¿Pretende Piñera obstruir la Constituyente?

Qué se pensaría del anfitrión de una cumbre internacional que no ha habilitado oportunamente elementos básicos para la comunicación entre los participantes, como computadores, pantallas, Internet, sistemas de audio e incluso teléfono?

Eso ocurre en Chile, denuncian protagonistas del acontecimiento más importante de la historia reciente del país: la entrada en funciones de la convención que deberá escribir y proponer una nueva Constitución Política, el primer órgano redactor elegido íntegramente por la ciudadanía.

Tras 48 horas de haber asumido, y pese a que deben trabajar en la sede del Congreso Nacional en Santiago –siempre operativa, como se entenderá-, los convencionales constituyentes chilenos aún no podían comenzar su trabajo porque las salas que se les destinó no estaban, insólitamente, en condiciones de funcionar y se les desprotegía, además, en las medidas sanitarias correspondientes.

Muchos de ellos, de listas de oposición, acusan directamente al gobierno de Sebastián Piñera no sólo de incompetencia. La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, hablaron incluso de “obstruccionismo” y de tratar de sesionar en la Casa Central de la Universidad de Chile. El abogado y constituyente Mauricio Daza, en tanto, sumó retraso en las órdenes de compra respectivas.

El lunes, en cambio, el convencional oficialista Ruggero Cozzi –quien fue acosado por manifestantes en favor de la liberación de los presos del estallido social- había apuntado en dirección de los propios afectados: presidencia y vicepresidencia de la Convención.

La tarea de facilitar los recursos y las dependencias necesarios para el ejercicio de los constituyentes fue encargada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular es Juan José Ossa. El secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional es Francisco Encina, cuestionado ya anteriormente y que recibiría una remuneración de 7,5 millones de pesos (aproximadamente 8.500 euros) mensuales, cercana a la asignada al propio ministro. Respecto de ambos, algunos convencionales han exigido que renuncien.

¿Y el Presidente?

Piñera llamó a los dirigentes políticos a firmar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” en noviembre de 2019 agobiado por el estallido social, renegando de su rechazo doctrinario a una nueva Constitución y sufriendo el retiro del ala más de derecha de sus partidarios. Convocó oficialmente luego a plebiscito para definir el tema y después, destruido su perfil triunfalista por el curso de los sucesos, realizó bondadosas, pero vagas alocuciones acerca de la importancia del proceso constituyente y la participación de la ciudadanía. Ultimamente expresó frases de buena crianza a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, del pueblo originario mapuche.

Y cuando los constituyentes se iban a poner manos a la obra, ocurre todo esto y no se le ha visto. Tampoco a su ministro de la Presidencia. Sólo el subsecretario, Máximo Pavez, ha aparecido públicamente refiriéndose al tema, explicando que se trata de un caso “de fuerza mayor” (!), llamando a los afectados a “no ponerse ansiosos” (!) y asegurando que, ahora sí, todo estaría listo para este miércoles.

No es en esta forma, con desidia e inoperancia, como el gobierno de Piñera acostumbra a actuar cuando algo le interesa…

J.F.S.

Diversas fuentes