas volaba. Plus Ultra solo operó 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Ocupaba el puesto 166 de las aerolíneas que operaban en España y su cuota de mercado era inferior al 0,1%.
Cuatro aviones. Solo tenía cuatro aviones Airbus 340: dos de la serie 300 (operativos desde 2001 y 2002) y dos de la serie 600 (en funcionamiento desde 2009) que habían pertenecido a la compañía emiratí Etihad. En aquel momento, Airbus ya había dejado de fabricar estos aviones por su alto consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
Pocos pasajeros. La compañía Plus Ultra solo a trasladó a 156.139 pasajeros en 2019. Ese año Iberia transportó a más de 20 millones de personas y Air Europa a 19 millones.
Menos rutas: En aquel momento Plus Ultra solo volaba a Lima, Quito y Caracas desde Madrid, y a Caracas desde Tenerife.
Historial de quiebras. Los fundadores españoles de Plus Ultra, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, también fueron los responsables de Air Madrid, línea aérea que quebró en 2016.
Rescate de pasajeros varados: Cuando Air Madrid quebró, dejó en tierra a 64.000 pasajeros en plena Navidad de 2016.
Sospechas de PP y Vox: Ambos partidos sospechaban el vínculo de la compañía aérea con el régimen venezolano. Aunque Plus Ultra tenía apariencia española y su sede social estaba en Alcobendas, la mitad de su capital estaba en manos chavistas.
Vínculos chavistas: El 47,2% del capital de Plus Ultra pertenecía a Snip Aviation. Tres directivos de esta sociedad, Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, estaban relacionados con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Otro 11,47% pertenecía a Flyspain SL, de la que Rodolfo Reyes Rojas era socio único, aunque estuviera a nombre de su esposa, María Aurora López López. Es decir, más del 50% de Plus Ultra estaba en manos de Reyes Rojas.
El móvil de Reyes Rojas. Precisamente el teléfono móvil de Reyes Rojas ha sido clave en la investigación que el juez Calama está llevando a cabo ahora sobre el rescate de Plus Ultra. Este teléfono fue intervenido en 2021 por las autoridades estadounidenses durante una investigación por blanqueo de dinero y uno de los mensajes que apareció sobre el rescate de la compañía aérea resultó muy revelador: «Nuestro pana Zapatero detrás».
Los privilegios a la línea aérea
Un rescate exprés: Plus Ultra fue la segunda empresa rescatada, justo después de Air Europa y a la vez que Duro Felguera. Según el Gobierno, los expedientes se tramitaron por orden de presentación y ésta fue una de las primera en hacerlo, en septiembre de 2020.
No se impuso un nuevo responsable: a diferencia de lo que pasó en Air Europa, donde el Gobierno negoció un nuevo consejero delegado; en Plus Ultra se dijo que no era necesario por el tamaño de la aerolínea y la cuantía del rescate (53 millones de euros), que les parecía escasa.
Situación de privilegio: Plus Ultra era la única compañía aéreas autorizada a volar durante la pandemia de covid entre Madrid y Caracas. Venezuela había suspendido los vuelos regulares con la mayoría de los destinos, incluido España, pero los mantuvo con países de su órbita ideológica, como Irán, Bolivia, Turquía o México, y luego los amplió a República Dominicana y Panamá.
Vuelos especiales: fue una de las compañías aéreas elegidas para realizar los llamados «vuelos especiales», que no eran humanitarios, porque había que pagar por cada trayecto, pero estaban organizados por las Embajadas de España y de Venezuela.
Consulado de España: Para volar en Plus Ultra había que inscribirse en el Consulado de España en Caracas o en el de Venezuela en Madrid. El de España había organizado una veintena de vuelos especiales con Iberia, Air Europa, la venezolana Estelar y Plus Ultra.