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“La realidad económica de Sánchez: los españoles han perdido el 2,5% del poder adquisitivo y deben medio billón más”, de Carlos Cuesta; “La Fundación Hay Derecho advierte de que la credibilidad del Tribunal Constitucional se ve `seriamente afectada´ por su actuación en bloques ideológicos”, de Silvia Lorenzo; “Bolaños baraja la vía urgente del Constitucional para desbloquear los votos de la ley de nietos el 29-N”, de Isabel Durán; y “Sánchez quiere pegarle fuego a España como Melenchon a Francia”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Rodera en Diario de Valladolid el pasado día 7)
LA REALIDAD ECONÓMICA DE SÁNCHEZ: LOS ESPAÑOLES HAN PERDIDO EL 2,5% DEL PODER ADQUISITIVO Y DEBEN MEDIO BILLÓN MÁS
Artículo de Carlos Cuesta publicado en Libertad Digital el pasado día 7
El periodo de mandato de Pedro Sánchez a efectos económicos puede calificarse como un desastre, donde los españoles se han empobrecido.
Un 2,5% más pobres. Esa es la realidad de los españoles tras el periodo de mandato de Pedro Sánchez. Y es que, tras la propaganda de «cohetes» y «motos» económicos, lo cierto es que todos los españoles han perdido poder adquisitivo, han disparado su deuda pública en medio billón de euros y han disminuido su riqueza financiera neta en otros 200.000 millones de euros, como detalla un informe de la consultora Freemarket.
El periodo de mandato de Pedro Sánchez a efectos económicos puede calificarse como un desastre. Hemos vivido una expansión económica internacional tras el covid y ha sido desaprovechada por completo para ganar riqueza. De hecho, la hemos perdido. «La herencia de Pedro Sánchez no se escribe en eslóganes de ‘crecimiento récord’, ‘empleo histórico’ o ‘saneamiento de las cuentas’.
Se escribe en los números que no se pueden maquillar: una deuda pública que ha pasado de 1,18-1,20 billones a casi 1,70 billones de euros; un sistema de pensiones cuyo déficit contributivo real supera los 56.000 millones anuales; una juventud empobrecida y sin futuro; un mercado laboral dual sostenido por fijos discontinuos ocultos, pluriempleo y mano de obra extranjera de baja productividad; y una pobreza que sigue afectando a uno de cada cuatro españoles y a uno de cada tres niños pese a la mayor presión fiscal y el mayor gasto social de la historia reciente», resume de forma demoledora un informe de la consultora.
«Entre 2018 y 2026 España ha disfrutado de un ciclo expansivo y, aun así, el país sale más endeudado en términos absolutos, más dependiente de factores externos no controlables, con una productividad anclada en el furgón de cola europeo, con una fractura intergeneracional cada vez más profunda y con una erosión del nivel de vida del conjunto de la población», añade el estudio de Freemarket.
El «crecimiento» español de 2018-2025 es un «espejismo de volumen construido sobre arena demográfica, turística y pública. El PIB real acumuló un avance del orden del 12,3% en ese periodo, superior a la media europea en varios ejercicios. En términos agregados es real», pero «en términos de calidad, sostenibilidad y capacidad de generar riqueza per cápita de alto valor, es una de las construcciones más frágiles y engañosas de la economía española contemporánea», explica el informe.
La población nacida en el extranjero —que ha pasado de 6,2 a 9,5 millones de personas, mientras la nacida en España se ha reducido un 1,9 %— explica «el 73,9% del aumento del PIB entre 2018 y 2025. Casi tres cuartas partes. El factor demográfico en su conjunto aporta el 43% del crecimiento acumulado. Dos tercios del empleo creado corresponden a ese colectivo», señala el informe. En resumen, que no ha habido ganancia de riqueza individual, sino ganancia del número total de individuos que computan en el sistema.
«Prácticamente la totalidad del incremento de la población activa (unos dos millones de personas hasta alcanzar los 24,8 millones) procede de extranjeros y doble nacionalidad; la población activa nacida en España se mantuvo estancada en torno a los 19,3 millones», añade el estudio.
«Mientras tanto, la riqueza financiera neta del país (posición financiera neta frente al exterior) se ha deteriorado de forma contundente: pérdida de casi 200.000 millones de euros entre 2018 y 2024 según series de la Comisión Europea, porque el aumento de los pasivos —liderado por la deuda pública— ha superado ampliamente el de los activos«, explica Freemarket.
Y el resumen es igualmente contundente: «Según datos del INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral), Funcas y la OCDE, la brecha entre el coste salarial nominal por trabajador y el IPC acumulado entre 2019 y 2025 confirma una pérdida de poder de compra real de entre el 1% y el 2,5%, según el deflactor utilizado. En sectores de bajos salarios y en las rentas medias-bajas la erosión ha sido mayor una vez descontados impuestos y cotizaciones». Y aunque el SMI se ha revalorizado un 54% entre 2018 y 2024 (de 735 € a 1.134 € en 14 pagas), el salario modal (el más frecuente) apenas se ha movido y ronda los 15.500–16.500 € anuales netos, «aproximándose peligrosamente al mínimo».
Para colmo, el número de ocupados con pluriempleo ha batido récords históricos, superando los 580.000 según la EPA (y cerca de 900.000 afiliaciones según la Seguridad Social). Al mismo tiempo, el volumen global de horas trabajadas por ocupado se mantiene un 2,8% por debajo de los niveles de 2019. «El empleo neto creado se reparte en jornadas más reducidas, parcialidades no deseadas y pluriempleo precario. Se trabaja más fragmentado, no mejor», añade Freemarket.
LA FUNDACIÓN HAY DERECHO ADVIERTE DE QUE LA CREDIBILIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE VE «SERIAMENTE AFECTADA» POR SU ACTUACIÓN EN BLOQUES IDEOLÓGICOS
Artículo de Silvia Lorenzo publicado en El Mundo el pasado día 6
El 40% de las sentencias dictadas por el Pleno entre 2024 y 2025 se resolvieron por bloques, según recoge su informe sobre el Estado de Derecho-
Según la ley orgánica que lo regula, el Tribunal Constitucional es un órgano independiente. Pero su composición depende de los poderes del Estado. Este sistema abona la politización del tribunal, una de las principales deficiencias que la Fundación Hay Derecho identifica en el funcionamiento de nuestra democracia. Esta anomalía aflora cuando se resuelven «auntos políticamente sensibles» como la amnistía, pues los magistrados se posicionan «sistemáticamente de acuerdo con los intereses de los partidos que los propusieron, lo cual hace que la credibilidad del órgano se vea seriamente afectada».
Así lo expresa la Fundación en su tercer informe sobre el Estado de Derecho, para el que se ha analizado un aluvión de datos de 2024 y 2025, y en el que concluye que nuestro sistema afronta «un deterioro progresivo de los contrapesos institucionales y de las garantías propias de una democracia liberal consolidada».
El documento sostiene que el «riesgo creciente» que afronta la credibilidad del TC se debe, entre otros factores, a los «vínculos político-institucionales» de algunos de los magistrados que integran el Tribunal. De sus 12 miembros, ocho «han ocupado previamente cargos políticos y otros cargos institucionales a propuesta de partidos que luego los han promovido a magistrados constitucionales».
En esta línea, el estudio subraya que se mantienen los dos problemas estructurales «más graves» en relación con los nombramientos de los magistrados: «El bloqueo cuando corresponde a las cámaras parlamentarias elegir magistrados» y el «sesgo político de los elegidos».
Este «sesgo por la vinculación política» se termina traduciendo en «una alineación por bloques ideológicos«, una fractura que se produce «de forma sistemática en los asuntos de mayor sensibilidad político-social». A lo largo del bienio analizado, el 40% de las 80 sentencias dictadas por el Pleno en ejercicio del control de constitucionalidad se resolvieron por bloques alineados ideológicamente. Otro 46,25% se resolvió por unanimidad y un 13,75% lo determinaron otras mayorías.
Desagregado por años, en 2024 se resolvieron por bloques 11 de los 41 asuntos —frente a 21 por unanimidad y 9 por otras mayorías— y en 2025 las divisiones por bloques se elevaron a 21 de 39, con 16 unanimidades y 2 resoluciones por otras mayorías.
Además de plantear «un problema de apariencia de independencia», esta polémica división «puede tener efectos prácticos en el funcionamiento del TC». El informe cita como ejemplos los pronunciamientos sobre la ley del aborto o los recursos de amparo por los ERE de Andalucía, pero destaca por encima de todos los procedimientos relativos a la ley de amnistía. En concreto, en 2025 12 de las 21 resoluciones dictadas de acuerdo a la división por bloques respondían a la controversia de la medida de gracia, que «fue objeto en paralelo de numerosos recursos y cuestiones que se limitan a reiterar la sentencia matriz», del 25 de julio de ese año.
Para mejorar la calidad del ecosistema de contrapesos y recuperar la confianza en las instituciones, la Fundación propone «despolitizar» y «profesionalizar» los órganos de control, así como aumentar su «capacidad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción».
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2026/10/06/6ac3ce19fc6c83b4258b4583.html
BOLAÑOS BARAJA LA VÍA URGENTE DEL CONSTITUCIONAL PARA DESBLOQUEAR LOS VOTOS DE LA LEY DE NIETOS EL 29-N
Artículo de Isabel Durán publicado en El Debate el pasado día 6
Fuentes próximas al Gobierno señalan que el ministro contempla un desbloqueo de las inscripciones suspendidas por el Supremo. Jorge Buxadé, letrado de Vox en el recurso, afirma que la formación ha presentado escritos para exigir el cumplimiento de las cautelares y cuestiona las dificultades que atribuye a la Administración para identificar a los afectados.
El Gobierno baraja un desbloqueo judicial urgente para que las inscripciones de la ley de nietos afectadas por las cautelares del Supremo puedan producir efectos electorales el 29-N, según fuentes próximas al Ejecutivo. Fuentes próximas al Ejecutivo señalan que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes baraja intentar que el Tribunal Constitucional suspenda los efectos de las cautelares del Supremo antes del 29 de noviembre. El adelanto proporciona el argumento para pedir la vía de urgencia: una sentencia favorable después de las elecciones llegaría demasiado tarde para quienes no hubieran podido votar.
La jugada in extremis tiene una consecuencia decisiva: no sería necesario esperar a que terminara el pleito que se dirime en el Supremo. Una medida provisional del Constitucional podría restablecer los efectos electorales de las inscripciones afectadas mientras sigue pendiente la resolución definitiva. Las fuentes consultadas sitúan esa vía entre las próximas actuaciones del Ejecutivo, aunque no precisan quién promovería el recurso, cuándo lo presentaría ni qué alcance solicitaría. Esas cuestiones determinarán si el movimiento se concreta y a cuántos electores podría beneficiar.
Concurrencia de urgencia excepcional
Las fuentes consultadas señalan que la vía estudiada pasa por solicitar una medida urgente al amparo del artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite acordar la suspensión y otras medidas provisionales en la propia resolución de admisión de un recurso de amparo cuando concurra urgencia excepcional. Presentar el recurso no suspende por sí solo el auto del Supremo: hace falta una decisión expresa del Constitucional. El recurso alegaría que perder la participación en el 29-N constituye un perjuicio irreparable: ninguna sentencia posterior devuelve la oportunidad de votar en unas elecciones ya celebradas.
El Ejecutivo es consciente de que permitir una participación cuestionada judicialmente que después se declarase improcedente tampoco tendría consecuencias fáciles de deshacer. El derecho de sufragio merece protección; la legalidad del censo, también. El Constitucional tendría que ponderar ambos riesgos. La composición del tribunal no permite dar por asegurada una resolución favorable: el desbloqueo requeriría una decisión judicial expresa sobre la petición concreta.
Posibles recurrentes
La batalla ante el Constitucional no tiene por qué impulsarla formalmente el Gobierno y no es indiferente quién recurra. La Abogacía del Estado representa a la Administración, pero el derecho de sufragio pertenece a los electores afectados.
Los nacionalizados cuyos efectos electorales hayan quedado suspendidos pueden alegar directamente una lesión de su derecho de voto, aunque deberán cumplir los requisitos de legitimación y agotar la vía judicial previa. Asociaciones que representen a los descendientes, como CeDEU, podrían intentar acreditar un interés legítimo, condicionado por sus estatutos, su relación con los afectados y su posición en el procedimiento previo. No es la única opción. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional legitima también expresamente al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo para promover recursos de amparo sin ser titulares del derecho supuestamente lesionado.
Por eso importa quién recurra y qué solicite. Un amparo concedido a un elector no devuelve necesariamente el voto a todos los afectados. Y la urgencia electoral no elimina los requisitos del amparo ni la necesidad de justificar su especial trascendencia constitucional.
Iustitia Europa y Vox exigen aplicar las cautelares
La convocatoria ya ha provocado una reacción al otro lado del procedimiento. El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, afirma haber presentado un escrito urgente para impedir que las inscripciones sometidas a suspensión produzcan efectos electorales el 29-N. Acusa a Sánchez de convocar con un censo anterior a las cautelares y advierte de que no permitirá que el adelanto deje sin efecto la resolución del Supremo.
El desfase temporal existe. La LOREG establece que el censo aplicable es el cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Para una convocatoria publicada en octubre corresponde el 1 de agosto de 2026, anterior a las cautelares de septiembre.
Pero utilizar ese censo no hace desaparecer la suspensión. El cierre determina qué inscripciones integran la base censal; la resolución judicial, qué efectos pueden producir. Las cautelares permanecen vigentes hasta que sean modificadas o levantadas. La cuestión es cómo se ejecutarán sobre el censo del 29-N. Los dos movimientos pueden coexistir: Iustitia pretende asegurar que se aplique el freno judicial; la vía del Constitucional que contemplan fuentes próximas al Gobierno buscaría suspenderlo.
La identificación de las inscripciones, otro frente
Jorge Buxadé, abogado del Estado y letrado de Vox en el recurso sobre la ley de nietos, sitúa otro frente en la ejecución de las cautelares. Según explica, la Abogacía del Estado que representa a la Administración ha recurrido el auto y ha aportado un informe de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, fechado el 18 de septiembre. Buxadé sostiene que ese documento alega que la Administración no identifica en la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) el motivo por el que se adquirió la nacionalidad y que sería necesario revisar individualmente los expedientes para distinguir a los afectados.
Buxadé sostiene que esa dificultad no exime de cumplir la resolución y afirma que Vox ha presentado escritos ante la Junta Electoral Central y el Supremo para exigir su ejecución. Explica que, si la Administración no distingue las inscripciones afectadas, la formación pide al tribunal que suspenda los efectos electorales de todas las incorporadas al CERA al amparo de la disposición adicional octava y que quienes acrediten el derecho lo reclamen individualmente. Se trata de una petición que Buxadé anuncia en nombre de Vox; no de una ampliación de las cautelares ya acordada por el Supremo.
El cierre del censo en agosto no impide aplicar las cautelares a estas elecciones, sostiene Buxadé. Su advertencia sobre la ejecución del auto y la eventual vía del Constitucional que contemplan las fuentes próximas al Gobierno afectan a dos frentes distintos que pueden coexistir. El primero se refiere al cumplimiento de la suspensión vigente; el segundo buscaría una resolución judicial que suspendiera sus efectos antes de la votación.
Otra posible maniobra
Las fuentes consultadas no descartan que el Ejecutivo intente modificar la legislación antes de las elecciones mediante otra vía más: la aprobación de un real decreto-ley. El Gobierno puede hacerlo con las Cortes disueltas y la Diputación Permanente podría convalidarlo. Pero la Constitución exige extraordinaria y urgente necesidad y prohíbe que afecte al Derecho electoral general.
Una modificación legal tampoco levantaría por sí sola las cautelares del Supremo: su incidencia sobre la suspensión tendría que resolverse judicialmente.
El calendario pone el acelerador sobre la ley de nietos: el voto presencial en los consulados tendría lugar entre el 21 y el 26 de noviembre. No basta con obtener una resolución antes del 29-N: tendría que llegar con tiempo para que los afectados pudieran recibir la documentación y votar.
SÁNCHEZ QUIERE PEGARLE FUEGO A ESPAÑA COMO MELENCHON A FRANCIA
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 4
Mi intuición me lleva a pensar que repetirá el numerito de los cinco días de reflexión y cinco años de cloacas.
La hoguera, con perroflautas, invasores marroquíes y medios de comunicación obscenamente entregados a la demagogia, que Sánchez ha encendido en España es idéntica a la que en los últimos días ha incendiado Francia. Naturalmente, cada país tiene sus peculiaridades, pero el objetivo es el mismo. Sánchez quiere convertir toda España en Ceuta, ciudad sitiada con los delinuentes que trae el gobierno, y Mélenchon quiere convertir toda Francia en Saint Denis, cubil islamista que presume de perseguir a «la Francia de los blancos». La católica que hemos visto recibiendo al Papa.
No nos centremos en las diferencias de los países sino en la identidad de los proyectos: hay un partido que no se considera un partido más, la Francia Insumisa o el PSOE, que toma violentamente en las calles para imponer, primero, un relato, básicamente televisivo, de lo malo que es el capitalismo y los desastres que está produciendo en Francia. En segundo lugar, para negar la alternancia democrática, en vísperas de unas elecciones en las que las izquierdas y la inmigración islamista que han propiciado, es ampliamente rechazada y la derecha es la preferida por los ciudadanos, en Francia Marine Le Pen y «Reconquéte» de Zemour, en España PP y VOX.
La negación de la alternancia, o sea, de la democracia
En tercer lugar, los medios apesebrados y la mayoría izquierdista de los periodistas elogian las formas de violencia como legítimas, mientras critican, por principio, la represión de esos comportamientos vandálicos. Las entrevistas a los pijoflautas de Sol, incluso en medios escritos que, en teoría, defienden la democracia y la propiedad, van más allá de la simpatía: adelantan en sus preguntas sentimentales la justificación de las respuestas.
En cuarto lugar, se cierra el espacio a la pluralidad democrática. Según la fórmula de la Revolución Francesa, no hay más que «ellos» y «nosotros» y uno de los dos destruirá inevitablemente al otro. Esto es esencial para entender la gravedad de la apuesta de la izquierda: no se puede convivir con los que piensan distinto, hay que impedir como sea, por la fuerza, si hace falta, que llegue al poder para mantener unos «derechos» que se supone han inventado las izquierdas y sólo sobrevivirán con ellos.
En cuanto a la economía, las viejas recetas comunistas aseguran el despilfarro; todo debe estar en manos del Estado y la propiedad privada es un robo intolerable que hay que perseguir, legal e ilegalmente, con el Fisco y a palos, con leyes que favorecen a los okupas o quemando los comercios.
La mano de obra para esta estrategia revolucionaria, porque lo es en todos los sentidos, y por eso para Moscú es una perfecta «guerra híbrida», la ponen los denominados «jóvenes» de todas las edades: ancianos del 68, viejales de Seattle y Génova, etarras y catanazis, bolivarianos al contado, adolescentes que no saben de dónde les viene el acné y estudiantes sin costumbre de estudiar, entre los 13 y los 53 años, enmascarados para que no se vean las caras y las arrugas, más gente curtida en la gresca futbolera. En Francia estamos viendo cómo queman los institutos y apalean a sus directores dizque para pedir más medios. Rompen y piden aulas nuevas a las que, además, no van, porque las asignaturas son heterooccidentales. Los islamofascistas son los sans-culotte de Melenchon: Revolución o muerte.
Dos generaciones para un mismo botín
En España, hay que reagruparlos. Hace ya quince años que los que se llamaban «juventud sin futuro» disfrutan de un comodísimo presente. Se han instalado en la mansión y la familia, financiadas con dinero público, y disfrutan todos los chiringuitos humanitarios que en tiempos de ZP crearon sus cuates y que, por supuesto, nunca suprimió el pánfilo Rajoy. Pero no es difícil la fusión de los golfos de ayer y las golfas de hoy. Nada se parece más a los cretinos totalitarios, aquellos podemitas coletudos de los años de Zetapé, que los matones estúpidos de estos años de Sánchez.
El medio favorito de la horda podemita era la televisión. Prefiero los telediarios a los ministerios, decía, porque lo suyo era propaganda y cobrar sin trabajar. Tampoco sabían nada, y menos aún gestionar dinero público, así que disfrutaban su momento en plan matón, llenando los platós de televisión, para amedrentar a los presentadores. Hoy eso es innecesario, ya que son los presentadores, productores y directores los que encabezan la propaganda. Ellos van a hacer bulto. Pero hay más medios para asomar el careto y llenar el bolsillo, así que nadie se pelea por el protagonismo. Los publicitas de ayer abrazan a los de hoy, y viceversas, los viejos reconocen en los nuevos las mismas bobadas de antaño. Todo se repite con precisión de tortura soviética. La comisaria del Sindicato de inquilinas es la Ada Colau de los desahucios, con más noche y madrigada. El 15M al 15Meme, pocos cambios: las tiendas son hinchables, más porros y se nota el reúma.
El contagio internacional
Tampoco hay que menospreciar el contagio internacional que las algaradas de la izquierda, ya toda extrema, experimentan desde siempre. La violencia de Francia animará a la de España, y los sindicatos de estudiantes añejos, las infinitas oenegés, ayer saharauis y hoy marroquíes, y la horda mediática del sanchismo, con el apoyo de la gran mayoría de juntaletras, tratarán de conseguir dos maricármenes por semana. Lo que sea para no hablar de Ceuta y destruir más el mercado de alquiler. Como bien ha resumido Ayuso, en la democracia española, se ha colado un dictador. En la francesa, tiene piso en propiedad bajo el cadalso de la Concordia, donde se proclamó la única legitimidad real que reconoce la izquierda: la guillotina.
¿Y van Pedro y Begoña a convocar elecciones?
Y ese dictador inquiokupa de la democracia, ¿convocará elecciones? Porque en Francia, al menos, no dependen de la caída de pelo de Macron ni del burka estético al que se aproxima Brigitte. Aquí, dependemos de lo que crea el tirano que le conviene, y el tirano obedecerá a lo que diga su tirana, Begoña Gómez, que ahora resulta que no es la señora de Sánchez, sino una investigadora universitaria y mujer de negocios. Sobre todo, el del sexo, que heredó de su padre, financió la carrera de su marido, con Francisco Martín de mamporrero en Bancal de Rosas, y cuya familia disfruta de un alquiler de Muface que envidiarían las víctimas de su política de vivienda.
Mi intuición me lleva a pensar que repetirá el numerito de los cinco días de reflexión y cinco años de cloacas. Pero todo depende de Begoña, que en unos meses se sentará en el banquillo ante un jurado popular, que la puede condenar e incluso mandar a la cárcel. ¿Está dispuesta a asumirlo? Entonces, no le corren prisas las elecciones. ¿Acepta ser juzgada sin la protección del gobierno, sus bolaños y fiscales, sin sus medios y cloacas? ¿O piensa que puede ahorrarse la experiencia y largarse, ahora mismo, o la noche electoral, en secreto, a un país sin
Sólo ellos dos saben lo que tienen fuera. Pero ella decidirá, en última instancia, si tira la toalla o prefiere que el negocio siga, que cambien las toallas, como en los prostíbulos de su padre, y si, como Zapatero, esperan que los metan en la cárcel, o creen, que, pucherazo mediante, serán ellos los que podrán meternos en la cárcel a todos. Total, que aquí pasará lo que diga Begoña Gómez… de Sánchez. Que eso sí que es haber caído bajo, más bajo, imposible.