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“ Sánchez convirtió la gran oportunidad de España en un fracaso” de Santiago Sánchez; “Las ayudas económicas a Marruecos y la burla marroquí”, de José María Rotellar; “Las encuestas hunden al PSOE en plena crisis migratoria en Ceuta”, de Elplural.com; y “Feijóo denuncia el plan de Moncloa para Ceuta: la crisis migratoria, variable electoral para el PP”, de Jaume Mónica
(“Patada a la Corona”.Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 2 )
SÁNCHEZ CONVIRTIÓ LA GRAN OPORTUNIDAD DE ESPAÑA EN UN FRACASO
Artículo de Santiago Sánchez publicado en Vozpópuli el pasado día 2
El 31 de agosto terminó el plazo para completar las reformas e inversiones del Plan de Recuperación. No concluye todavía todo el proceso administrativo. El Gobierno podrá presentar la última solicitud de pago hasta el 30 de septiembre y la Comisión Europea tendrá hasta final de año para realizar el último desembolso.
A partir de ahora, Pedro Sánchez intentará que juzguemos el Plan de Recuperación por el dinero recibido, los hitos formalmente cumplidos y el último pago que consiga arrancar de Bruselas. Elegirá cuidadosamente el dato que más le convenga y presentará el cierre del programa como un éxito económico. Por eso este Ajuste de cuentas no puede limitarse a preguntar cuánto dinero recibirá finalmente España. La pregunta relevante es otra: ¿qué economía deja el mayor programa europeo de inversión de nuestra historia?
Porque el objetivo del Next Generation no era llenar las cuentas del Tesoro, resolver convocatorias ni trasladar miles de millones entre administraciones y organismos públicos. Era elevar la productividad, movilizar inversión privada, modernizar nuestra industria, reforzar la innovación y aumentar la capacidad de crecimiento de España.
El Gobierno podrá conseguir que Bruselas certifique el cumplimiento del Plan que está vigente hoy. Lo que no podrá demostrar es que haya cumplido el Plan que prometió, ni que la economía española haya experimentado la transformación que justificaba esta oportunidad histórica.
Vamos con las pruebas. La primera está en los datos financieros.
La Adenda aprobada en 2023 elevó el Plan hasta aproximadamente 163.000 millones de euros: 79.854 millones en transferencias y 83.160 millones en préstamos. Tres años después, el volumen final ronda los 101.300 millones y los préstamos se reducen a unos 21.450 millones. El Gobierno ha renunciado a más de 61.700 millones, el 74,2% de la financiación reembolsable que él mismo decidió solicitar.
Cuando un Gobierno solicita más de 83.000 millones en créditos, los incorpora a una estrategia de transformación, anuncia sus efectos sobre el crecimiento y después retira casi tres de cada cuatro euros, el fracaso no consiste en dejar de endeudarse. Consiste en haber diseñado una segunda fase del Plan sin demanda suficiente, sin una cartera madura de proyectos y sin capacidad real para colocar los recursos.
Para que quede meridianamente claro: España no ejecutará el Plan que presentó. El Gobierno ha terminado presentando a Bruselas el Plan que era capaz de ejecutar.
La segunda prueba es todavía más contundente. El Plan se ha modificado una y otra vez.
Desde su aprobación, ha sufrido nueve modificaciones. Solo durante 2026 se revisaron 320 medidas. La última adenda afecta jurídicamente a 96 medidas y, en la comparación detallada de sus compromisos, modifica alrededor de 120 hitos y objetivos, cerca del 80% de los pendientes.
El Gobierno lo llama simplificación.
Sánchez ha rebajado la ambición del Plan hasta su capacidad de ejecución en una demostración de incompetencia del Ejecutivo. Y después presume del porcentaje de cumplimiento calculado sobre el compromiso rebajado. Es como disminuir el temario, reducir la nota de corte y utilizar el aprobado final para demostrar el excelente alumno que es.
La reducción de los grandes proyectos estratégicos, los PERTE, confirma que no estamos ante retoques marginales. Estos proyectos debían convertirse en la gran herramienta de colaboración público-privada para transformar cadenas de valor estratégicas. Su dotación prometida pasó de unos 42.480 millones a 24.869 millones: una caída del 41,5%. El PERTE Chip, la apuesta española por la soberanía tecnológica, es el ejemplo del fracaso con una reducción de unos 12.250 millones iniciales hasta alrededor de 2.250 millones. El Fondo de Resiliencia Autonómica, anunciado con 20.000 millones, termina próximo a 4.900 millones.
Un programa tractor puede rediseñarse, adaptarse a la demanda o eliminar préstamos que carecen de sentido, pero un recorte agregado superior al 40% no permite sostener seriamente que la ambición del plan permanece intacta. Los PERTE han fracasado por no seleccionar a tiempo grandes proyectos maduros, movilizar la inversión privada prometida (4 euros privados por euro público) y producir una transformación sectorial reconocible.
El Gobierno conocía los proyectos en los que trabajaban las empresas. Recibió cientos de propuestas mediante manifestaciones de interés. Contó con información sectorial extraordinaria y con una capacidad financiera nunca disponible. Pese a ello, diseñó convocatorias alejadas de la realidad empresarial, impuso plazos poco realistas, fragmentó los grandes proyectos tractores en cuellos de botella administrativos y tuvo que modificar una y otra vez sus condiciones.
No faltó dinero, faltó capacidad.
La tercera prueba está en las cifras de ejecución. El Gobierno ha convertido esa palabra en un concepto a la carta.
España ha recibido más de 78.000 millones después de seis desembolsos. El Ejecutivo habla de aproximadamente 70.400 millones asignados a beneficiarios. Las convocatorias y resoluciones ofrecen cifras todavía diferentes. Eurostat, utilizando un criterio armonizado de utilización económica, registraba alrededor de 45.054 millones durante el periodo 2020-2025. Son magnitudes legítimas pero describen cosas distintas.
El problema es que el Gobierno salta de una a otra según le interesa. La comparación europea es reveladora. España se encontraba por encima de la media en la recepción de transferencias, pero en gasto real cae al puesto al puesto 21. Y todavía existe una última maniobra contable que prolongará la ejecución durante años y evitará devolver más fondos a Bruselas.
Miles de millones se han transferido a organismos públicos (CDTI, SEPIDES, ICO…) para que la inversión material pueda producirse después del cierre con el beneplácito de Bruselas. A ello se suma la aportación al Fondo España Crece, dotado con unos 13.691 millones procedentes del propio Plan.
España Crece podría terminar financiando buenos proyectos si se dedicara a objetivos y programas realistas, no a las mismas políticas donde el Plan de Recuperación ya ha fracasado. Pero, desde luego, transferir capital a un intermediario público no significa que ese dinero haya llegado ya a una empresa, a una vivienda o a una inversión productiva.
El verdadero balance no está, por tanto, en Bruselas. Está en nuestra economía.
A pesar del “maná europeo”, la productividad por ocupado está estancada, la productividad real por trabajador continúa un 0,9% por debajo de 2018, mientras la media europea ha aumentado un 2,6%. La inversión empresarial en términos reales seguía en 2025 un 3,3% por debajo de 2019 y su peso había descendido desde el 14,6% hasta el 12,6% del PIB. La inversión productiva no ha protagonizado el gran ciclo virtuoso que prometió Sánchez. La I+D empresarial representa el 0,84% del PIB español, frente al 1,49% europeo.
Es decir, cinco años después del mayor programa de modernización de nuestra historia, conservamos prácticamente las mismas debilidades que pretendíamos corregir, las mismas que nos impiden despegar y converger en renta con Europa. Eso no significa que no existan proyectos útiles. Los hay. Negarlo sería tan propagandístico como afirmar que cada euro desembolsado ha transformado España. Pero el Plan no se presentó para financiar algunas actuaciones útiles. Se presentó para modificar estructuralmente nuestro modelo productivo.
Y ese objetivo ha fracasado.
La evolución de la inversión pública resulta especialmente dolorosa. En 2025 seguía alrededor del 2,9% del PIB, frente al 3,8% de la Unión. Después de recibir una financiación mil millonaria, España continuaba en la cola europea y mantiene déficits evidentes en redes eléctricas, agua, ferrocarril, carreteras, vivienda e infraestructuras productivas.
Esa evolución es incompatible con el relato de una adicionalidad masiva.
El Gobierno no ha publicado la contabilidad consolidada que permita cuantificar exactamente cuánto gasto europeo se añadió y cuánto sustituyó financiación nacional. Pero el patrón resulta claro: una parte relevante de las inversiones que debían financiarse con recursos ordinarios pasó a cargarse al Next Generation, liberando presupuesto nacional para aumentar otros gastos corrientes.
Los datos de Eurostat refuerzan esa sospecha. De los 44.652 millones de utilización de subvenciones registrados hasta 2025, aproximadamente 10.238 millones fueron gasto corriente. Es decir, cerca del 23% no se convirtió en formación de capital.
No todo gasto corriente es inútil. La formación, la asistencia o determinados servicios pueden producir valor. Pero no pueden presentarse como equivalentes al capital productivo que debía permanecer cuando terminara el programa. Cada euro europeo que sustituyó gasto ordinario permitió al Gobierno dedicar un euro nacional a otras políticas. Y cada euro que financió una actuación que habría ocurrido igualmente, redujo la adicionalidad de la mayor transferencia europea de nuestra historia.
Lo que no ha recortado Sánchez es su propaganda. Las inversiones desaparecían, los PERTE reducían su ambición y los préstamos se evaporaban, mientras las estimaciones de impacto potencial sobrevivían en las presentaciones oficiales sin una rectificación. Curiosamente, el impacto previsto del Plan ha resistido mejor que las inversiones que debían producirlo.
Ahora toca rendir cuentas.
El Gobierno tiene que explicar cuánto ha llegado realmente al sector privado, qué debía transformar, cuál era el indicador inicial, cuál es ahora, cuánta inversión privada adicional movilizó y qué proyectos, reformas u objetivos tuvo que reducir o eliminar.
Industria tendrá que explicar qué capacidad industrial nueva deja. Transportes, qué infraestructuras adicionales están realmente terminadas. Vivienda, por qué el acceso es hoy más difícil después de miles de millones movilizados. Transición Ecológica, por qué no hay accesos a red o qué activos forestales y de agua se encuentran operativos. Transformación Digital, qué aumento de productividad empresarial puede atribuir a sus programas.
Bruselas podrá certificar que España cumplirá el Plan de Recuperación. Pero tiene una lista pendiente:
No puede certificar que mantuviera la ambición original.
No puede certificar que la inversión privada haya despegado.
No puede certificar que los PERTE hayan transformado los sectores productivos.
Y no puede certificar que nuestra productividad haya dado el salto prometido.
Pedro Sánchez afirmó en 2021 que oportunidades como esta solo se daban una vez en la vida. En eso tenía razón. España ha tenido una oportunidad única y la ha desaprovechado.
LAS AYUDAS ECONÓMICAS A MARRUECOS Y LA BURLA MARROQUÍ
Artículo de José María Rotellar publicado en Libertad Digital el pasado día 01
El desembolso fue de 86,4 millones de dólares y, aunque no representa todo el dinero público relacionado con Marruecos, permite formular una pregunta.
La política exterior también tiene un precio. Y cuando ese precio sale del bolsillo del contribuyente, conviene preguntarse qué recibe España a cambio. La pregunta resulta especialmente pertinente cuando hablamos de Marruecos, un país vecino con el que España necesita mantener una relación de cooperación, sí, pero también una relación basada en la reciprocidad, el respeto mutuo y la defensa inequívoca de nuestros intereses.
La serie de Ayuda Oficial al Desarrollo española a Marruecos que se recoge en el gráfico muestra desembolsos netos por un total de 86,4 millones de dólares entre 2015 y 2022.
La cifra no representa todo el dinero público español relacionado con Marruecos, pero sí permite formular una pregunta elemental: ¿qué sentido tiene mantener una política de ayuda exterior cuando la cooperación no va acompañada de una garantía efectiva de los intereses españoles más básicos?
La cuestión ha dejado de ser teórica tras la crisis de Ceuta del 30 y 31 de julio de 2026, que se mantiene sin resolver hoy en día, con los ceutíes asustados y con la playa de Ceuta tomada por los inmigrantes que todavía quedan allí, con problemas claros de seguridad y de salubridad. El Gobierno llegó a hablar de unas 80.000 personas que habían accedido a la ciudad desde Marruecos, aunque posteriormente fuentes oficiales precisaron que la cifra de referencia se mantenía en 72.000. En cualquier caso, estamos ante un episodio de una magnitud extraordinaria, que puso a prueba la capacidad de España para proteger una de sus fronteras y obligó a movilizar recursos públicos extraordinarios.
No hace falta atribuir automáticamente al Gobierno marroquí la responsabilidad por cada persona que cruza una frontera para extraer una conclusión política: un Estado que considera estratégica su relación con España debe contribuir de forma fiable a impedir que una frontera internacional se convierta en un punto de presión sobre el otro país. De hecho, Marruecos reforzó posteriormente de manera muy visible el control de su lado de la frontera, demostrando que dispone de capacidad para actuar cuando considera que sus intereses están en juego. Por tanto, si antes no lo hizo fue o porque no quiso evitarlo o porque no fue más que un test para poner a prueba hasta dónde está dispuesta España a llegar para defender su integridad territorial.
Y aquí aparece una segunda cuestión: la soberanía. Las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla no son nuevas, pero la crisis de este verano ha vuelto a situarlas en el centro del debate. La prensa marroquí volvió a presentar Ceuta como una cuestión de soberanía, mientras desde el Gobierno español se restó importancia a las reclamaciones marroquíes y se alabó, de manera bochornosa, la colaboración del Gobierno marroquí, cuando todo hace pensar que el movimiento de invasión fue alentado por Marruecos.
Ante este escenario, la primera obligación de cualquier Gobierno español debería ser distinguir entre cooperación y dependencia. Cooperar con Marruecos es necesario. Financiar proyectos de desarrollo puede ser razonable. Colaborar en materia policial y migratoria puede resultar útil. Ahora bien, convertir esas políticas en una especie de seguro contra una presión migratoria futura, sin exigir resultados y sin establecer claramente las líneas rojas de nuestra soberanía, es otra cosa.
El problema no es sólo gastar dinero público fuera de España. El problema es gastarlo sin medir su rentabilidad política, económica y estratégica. Cada euro de ayuda exterior compite, en última instancia, con otros usos posibles nacionales de los recursos públicos. Y cuando España afronta una deuda elevada, unas necesidades crecientes de seguridad y una presión extraordinaria sobre sus fronteras, la pregunta por la prioridad del gasto deja de ser una cuestión secundaria.
Por eso habría que revisar la política de ayuda a Marruecos con un principio sencillo: reciprocidad. La cooperación debería estar vinculada a objetivos verificables en control fronterizo, lucha contra las mafias, cumplimiento de acuerdos de readmisión, protección de los intereses españoles y respeto a la integridad territorial de España. No se trata de romper relaciones con Marruecos; se trata de hacer que sean relaciones entre Estados soberanos, no relaciones en las que España pague por aquello que debería formar parte de la responsabilidad compartida, y, mientras tanto, no estaría de más suspender toda transferencia voluntaria a Marruecos, hasta que demuestren que, realmente, respetan la soberanía de Ceuta y Melilla e impiden la inmigración masiva. Marruecos lleva años jugando con España y nuestro país debe mostrar firmeza y hacer ver que el límite de la paciencia y la buena voluntad ya se ha sobrepasado.
Ceuta necesita seguridad, una frontera eficaz y un Estado que tenga claro que la soberanía no se subcontrata. Y España tampoco necesita una política exterior basada en pagar para que los problemas desaparezcan temporalmente. Necesita una política exterior que sepa cuánto cuesta cada decisión, qué resultado produce y qué intereses nacionales protege, no una política exterior sometida a Marruecos no se sabe muy bien por qué motivo, pero la rueda de prensa que el presidente del Gobierno dio en Ceuta fue vergonzosa, porque mostraba una sumisión incomprensible hacia quien se había comportado de manera hostil.
La conclusión, por tanto, no es que toda ayuda a Marruecos deba desaparecer de un día para otro. La conclusión es mucho más incómoda: después de una crisis como la de Ceuta, mantener cualquier ayuda sin revisar sus condiciones, sus objetivos y su reciprocidad exige una explicación mucho más exigente que la mera invocación de que Marruecos es un socio estratégico, porque se demuestra, día sí y día también, que no lo es, sino que sólo busca generarle problemas a España con el objetivo último de arrebatarle las plazas de soberanía española, tan españolas como cualquier municipio de la península o las islas. La economía en estas relaciones también importa y España debería empezar por ahí y hacerle ver a la UE que no se puede tener un trato comercial preferencial con un país que desestabiliza a la UE, pues Ceuta y Melilla son la frontera sur de la UE, que no se olviden de ello nuestros socios europeos, por lo que habría que revisar todos los acuerdos de la UE con Marruecos hasta que este país no dé muestras de que realmente coopera de manera clara, sincera y efectiva, sin dobleces ni traiciones.
LAS ENCUESTAS HUNDEN AL PSOE EN PLENA CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA
Artículo de elplural.com publicado en su web el pasado día 31
La crisis migratoria de Ceuta pasa factura al Gobierno de Pedro Sánchez y modifica el mapa electoral a menos de un año, como máximo, de unas próximas elecciones generales. Según la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo, el PSOE obtendría ahora el 25,4% de los votos y 101 escaños, veinte menos que los logrados en las elecciones de 2023. El PP, con 143 diputados, y Vox, con 61, alcanzarían conjuntamente los 204 escaños, una mayoría absoluta en el Congreso.
El retroceso socialista se produce después de varios meses de altibajos y coincide con el creciente malestar generado por la gestión de la emergencia en Ceuta. La encuesta, realizada entre el 20 y el 26 de agosto a partir de 2.173 entrevistas, refleja un deterioro de la valoración del Ejecutivo y del propio presidente, aunque los resultados deben interpretarse también en un escenario político marcado por la presión judicial sobre el entorno del Gobierno y por una fuerte polarización.
La valoración de la gestión gubernamental es negativa para el 62,9% de los encuestados. Incluso entre quienes votaron al PSOE en 2023, un 25,7% considera mala o muy mala la actuación del Ejecutivo. Sánchez obtiene además una nota media de 3 sobre 10, medio punto menos que hace un mes. Entre las mujeres y los jóvenes, dos colectivos especialmente importantes para la mayoría socialista de 2023, la valoración baja hasta el 2,9 y el 2,8, respectivamente.
La crisis de Ceuta, un nuevo foco de desgaste
La respuesta a la llegada irregular de miles de personas a Ceuta se ha convertido en uno de los principales elementos de desgaste para el Ejecutivo. En la ciudad permanecen miles de personas en situación irregular y la gestión de la emergencia ha generado críticas tanto por la tardanza en la adopción de medidas como por la estrategia diplomática seguida con Marruecos.
Sánchez visitó la ciudad un día después de calificar los acontecimientos del 30 de julio como un ataque a la integridad territorial de España, pero la actuación del Ejecutivo ha sido cuestionada desde distintos sectores, mientras que el Gobierno ha tratado de mantener abierta la vía diplomática con Rabat. La tensión social también ha aumentado en Ceuta, donde se han producido episodios de violencia, como la quema de chabolas en la playa del Trampolín. Con esta tesitura, PP y Vox han encontrado en este escenario un terreno especialmente favorable para reforzar su discurso sobre inmigración.
PP y Vox crecen a costa del malestar
El principal beneficiado del cambio en las preferencias electorales sería el PP, aunque el avance más acusado corresponde a Vox. Alberto Núñez Feijóo mantiene los 143 escaños que ya le atribuía la encuesta de julio y alcanzaría el 33,1% de los votos, seis diputados más de los que actualmente tiene el partido en el Congreso.
La visita de Feijóo a Ceuta el 19 de agosto contribuyó a reforzar el protagonismo de la inmigración en su discurso. El líder popular aseguró que, si llega a La Moncloa, no aceptará «chantajes» de Marruecos y apostará por expulsar a los inmigrantes en situación irregular, incluidos los menores. Vox, por su parte, alcanzaría el 17,9% de los sufragios y 61 diputados, frente a los 33 que obtuvo en 2023. La formación de Santiago Abascal presenta además el mayor nivel de fidelidad entre sus votantes: el 85,3% asegura que volvería a apoyarla. El PP se sitúa en el 74,5%.
El resultado conjunto de ambas formaciones dibuja uno de los escenarios más favorables para la derecha desde el comienzo de la legislatura: 204 escaños frente a los 101 que obtendría el PSOE.
El PSOE pierde fidelidad entre sus propios votantes
El retroceso socialista no se explica únicamente por la situación de Ceuta. Desde junio, el PSOE acumula una tendencia descendente después del repunte registrado en marzo y mayo. A la crisis migratoria se suman las investigaciones judiciales que afectan al entorno político del Gobierno y la repercusión del caso de Leire Díez, además de las informaciones relacionadas con el llamado caso Cloacas.
El PSOE presenta ahora una fidelidad electoral del 66,3%, claramente por debajo de Vox y del PP. Un 6,6% de quienes votaron socialista en 2023 asegura que actualmente optaría por el Partido Popular. Entre quienes ya no volverían a votar a Sánchez, la principal razón es el descontento con la gestión del Gobierno, señalado por el 39,6%. Le siguen las críticas a su liderazgo dentro del PSOE, con un 31,6%, y la desconfianza provocada por las informaciones relacionadas con la Presidencia, con un 21,3%.
La encuesta apunta además a un desgaste significativo del propio presidente. El 68,8% de los ciudadanos considera que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones, una opinión que comparte también el 41,7% de quienes le votaron en 2023. La situación tampoco beneficia al espacio progresista situado a la izquierda del PSOE. Sumar, debilitado desde la salida de Yolanda Díaz de la primera línea política, obtendría el 6,6% de los votos y diez diputados, frente a los 31 que consiguió en 2023.
La coalición pierde parte del ligero avance registrado el mes anterior y su electorado se muestra especialmente permeable a otras opciones. Entre quienes abandonan Sumar, el 21,8% se inclinaría ahora por el PSOE y el 18,9% por Podemos. El retroceso se produce pese a que algunas de las fuerzas que integran el espacio plurinacional, como Izquierda Unida, han señalado también la responsabilidad de Marruecos en la crisis de Ceuta.
Un escenario abierto para la izquierda
La fotografía que ofrece el sondeo muestra, en definitiva, un fuerte desgaste del Gobierno y un avance de las derechas, pero también evidencia hasta qué punto la respuesta a la crisis de Ceuta está condicionando las preferencias electorales. El PSOE se encuentra ante su peor estimación de la legislatura, mientras que PP y Vox consolidan una mayoría que, de celebrarse hoy las elecciones, les permitiría superar ampliamente la barrera de los 176 escaños.
La situación, sin embargo, queda todavía lejos de una convocatoria electoral y el escenario puede cambiar antes de que los ciudadanos vuelvan a las urnas. La evolución de la crisis de Ceuta, la situación judicial que rodea al Gobierno y la capacidad de la izquierda para recuperar apoyos serán algunos de los factores determinantes en los próximos meses.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/las-encuestas-hunden-al-psoe-en-plena-crisis-migratoria-en-ceuta/ar-AA2bfwTs
FEIJÓO DENUNCIA EL PLAN DE MONCLOA PARA CEUTA: LA CRISIS MIGRATORIA, VARIABLE ELECTORAL PARA EL PP
Artículo de Jaume Mónica publicado en MONCLOA.COM el pasado día 30
Feijóo ha denunciado, según publica La Razón, el plan de Moncloa para Ceuta: desplazar la responsabilidad de la crisis migratoria hacia la oposición.
Por qué Génova mueve ficha ahora
El último estudio de NC Report, realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto, sitúa al PP en el 34,2%, al PSOE en el 25,2% y a Vox en el 18%. Los populares cedían tres décimas respecto al mes anterior; socialistas y Vox avanzaban dos. No hay evidencia demoscópica suficiente para sostener que Ceuta haya provocado ya un desplazamiento significativo del electorado, pero sí existe un cambio político anterior al voto: ha variado la agenda.
Vox llevaba años intentando colocar la inmigración, la seguridad y el control de fronteras en el centro del debate nacional. Este verano no ha necesitado imponerlas: Ceuta lo ha hecho por ellos. Para el PP la situación es más compleja. Feijóo había llegado al verano concentrando el desgaste de Sánchez en la corrupción y el agotamiento de la legislatura; la crisis ceutí ha modificado las prioridades.
El PP ha sido hábil al situar la inmigración en el centro de su estrategia, ha forzado la actividad parlamentaria durante agosto y Feijóo se ha desplazado dos veces a la ciudad autónoma. El endurecimiento del discurso responde a la magnitud de la crisis, pero también a la necesidad de impedir que Vox monopolice una cuestión con peso electoral creciente.
En Génova saben que la operación tiene un límite: responsabilizar a Sánchez del descontrol sin convertir a Abascal en el propietario político del diagnóstico. Juan Vivas gobierna Ceuta y ha mantenido una línea más vinculada a la gestión que a la confrontación ideológica. Tras los episodios violentos de las últimas horas, todas las fuerzas de la Asamblea ceutí han firmado una declaración conjunta de condena y han reclamado normalidad.
Ceuta puede desgastar profundamente a Sánchez sin garantizar que todo ese desgaste termine en el PP.
Enfrente, Moncloa afronta problemas mayores. Mientras la discusión siga centrada en quién permitió la entrada, por qué no se anticipó o por qué se tardaron 26 días en declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, el Gobierno tendrá poco margen para recuperar la iniciativa.
El intento de Moncloa por cambiar el marco político
La violencia de los últimos días ha abierto, sin embargo, una nueva fase. El Gobierno ha pasado de no responder por su gestión a exigir responsabilidades políticas por el clima social. Fernando Grande-Marlaska dedicó una parte significativa de su comparecencia en el Congreso a denunciar los discursos de odio y el uso de términos como ‘invasores’ o ‘delincuentes’.
El PSOE pidió directamente a Feijóo que contribuyera a frenar la ‘espiral’ de tensión. Para Moncloa, ese movimiento intenta modificar el marco: la crisis deja de ser solo la historia de un Estado que no pudo impedir una entrada masiva y pasa a ser un debate sobre quién tensiona.
En esta redacción entendemos que se trata de un intento a la desesperada por desplazar la responsabilidad. No elimina el problema original, pero introduce una segunda discusión que puede aliviar la presión sobre el Ejecutivo si la oposición entra al cuerpo a cuerpo.
El Eje del Poder Popular
El pulso interno es evidente. Génova necesita combinar la responsabilidad institucional que exige el Gobierno de Ceuta con una oposición muy dura al Ejecutivo. La cúpula nacional, y los barones autonómicos, tienen que calibrar el endurecimiento para no regalarle a Vox la propiedad del diagnóstico migratorio. En el territorio popular, la prioridad es la misma que en la Asamblea ceutí: evitar que el malestar derive en una crisis de orden público que desborde a las instituciones locales.
La lectura a medio plazo es más fina. Si la agenda sigue dominada por la inmigración irregular y la seguridad, el PP podrá erosionar al Gobierno, pero también aumentará la centralidad de Vox. El precedente de 2021 dejó una lección similar: cuando la frontera sur se convierte en emergencia nacional, el espacio electoral de la derecha se ensancha, pero no se reparte de forma automática. El PP necesita que la crisis sea de Sánchez y no de la convivencia, porque en ese segundo escenario la ventaja es de Abascal.
El aterrizaje territorial no es menor: las once comunidades autónomas gobernadas por el PP y los grandes ayuntamientos populares miran a Ceuta como un aviso de lo que puede llegar al conjunto del territorio si el Gobierno mantiene su inacción. El próximo Comité de Dirección medirá si Feijóo logra imponer ese marco. La comparecencia de Grande-Marlaska y la sesión de control al Gobierno en septiembre serán las primeras pruebas visibles.